El día después de Elba Esther

JUAN CARLOS YÁÑEZ

Si Elba Esther Gordillo fuera todo el problema de la educación, su detención significaría un gran paso para resolverlo. No, no lo veo tan simple. Era un paso necesario, sí, si se confirman en los tribunales las tropelías en el poderoso sindicato magisterial. Políticamente la jugada puede resultar exitosa, pero que la reforma educativa se inauguré con la detención de la principal opositora, no parece el mejor estreno y acompañará, para bien y para mal, la historia de la reforma.

Es indudable, la señora Gordillo tiene su responsabilidad en los asuntos educativos, pero con ella en la cárcel no desaparecen los malos maestros o los pésimos directores, ni va a solucionarse uno solo de los problemas pedagógicos en los salones de clases de cada escuela pública mexicana.

El problema no es Elba Esther. El problema es una cultura política que alienta la corrupción y la impunidad por doquier, que engendra corrupción en los sindicatos y en los gobiernos: ¿cuántos sindicatos se escapan del desprestigio?, ¿cuántos estarían dispuestos a exhibir sus cuentas y mostrar las entrañas de sus finanzas?, ¿cuántos gobernadores y ex gobernadores hoy están en la mira por sus saqueo a las arcas públicas?, ¿y los presidentes municipales que dejaron en crisis a sus ayuntamientos?

El gobierno federal ha dicho que una cosa es la reforma educativa y otra el proceso penal que se abrirá contra Elba Esther Gordillo. De cada una se puede decir mucho, pero me limitaré a algunas reflexiones sobre lo primero. De lo segundo solo se me ocurre preguntar: ¿por qué no sabían, no sabíamos las cosas que hoy sabemos?, ¿o sí lo sabían?, ¿cuánto más falta por “descubrirse”?, ¿cuánto y por cuánto tiempo se ocultará lo que todavía no conocemos?

Si la reforma educativa es un paso, dicen algunos para ensalzar la trascendencia, entonces: ¿podría empezar a explicarnos la SEP cuáles son los otros, es decir, las otras reformas educativas que SÍ van a resolver los problemas de la educación y no solo de la escuela? ¿Cuáles problemas? El derecho a la educación (o la falta de ese derecho), la relevancia (¿para qué sirve?), el desfinanciamiento crónico y la mala gestión y distribución del dinero, la formación de los nuevos maestros, la mala (y extendida) educación privada ofrecida en establecimientos (no escuelas), la mala enseñanza en muchas de nuestras aulas, entre otros.

Esos problemas debieran ser parte de una auténtica reforma educativa, para eso tendría que servir. Si no es así, no se puede siquiera insinuar que la reforma promete garantizar la calidad de la educación, como afirma la iniciativa presidencial aprobada.

Como creo que queda claro, la cosa no es tan simple. Y responsables en los problemas de la escuela hay muchos. La SEP, con el PRI y con el PAN, tomó decisiones equivocadas, por ejemplo, una reforma a la educación media superior con Fox y otra con Calderón; diseñó los planes sectoriales (el de Calderón, una gran vergüenza). La SEP ignora información estadística elemental, por eso el INEGI tendrá que hacer un censo sobre escuelas, alumnos y maestros. La SEP dirige las escuelas normales, un punto toral en la transformación del sistema escolar completo. Y los presidentes tienen su parte: ¿cuántos secretarios de Educación dignificaron con su obra la oficina de José Vasconcelos? Fue el gobierno federal, también del PRI, el que montó a la señora Gordillo en su cúpula.

¿Y los maestros, en verdad los maestros hacemos nuestra parte cada mañana o cada tarde cuando trabajamos con los estudiantes? Los papás y mamás tenemos nuestra responsabilidad.

La lista podría ser más amplia pero no quiero abusar. Los medios de información también tienen una gran responsabilidad y hay que señalarla; allí han tenido cabida muchas interpretaciones desinformadas e insustanciales. En fin, la reforma ha dejado en claro que abunda lo que José Ortega y Gasset denominó la chabacanería.

Alguna vez dijo Paulo Freire: si se trata de cambiar a unos por otros que son igual de corruptos, mejor me quedo en casa. Ojalá estas escaramuzas no sean solo un acto de prestidigitación para poner a unos por otros, pero iguales ambos. Ojalá.

Ahora sí, por la reforma educativa integral

                       

Juan José Huerta

"El régimen mexicano es un sistema flexible, transaccional, dogmático sólo ante ciertos valores básicos, pero que ha logrado asumir a tiempo los cambios necesarios… la Constitución ha sido reformada cuando así lo han requerido circunstancias específicas o la estabilidad del sistema a largo plazo… la flexibilidad del régimen político así establecido ha permitido su adaptación no siempre exenta de experiencias dolorosas a las condiciones de este siglo, las más cambiantes que la humanidad haya experimentado en toda su historia“. Me parece que los sucesos actuales sobre el sector educativo en México constituyen un clásico o característico ejercicio de las cualidades del régimen político mexicano descritas en el párrafo anterior (una autocita del autor de estas líneas). Una nueva estrategia de educación pública era ya impostergable en nuestro país y, aunque hubo resistencias de diversas fuentes, ha prevalecido, a la par que la firmeza presidencial, la capacidad de transacción política, incluso en un asunto tan delicado como el enjuiciamiento y la final neutralización de Elba Esther Gordillo, la poderosa lideresa del sindicato magisterial. Se abre así la puerta para una reforma educativa de gran calado, integral, que no sólo incluya las modificaciones constitucionales que entraron en vigor esta semana y sus leyes reglamentarias, sino los elementos de lo que en otra ocasión he llamado “un ineludible un esfuerzo masivo en educación; educación a todos los niveles y en todos los lugares; educación que provea el sistema gubernamental pero también, y casi en mayor medida, el sistema privado; educación que sea de las familias, en los centros de trabajo y en la convivencia diaria; educación que sea formal e informal; que esté impregnada en cada acto de gobierno, en cada decisión empresarial, en cada actividad individual. Educación para que nadie nos controle, sino para que nosotros cuidemos de nosotros mismos, por el bien común”. Las reformas o adecuaciones paulatinas en todos los importantes asuntos de la vida de una nación deben ser, por supuesto, un criterio aplicado normalmente para adaptarse a la cambiante realidad. En materia educativa, Justo Sierra y José Vasconcelos son nombres cimeros, y ya en épocas más recientes destaca la importante reforma realizada los primeros años del sexenio de Luis Echeverría, con el secretario de Educación Pública Víctor Bravo Ahuja, cuando se crean también, entre otras instituciones, el Centro para el Estudio de Métodos y Procedimientos Avanzados de la Educación, el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La actual reforma, con modificaciones a los artículos 3 y 73 constitucionales, busca mejorar la calidad de la educación obligatoria que imparte el Estado “de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”, y tiende a que “el mérito profesional sea la única forma de ingresar, permanecer y ascender como maestro, director o supervisor”, en lo cual toma un papel relevante la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, cuya coordinación estará a cargo del autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con lo que se elimina la discrecionalidad, favoritismos y corruptelas asociados a la indebida intervención que en estas materias se permitía al sindicato magisterial. Por supuesto, se hace explícito al mismo tiempo el “pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”, asegurando su óptima preparación, su activa participación en las mejores orientaciones de la política educativa y su estabilidad económica y laboral. Los maestros en México, a todos los niveles, a la vez que deben estar óptimamente preparados deben estar muy bien pagados. Claro que también es indispensable la plena transparencia en la gestión del sindicato magisterial, que esperemos pronto habrá también de ser una realidad legalmente establecida. En cuestiones de operación e infraestructura, se harán esfuerzos paulatinos para “establecer escuelas de tiempo completo con jornadas de entre seis y ocho horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural… en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales, y prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos”. No hay elementos para dudar de la reafirmación del carácter público, laico y gratuito de la educación impartida por el Estado, aunque sí se impulsa una mayor participación de los padres de familia y las comunidades donde se asientan las escuelas “para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, padres de familia y docentes bajo el liderazgo del director se involucren en la resolución de retos que cada escuela enfrenta”. Todo esto es adecuado y pertinente y qué bueno que le reforma educativa va adelante. Claro, que habrá que estar muy pendientes de que no sea flor de un día sino que produzca en un razonablemente breve lapso los resultados deseados. Pero, aun así, una reforma integral a la educación de los mexicanos requiere abordar también otros complejos temas, como un decidido impulso al desarrollo científico y tecnológico, a la formación de investigadores de desempeño óptimo en renovación constante, a su ocupación productiva en proyectos y la resolución de problemas para el bien común, y a propiciar la adopción generalizada entre la población de la perspectiva racional y tecnológica del mundo que nos rodea, para su mejor aprovechamiento y cuidado. Por otro lado, abordar en serio el tema de la educación “informal”, todo el complejo problema de la formación que la gente recibe extraescolarmente, a través de los medios de comunicación, en particular de la televisión y también el cine. No es tan solo cuestión de monopolios, aunque algo ayudará la reforma en telecomunicaciones, cuya iniciativa pronto será presentada por el gobierno federal, para que una mayor competencia entre televisoras mejore la pésima calidad de la programación de la televisión abierta a la que nos tiene acostumbrados el duopolio televisivo, así como reduzca el excesivo uso de la violencia en la programación abierta o por cable (y en el cine también). Pero se requiere algo más, una orientación más exigente de la sociedad mexicana hacia dichos contenidos, que haga hincapié en un mayor humanismo de la programación, en la mayor ponderación de los altos valores humanos, de la convivencia pacífica. Por supuesto, no con un control o censura oficiales o desde arriba, sino guiados por las preferencias de los propios espectadores y la sensibilidad social y humana de los empresarios del sector, que ahora brilla por su ausencia. Gabriel Zaid hizo en estos días una remembranza del educador mexicano Pablo Latapí y de su síntesis propositiva sobre la buena educación que sigue siendo perfectamente aplicable, porque habla de que “educar bien es ante todo formar el carácter: la disposición moral de la persona… la inteligencia debe ser educada por medio del lenguaje…hay que educar los sentimientos, porque también pensamos con el corazón…hay que educar para la libertad y su ejercicio responsable” (Ver completa en artículo “Testamento educativo” de Zaid en Reforma, 25mar12). Habrá que impulsar asimismo el cambio requerido ya en los enfoques educativos, cuando la revolución digital y en la conectividad entre los seres humanos va dando a cada vez mayores segmentos de nuestra sociedad acceso prácticamente inmediato al conocimiento humano acumulado en miles de años, gran parte, por cierto, en idioma inglés o en otras lenguas,…que hay que aprender. Esta nueva realidad da a la gente oportunidades inmensas, nunca antes vistas, de autoeducación y auto capacitación, que implican modificaciones correlativas a las técnicas de enseñanza por parte de los maestros que, más que transmisores directos de los conocimientos, tienen que ser mucho más orientadores de hacia dónde los alumnos deben dirigir sus esfuerzos de auto aprendizaje y de cómo desechar la información basura que también prolifera en la red electrónica. Sí, la reforma educativa integral tiene frente a sí un gran campo de acción. Publicado en Crónica de hoy 

Emilio Chuayffet y su club de fans

Luis Hernández Navarro

Diva Hadamira Gastélum es senadora plurinominal por Sinaloa. Ha sido legisladora local en una ocasión, dos veces diputada federal, presidenta municipal de Guasave y durante muchos años directora del DIF en ese municipio, donde comenzó su carrera política. Es, además, según confesó públicamente el pasado 20 de febrero, presidenta del club de fans de Emilio Chuayffet.

A la senadora Gastélum le llaman La Diva. Ella se define como adicta a la política. Es, además, dirigente del Organismo Nacional de Mujeres del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto se encargó de coordinar reuniones y actividades de apoyo a la candidatura con las damas del partido.

Doña Diva asistió a la reunión que Emilio Chuayffet sostuvo con la Comisión de Educación del Senado, el 20 de febrero, un encuentro que por momentos pareció ser, más bien, una sesión ordinaria de su club de fans. Allí, ella dijo que el secretario es una garantía, aunque olvidó aclarar de qué. Lo definió como un hombre justo y brillante. Y aseguró estar muy confiada en su inteligencia y sapiencia.

La maestra Gastélum no fue la única en rendir pleitesía al secretario. Por el contrario, uno tras otro, hombres y mujeres, integrantes de la mayoría de partidos políticos, representantes de un poder soberano, se desvivieron en halagos al integrante del Ejecutivo.

Así lo hizo Martha Palafox, senadora del Partido del Trabajo por Tlaxcala, dos veces diputada federal por el PRI y dirigente local de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares de su estado natal. Ella leyó a trompicones un posicionamiento que dirigió al apreciable señor secretario y permanente amigo don Emilio, en el que anunció que es alentador saber que estamos en manos de una persona que tiene la gran experiencia y la gran capacidad para que logremos hacer esta reforma integral.

Para no quedarse atrás, le siguió Juan Gerardo Flores, integrante del Partido Verde Ecologista de México, ex asesor de Televisa y parte de la telebancada. “Tuve la oportunidad –dijo en su intervención– de ver su magnífica conducción en la Cámara de Diputados en la anterior Legislatura. Creo que siempre ha dado muestras de una enorme capacidad de gestión al frente de las responsabilidades que se le encomiendan.”

El espíritu cortesano de la mayoría de legisladores obligó a Javier Corral a diferenciarse de sus colegas. Fue uno de los pocos asistentes que se dirigieron al secretario en un plano de igualdad. Irónico, el panista advirtió al comenzar su discurso: Ya no voy a sumar más halagos a los que se le han hecho, porque le puede hacer mal tanto halago. Después se va a creer mucho. Si ya así... Imagínense... Tampoco le puedo extender un reconocimiento anticipado, porque apenas lleva usted dos meses y medio, y hay que ver primero para creer.

La comparecencia de Emilio Chuayffet en el Senado fue un día de campo para el secretario. No hubo un solo cuestionamiento de fondo a la reforma educativa, pero sí muchas peticiones particulares de los legisladores. La inmensa mayoría de los reclamos que en escuelas y calles se hacen a la nueva norma fueron ignorados. Casi ninguno de los problemas de fondo que la nueva legislación plantea fue abordado en las más de dos horas y media de reunión.

Del cónclave parece desprenderse que la cámara de origen para aprobar las leyes secundarias sobre educación será la de senadores. Queda claro que la ruta definida por el Ejecutivo será aprobar dos leyes específicas: la del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación y la del Servicio Profesional Docente. Además, reformará la Ley General de Educación, para considerar que los sistemas evaluatorios del INEE deben ser obligatorios para que el aparato educativo haga las evaluaciones correspondientes, las cuales tendrán un peso específico en la evaluación del docente.

En la comparecencia, el secretario informó de una comida que tuvo un día antes con los tres directores que han conducido el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE): Felipe Martínez Rizo, Margarita Zorrilla y Mario Rueda. En ella, los especialistas le hicieron a Emilio Chuayffet señalamientos muy serios que cuestionan con elegancia la visión punitiva y controladora de la evaluación contenida en la reforma educativa, dejan al descubierto la ligereza con que se aprobó e iluminan una parte de sus limitaciones.

Felipe Martínez cuestionó: ¿cómo va usted a evaluar al maestro, si no sabe qué tipo de maestro quiere? ¿Cuál es el perfil que la secretaría demanda que cubra el maestro?

Margarita Zorrilla preguntó: ¿no le parece a usted injusta la evaluación homogénea, que valga lo mismo para Chiapas que para el Distrito Federal?

Y Mario Rueda interrogó: ¿y ustedes creen que evaluar es sólo calificar al maestro y no es calificar la infraestructura, y no es calificar la cobertura porque, si no, llegaríamos al extremo de decir: los maestros educan bien, pero sólo a 15 por ciento y, en consecuencia, la calificación del sistema educativo sería bajísima?

Por supuesto, todos estos señalamientos debieron ser considerados antes de elaborar y aprobar la reforma educativa. Al igual que se debió consultar previamente a estos especialistas, y a muchos otros más, así como a los maestros que conocen la problemática de su profesión.

Los participantes en la sesión del 20 de febrero ni siquiera se percataron de la gravedad de lo que los investigadores advirtieron. Estaban demasiado ocupados en adular al secretario o en pedirle que les resolviera asuntos particulares, o en exigir mano dura contra los maestros por suspender labores. Como dijo el panista Víctor Hermosillo para deleite del funcionario: los paros locos tienen que terminar en el país... Ese es un crimen... El Estado tiene que poner orden.

Queda claro, después de la comparecencia de Emilio Chuayffet, que la Comisión de Educación del Senado es un anexo de su club de fans y un bazar. Es cualquier cosa excepto un espacio para discutir con dignidad republicana y seriedad los problemas educativos.

Tres perspectivas de la evaluación educativa

EDUARDO BACKHOFF ESCUDERO

Este artículo tiene el propósito de abonar elementos para reflexionar sobre el tema de la reforma educativa, que habla de la evaluación vinculada con el Servicio Profesional Docente. Aunque en este escrito no se discuten formas específicas de evaluar a los profesores, las consideraciones son atingentes para cuando haya que definirlas.

En términos prácticos, evaluar a un estudiante (o en su caso a un docente) es una tarea relativamente fácil: basta con elaborar una prueba con una serie de preguntas sobre un tema de interés, administrarla, calificar las respuestas, calcular el porcentaje de aciertos, e interpretar los resultados con base en una escala predefinida (por ejemplo, del 0 al 10).

Esto es lo que hacen los profesores en su salón de clases, de cualquier nivel educativo, y nadie duda de la validez del procedimiento utilizado, de los resultados obtenidos, de su interpretación, ni de las decisiones educativas que se toman (por ejemplo, aprobar o reprobar a un estudiante).

Sin embargo, cuando se trata de evaluar las competencias escolares de los estudiantes en un estado o un país, como lo  hacen la SEP con ENLACE, el INEE con Excale y la OCDE con PISA, la metodología de evaluación se torna sumamente sofisticada, en la que interviene una gran diversidad de expertos: desde especialistas en currículo y enseñanza de contenidos específicos, hasta especialistas en psicometría y análisis de datos. En las evaluaciones de gran escala se desea asegurar que los resultados de las pruebas sean válidos y confiables, sus interpretaciones correctas y las decisiones pertinentes.

De acuerdo con la tradición psicométrica estadounidense, validar la interpretación y uso de los resultados de las evaluaciones es valorar la racionalidad o argumento en que se sustentan las conclusiones sobre los resultados de una evaluación. En última instancia, la necesidad de validación se deriva de la exigencia científica y del requerimiento social de que se justifiquen las decisiones que se tomen.

Por lo general, la calidad de las evaluaciones se juzga con criterios científicos. Desde esta perspectiva, la preocupación principal es la exactitud de los resultados de las evaluaciones, en términos de su semejanza con el verdadero atributo que se mide (por ejemplo, comprensión lectora). Un segundo elemento de preocupación es la consistencia (o precisión) de los resultados. La exactitud se asocia con la noción de validez y la consistencia con el concepto de confiabilidad. La perspectiva científica ha sido muy fructífera y base del desarrollo de las teorías y prácticas actuales de la evaluación educativa. Sin embargo, no es la única óptica que puede adoptarse cuando se trata de evaluar a personas con propósitos públicos, sobre todo cuando los resultados tienen consecuencias duras. Incluso para muchas personas esta perspectiva no es la más natural e importante. De acuerdo con el psicómetra Michael Kane, en los Estados Unidos han emergido al menos otros dos puntos de vista: el de los usuarios (personas evaluadas) y el de los funcionarios públicos (tomadores de decisiones).

Para los usuarios, las evaluaciones se consideran concursos o competencias que se quieren ganar; los estudiantes o profesionistas siempre desean salir bien en los exámenes de admisión o certificación. La idea básica detrás de esta perspectiva es que en todo proceso evaluativo siempre hay ganadores y perdedores,  por lo que el concepto de validez se considera sinónimo de justicia. Las personas evaluadas no están tan interesadas en los criterios científicos de las evaluaciones (exactitud y consistencia), como lo están en contar con procedimientos de medición justos y comprensibles que les permitan conseguir legítimamente las puntuaciones más altas posibles. Así, en la preparación para responder un examen, las personas se concentran en estudiar los contenidos que se evalúan, lo que no hacen con los contenidos que no forman parte del examen. Estas actividades son respuestas legítimas y sensibles a la situación que vive la persona, quien trata de satisfacer las demandas evaluativas que se le imponen. Hacer lo contrario sería perder la racionalidad de los intereses y necesidades de quienes son evaluados.

Un tercer punto de vista es el de los funcionarios públicos que se encargan de tomar decisiones que impactan la vida de las personas evaluadas (por ejemplo, seleccionar, certificar o promover). Estos funcionarios deben tomar decisiones en forma rápida, eficiente y apropiada, por lo que requieren emplear procedimientos bien definidos, sistemáticos y estandarizados; lo que se hace generalmente en forma mecánica y algorítmica. Desde esta perspectiva, las evaluaciones deben operar bajo normas de objetividad e imparcialidad, por lo que desean que los procesos evaluativos sean justos, o al menos que lo parezcan. Por lo tanto, la objetividad se valora altamente en este contexto, porque es vista como la promoción de la equidad.

En síntesis, es importante tomar en cuenta que existen varias perspectivas sobre las evaluaciones educativas y que ninguna de ellas debe de prevalecer sobre las demás. Lo que es más importante para el científico, no lo es para la persona evaluada y tampoco para el tomador de decisiones. El reto que tendrá el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a quien le tocará instrumentar la evaluación de docentes, de la Reforma Educativa, será saber mediar estas tres ópticas de tal manera que las evaluaciones sean válidas ante los ojos del científico, del tomador de decisiones y de los propios docentes, así como la del público en general que estará atento de ese proceso (una óptica, no revisada en este pequeño ensayo).

* Investigador en las áreas de evaluación educativa y tecnología educativa.

Se desempeña también como docente de la Maestría en Ciencias Educativas

de la Universidad Autónoma de Baja California

La meritocracia y las escuelas normales

ALBERTO SEBASTIÁN BARRAGÁN

Hace noventa años Max Weber definía el saber profesional especializado como característica imprescindible del cuadro administrativo burocrático. Los funcionarios que lo integraran, deberían poseer una “calificación profesional” que fundamentara su nombramiento. De este modo, se perfilaban los requerimientos para las personas encargadas de realizar acciones públicas.

Todas las funciones que realizan las instituciones requieren de personal adecuado, que tenga preparación y experiencia suficientes para desempeñar el cargo conferido. Administrativamente, considerar las cualidades de los recursos humanos ha sido una medida impuesta a la relación contractual y, en estos tiempos de neoliberalismo, es un común denominador en varias instituciones públicas y privadas.

Esta noción de profesionalización en nuestro país, es entendida a partir de la década de los 90 como Servicio Civil de Carrera o Servicio Profesional de Carrera. México comienza a tornar sus políticas de profesionalización en forma sectorial a partir de 1994, con el Servicio Exterior Mexicano; luego, el Servicio Profesional Electoral; después, el Servicio Profesional Agrario, hasta llegar al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en el 2003.

La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su Artículo 2, menciona que el “Sistema de Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad”, así también establece que sus principios rectores son: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género.

En el Artículo 8 se señala que esa ley no aplica para el personal de la Presidencia, Secretarios, Subsecretarios y demás funcionarios de primer orden; pero tampoco comprenderá al “personal docente de los modelos de educación preescolar, básica, media superior y superior”, ya que, algunos de ellos estarán sujetos a algún sistema de servicio civil de carrera. Esto, de alguna manera, explica la necesidad de un Servicio Profesional Docente, como el que vendrá.

La educación es un servicio público (hasta el momento) y la reforma que viene es de corte neoliberal. Y se pretende ampliar hacia el campo educativo la lógica de contratación basada en el mérito. Si bien no estaba estipulada una ley específica para el “acceso, promoción y permanencia” del personal del ámbito educativo, sí había mecanismos de crecimiento, no vertical, pero sí horizontal, como el Programa Nacional de Carrera Magisterial (PNCM).

Carrera Magisterial es un programa que se ha venido desarrollando, tergiversando y modificando desde 1993 hasta la actualidad, con una característica importante: es opcional y depende de la voluntad del docente participar o no; es un proyecto de desarrollo profesional, no un requisito.

Sin embargo, para comprender el alcance que habrá de tener una lógica del Servicio Profesional Docente es necesario percibir el acceso desde una noción de coyuntura de la docencia; porque es el momento culminante de la “formación inicial” (de la educación normalista) y es el punto de partida de la “formación continua” (profesionalización de maestros en servicio).

Resulta imprescindible señalar que la docencia necesita a los mejores estudiantes para que puedan enseñar lo que aprendieron. La docencia requiere a los estudiantes “mejor calificados”: esto es, a los que obtuvieron mejores promedios y obtuvieron reconocimientos en su trayectoria escolar. La docencia está compuesta (o “debe” estar compuesta) por los estudiantes que acumularon méritos para ser maestros.

El ingreso a las escuelas normales se daba en forma indiscriminada (¿o aún se da?), con pleno uso de influencias y recomendaciones para darles carrera a algunos jóvenes “ya aunque sea de maestro”. Y la tradición del mérito en bachillerato no era tan tomada en cuenta como señalamos arriba, pero lo que sí podemos apuntar como avance es el examen de admisión que ocupan las normales para seleccionar a sus estudiantes, para matricular a los futuros maestros.

La educación normalista, por su parte, también ha tenido una serie de reformas como las que han ocurrido en educación básica. Alfonso Durán establece una sinonimia sarcástica en su texto “Las reformas curriculares en educación normal o la tarea de Sísifo”, evocando la imagen del mito clásico del castigo que le imponen a Sísifo. Nada más ilustrador del normalismo que ese mito.

Si bien, han sido modificaciones curriculares en la educación normalista, ha prevalecido una constante en las normales: las “inercias”, que han mantenido ese statu quo de la formación inicial de los docentes y que, en suma, encierran una meritocracia latente, entonces ¿Cuál es el reto de las escuelas normales ante el Servicio Profesional Docente?

Hasta este momento, en la iniciativa de reforma que se aprobó en diciembre pasado se mencionan: “ingreso, promoción y permanencia”, pero aún no se han hecho explícitos los requisitos a cubrir por los maestros. La docencia había permanecido exenta de un Servicio Profesional de Carrera como mecanismo de acceso al trabajo, pero ahora las reglas cambian.

Dentro del modelo económico en que vivimos, los trabajadores son asumidos como capital humano, es decir, como trabajadores que acuden al mercado con diferentes capacidades, y con diferentes calificaciones. Así como existen mecanismos de profesionalismo de carrera en otros sectores, es posible que tenga mayor presencia la “credencial educativa” dentro de los trabajadores de la educación.

La teoría de la fila, o la teoría del credencialismo, enfatizan la escolaridad y cantidad de grados ganados para el concurso por una plaza de trabajo. La reforma educativa apunta hacia allá. Si se ha concebido la docencia, como una profesión de estado, resulta fácil imaginar que habrá  modificaciones (sobre las modificaciones recientes) dentro de las normales públicas, y esperaríamos lo mismo de las normales privadas.

¿Cómo llegan las normales a esta nueva política meritocrática? Pues, ya decíamos del examen de ingreso, aunemos los exámenes bimestrales, los exámenes departamentales, los criterios de desempeño, los exámenes generales de conocimiento, los exámenes de oposición… todos alineados con la evaluación universal.  Eso es lo que se tiene hasta el momento, esperaremos a ver qué se suma en el camino, y en qué se convierte todo esto.

Un México Poroso

EDUARDO ANDERE

En el mes de junio de 2007 (así casi un sexenio) publiqué lo siguiente, texto original, entre comillas:

“Hay que resolver muchos problemas que van desde los apremiantes hasta los importantes”. Y desde los percibidos hasta los reales. “Pero el principal problema es, quizá, que no podemos resolver los problemas. Al menos no en un México poroso”. A la luz de los resultados obtenidos en educación, seguridad, pobreza y desigualdad, el México del 2013 es tan o más poroso que el del 2007, con un sexenio de diferencia.

“Tomemos, por ejemplo, el tema del combate al crimen organizado en cualquier modalidad. Si la estrategia fuera sellar los espacios, físicos—fronteras, litorales, carreteras, calles, escuelas—o virtuales—goce casi ilimitado de impunidad en todo el territorio nacional—el problema es que tendríamos que cerrar todo México. ¿Cómo se cierran los litorales, fronteras, carreteras o calles de todo el país? Físicamente, es imposible. Los poros derivados de la geografía, urbanismo y tamaño de México son más grandes que el territorio mismo”. Los retenes que abundan por todas partes son perversos (no de pervertidos sino en el sentido que obtienen resultados contrarios a los buscados); y son evidencia del México poroso.

“Ahora, supongamos que la estrategia para el cierre de litorales, carreteras y caminos no sea la física sino la humana a través de la inteligencia, presencia y eficiencia de cuerpos policíacos y militares. Para que esta barrera funcione tendríamos que sellar cualquier posibilidad de corrupción, vista gorda, ‘valemadrismo’ o ineptitud no sólo en los que cuidan y persiguen sino en la población”.

La evidencia de 2007 y ahora de 2013 de índices y estudios sobre corrupción, opacidad y prácticas ciudadanas nos sugiere que somos un pueblo que arregla o aprueba un porcentaje elevado de sus transacciones o interacciones en la sombrita, en lo oscurito, con mal gobierno, mediante “dádivas”, mordidas, sobornos o arreglos paralelos, fuera de la ley. “Estos “arreglos” son poros que impiden que las decisiones de seguridad se ejecuten con la intención deseada”. Es espeluznante pensar que el 44 por ciento de la población adulta encuestada considere que “un funcionario público puede aprovecharse de su puesto, siempre y cuando haga cosas buenas” (ENCUP 2012[1]).

Si el gobierno tratara de sellar los poros con la policía iría en contra de la percepción de confianza de los mexicanos. De todas las instituciones u organizaciones que tienen que ver con la vida pública, social, familiar o religiosa, la policía es la institución a la que menos confianza le tienen los ciudadanos (ENCUP 2003 y ENCUP 2012); es menester mencionar que los partidos políticos, senadores y diputados están casi empatados con la policía en el último lugar de confianza (ENCUP 2012). Arribita de ellos están los sindicatos; aunque los maestros son la cuarta institución de mayor confianza (ENCUP 2012).

“La diferencia abismal entre los ingresos de la policía (definida en sentido amplio) y los beneficios esperados o prometidos del crimen organizado sin contar siquiera las amenazas a la integridad personal y familiar de los involucrados es un incentivo impresionante para agrandar los poros que impiden una estrategia policial de combate a la delincuencia”. Vistos los resultados de la estrategia del gobierno de Calderón en los indicadores de inseguridad y percepción de inseguridad, parece ser que los poros no sólo no disminuyeron sino que crecieron.

El Ejército, por el contrario, era la institución a la que los mexicanos le tenían la mayor confianza—empatado con la iglesia— en 2003 (ENCUP 2003). Ahora en 2012 el Ejército, junto con la Televisión, ocupa el quinto lugar. Los militares ocupan el sexto lugar y la iglesia el tercero. La familia y los médicos ocupan el primero y segundo lugar respectivamente. “Por ello, cualquier estrategia que involucre la participación activa y masiva del ejército recibirá la simpatía de la población”. Esto era en 2003. “Están por verse los efectos que esta estrategia tendrá en el mediano y el largo plazo. Tampoco ayuda a combatir la porosidad del sistema los bajísimos sueldos de la tropa y el deficiente esquema de retiro y jubilación de todos los rangos”. Para el 2013, 10 años después de la primera ENCUP, las cosas han cambiado como lo muestra la última ENCUP. Los mexicanos le tienen ligeramente más confianza a la Televisión que a los militares (ENCUP 2012).

“¿Cómo le hace uno para cerrar los poros? Una parte tiene que ver con la cultura (prácticas o hábitos ciudadanos); otra tiene que ver con los salarios; y aún otra con la pésima distribución de los recursos. ¿Cómo le hace uno para cambiar la cultura? ¿Cómo le hace uno, con recursos escasos, para aumentar los salarios de tropas y policías? Además, estaría por verse la relación entre mayores salarios y menos corrupción”. Hay mucha gente inmensamente rica y totalmente corrupta; y por el contrario, existe mucha gente pobre que es honrosamente honesta. Es como la educación: hay gente con mucha educación que es muy mal educada; y gente con poca educación que es bien educada.

“Finalmente, ¿cómo le hace uno para modificar la demanda por droga y productos pirata? La respuesta tiene que ver con dos tiempos: en el corto plazo no queda más que una combinación de instituciones fuertes (estado de derecho), liberación de mercados y competencia” sana por todas partes; en el largo plazo, mejora y ecualización de la población mediante salarios (productividad), cultura (hábitos) e igualdad (con una educación no segregada; es decir, con una escuela no rota).

De la reforma a la realidad

JUAN CARLOS YÁÑEZ

Entre el texto aprobado que modifica la Constitución en materia educativa, y las realidades a que dará lugar, habrá distancias, diferencias, resistencias y deformaciones. En qué grado, es casi imposible advertirlo ahora, pero que existirá de todo ello no hay duda.

Voy a explicar la afirmación anterior a partir de la visión que sobre el tema del curriculum tiene el experto español José Gimeno Sacristán. Quizá convenga aclarar, aunque sea de forma breve, que el curriculum, en palabras del propio Gimeno Sacristán, es el “el contenido cultural que las instituciones educativas tratan de difundir en quienes las frecuentan, así como los efectos que dicho contenido provoque en sus receptores”.

A partir de esa definición apta para todo público, Gimeno Sacristán explica que se pueden distinguir distintas fases en el desarrollo del curriculum: 1) El proyecto educativo o texto curricular. 2) El curriculum como lo interpretaron los profesores y los materiales para su desarrollo. 3) La ejecución del curriculum a partir de cómo lo interpretaron y del uso de los materiales, es decir, de la práctica de sujetos concretos en un contexto real. 4) Los efectos educativos reales y 5) Los efectos comprobables y comprobados.

Aunque la reforma constitucional no aprobó un curriculum, el esquema anterior, que ilustra las múltiples formas de concreción (y dimensiones) entre el curriculum y la realidad, también sirve para imaginar el probable derrotero de la reforma en cuestión:

si a este de por sí complejo proceso de ejecución del curriculum le sumamos las actitudes de sospecha, reserva o franca resistencia de parte del profesorado, entonces el presidente, los diputados, senadores y autoridades podrán festejar con toda parafernalia la histórica decisión, pero la realidad, las realidades, huidizas, caminarán por otras sendas, esas que ilustra la investigación y la experiencia de muchísimos expertos desde hace un buen número de décadas.

Cuidado con los festejos

Apenas promulgada la reforma educativa y leídas las opiniones de los políticos, pienso que esta fiesta de cohetes y luces podría ser más ruido que sustancia. Hay muchos mitos que reaparecen como peligrosas señales.

Si solo los maestros tienen que enseñar mejor, pero el resto del país se queda igual, pues ya nos podemos sentar a mirar como se hunde el sistema educativo y el propio país. No descarguemos toda la responsabilidad en los docentes, porque no son los únicos, ni la educación es tan poderosa contra un sistema general plagado de dificultades. No hay islas felices en un archipiélago de tristeza, diría Raffaele Simone.

Es verdad, para ser un país mejor necesitamos buena educación, pero no solo eso. Debemos resolver algunos problemitas no menores y de alta incidencia en los resultados del sistema escolar: inseguridad, pobreza, desempleo, violencia, corrupción, malos gobiernos, desnutrición, hambre, mala salud, impunidad, injusticia. ¡No es poca cosa!

Finalmente, ¡qué duda cabe!, necesitamos mejores maestros y directores, pero no solo eso, necesitamos también mejores funcionarios públicos, mejores gobernadores, mejores diputados, mejores médicos, mejores medios, mejores jueces… mejores madres y padres de familia, mejores ciudadanos.

Poligrafías

Por Luis Gerardo Martínez García 

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Chuayffet Chemor: nada con el SNTE; los hijos de políticos; seguridad para profesores piden SNTE, SDTEV Y SETSE; Movimiento Ciudadano en Veracruz ¿de Dante o de Servín?; cuestionado Manuel Arellano Méndez; Xalapa, la ciudad del caos; 100 años del Centro Recreativo Xalapeño. 


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CHUAYFFET CHEMOR: NADA CON EL SNTE. La lucha de poderes entre el presidente de la República y la líder del SNTE es más que evidente. El operador político de Peña Nieto para derrocar a Gordillo Morales es Chuayffet Chemor, un emblemático representante del Grupo Atlacomulco. Éste, como titular de la SEP tiene la consigna de ignorar a la profesora, tanto que hasta ahora no han tenido acercamiento alguno; por su parte, de manera mesurada, Gordillo jala los hilos de presión sin mucha fuerza. A ésta le está costando mucho negociar con el presidente Nieto; paga la factura de haber roto con esa alianza electoral que habían formado PRI-PANAL. Si esta se hubiese mantenido, hoy la historia se estuviera escribiendo de forma diferente: lo propuesto por Peña Nieto sería avalado por Gordillo Morales. Por lo pronto, Emilio no quiere nada con el SNTE. Me parece que a ninguno le interesa la educación, sólo van por el poder. 
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LOS HIJOS DE POLÍTICOS. Muchos hijos de políticos sigues los pasos de sus progenitores, cerrando con ello, muchas veces, la carrera política de aquellos que buscan escalar por méritos propios. Los hijos de los políticos heredan todo el capital político sin mayor esfuerzo; ocupan curules, cargos públicos, cargos de elección popular sin mayor trabajo político, porque hoy en México, hasta eso se hereda. Algunos de ellos se quedan en el camino porque no trasciende su trabajo, otros, formados a modo para ostentar el poder, brincan de un cargo a otro ejerciendo las mismas prácticas del siglo pasado que garantizaron a sus padres el mantenerse vigentes. Los hijos de los políticos en tanto que heredan los cotos de poder de los padres, enrarecen el ambiente político y lo vuelven obeso. 
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SEGURIDAD PARA LOS PROFESORES PIDEN SNTE, SDTEV Y SETSE. En una Carta Abierta dirigida a autoridades federales, funcionarios estatales de justicia y dirigentes magisteriales, profesores del norte de Veracruz exigen seguridad y reclaman justicia. Todo ello ante los acontecimientos que se han venido suscitando en aquella zona. Citan que el 19 de enero del presente, "un grupo de profesores fueron despojados de sus pertenencias y de manera cruel y cobarde baleados, en la que fue asesinado el profesor Alberto Hernández Galván, quien fungía como secretario general de la delegación D-II-50 de la Sección 56 del SNTE del nivel de Telebachillerato..." En esa carta los profesores manifiestan su indignación pero sobre todo su necesidad de tener seguridad en la zona norte del estado. Exigen, finalmente, vigilancia permanente en las carreteras por donde transitan en el trayecto que los lleva de su casa a la escuela. La voz de los maestros serán escuchadas ante este reclamo, sólo esperemos que no sea demasiado tarde. 

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MOVIMIENTO CIUDADANO EN VERACUZ, ¿DE DANTE O DE SERVÍN? Sorpresivamente para propios y extraños del Movimiento Ciudadano (partido político de Dante Delgado Rannauro) en días pasados, Rosario Quirasco Piña fue nombrada dirigente estatal de dicha organización política. Rosario es hija de la profesora Charo Piña quien por muchos años fue directora general de Bachillerato gracias a su relación con Dante (antes, ambos piístas). Rosario Quirasco Piña, por cuestiones laborales se conviertió en una negociadora nata en el SETSE (sindicato de Acela Servín Murrieta), ganándose la confianza de ésta en la resolución de asuntos delicados. Incluso se llegó a mencionar como una profesora viable para asumir la secretaría general del comité de ese sindicato, en lugar de Zapot Zapot, su actual dirigente. Ahora Rosario llega a presidir el comité del partido Movimiento Ciudadano por invitación de Dante, pero con la anuencia de la priísta Acela Servín, de ahí la interrogante ¿el MC en Veracruz lo manejará Dante o Servín?

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CUESTIONADO MANUEL ARELLANO MÉNDEZ. Los profesores de la zona de Acayucan pertenecientes a la Seccion 56 del SNTE manifestaron a su secretario general su interés por sumarse a un paro nacional en contra de la Reforma Educativa. Con un clima caluroso y un ambiente acalorado, Manuel Arellano Méndez tomó la terminación de retirarse de la concentración que se encontraba en el Parque Juárez de esa localidad. La explicación que dio el secretario general fue que se trató de un “Boicot” a manos de sus colegas de la sección 32 de SNTE que se encontraban juntos en el mismo evento. Más allá de la anécdota de que a Arellano le gritaban en coro ¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!, la problemática a la que se enfrenta el magisterio frente a la presunta Reforma educativa, es la falta de información. No existe una sola publicación del SNTE ( ni del Estado) que explique puntualmente los pormenores de la reforma educativa y la laboral. De ahí el descontento de los profesores. Hay que asumir la responsabilidad que el sindicato tiene con sus agremiados. No es de echarle la culpa a los de enfrente o a la logística. 
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XALAPA, LA CIUDAD DEL CAOS. "Cierre temporal. Disculpe las molestias" dice el anuncio precautorio en cada obra que se realiza en la ciudad de Xalapa. Como ese anuncio aparece constantemente en las calles de la ciudad, su connotación toma otro sentido, pasando de temporal a permanente. Sobre ese particular, quienes diseñan las acciones de urbanidad, vialidad y movilidad en la ciudad han abusado de la paciencia y buen temple de los xalapeños. La ciudad de Xalapa es un caos por cualquiera de sus calles ante la insensibilidad de sus autoridades. Es verdad que se cuidan los costos políticos que puede traer este tipo de cierre de calles por construcción o reconstrucción, de ahí que se realicen en tiempos que no afecten a políticos que buscan cargos de elección popular. Pero también es cierto que hay una sociedad que necesita movilizarse por trabajo o por recreación como parte de un colectivo ciudadano que vive y convive en comunidad. Xalapa lleva años con cierres temporales: "Disculpe las molestias". 

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P.D. Felicitaciones al Centro Recreativo Xalapeño por 100 años de existencia. sinrecreo@hotmail.com

Promulgación de la Reforma Educativa

El gran propósito de la Reforma Educativa es convertir a la educación en la gran fuerza transformadora de México. Para ello tiene tres grandes ejes de acción:

Lograr que nuestros alumnos sean educados por los mejores maestros. Con ese fin se creará el Servicio Profesional Docente. La Reforma contiene reglas claras, para que el mérito profesional sea la única forma de ingresar, permanecer y ascender como maestro, director o supervisor.

Hacer de la evaluación un mecanismo eficiente, para mejorar la calidad de la enseñanza. Para ello se eleva a rango constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y le otorga plena autonomía. Además ordena la creación de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que tomará en cuenta las condiciones y desafíos que enfrentan los maestros en su realidad cotidiana.

Mejorar las condiciones para la formación integral de los alumnos. Con este fin, la Reforma fortalece la autonomía de gestión de las escuelas; y prevé aumentar sustantivamente el número de Escuelas de Tiempo Completo, para brindar más oportunidades educativas, culturales y de equilibrado desarrollo integral a los estudiantes.

En suma, con esta Reforma Constitucional, el Estado Mexicano asume plenamente la acción rectora y reguladora que le corresponde, para acelerar la transformación educativa del país.  

ESCRITO POR Equipo de contenido de Presidencia de la República