lunes, 8 de abril de 2013


A quién le dan pan que llore: las laptops de la SEP
EDUARDO ANDERE

Como regalo de Pascua, el miércoles de Semana Santa la SEP corroboró la decisión de  obsequiar 4.5 millones de computadoras.

La política pública errónea

Cuando el mundo va por las decisiones técnicas de políticas públicas en lugar de decisiones políticas en la administración pública, y de los libros de texto a las tabletas y a los teléfonos “inteligentes”; y de las computadoras a las conexiones rápidas, anchas y confiables de Internet, nosotros regresamos al pasado con decisiones públicas no fundamentadas en investigación que implican miles de millones de pesos como es el regreso a una versión “2” de Enciclomedia. En este caso, en lugar de una computadora con proyector por cada salón de clase de 5º y 6º de primaria, como lo fue el fiasco de Enciclomedia, ahora será con una computadora “super laptop” para cada uno de los 4.5 millones de niños de los mismos grados en escuelas públicas. Quienes tuvimos la oportunidad de ver el paquete Enciclomedia en sus dos primeros años, después de tres o cuatro años parecían vejestorios, chatarra o trebejos de un taller de reparación de automóviles y viejos. Lo mismo sucederá con las laptops de la SEP.

El mundo no tiene evidencia de los resultados de la relación entre aprendizaje y laptops. Ni siquiera del mundialmente conocido y mercadeado programa de “una laptop por niño (ULPN)” (OLPC: One laptop per child).

En apariencia, el estudio más completo al respecto, fue realizado por investigadores auspiciados por el Banco Interamericano de Desarrollo y que los gurús tecnológicos del Banco Mundial citan y vuelven a citar en sus blogs especializados. Es un estudio del extenso programa de OLPC en Perú (902,000 laptops distribuidas a partir de 2008). Dicho estudio concluyó con lo siguiente: “No hay evidencia de que la utilización de computadoras haya aumentado la motivación de los niños en las tareas escolares. No encontramos evidencia que el programa haya tenido influencia sobre los hábitos de lectura. Finalmente, el programa no parece haber afectado la calidad de la instrucción en el aula. Una evaluación cualitativa paralela del programa sugiere que la introducción de las computadoras produjo, en el mejor de los casos, cambios modestos en las prácticas pedagógicas.

Además, como lo sugieren los autores del estudio, “aunque el programa aumentó enormemente el acceso a las computadoras (…) no se encontró evidencia de efectos sobre la matrícula ni el rendimiento académico en matemática y lenguaje.  Sin embargo, sí se hallaron algunos efectos positivos [aunque pocos, no suficientes para justificar el tamaño de la inversión] en habilidades cognitivas generales”.

En términos de implementación el programa de Perú se enfrentó con muchos problemas como el que casi la mitad de los niños no se llevaban la computadora al hogar (como era la intención inicial del programa y de la organización OLPC), ya sea porque los directores no los dejaban o porque los papás sentían responsabilidad del costo financiero en caso de daño o robo. El programa también se enfrentó con un fuerte incendio en los almacenes del ministerio de educación que destruyó decenas de miles de laptops.

En el mejor de los casos no existe evidencia sólida y consistente de los beneficios de este tipo de programas en la educación y menos en el aprendizaje de niños y jóvenes.

Las millones de computadoras que la SEP (es decir, cada uno de nosotros a través de los impuestos) obsequiará no son una laptop cualquiera. Según la descripción del proyecto de convocatoria registrada en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que se desplegaba en el Portal de la misma se trata de una “laptop” con características más estrictas y “lujosas” que las del modelo XO del OLPC.

Por lo tanto, uno debe pensar que el precio de las mismas será mayor a los 200 dólares americanos en que se vende la XO de OLPC. Supongamos sin conceder que el equipo será el de OLPC y que la convocatoria esté “acordada de antemano”. Si este fuese el caso, el gasto total por los 4.5 millones de computadoras sería de 900 millones de dólares americanos (es decir, 11, 250 millones de pesos de 12.50 por dólar). Sin embargo, si las laptop costaran más, digamos unos modestos 500 dólares por equipo (considerando que las especificaciones de software y hardware son en general más estrictas y “lujosas” que las de OLPC), el gasto total sería 2,250,000,000 de dólares americanos (es decir, 28,125,000,000 pesos al mismo tipo de cambio). Es un titipuchal de dinero que nos ayudaría a mantener a la UNAM por un año o más, o construir más de un par de plantas tratadoras de agua desperdiciada de uso humano o industrial, o varios kilómetros de metro o carreteras, o muchos más metro-bus, o varios hospitales, o mejores policías o mejores maestros.

El argumento tecnológico y la ciencia del aprendizaje

No hay marcha atrás en el uso de la tecnología para la vida cotidiana; eso incluye a las escuelas, los hogares, las empresas, los gobiernos, los comercios. Es como si se hubiese negado el arribo de la imprenta y la diseminación de los libros. La humanidad detonó con el libro “portátil” (como otros han sugerido) del Renacimiento. Se acabó con el monopolio de la producción monástica de los libros. La humanidad se liberó de muchas cosas, entre otras, de la escolástica, y del monopolio eclesiástico de la educación.

Ahora, la revolución en las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) nos da otro empujón cuántico. Pero entonces y ahora, antes que el libro físico o digital, per se, es más importante aprender a leer. Y antes que la computadora per se es más importante aprender a usar la computadora; y aprender español, y aprender matemáticas, y aprender ciencia, y aprender arte, y aprender a aprender; y querer aprender y querer aprender a leer.

Sin estas habilidades, el tiempo dedicado al artilugio es tiempo sacrificado al desarrollo de otras habilidades que nos van a permitir utilizar mejor los artilugios. Por supuesto, una buena utilización del artilugio, nos permitirá aprender mejor otras materias, siempre y cuando uno sepa lo que hace cuando multiplica, divide, fracciona, lee, interpreta o escribe.

La computadora facilita el trabajo al cerebro, pero si el cerebro no trabaja, la computadora seguramente hará más lento y torpe al cerebro. Una computadora, como una calculadora, puede responder con mayor facilidad a la multiplicación 12 x 12 (144); pero un cerebro que no realiza las operaciones mentales para resolver ese problema puede estropearse, anquilosarse, por falta de uso; las neuronas y sus conexiones no usadas, disolverán el pegamento de la memoria y aniquilarán el aprendizaje.

“Google maps”,  “mapas”, y “Waze”, son maravillosos; nos resuelven el problema de pensar y buscar por dónde ir para llegar a nuestro destino. Ahora, todo es mucho más sencillo. Pero, cuidado, más poder de cómputo no significa más inteligencia, ni más aprendizaje.

El aprendizaje del cerebro todavía requiere esfuerzo. Todavía requiere saber (entender) lo que significa multiplicar y dividir; lo que es una comparación de cifras (proyección, tendencia o regresión); todavía requiere saber el significado literal y metafórico de las palabras, las frases, las oraciones, los mensajes. Una computadora no puede entender e interpretar el significado “A quien le dan pan que llore” aplicado a las laptops de la SEP; ni lo que Cervantes quiso decir con la expresión: “La mejor salsa del mundo es el hambre; y como ésta no falta a los pobres, siempre comen con gusto”. O la frase del mismo Cervantes: “la verdad (…) siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua”.

Todo eso es lo que tiene que ver con la ciencia del aprendizaje con algunos toques de neurología. Y los peligros aquí apuntados de una errónea política pública sobre el cerebro y el aprendizaje al regalar, así como así, computadoras.

Política pública: regalar o repartir libros y computadoras

Lo más criticable es la interpretación lineal de lo que aquí cuento. Los responsables de política pública saben, porque lo leen o les han dicho, que los estudiantes que obtienen resultados más altos en pruebas estandarizadas son quienes dicen contar con más libros en casa o con más acceso a las TIC. Es muy probable que esto sea cierto. Pero decir que los estudiantes de más altos resultados en estas pruebas tienen más libros y computadoras, no quiere decir que repartir libros y computadoras haga mejores estudiantes. El cambio de las palabras afecta el resultado. Por tanto, esta no es la política pública a seguir.

La variable libros y acceso a las TIC es una variable condicional: condicionada a que los libros se lean y se entiendan y las computadoras se usen y usen bien. Porque si fuera cierto que tener un libro o una computadora en casa sea la panacea para la ignorancia, bueno, pues cerremos todas las escuelas, despidamos a todos los maestros de todas las aulas de México (y del mundo también) y enviemos paquetes de cien libros a las casas, y computadoras o laptops a cada niño, joven y padre de familia, y asunto resuelto. Ojalá fuera así de sencillo: el libro no existe hasta que se lee; y la computadora no existe hasta que se usa bien.

Quiero cerrar esta breve artículo con una estupenda frase, escrita por expertos en el tema para la UNESCO que sintetiza elocuentemente el resultado de evaluación académica de la relación entre tecnología y educación:

La tecnología es sólo un instrumento: ninguna tecnología puede arreglar una mala filosofía educativa o compensar por una mala práctica. De hecho, si vamos en la dirección equivocada, la tecnología nos llevará ahí más rápido.

La entrega de laptops por parte de la SEP agravará el problema educativo de México, beneficiará mucho más a las empresas productoras de artilugios o programas de cómputo que a las escuelas y los hogares. Es tiempo de dar marcha atrás. Es mejor decir “me equivoqué” que utilizar los recursos públicos escasos en gastos inútiles. Por encima de la política y los intereses de grupo o empresariales deben estar los niños y jóvenes.

viernes, 5 de abril de 2013


La educación superior brilla por su ausencia: el llamado de la ANUIES
GERMÁN ÁLVAREZ M.

El gobierno federal ha dejado claro que su prioridad es la educación básica y, en segundo  término, la educación media superior. Aunque es motivo de amplia polémica, parece razonable concentrar la mayor parte de la energía política (ya veremos si también financiera) en la base del sistema, si es que queremos que dentro de algunos años los jóvenes estudiantes tengan mejores niveles formativos que los que hoy muestran los egresados de bachillerato. Lo que no es adecuado, sin embargo, es dejar a la educación superior sin política.

A más de 100 días de haberse iniciado, el gobierno federal no da atisbos de lo que serán sus líneas rectoras en este nivel. Cierta indolencia se deja ver al haber nombrado en la subsecretaria respectiva a un académico respetable, con cierta trayectoria en los meandros de las burocracias universitarias, pero que parece desconocer a un sistema y a sus actores, que presentan altos niveles de complejidad y heterogeneidad. El subsecretario bien podría hacer un esfuerzo sistemático por acercarse a los rectores de las instituciones, conocer sus puntos de vista no sólo sobre las realidades locales sino también sobre el futuro de la educación superior y armar con ellos una visión de lo que se requiere en el futuro cercano. Es verdad que nadie en el gobierno federal querría que el subsecretario de educación superior hiciese sombra a las estelares reformas que se han anunciado en educación básica; tampoco nadie querría que se abrieran frentes que opacaran el esfuerzo principal, pero de eso a que no haya definiciones y políticas claras en educación superior hay un largo trecho. Si algo no ocurre en este nivel, se corre el serio riesgo de tener un sexenio más de un continuismo a todas luces insuficiente.

Ya se han producido importantes propuestas para dar un giro a las políticas en educación superior, tanto las concentradas obsesivamente en la evaluación de instituciones, programas e individuos para canalizar recursos fiscales no ordinarios, como las destinadas a la diversificación de opciones institucionales. Hace un par de años, la entonces rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Sylvia Ortega, hizo una importante declaración sobre la necesidad de cambiar los paradigmas: de políticas centradas en la evaluación a políticas centradas en nociones de desarrollo y equidad. En un sentido análogo, la ANUIES hace meses dio a conocer una propuesta para abrir una nueva generación de políticas, basada en la inclusión con responsabilidad social. También el rector de la UNAM ha mencionado en varias ocasiones la necesidad de desplegar políticas con un sentido de equidad en función de las necesidades sociales y económicas de la sociedad en general. Desde la investigación académica se han producido muchas evidencias sobre los nocivos efectos que los sistemas de evaluación y estímulos han producido en las instituciones y en las prácticas de los profesores, y muchas voces se han escuchado sobre la necesidad de cambiar los esquemas de la política pública.

Parece existir, por tanto, un amplio consenso: la política de premios y castigos sustentada en una evaluación mal concebida que se basa en indicadores de dudosa eficacia para medir la calidad, está agotada. Nada más de lo que ya ha dado, incluidas algunas (pocas) virtudes, podrá dar. Por ejemplo ¿quien puede creer que la acreditación de programas de licenciatura hace de la formación universitaria un proceso con resultados de calidad?, ¿quién puede sostener que las políticas de incentivos “por méritos” hace mejores maestros a los profesores universitarios o que sus alumnos aprenden más y mejor?, ¿es verdad que entre más doctores tengamos enseñando en las universidades mejores alumnos tendremos en ellas? Obviamente nada de eso ocurre. Tenemos cada vez más programas acreditados y una proporción mayor de alumnos en tales programas, más doctores dando clases y más profesores con sobre sueldos por méritos y, sin embargo, la educación superior, especialmente en licenciatura, pero también en el posgrado, goza de un lamentable bajo nivel.

Ante la ausencia de definiciones políticas en educación superior, la ANUIES podría jugar un papel más activo, difundiendo con vigor su propuesta de una nueva generación de políticas, pero ha optado por conservar un perfil bajo. Es indudable que esta asociación hace ya tiempo dejó de ser un “irrelevante club de rectores”, como alguna vez lo dijo Olac Fuentes Molinar, o una simple “correa de transmisión” entre las órdenes del gobierno federal y los representantes de cada institución afiliada. Hoy es diferente. Pero si no asume que tiene un lugar en el liderazgo de la educación superior, especialmente en estos momentos en que hay carencia de ideas y líneas claras de acción en el gobierno federal, corre el riesgo de jugar un papel anodino, simple rutina administrativa con escasa o nula influencia el futuro estratégico de la educación superior.

Es deseable, por tanto, que el próximo secretario general, que será electo en breve, asuma un papel pujante, que coloque la educación superior en la agenda educativa federal con la importancia que merece y que sepa conjuntar la fuerza de las instituciones y de sus rectores hacia objetivos de cambio que hoy por hoy son imprescindibles. Bienvenido será un nuevo líder de la ANUIES que imprima dinamismo a la asociación, que conozca a fondo el sistema, que tenga amplia capacidad de negociación y, al mismo tiempo, de generación de ideas, y que dé rumbo al conjunto de este nivel educativo. Si la ANUIES elige a un nuevo secretario general que, además, conecte las necesidades de desarrollo de la educación superior con las necesidades de desarrollo económico y social de toda la población, especialmente la de menores recursos, habrá hecho una contribución invaluable a la educación en el país.


La reforma: quiénes y dónde se dirimirá
JUAN CARLOS YÁÑEZ

I. Leo a Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO, en su ensayo sobre “El otro mundo posible” (incluido en el libro “Espiritualidad y política”, coordinado por Cristóbal Cervantes), al mismo tiempo, reviso las notas sobre el comunicado de Manlio Fabio Beltrones con el tema de la reforma educativa y su postura, o la de su partido, acerca de quiénes y cómo decidirán la reforma, en nombre de quienes trabajan en alguno de sus niveles e instituciones.

Están en las antípodas, como se pueden imaginar. Dice Beltrones que no serán las calles el escenario donde se dirima la reforma educativa, y que ellos, los que saben y deciden, lo acordarán con los otros que saben y deciden, con los dirigentes de los maestros. Lo leo y lo lamento.

Textualmente el comunicado del diputado federal dice, según las notas de prensa: “No serán las calles, sino en las instituciones de representación popular y con las autoridades educativas, donde se dirima con responsabilidad y transparencia el presente y el futuro del sistema educativo nacional y el porvenir de nuestros niños, jóvenes y docentes”.

Leo a Federico Mayor Zaragoza y solo dejo un fragmento de sus ideas, tan simples como distantes de nuestra realidad: “No hay democracia fuerte sin ciudadanos atentos a los demás y capaces de argüir en favor de sus propuestas. No hay democracia en el silencio, ni en la sumisión ni en el miedo… La clave de todo sistema democrático es la interacción, la escucha, la participación”. Cada una, cada uno saque sus conclusiones.

II. Debo confesar que mi búsqueda del comunicado de prensa fue infructuosa, así que los comentarios siguientes se basan en la información extraída de los medios donde se reprodujeron, en particular, de los entrecomillados, que suponen una transcripción literal.

“Amplio consenso a favor de la reforma educativa”, habría dicho el diputado. Pues no, en los portales y en la opinión crítica de los especialistas en educación no existe tal amplitud en el consenso. Cierto, hay un acuerdo unánime, hasta del propio SNTE y su dirigencia vitalicia: necesitamos un mejor sistema educativo, diría la mayoría. Yo, compartiendo las convicciones de la educadora ecuatoriana Rosa María Torres, digo: necesitamos otro sistema educativo, porque sus deficiencias son tales que no admite solo mejoras o cambios epidérmicos, sino transformaciones estructurales.

La amplitud en el consenso, más allá de lo genérico, no existe. Los propósitos no son los mismos de todas las partes. No. Unos quieren solo elevar los puntajes en las pruebas internacionales, como PISA; algunos deseamos una educación inspirada en otros valores, por ejemplo, los cuatro pilares de la educación del famoso informe de la Comisión Delors. Unos quieren que se enseñe “educación financiera” desde temprana edad, o preparar “emprendedores”; otros deseamos formar ciudadanos; unos conciben a los estudiantes como clientes, otros los definimos como seres humanos únicos.

Según las notas, el diputado afirmó que pretenden transformar el sistema de gestión y evaluación. La misma cantaleta superficial que se repite con vehemencia desde los gobiernos panistas, pero originada antes. La experiencia internacional lo informa: no es el único ni el mejor camino; pensamos, por ejemplo, que deben impulsarse modelos pedagógicos centrados en el estudiante, y no un modelo obsesionado con la evaluación. En ese sentido, unos creen que la educación mejora aplicando exámenes a todo lo que se mueva dentro de la escuela, otros pensamos en la educación como un proceso complejo, y a la evaluación como una parte.

La educación no debe ser más la principal causa de reproducción de las desigualdades sociales y regionales, afirmó el personaje en cuestión. Pues no lo es, y si pretenden resolver ese problema solo desde la escuela, el siglo nos mirará hundidos en la pobreza y la injusticia. Busquen, quienes así crean, en el modelo económico, el del PAN y el del PRI, sustancialmente el mismo, que fueron incapaces de revertir la pobreza. Porque los pobres no son un invento del PAN, ni son obra de sus grises sexenios. Y los millones de pobres, principalmente niños, jóvenes, mujeres, indígenas, lo son desde antes, en las décadas de gobierno tricolor.

Otra joya de la demagogia: la reforma educativa debe cambiar la realidad de exclusión de casi 8 millones de jóvenes y la exclusión de “una tercera parte de los mexicanos”. ¡Menuda tarea para los maestros y directivos! Sobre esto mucho se puede agregar. Sugiero, para no abusar, solo un libro que podría entenderse fácilmente: “Misión de la universidad”, de José Ortega y Gasset. Allí encontrarán, entre muchas, esta poderosa idea: “suponer que las naciones son grandes porque su escuela –elemental, secundaria o superior- es buena. Esto es un residuo de la beatería ‘idealista’ del siglo pasado. Atribuye a la escuela una fuerza creadora histórica que no tiene ni puede tener… Ciertamente, cuando una nación es grande, es buena también su escuela. No hay nación grande si su escuela no es buena. Pero lo mismo debe decirse de su religión, de su política, de su economía y de mil cosas más. La fortaleza de una nación se produce íntegramente. Si un pueblo es políticamente vil, es vano esperar nada de la escuela más perfecta”.

¿Epígrafe o epitafio?

“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados” (Groucho Marx). He aquí, en lo descrito, un excelso ejemplo. * Publicado en la Revista AZ Educación y Cultura. Abril de 2013.


Universidades indígenas, sin reconocimiento del Estado
Por Margarita Warnholtz -
Primera parte -

Hace dos semanas tuve oportunidad de asistir al Encuentro Internacional sobre Educación Superior y Pueblos Indígenas. Era un evento cerrado en el que realmente no tenía yo nada qué hacer, pero como había varias amigas y amigos míos entre los participantes, como quien dice, “me colé”. Y ya estando ahí, viendo lo interesante del asunto, les pedí permiso de compartir algunas cuestiones con ustedes.

Fue una reunión a la que asistieron básicamente rectores y rectoras de diversas universidades indígenas e interculturales de Latinoamérica para discutir sobre su situación, logros, desafíos y problemas que enfrentan, y sobre el papel de la epistemología indígena en la educación superior. Además de los rectores, estuvieron presentes, entre otros, Mirna Cunningham, actualmente integrante del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU; Benecio Quispe, viceministro de educación superior de Bolivia; José del Val, director del Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMC)de la UNAM; Miguel Ángel Candanedo, Secretario General de la Universidad de Panamá, y Daniel Matto, del Instituto Internacional de la UNESCO para Educación Superior en América Latina y el Caribe.

La mayoría de estas universidades han sido creadas por organizaciones indígenas, respondiendo a la necesidad de contar con una educación superior para los jóvenes de sus comunidades y, sobre todo, de una educación que incluya los saberes de sus pueblos, una educación que combine el conocimiento originario con el conocimiento occidental. Algunas después de un tiempo han conseguido apoyo gubernamental, otras funcionan con sus propios recursos y aportes de las comunidades.

Me llamó la atención en particular el caso de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas «Amawtay Wasi» de Ecuador, por sus planteamientos y porque siendo una de las más consolidadas, está a punto de perder el reconocimiento del Estado.

En la exposición que hizo el rector Luis Fernando Sarango contó que se fundó en 2004 y en 2005 entró a formar parte del sistema nacional de educación superior de su país. Relató, entre otras cosas, que antes de crearla llevaron a cabo todo un proceso de reflexión sobre los paradigmas civilizatorios de los pueblos indígenas, sobre su filosofía  y sobre cómo establecer metodológicamente un diálogo de saberes y ciencias entre culturas diversas en igualdad de condiciones y la importancia de este diálogo. Decía que el proyecto fundamental de los pueblos originarios tiene que ver con la vida; no con el mercado, el comercio, la eficiencia o eficacia, sino con vivir bien. Habló del método vivencial simbólico, “camino de sabiduría que dejaron nuestros mayores” que consiste en “vivenciar para poder reflexionar, de ahí teorizar y luego aplicar”.  Comentó, por ejemplo, que en la cultura europea empezaron por las matemáticas y de ahí llegaron a la geometría y en la cultura de los pueblos originarios de Ecuador fue al revés, comenzaron por la geometría y de ahí llegaron a las matemáticas. Habló también de la importancia de utilizar las tecnologías de información, de usar la televisión y las computadoras para enseñar y aprender. Y bueno, afirmó que en función de éstas y otras reflexiones, se creó la universidad. En ella imparten carreras como agroecología, arquitectura con especialización en arquitectura ancestral y ciencias de la educación.

Esta universidad lleva casi 10 años funcionando, y si bien al inicio obtuvo el reconocimiento del Estado, a los pocos años comenzó a tener problemas porque el órgano de evaluación del gobierno la encasilló en la categoría de “universidades empresariales” y obviamente no pasaba las evaluaciones. Según me contó Sarango después de su exposición, en 2009 quisieron cerrar la universidad y ellos acudieron a la Corte Constitucional, donde ganaron el caso, pues, en síntesis, de acuerdo a las leyes de su país y a los convenios internacionales sobre el tema, los pueblos indígenas tienen derecho a crear y operar sus propias instituciones educativas. A pesar de la sentencia a su favor,(aquí hay un resumen del documento) en lugar de evaluar a la universidad con parámetros interculturales, continúan evaluándola como si fuera una universidad convencional y la están sacando del sistema de educación nacional y quitándole la acreditación. Obviamente esto afecta a la universidad, pero me decía Sarango que de todas formas van a continuar trabajando pues “vamos hacia la sabiduría, no hacia la acreditación”. Pareciera ser (y esto ya es deducción y opinión mía), que el problema de fondo es político y no académico, pues casualmente la mayoría de las organizaciones indígenas de Ecuador han estado protestando contra el presidente Correa. Esperemos que el problema se solucione, pues realmente me parece muy valioso el trabajo que hace esa institución.

Hay otras universidades interculturales, como la de Colombia y la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, de Guerrero, México, que tampoco tienen reconocimiento, lo que impide que los egresados obtengan un título con validez oficial. Éste fue uno de los temas más mencionados en la reunión, el asunto de la necesidad de contar con la acreditación a los estudios de estas universidades. En mi opinión, el hecho de que no lo haya es una contradicción más entre las leyes y la realidad en relación a los pueblos indígenas, ya que en la mayoría de los países hay un reconocimiento constitucional a la multiculturalidad pero en la práctica (en este caso respecto a la educación superior) no se está reconociendo.

Entre los puntos de la declaración final del evento se menciona el compromiso de crear un sistema de evaluación y acreditación internacional específico para este tipo de universidades, de acuerdo a sus características particulares. Ojalá lo hagan pronto pues realmente por lo que ví son instituciones de educación serias y consolidadas, que ofrecen diversos tipos de conocimiento.

También hay en la declaración un punto que se refiere a que continuarán trabajando en “la interculturalización de la educación superior como un eje central para las transformaciones estructurales que requieren nuestros países” y se hace un llamado a todas las universidades del continente a sumarse a esta iniciativa. Este tema también me parece fundamental, pues creo que sería muy bueno que en todas las universidades se enseñaran también los saberes de los pueblos originarios. En ese sentido, hubo un reconocimiento particular al trabajo que se está realizando en la UNAM a través del PUMC, que por cierto fue anfitrión y uno de los organizadores del evento junto con la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO), el Fondo Indígena, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU y la Fundación Ford.

Hablando de organizadores del encuentro, me llamó la atención la ausencia de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) de la SEP, pues es la instancia encargada de la mayoría de las universidades interculturales de México. En la inauguración estuvo como invitado Fernando Salmerón Castro, coordinador de la CGEIB, pero solamente saludó y agradeció la invitación, y se retiró en cuanto terminó el acto protocolario. Sí estuvieron presentes en el encuentro algunos rectores de estas universidades que dependen de la SEP, pero de éstas y otras hablaremos la próxima semana. Artículo publicado en Animal Político.

jueves, 4 de abril de 2013


La educación no se negocia
Javier Cruz

México es un país pluricultural. Tanto las personas que hablan inglés en Tijuana como  aquellas que hablan tzotzil en Chiapas forman parte de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, los mexicanos somos iguales pero distintos; de norte a sur, de este a oeste, existen diferencias culturales, territoriales, etcétera; pero, pese a éstas, nadie puede negar que cada una de las personas que radican en México somos mexicanos y,
aunque suene contradictorio, somos iguales. La igualdad radica en nuestra calidad de mexicanos, pero sobre todo en que todos debemos tener el mismo acceso a los derechos que otorga la Constitución. Uno de éstos es el derecho a la educación. La Constitución de la Republica ha ordenado una serie de elementos en materia de educación.

Los estados de la Unión como Guerrero, Michoacán y Oaxaca —entre otros— no pueden desacatar el mandato constitucional. ¿Por qué? Bueno, la Constitución ha ordenado los cuatros puntos básicos de la educación. A saber: (I) infraestructura, (II) contenidos
educativos,(III) profesores y (IV) evaluación de estos factores. En este sentido, los gobernadores no tienen más oportunidad que aplicar el mandato constitucional que sus mismos congresos aceptaron. Asimismo, estos elementos se transforman en derechos fundamentales para las personas, los cuales dotan de sentido al derecho a la educación de cada individuo.

En el caso de que no lo acepten, los Congresos locales no pueden negociar la Constitución; las legislaciones que vayan más allá de ésta serán nulas. Los plantones de los sindicatos, las marchas, manifestaciones y demás. son igual a cero. En efecto, cualquier negociación en Guerrero, por poner algún ejemplo, debe de carecer de trascendencia jurídica, ya que la Constitución (y sus derechos) no se negocian. No es una cuestión de gustos, sino de cumplimiento.

Lo que debe imperar es el mandato constitucional que no se soluciona con huelgas ni plantones. La resistencia de ciertos grupos no puede minar la voluntad de que nuestros niños y adolescentes encuentren un mejor futuro. Porque, como se menciona, no sólo se trata otorgar infraestructura y contenidos educativos, sino que cada una de las  obligaciones del Estado se traduce en el ejercicio del derecho a la educación de niños y adolescentes. En caso contrario, nuestra juventud está condenada a realizar marchas para poder subsistir.
 * Investigador del CIDE. Publicado en El Universal


martes, 2 de abril de 2013


La clave: educación, educación, educación
José Blanco

Durante la semana anterior a la llamada santa, los movimientos del magisterio venían creciendo aceleradamente. Esta semana, con seguridad, los profesores de educación básica reanudarán las acciones en contra no se sabe claramente de qué. El movimiento no es homogéneo en lo absoluto. Se moviliza la CNTE en contra de una llamada reforma educativa que no ha ocurrido, ni se sabe aún de qué se tratará: la SEP no ha abierto aún sus cartas; lo hace también contra la evaluación de los profesores que se ha propuesto llevar a cabo esta secretaría; pero también se movilizan y preparan demandas contra Elba Esther Gordillo. En el SNTE nadie defiende a esa inmensa calamidad creada por los gobiernos priístas e impulsada hasta la demencia por los gobiernos panistas. Al mismo tiempo, grupos numerosos y aparentemente crecientes del SNTE coinciden con la CNTE en sus reclamos.

Pocas veces ha tenido el gobierno ante sí un reto de tan grandes dimensiones, y nadie, medianamente enterado, puede esperar que durante el presente sexenio pueda hacerse mucho más en materia educativa que poner los carriles por donde habrá de transitar el tren del futuro de este país. Si logra poner esos carriles habrá alcanzado un éxito político y civilizatorio de proporciones gigantescas. Si no logra hacerlo, ensanchará el drama intenso que es hoy la educación, y no llevará al país a ninguna parte. Como pocas veces ocurre, no parece, en lo absoluto, que haya medias tintas aceptables.

Por hoy, el Pacto por México y otras iniciativas del gobierno del presidente Enrique Peña han ido acrecentando expectativas mayores sobre el futuro cercano y de mediano plazo del país. Esto ocurre nacional e internacionalmente. Todo parece indicar que se trata de una visión desmedida de las realidades de México, pero ahí están como percepciones efectivas y de acuerdo con ellas los agentes económicos insertos en los circuitos del comercio de bienes, del sector financiero, del turismo y otros rubros internos, esperan que éste sea un buen año (y los que vienen, también).

Son muchos los millones de mexicanos excluidos de tales expectativas y para empezar a incluirlos seriamente, no hay más medio, en el corto plazo, que el crecimiento económico inteligente, una reforma fiscal que incluya gravámenes suficientes al erario y gastos que de veras mitiguen la polarización social. Un crecimiento que prepare bases sólidas para el crecimiento de largo plazo.

La vía fundamental para alcanzar ambos objetivos (preparar bases sólidas para el crecimiento de largo plazo y llevar a cabo políticas públicas de justicia social) es gastar en educación, y en educación, y en educación. Lo repetiremos una vez más: la planeación de la educación de hoy, es la planeación del futuro de la nación.

La educación no lo es todo, es indispensable una infraestructura digna de tal nombre. Pero la educación es el eje estratégico central del futuro, por ello mismo es el eje estratégico del presente.

Convertir la educación en el eje estratégico efectivo del futuro, demanda la participación decidida de toda la sociedad: eso hoy no ocurre. Peor aún: los profesores de educación básica, en una proporción que hoy es difícil medir, tienen la percepción de que lo que se ha anunciado hasta ahora en materia educativa está en contra de sus intereses inmediatos. Un drama.

Es indispensable realizar una política educativa que dé los frutos de más alto nivel posible en cada momento, y esto sólo es posible con una política-política del más alto nivel posible en cada momento: para poner a los profesores en favor de la reforma educativa, para movilizar a la sociedad en favor de la reforma educativa. Sabemos qué es lo mejor que podemos hacer: repetir los modelos educativos de los países que hoy lo están haciendo mejor en el mundo, adecuándolos a nuestra circunstancia histórica; en otros términos, crear un modelo educativo centrado en el aprendizaje (no en el profesor), un modelo educativo de aprendizaje por competencias ( psychosocial skills y life skills, sobre las que escribí en mi entrega anterior).

Realizar tal tarea comporta acciones de magnitud desmesurada; la primera en orden e importancia: formar a los profesionales que llevarán a cabo la capacitación de los profesores de todo el país. Una capacitación que les muestre cómo se diseña y se gestiona un modelo centrado en el aprendizaje y basado en las referidas competencias. Es claro que esa tarea no es posible sino multiplicando a los multiplicadores de esos profesionales capacitadores. Hablamos de una tarea de larga duración, de una transición planeada a detalle, de una tenacidad y una persistencia insuperables. De paciencia, mucha paciencia de todos los actores, de actuar, evaluar, corregir, innovar en línea continua.

En la educación, más aún, en la alta educación, está el futuro, está el desarrollo, está una vía decisiva de la ineludible necesidad de abatir las brutales desigualdades sociales, que son la materia prima principal del subdesarrollo.

Si ahora se ha de evaluar a los profesores, sólo puede ser para saber cuál es su condición y su formación actuales, para conocer el punto de partida de qué y el cómo han de ser capacitados en modelos educativos que, por ahora, para la mayoría, les son desconocidos.

Por su parte las familias deben ser intensamente informadas acerca de cómo y para qué serán capacitados los profesores, cuáles son los modelos educativos que se pondrán en marcha. Step by step, little by little, cantaba Alan Parsons. Publicado en La Jornada

La CNTE en Oaxaca y Guerrero
FELIPE DE JESUS GONZALEZ

La situación política en Oaxaca y Guerrero se pone al rojo vivo por la presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso. El gobierno federal y los gobiernos de ambas entidades quizá no han reparado que más allá de la confrontación, existe todo un andamiaje de ingobernabilidad sustentado por una dinámica histórica de problemas sociales con diferentes frentes críticos.

La magnitud que se oculta detrás de las demostraciones de fuerza sindical puede pasar desapercibida para los distintos niveles del gobierno, pero es donde realmente se concentra la preocupación de la estabilidad de las regiones. El conflicto por sí mismo tiene motivaciones sindicales y hasta ideológicas, bajo estructuras verticales donde no importa quién sea el gobernante o el líder, porque el conflicto existe por sí mismo, se mueve y toma decisiones.

En perspectiva, no ha existido una estrategia eficaz ni mucho menos efectiva para, primero, entender la realidad de dos estados agobiados por el retraso social y una pobreza endémica que hacen vulnerable cualquier intento de establecer condiciones mínimas de gobernanza. Basta recordar los últimos sexenios en Oaxaca, pasando por los gobiernos de Diódoro Carrasco, José Murat, Ulises Ruiz y ahora Gabino Cué, quienes padecieron de forma sistemática la incapacidad de resolver estos problemas.

En el balance, sólo hay estrategias mínimas para mitigar y amortiguar los efectos de ese movimiento social y sindical que cada vez se torna más complejo. Es muy fácil desde la Ciudad de México hacer una declaración –como la que hicieron los líderes del Pacto por México–, en el sentido de que los gobernadores deben aplicar hasta sus últimas consecuencias la reforma educativa en ambas entidades, pero no veo cómo se le van a imponer los cambios a un gremio beligerante, con capacidad de reacción y que en algunos momentos ha estado incluso ligado a movimientos sociales y de subversión. Y falta que los profesores de la CNTE en Michoacán se movilicen como lo hicieron el año pasado, cuando en varias ocasiones paralizaron la capital del estado.

Así, mientras la profesora Elba Esther Gordillo se encuentra en la cárcel, los conflictos magisteriales parecen agravarse por la falta de canales confiables para la concertación. Esto obliga a los distintos niveles de gobierno a tomar una decisión inteligente que permita en forma integral atender y mediar el conflicto y salvaguardar la estabilidad y la paz social de esos dos estados y evitar que la inconformidad de los profesores se extienda a otras entidades, ahora quizá bajo las siglas del SNTE, porque el tema de ligar la permanencia en la plaza a las evaluaciones, sigue siendo una inquietud latente hasta en los maestros más institucionales.

La otra salida, ahora que la CNTE está llevando las cosas a un nivel de enfrentamiento total, que le deja al gobierno un escaso margen de negociación, es reprimir a los profesores, pues ni modo que en todo el país se eche a andar la reforma educativa, menos en esas dos entidades donde viven los niños más pobres y marginados del país.

Mientras se toma una decisión de fondo, se está creando el ambiente preferido de los profesores de la CNTE: el del conflicto, la movilización y la confrontación como método y fin de su lucha. Publicado en La Silla Rota