No a la ley del servicio
profesional docente
Ricardo
Raphael
La reforma
educativa no merece ser aplastada por el peso del reloj previsto para la reforma
energética. Sin embargo, la prisa que trae el Ejecutivo para aprobar la
legislación secundaria en materia de educación, durante el brevísimo periodo
extraordinario del Congreso, solo puede explicarse por la gran importancia que
hoy tiene el tema energético y el segundo plano al que están destinados todos
los demás asuntos.
La semana
pasada la SEP presentó oficialmente las iniciativas de reforma a la ley general
de educación, y las propuestas de Ley General del Servicio profesional docente
(LGSPD), así como del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE).
Asumen los
promoventes que su contenido está suficientemente discutido y que por tanto
solo queda a los legisladores levantar la mano para aprobar los textos. Es una
falta de respeto hacia el Poder Legislativo suponer que sus integrantes pueden
examinar, dictaminar y sancionar, en tan breve lapso, las piezas que
transformarán al sistema educativo mexicano de los próximos treinta o cuarenta
años. Tanto o más grave es pedir a senadores y diputados que suscriban piezas
legislativas lastradas por defectos importantes.
Cabe aquí
hacer una distinción a propósito de la ley del INEE. De las piezas presentadas
ésta es la única que muestra síntomas de madurez: recoge la opinión que los
expertos, la sociedad, las autoridades y los maestros han sostenido durante los
últimos diez años. En cambio, las iniciativas de reforma a la ley general de
educación y la propuesta de ley del servicio profesional son todavía
construcciones en obra negra.
Los errores
de la primera derivan de las carencias de la segunda, por tanto vale la pena
centrar el análisis en la LGSPD.
Tres son los
argumentos que me llevan a expresar una opinión crítica: 1) la necia confusión
que considera como sinónimos a la profesionalización y a la evaluación docente;
2) la imprecisión de responsabilidades y competencias entre las autoridades
federales y locales y, 3) la ausencia de un sistema nacional para el servicio
profesional docente que asegure un piso mínimo y homogéneo en la calidad de las
y los profesores.
Sin ánimo de
repetir lo que se ha publicado previamente en estas páginas, cabe reaccionar en
contra del argumento que supone que, para mejorar la práctica profesional de
los educadores, basta con evaluarlos y punto. La profesionalización va más allá
de esta herramienta; implica ofrecer al profesor, de principio a fin, una
carrera que asegure certidumbre en el puesto a partir de criterios basados en
el mérito y el esfuerzo profesional. En revancha, la iniciativa presentada no menciona
una sola vez el término “carrera docente” y decenas de veces la palabra
“evaluación.”
La segunda
deficiencia de esta iniciativa es la ambigüedad que prevalece entre las
responsabilidades asignadas a las autoridades federales y aquellas relativas a
las autoridades locales. Por haber utilizado una técnica jurídica rebuscada y
por ampararse en un modelo inacabado para la gestión del servicio profesional,
las facultades entregadas por la iniciativa a cada ámbito de gobierno son un
galimatías imposible de descifrar. Qué le toca a cada quién es una pregunta sin
respuesta que va a potenciar la actual ineficiencia del sistema educativo. (Una
prueba de este desorden lo exhibe la mención, en la exposición de motivos,
sobre un órgano desconcentrado de la SEP responsable del servicio profesional
que no vuelve a aparecer nunca más en el cuerpo del texto sometido al
Congreso).
Finalmente,
y quizá más grave que cualquier otra cosa, es haber concebido una gestión para
el servicio profesional docente que terminará creando 32 sistemas distintos,
uno para cada entidad federativa. Contrario a los principios plasmados en la
Constitución, los autores de la iniciativa no imaginaron un sistema nacional de
profesionalización para los maestros, sino un servicio responsable de
administrar las plazas docentes en cada estado. Esto va a agravar la actual
manifestación diferenciada de la calidad educativa.
Por los
motivos expuestos cabe exigir que la aprobación de la iniciativa de ley
relativa a la profesionalización docente, así como de reforma a la ley general
de educación, se trasladen al próximo periodo ordinario de sesiones. Con calma
podrían conjurarse los errores que la prisa política está imponiendo sobre este
proceso legislativo, el cual es más relevante que la reforma energética.
Analista
político
(educacioncontracorriente)
