La Reforma Educativa: de la intención a la acción

EDUARDO ANDERE

Es loable querer recuperar la conducción total e intransferible de la política educativa. La Ley General de Educación, atribuye la esencia de la función social educativa a la SEP (Artículo 12).

En diversas ocasiones desde 2003 he insistido en la inconveniencia de la relación Gobierno-SNTE y de las asimetrías de negociación. Pero también he afirmado que el duopolio educativo que ha mantenido al SNTE involucrado en la política educativa es producto de decisiones del Gobierno y del Estado. El colmo de la relación quizá se alcanzó en el sexenio pasado con la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación, donde de manera política y jurídicamente inapropiada el Gobierno Federal compartió las principales decisiones (y su implementación) de la política educativa que sólo le correspondían a la SEP.

El 10 de diciembre pasado el Presidente Peña, en un acto histórico para la historia de la política de la educación en México, envió una Iniciativa de Reforma educativa que manda un mensaje claro de divorcio. Habrá que ver cómo reacciona la contraparte.

Yo leo la Iniciativa con dos intenciones: 1) tratar de modificar las relaciones de poder; 2) tratar de mejorar la calidad educativa.

Respecto de la primera intención el paso inicial se ha dado. Sin embargo, como en todos los juegos estratégicos, este no es el último paso.

Con relación a la segunda intención, es preciso analizar, con criterio objetivo, y sin inclinación ideológica, si dicha Reforma en realidad mejorará la educación. Me preocupa que la Iniciativa esté elaborada con base en un diagnóstico equivocado. Por ejemplo, el texto de la Iniciativa menciona que “el desempeño del docente es el factor más relevante de los aprendizajes (…) y que el liderazgo de quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión resulta determinante” (página 4). La literatura de factores asociados al aprendizaje sostiene, desde hace más de 50 años, que los factores propios del estudiante y el capital cultural de la escuela (sumatoria de los capitales culturales de los estudiantes) son los factores que explican con mucha mayor fuerza la varianza de los resultados en pruebas estandarizadas de los aprendizajes. Lo que quizá se quiso decir en la Iniciativa es que de los factores propios de la escuela—que tienen menos peso que los factores propios del estudiante—el elemento más importante es el maestro, seguido del director.

Esto quiere decir que la calidad de la educación o los aprendizajes, son una función de una compleja y misteriosa red de factores tan mezclados e interconectados que es imposible separar para precisar una relación causal e inequívoca. Lo que sí sabemos es que lo que sucede fuera de la escuela, hogar y sociedad, es tan importante o más importante, que lo que sucede dentro de la escuela, para mejorar el aprendizaje.

La redacción de algunos párrafos de la introducción de la Iniciativa, contiene elementos que admiten la complejidad del tema educativo, pero desgraciadamente ese reconocimiento no se refleja en el cuerpo de reformas y adiciones constitucionales.

La Iniciativa tiene dos propuestas esenciales y cuatro colaterales. Las propuestas esenciales son: la elevación jerárquica de la autonomía del INEE y la creación de la carrera profesional docente. Las colaterales son: crear un sistema de información educativa; la autonomía de gestión de las escuelas; el establecimiento de escuelas de tiempo completo; y la prohibición de la comida chatarra.

Veamos cada punto.

Autonomía del INEE. Los legisladores y El Ejecutivo Federal deben estar conscientes de que la forma en que está redactada la Iniciativa, aumenta la centralización de la política educativa y se debilita el federalismo, a pesar de que la Iniciativa sostiene lo contrario. La autonomía de cualquier órgano o persona que realice evaluación educativa es plausible. Sin embargo, convertir en ley o mandato de autoridad los resultados de evaluaciones educativas, aunque fueran autónomas, es ir demasiado lejos. Sobre todo, porque las conclusiones de los resultados de evaluación educativa, pueden ser muy imprecisas o equívocas.

Es encomiable que la autoridad y el Estado quieran incorporar a los expertos en el tema de evaluación; pero convertir a los expertos en autoridad puede dar origen a muchas acciones de política pública inadecuadas. No es lo mismo debatir las conclusiones de expertos en una sociología académica del conocimiento que transferir sus conclusiones como órdenes de gobierno, cuando la ciencia de la evaluación educativa nos indica cautela, en todos los casos, por la dificultad de generalizar en temas de enseñanza-aprendizaje.

Entre más “humildes” sean las funciones del INEE mejor será su aportación a la educación. Nadie se beneficiaría con la institución de un órgano estatal de evaluación con capacidad plenipotenciaria. El INEE Estatal sólo debería facilitar la evaluación, no imponerla. El legislador constitucional debe pensar con mucho cuidado que la desaparición o dilución de otras prácticas o instituciones de evaluación, le harían mucho daño a la educación. En la pedagogía no puede haber una “máxima autoridad en materia de evaluación”. El tema es tan complejo, que ni los expertos saben con precisión qué pasa dentro de la “caja negra” del proceso de aprendizaje.

El INEE nació en 2002, se recreó en 2012, y ahora se refunda, con mayor jerarquía. La distancia de poder entre los evaluadores y los evaluados aumentará.

Servicio profesional docente (SPD). Por muy poderoso que sea el SPD, nunca podrá sustituir a una poderosa formación docente con todo y la atracción a la carrera profesional por parte de los mejores egresados de la educación media superior. Debemos pensar en estos dos temas (atracción y formación) si lo que se quiere es un cambio en la calidad de la educación.

La Iniciativa no pone en peligro a los trabajadores de la educación; no podría, derivado del principio de no retroactividad consagrado en la constitución. Sin embargo, la Reforma sí exige que cualquier nuevo ingreso o promoción sea sometido al mecanismo de “concurso de oposición”. El legislador constituyente debe ser humilde también en este tema. No siempre el mecanismo de “concurso de oposición”, como lo mandataría la reforma a la fracción III del artículo 3º Constitucional, es el mejor método para identificar al mejor maestro y al mejor director. Entronizar este método de identificación de los “mejores” en una norma constitucional es eliminar de tajo la posibilidad de elección por grupos de pares, por designación de narrativas de comunidades, por méritos no medibles, por decisión de las personas directamente afectadas.

En tres párrafos la Iniciativa se lee taciturna: por un lado, la permanencia de los trabajadores de la educación está asegurada, por el otro, su permanencia no está asegurada, y por uno más, la “evaluación sólida y confiable”, servirá para premiar y reconocer. Si esta rendija resulta ser una puerta, no puede haber experto en educación, que considere que es pedagógicamente viable una evaluación centralizada que premie y promueva. La Iniciativa, de aprobarse, corre el peligro, de dar una fuerza descomunal, para que las prácticas de “enseñar para el examen” y las trampas se adhieran con pegamento Constitucional en la conducta del individuo en busca del estímulo.

Sistema de Información y Gestión Educativa. Siempre ha sido un anhelo de los investigadores contar con buena y suficiente información estadística. Nada mejor que acudir al experto en México, el INEGI, para asesorar en el diseño de dicho sistema. Pero de allí a incluir un párrafo específico para pedirle al INEGI la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos, es adelantarse a la creación del Sistema. Quizá, lo que el legislador podría hacer, es acelerar el funcionamiento del Sistema y que sea en el seno del sistema donde se decida lo más adecuado y procedente.

Autonomía de Gestión de las Escuelas. Es otro tema que no tiene que ver con la esencia de la Reforma y que da la imagen de una Iniciativa que arroja cachivaches al cuarto de los trebejos constitucional. Además, me parece que ésta adición, como casi todas las del Transitorio Quinto de la Iniciativa, carecen de técnica legislativa. Para empezar no deberían incluirse consideraciones sustantivas y permanentes en un artículo transitorio.

Escuelas de Tiempo Completo. El legislador debe saber que no existe evidencia de que las escuelas de tiempo completo impacten positivamente el aprendizaje. Lo que la evidencia parece apuntar es que es más importante la calidad que la cantidad de las horas escolares para impactar en el aprendizaje.

Comida Chatarra. Su prohibición a nivel Constitucional, es innecesaria y desmedida. Lo que uno come tiene que ver más con los hábitos culturales y la crianza, que con las imposiciones legales. Lo más probable es que esta prohibición propicie la proliferación de vendedores ambulantes y el comercio “ilegal” dentro y alrededor de las escuelas. Sería más prudente trabajar el tema con esquemas de educación escolar, comunicación y concientización social y familiar.

Conclusiones:

Somos observadores de un fuerte juego estratégico, no de los actores educativos a que se refiere la Iniciativa, sino de los jugadores políticos. Somos testigos de los intentos de distribución del poder en la Alta Política Educativa. ¿Qué surgirá de este juego? Es algo que depende de la reacción de tres jugadores fuertes: el Ejecutivo Federal, el SNTE, y algunos empresarios organizados. Los gobernadores y legisladores serán piezas instrumentales pero no están invitados en esta gesta.

De manera adjetiva, en el intercambio de acciones y amenazas se han incluido reformas de Media Política Educativa, como la creación del INEE y el SPD. En la forma en la que están diseñadas las reformas me da la impresión que no obtendrán el propósito de elevar la calidad educativa y sí se corre el riesgo de hacer el sistema educativo mucho más centralizado de lo que ya es, y mucho más orientado al estímulo externo que a la motivación intrínseca.

Si la intención de la Iniciativa era terminar con la corrupción en la asignación de plazas, suficiente habría sido la modificación a un par de artículos de la legislación laboral y reglamentaria de las relaciones laborales y escalafonarias. No obstante eso, la corrupción no desaparece por Decreto como tampoco la calidad educativa se asegura por Mandato Constitucional. Los mismos actores que durante 60 años encontraron la forma y mecanismos para darle la vuelta a la ley o camuflar prácticas indebidas, encontrarán vericuetos para hacerlo de nuevo.

El gran problema de la calidad educativa en México y de la evaluación, no está en meter en olla de presión al magisterio. La masa crítica del magisterio actual, formado por el mismo Estado, no da para tanto. Si la evaluación fuera estricta y criterial, con parámetros académicos, muy pocos maestros aprobarían. Aún así, supongamos que el Estado es eficaz y logra someter a todos los maestros a esa evaluación; nos quedaríamos sin maestros. Para formar una nueva generación de maestros de alto calibre se necesitarían, además de tiempo, dos cosas: excelentes candidatos para ingresar a la carrera universitaria docente, y excelente formación universitaria. No tenemos ninguna de las dos. Entonces, no sirve de mucho una evaluación de un cuerpo magisterial que sabemos no está formado como debiera estarlo para una tarea tan compleja. ¿No habría sido mucho mejor empezar por el principio y utilizar toda la fuerza del Estado para establecer las condiciones que gesten la formación de un nuevo maestro de gran calidad?

Además, los males educativos de México no se explican sólo por la pobreza magisterial (que hay que corregir); o las relaciones de poder (que hay que democratizar y transparentar); o la devolución del poder de decisión (que hay que distribuir); o las pruebas estandarizadas (que hay que aplicar con moderación e inteligencia).

La verdadera solución se encuentra en arreglar la descomposición social (pobreza) y económica (desigualdad y monopolización); en combatir la corrupción y transformar la cultura de anti-aprendizaje del mexicano que prefiere la pachanga en lugar del trabajo; el descanso en lugar del esfuerzo; la televisión en lugar de la lectura; el ruido en lugar del silencio; la fiesta en lugar del estudio. El problema educativo en México se superará cuando los hijos de los trabajadores, policías, empleados domésticos, choferes y pepenadores, vayan a las mismas escuelas que los hijos de los empresarios y políticos; es decir, no importa a qué escuela acudan los niños, todos deberían recibir el mismo nivel de educación de calidad. http://eduardoandere.net

La reforma educativa ¿liquida al sindicato?

OTTO GRANADOS

Contra lo que pensaron muchos analistas con precipitación, la reforma educativa no necesariamente será del mayor agrado del SNTE y de quien lo controla pero está lejos de significar su liquidación o una modificación integral de las reglas del juego. Veamos.

La captura de la SEP se vino orquestando mucho antes de que la señora Gordillo fuera instalada en el SNTE en 1989, tanto con el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de 1946, que estableció en la práctica un gobierno paritario en la Secretaría, como con el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la SEP de 1973, que, junto con el histórico control de las normales por parte de la dirigencia magisterial, es el instrumento que hizo posible un potente esquema de lealtades del personal docente y no docente con el sindicato, pues de él depende el manejo de plazas y promociones.

Este es el centro de lo que la reforma del presidente Peña desea empezar a corregir y se entiende que, una vez aprobada la reforma del 3º constitucional y en su momento de la Ley General de Educación, ambos reglamentos deberán ser derogados para dar paso a otra norma que detalle las modalidades futuras (puesto que no hay retroactividad) de acceso, permanencia y ascenso en la carrera docente. Hasta allí, está claro.

Pero desde el punto de vista político se trata de un enfoque práctico para el sindicato porque por ahora deja intacta, entre otras cosas, su estructura unitaria como organización nacional, la titularidad de las relaciones laborales, la afiliación obligatoria (al menos hasta que el nuevo servicio profesional docente no construya una cultura de acceso al margen de la influencia sindical), la doble negociación salarial o la retención y entero de las cuotas sindicales.

Esto es de la mayor importancia. Por un lado porque si bien será hasta dentro de varias generaciones cuando se hayan vuelto sistémicos los nuevos procedimientos en materia de plazas y ascensos, por lo pronto el sindicato tenderá a concentrarse férreamente en lo que sí le toca: la defensa de los derechos de sus miembros y sus llamadas conquistas económicas y laborales, ampliadas ahora por sus alianzas con los gobernadores, y esto cambiará la sustancia de su cohesión interna pero finalmente la preserva. Lo advirtió perfecto don Jaime Torres Bodet hablando de las complicidades de los supervisores escolares: saben que “la gratitud de sus subalternos les sería, a la larga, más provechosa que la estimación de sus superiores”.

Y, por otro, es difícil que el Estado piense en modificar de tajo ese peculiar esquema laboral sin promover lo mismo, por analogía, en otros sindicatos públicos, como el petrolero, que tiene cinco representantes en el consejo de administración de Pemex, o electricista que tiene tres consejeros en CFE, y en donde ambos ejercen influencia significativa.

¿Es la solución perfecta? No, pero en política frecuentemente se elige entre la menos mala de las opciones. og1956@gmail.com

Acabar con el rezago educativo: una tarea estratégica de Estado

GERMÁN ÁLVAREZ M.

La reforma educativa presentada por Peña Nieto y aprobada con algunos cambios por los diputados es meritoria por diversas razones, pero no es una reforma educativa. Dejaré mis comentarios sobre los méritos para otra ocasión y me concentraré en lo que falta. No debemos perder de vista que poner cierto orden en asuntos fundamentales de la gobernanza educativa, como son las iniciativas de la actual reforma, es apenas una condición necesaria de lo realmente importante: ofrecer educación a toda la población y que ésta sea de calidad creciente. Entonces, me parece indispensable que dirijamos nuestra atención hacia los grandes asuntos que requieren ser atendidos para que la reforma sea genuinamente educativa.

El asunto principal es revertir de manera rápida y eficaz el (mal) llamado “rezago” educativo. Se trata de una tarea de estado, en su más amplia acepción, no sólo de gobierno ni de políticas públicas. Las 33.4 millones de personas mayores de 15 años sin educación básica concluida son personas con baja capacidad para demandar activamente el cumplimiento de su derecho constitucional a tener educación. Carecen o es muy baja su representación social y política para articular peticiones, luchar por ellas y negociar ante la autoridad la atención educativa necesaria para vivir en mejores condiciones. Es una población muy diferente, por ejemplo, a la de los profesores, que tiene  muchos canales de representación y negociación de sus intereses educativos (y de otros no educativos también); o la de los profesionistas, que pueden estar representados en asociaciones y pueden demandar mayor calidad educativa (e incluso vender la evaluación de programas para acreditarlos); o la de las burocracias educativas en diversos niveles e instituciones, quienes velan también por preservar intereses no siempre educativos; o la de los estudiantes universitarios, que en algunos momentos pueden movilizarse por sus derechos y exigir la atención a sus demandas. Todos ellos, y otros sectores que pueblan el sistema educativo formal, tienen maneras de articular sus intereses, derechos y demandas, mientras que los que están fuera de tal sistema carecen de esa competencia.

El asunto no es menor. Una sociedad que quiera verse favorecida por los bienes de la cultura contemporánea –para decirlo en breve: de la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura y las artes- y, con ello, que produzca dinamismo en la economía y se reduzcan sustancialmente los niveles de pobreza y desigualdad, no puede hacerlo con tantas personas sin los niveles educativos indispensables. Existe consenso internacional sobre la necesidad de que la población joven y adulta tenga cuando menos estudios equivalentes al nivel medio superior, para que logre mejores empleos y salarios, y contribuya a la elevación de la competitividad de la fuerza laboral en una época en la que el conocimiento ha adquirido una gran preponderancia en la vida social y económica. Entonces, ya podemos imaginar qué futuro nos espera si esa enorme cantidad de personas ni siquiera completan la educación básica. Tener estos niveles de rezago coloca a México y a su población en gran desventaja frente a otros países e impone serias limitaciones al desarrollo social y al crecimiento económico.

El reto es de grandes proporciones y de gran complejidad. México es un país muy desigual y eso se expresa también en los diferentes niveles de rezago educativo. Por ejemplo, sólo dos estados (DF y Coahuila) tienen 30 por ciento o menos de su población joven y adulta en situación de rezago educativo, un cifra grande que, sin embargo, puede verse pequeña si la comparamos con otros estados que tienen más del 50 por ciento de su población en esa situación (Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Guerrero).

Por supuesto, una parte de este problema radica en el sistema escolar, que expulsa a millones de estudiantes año con año por su incompetencia para mantenerlos en las aulas. Resolver los problemas de reprobación y abandono escolar es fundamental para no agregar nuevas personas a la situación de rezago, pero no tendrá impactos sobre la población que ya está en tal situación. Si el país no revierte en el corto plazo este problema, los jóvenes de hoy serán los futuros adultos y ancianos más desprotegidos por su baja escolarización y presumiblemente bajo nivel económico. Millones de personas seguirán una vida de pobreza y escasas oportunidades. Es decir, tendrán dificultades para incorporarse a una economía que se quiere moderna y próspera, con mejores empleos, salarios y, en general condiciones de vida. Una enorme población bajamente productiva que, por otro lado, requerirá crecientes recursos para atender su salud.

Salir del rezago es, entonces, un asunto estratégico para la nación no sólo en materia educativa sino de desarrollo económico y social que nadie, salvo el estado, puede asumir en toda su dimensión y complejidad. El estado debe asumir la gran tarea de revertir en pocos años el rezago, con todas las complicaciones que tiene hacerlo en un país tan diverso y desigual. Se trata de una tarea que rebasa la temporalidad de los sexenios y que exige esfuerzos constantes, duraderos y consistentes. El estado debe garantizar que la educación básica (y debo añadir la educación media superior puesto que ya es obligatoria) sea un derecho exigible para toda la población, especialmente para las poblaciones en condiciones de pobreza y marginación que son las que menor capacidad de reclamo tienen.

En el aula

RAFAEL PEREZ GAY

Cuando leo que una iniciativa de reforma a la educación se discute en el Congreso, de inmediato pienso en las calles de la ciudad de México bloqueadas por los mentores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pienso en calles desesperantes y en mis maestros Lázaro y Delfina, reformadores naturales del aprendizaje.

Pertenece a mi maestra Delfina un aforismo duro como el acero que me gusta citar y repetir una y otra vez: el que quiera estudiar que estudie, y el que no, no.

Esta máxima era su última arma cuando se sentía perdida en la jaula de pájaros en que se había convertido el salón de clases del cuarto de primaria. No voy a hacer el elogio de la vieja educación pública en contraste con la que padecen los niños en estos días, pero sí diré, como si fuera Fernando Soler en una de sus tristes películas, que las cosas ya no son como eran antes.

José Mariano Fernández de Lara fue un liberal modesto comparado con luminarias como Ramírez, Zarco, Prieto, Payno, Altamirano. Don José Mariano apenas logró que un grupo de niños estudiáramos la escuela primaria a la sombra de su nombre. Delfina era dura como el coyol para los asuntos educativos y sus métodos de aprendizaje infalibles.

La maestra escribía durante algunos minutos una serie de quebrados en el pizarrón. Al terminar, miraba como una reina en sus dominios al horizonte y decía: Esparza, pase al frente y resuelva las operaciones.

Esparza caminaba al pizarrón como rumbo al patíbulo. Los quebrados, una pesadilla. El fracaso de Esparza recibiría un castigo ejemplar. Ponga las manos al frente, ordenaba la maestra. Delfina blandía una vara, no sé si de membrillo, y le daba tres varazos en cada palma de la mano. Esparza se volvió el genio de los quebrados; en cambio yo, que me hacía invisible, hasta la fecha no sé del común denominador. Si me piden que resuelva dos tercios menos tres cuartos, no saco a ese buey de la barranca.

No es que yo defienda la violencia en las aulas, pero creo que hemos exagerado en el cuidado psíquico de los niños. He oído a algunos padres de familia decir: Tito confrontó a su maestra porque se sintió hostilizado. Le exigió la tarea en un tono muy ofensivo. Esta semana trataremos el problema con su terapeuta. Mi maestra Delfina lo habría arreglado en una mañana con otra de sus terribles amenazas: si no estudian, “aténgansen” a las consecuencias.

Lázaro también hubiera puesto en orden al niño con terapeuta y padres liberales. Era el maestro de sexto año y no usaba vara, con la palma de la mano soltaba unos zapes cuyo vuelo envidiaría Juan Manuel Dinamita Márquez. Durante algún tiempo pensé que Lázaro podía volverse invisible. Aparecía de pronto atrás de la banca: cállese, Gay, y volaba un zape de pronóstico reservado. No volví a hablar en clase. En la iglesia se oían más voces que en nuestro salón de clases.

La única excursión que organizó la escuela fue dirigida con disciplina de hierro forjado por Lázaro y Delfina. Fuimos al balneario Palo Bolero. No me pregunten dónde está Palo Bolero porque no tengo la menor idea. Todo lo que sé es que las autoridades alquilaron un camión de la escuela Simón Bolívar para el viaje.

Mi madre me hizo tantas recomendaciones que cuando subí al camión estaba seguro de que me llevaban a las Islas Marías. Cuidado con el sol, no comas fritangas, cuando vayas al baño que te acompañe un amigo, no te vayas a ahogar en lo hondo de la alberca, no te vayas a distraer y te deje allá el camión. Luego de esta serie de recomendaciones, mamá me dio una bolsa con huevos duros para el camino y salí de la casa envuelto en una nube de pánico.

La nota de aquel día la dio Gumaro, juro que así se llamaba, el más grande del salón. Se perdió entre los jardines para fumar uno de sus cigarros Bali. Lázaro se hizo invisible, apareció atrás de él y le dio un zape que casi le arranca la cabeza. Gumaro, expulsión fulminante de la Fernández de Lara.

No entiendo por qué para los maestros de antes la palma de la mano era tan importante, como un símbolo de la educación mexicana, quizá porque en sus líneas se encuentra nuestro porvenir. No soy ni de lejos un especialista en educación, pero nuestros reformadores no deben olvidar esto: aprender es difícil y nada se logra sin cierta disciplina. ¿Estoy mal?

Publicado en El Universal. Publicado en Educación a debate

Bienvenidas las reformas, pero…

GERMÁN ÁLVAREZ M.

Las reformas educativas que rápida y hábilmente produjo Peña Nieto en apenas dos semanas de estreno son positivas… pero no son la panacea. En primer lugar falta ver cómo se pondrán en práctica, es decir, cómo se traducirán en programas, recursos y, al final, en resultados. En un país cuya clase política y sus gobernantes se han distinguido por la demagogia, es sano ser escéptico y más lo es exigir congruencia entre lo dicho y lo hecho. En segundo lugar, habrá que esperar cómo el camaleónico SNTE responde a las reformas, pues si bien una parte de éstas puede minar seriamente su poderío al retirarle control sobre el ingreso y la promoción, su capacidad de conservación de espacios y recursos económicos y políticos, desde las escuelas hasta los niveles altos de la burocracia educativa, es enorme, en buena medida por la cesión que los gobiernos han hecho de lo que ahora se pretende recuperar, la llamada rectoría del Estado sobre la educación.

Por ello, es necesario proseguir con la política de desarticulación del poder sindical sobre la educación y su gobierno. Ojo, no de desarticulación de la representación gremial, pues es innegable e irrenunciable el derecho del magisterio a contar con uno o más sindicatos. Entonces habrá que seguir la pista de los recursos indebidos y cerrar la llave: plazas, comisiones, salarios, cargos gubernamentales, de supervisión y escolares dados como prebenda sindical deben ser eliminados. También sería conveniente que la SEP dejara de recolectar las cuotas sindicales pues el costo de esa administración la pagamos todos los contribuyentes y no es justo que ese recurso se destine a una entidad no pública como lo es el sindicato.

En lo que respecta a la evaluación para el anunciado Servicio Profesional de Carrera Docente, ya veremos si es técnicamente válida la propuesta para el ingreso y la promoción de los profesores. Nada sería más desafortunado que repetir el esquema memorístico de los exámenes que tanto gustaron a los funcionarios educativos del sexenio pasado o repetir el expediente de la puntitis que ha asolado la profesión académica en la educación superior. En su lugar, estamos ante una buena oportunidad de ensayar esquemas comprehensivos de evaluación de los maestros, que consideren la experiencia no como acumulación de comprobantes sino como aportaciones a la carrera docente en los contextos escolares de desempeño; el desempeño mismo evaluado por colegas y estudiantes; la valoración directa de clases; y la mejora de los desempeños estudiantiles con respecto a los desempeños anteriores (de “valor agregado”). Una evaluación de esta naturaleza exige que los centros escolares tengan un papel mucho más activo en la selección de los profesores, en función de sus proyectos de mejora y de sus perspectivas de desarrollo, y que la desconfianza implícita en los sistemas de evaluación que se practican en México ceda lugar al principio de la confianza, factor que puede dinamizar nuestra deteriorada vida social. Este tipo de esquemas debe descansar en una formación profesional de rigurosa calidad, lo cual implica profundizar de inmediato la reforma de la enseñanza en las normales, elevar sus niveles académicos y mejorar los procesos de selección de los estudiantes que serán los futuros maestros.

La reforma anunciada nada ha dicho sobre la educación misma. Es un hecho que, en términos generales, la reforma curricular de la educación básica en el sexenio pasado ha sido un desastre y una muestra elocuente es la incompetencia educativa del gobierno anterior. Entonces, habrá que empujar una nueva reforma, que elimine no sólo el absurdo enfoque supuestamente basado en competencias y los materiales educativos de ínfima calidad que lo acompañan, sino desarrollar una visión educativa centrada en habilidades básicas, guiada bajo el principio del gusto y disfrute por la lectura, los conocimientos, la solución de problemas y la convivencia plural, con una propuesta mucho más esbelta de contenidos educativos, por supuesto, sin empobrecerlos, ni afectar la calidad con la que deben ser presentados.

La reforma deberá además hacerse seriamente cargo del enorme “déficit” educativo de la población mexicana: más de 33 millones de personas mayores de 15 años no han concluido su educación básica. El estado deberá poner todos los recursos necesarios para que esto deje de ocurrir en un corto plazo. Y eso implica volver con gran energía a las comunidades y grupos de la población marginados de este elemental derecho, incluidos las poblaciones de adultos, que fueron prácticamente abandonados en la administración anterior.

En resumen: la reforma que recupera la rectoría del estado sobre la educación, es decir, que retira al sindicato de decisiones sobre el ingreso y la promoción del profesorado es positiva. Pero se requiere avanzar más en desmontar las piezas que permitieron al SNTE el poderío que ostenta. Se requiere también generar esquemas comprehensivos de evaluación docente, ampliar progresivamente la participación de las escuelas y profundizar la reforma a las normales. Una reforma a la educación sin contenido educativo no es tal. Por tanto, es imprescindible replantear la educación básica bajo nuevos enfoques y desterrar la mediocridad en la que fue confinada por el gobierno pasado, así como encarar el enorme desafío de lograr que toda la población mexicana cuente al menos con educación básica. Nada más, nada menos. Publicado en Educación a debate

La importancia de ganarle a Gordillo, el SNTE y la CNTE

El papel de los medios va a ser fundamental de venir una reacción sindical muy dura frente a la reforma anunciada.

Leo Zuckermann

           

Impecable, hasta ahora, el manejo del nuevo gobierno en materia educativa. Al parecer van en serio y por todas las canicas. Con el apoyo de la oposición, el presidente Peña está diciendo “esto es lo que quiero y, para que no haya dudas, lo voy a poner en la Constitución”. Me refiero a la evaluación obligatoria de alumnos y maestros más la carrera magisterial basada en el mérito. Aplaudo esta decisión. Como aplaudo que los tres principales partidos se hayan puesto de acuerdo para enfrentar al grupo de interés que sistemáticamente se ha opuesto a estos cambios: los dos grupos sindicales del magisterio, el SNTE y la CNTE.

Ahora falta ver la reacción de estos grupos frente a esta reforma constitucional. Si el PRI, el PAN y el PRD efectivamente se unen, tienen los votos suficientes en el Senado, la Cámara de Diputados y los Congresos estatales para aprobar los cambios que se anunciaron ayer. En este sentido, no debería haber problema alguno en el ámbito legislativo. El conflicto podría darse en las calles. La CNTE ya anunció que desconocen a Peña  como Presidente y, desde luego, su propuesta de reforma educativa, por lo que se movilizarán en contra de ella el año que entra (después de sus sagradas vacaciones).

El SNTE ha sido más cauto en su reacción. Han dicho que, en principio, apoyarán la reforma. Pero es evidente que terminó la luna de miel de los gobiernos federales con la maestra Elba Esther Gordillo. Ayer fue invitada al acto en el Museo de Antropología. En su representación envió a un empleado suyo que es el que formalmente preside el sindicato. Muy calladita ha estado la maestra. Sabe que está en una posición muy delicada. Peña , con el apoyo del PAN y el PRD, la están desafiando. Supongo que ha de estar evaluando las opciones que tiene. Mantiene, al parecer, el apoyo de la camarilla que controla el SNTE. No sé, sin embargo, cuál es su fuerza real entre los agremiados. De eso va a depender si puede armar una gran movilización, aunque también es cierto que no se necesitan muchos maestros para provocar un caos en las principales ciudades del país.

Lo que llama la atención es que nadie defiende a Gordillo en los medios de comunicación. No he sabido de una sola editorial, columna, nota o comentario en la prensa escrita, radio o televisión que esté en contra de lo anunciado ayer por el presidente Peña  y su secretario de Educación, o que hable favorablemente del SNTE y su líder vitalicia. Ahí, al parecer, no tiene apoyos. Qué bueno porque el papel de los medios va a ser fundamental de venir una reacción sindical muy dura frente a la reforma anunciada. El gobierno va a requerir que la gran mayoría de los mexicanos esté de acuerdo con su postura cuando el SNTE y la CNTE movilicen los recursos que tienen en contra de la reforma. En este sentido, los medios jugarán un papel determinante para persuadir a la opinión pública de que lo correcto es la evaluación obligatoria y una carrera magisterial basada en el mérito a fin de mejorar la educación en el país.

La política se parece a la guerra en el sentido de que hay que escoger cuáles son los enemigos a los que se puede atacar y vencer. Hay que seleccionar con mucho cuidado al primer adversario. De ganar, se manda un mensaje de fortaleza a enemigos mayores. De perder, ahí termina la guerra. Por eso es importante que la primera batalla sea contra un enemigo al que efectivamente se pueda vencer. Menciono esto porque tanto Peña Nieto, como el PAN y el PRD, supuestamente se han unido para enfrentar a los “poderes fácticos” que existen en el país. Es evidente que han escogido que su primera batalla sea contra los grupos y liderazgos que han frenado el desarrollo educativo de México: el SNTE, la CNTE y la maestra Gordillo.

Supongo que el gobierno, PAN, PRI y PRD evaluaron la fuerza de estos grupos y liderazgos y, como los vieron debilitados, decidieron que esta fuera su primera batalla. La tienen que ganar porque, de lo contrario, ahí terminará el sexenio en cuanto a enfrentarse a otros grupos de interés poderosos. De ahí la importancia del éxito de esta primera reforma en materia educativa. Es condición sine qua non para luego sacar otras reformas que afectarán a otros poderes fácticos. Grupos de interés que estarán dispuestos a negociar y aceptar que les cambien las reglas porque saben que el gobierno se enfrentó a la maestra Gordillo, el SNTE y la CNTE y les ganó.

Educación: nuevas reglas para viejos problemas

Javier Aranda Luna

¿El sistema educativo cumple con las necesidades que tenemos? ¿Qué profesionales y ciudadanos estamos formando en las escuelas? ¿Quiénes definen en realidad los contenidos de los planes de estudio? ¿Quiénes los autorizan? ¿Los exámenes de opción múltiple son los ideales para medir nuestro desempeño educativo? ¿Se vale negar la educación pública por motivos religiosos? ¿Se requieren más horas de estudio en la educación básica? ¿Se debe reincorporar la educación artística más allá de los bailables y coros para fiestas y ceremonias? ¿Se debe priorizar el pensamiento crítico o la memorización?

Más aún: ¿Cuáles son los perfiles profesionales o de ciudadanos que estamos formando? ¿Los maestros deben ser evaluados como otros profesionales? ¿Se les deben aplicar exámenes en fechas establecidas por la autoridad como a cualquiera de sus alumnos o éstas podrán someterse a negociaciones de sector? ¿Tenemos la educación que merecemos?

Si nos atenemos a los resultados parecería que México carece de un proyecto educativo consistente o peor aún: que ha retrocedido en los pasados 10 años, pues de cada 100 niños que ingresan a la educación básica sólo 64 la concluyen y apenas 14 terminan una licenciatura.

Eso no es todo: gracias a los datos de la prueba Pisa sabemos que al menos la mitad de los alumnos que concluyen la secundaria son incapaces de comprender lo que leen y no pueden aplicar operaciones elementales de matemáticas.

Decía José Ortega y Gasset que somos nuestra creación. Y es cierto, pero ¿todos somos responsables de la discrecionalidad con la que se ha llevado a cabo el proceso educativo en los pasados 10 años?

Según un reciente informe de la ONU, la Secretaría de Educación Pública se encontraba subordinada al SNTE y el secretario de Educación en turno al negar la veracidad del reporte dijo que ese sindicato era en realidad un aliado estratégico. Un aliado, y eso no lo dijo el funcionario, que ha decidido la contratación de casi la mitad de los maestros desde 1946, desde hace más de medio siglo sin reglas claras.

Otro dato que se omitió entonces fue que existían 22 mil maestros con licencia desempeñando actividades no precisamente académicas, que cuestan al erario más de mil 700 millones de pesos al año.

Por eso da gusto saber que el nuevo gobierno se propone llevar a cabo una profunda reforma educativa que sirva para elevar la calidad de la educación básica, elaborar un registro nominal de escuelas, profesores y estudiantes, aumentar la matrícula en educación media superior y superior y recuperar la rectoría del Estado del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad.

Y si en política la forma es fondo, se dan buenas señales para que esa urgente reforma educativa se pueda concretar: el nombramiento como secretario de Educación de Emilio Chuayffet, adversario político de la lideresa del SNTE y el que ésta no cuente con alguno de sus incondicionales en el sector de educación básica ni en el sector cultural donde se nombró como responsable a Rafael Tovar y de Teresa.

El rector de la UNAM, José Narro, ha dicho de manera reiterada que la solución al problema del empleo en el país es la educación, a la violación de los derechos humanos es la educación, a los problemas de la salud es la educación, a la desigualdad que se acrecienta es la educación, a la violencia es la educación.

Me parece que así es: la educación es el único antídoto contra la cultura del dinero fácil y contra la barbarie; contra la obesidad fomentada en las propias escuelas al permitir que se vendan en sus instalaciones comida chatarra.

Es la única herramienta para generar riqueza de manera lícita. La única que nos ha ayudado a construir un futuro más equitativo, plural, democrático; la única que evitará que construyamos librerías donde existen librerías y no donde hacen falta o a publicar libros para embodegarlos y a no invertir en costosísimas megabibliotecas que terminen convertidas en un cibercafé.

Los estados se construyen en la educación de sus jóvenes. La educación es un bien público, el único patrimonio que tenemos para evitar que se nos vaya el futuro… y el presente. 

Dieciocho chinchones para la educación pública

Luis Hernández Navarro

Enrique Peña Nieto decidió sumar al saldo con el que comienza su estancia en Los Pinos no sólo el costo de la represión en Atenco, sino también el desprestigio de la masacre de Acteal y el descarrilamiento del proceso de paz en Chiapas. Ese es el mensaje profundo que el nombramiento de Emilio Chuayffet como secretario de Educación Pública envía a amplios sectores de la sociedad.

Al nuevo gobierno, queda claro, lo tienen sin cuidado los derechos humanos. No le importa poner al frente de la educación pública del país a un político que ha sido señalado como uno de los responsables de la masacre de 45 indígenas y que incumplió su palabra ante legisladores alegando que cuando la empeñó había bebido 18 anises.

A lo largo de su carrera, Emilio Chuayfett no se ha caracterizado por decir la verdad. Apenas el pasado 16 de agosto, durante su tercer informe de diputado federal, anunció su inminente jubilación política. Citando a Jesús Reyes Heroles, aseguró en esa ocasión: “Como en todas las carreras, se acerca la hora del retiro. Y, como dicen por ahí, ‘el político que no se retira a tiempo, la política lo abandona’”. Tres meses y medio después se dispone a sentarse frente al escritorio de José Vasconcelos.

Así sucedió también cuando era secretario de Gobernación durante la administración de Ernesto Zedillo. En aquella ocasión ofreció sumarse a la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), la instancia creada por el Congreso de la Unión para coadyuvar a la paz en Chiapas, para tratar de desatorar la negociación entre el EZLN y el gobierno federal.

El 28 de noviembre de 1996, la Cocopa se reunió en el hotel Flamboyant de San Cristóbal de las Casas. Allí aprobó elaborar una iniciativa de ley sobre derecho y cultura indígenas que plasmara los acuerdos alcanzados entre las partes el 16 de febrero de 1996, bajo la condición de que tanto el gobierno como los zapatistas aceptaran la redacción del texto sin objeciones.

El EZLN, por voz del subcomandante Marcos, aprobó sin condiciones la propuesta. El secretario de Gobernación dijo: sabremos honrar nuestros compromisos.

Durante varios días la comisión legislativa trabajó arduamente en la reforma constitucional. El resultado final fue bautizado como iniciativa Cocopa. El texto se entregó a las partes. Los zapatistas lo aceptaron, a pesar de que la iniciativa no respondía a sus expectativas. Su vocero añadió: estaremos en posibilidad de firmar un protocolo de paz en el mes de marzo de 1997. La solución al conflicto estaba a la vuelta de la esquina.

Ese mismo día la Cocopa se reunió con Emilio Chuayffet. El secretario se negó a honrar su compromiso. “Hemos revisado cuidadosamente –dijo– la iniciativa de ley elaborada por ustedes, y tenemos algunas observaciones de técnica jurídica por lo que el gobierno federal no puede avalar el contenido de la misma.”

Cuando la comisión legislativa le preguntó dónde quedaba la palabra empeñada por él, Chuayffet le respondió: Ustedes disculpen, pero cuando me comprometí con ustedes me había tomado 18 chinchones y no estaba en condiciones propias para asumir un acuerdo de esa naturaleza.

Aproximadamente un año después, el 22 de diciembre de 1997, se produjo la matanza de Acteal, en la que un grupo paramilitar, apoyado por autoridades gubernamentales y por el Ejército, asesinó a 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños que oraban por la paz en una ermita en el municipio de Chenalhó (http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/325/32523118012.pdf).

El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, supo que la masacre era inminente un mes antes de que se produjera y no hizo nada para evitarla. El 18 de octubre, el obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera López, envió una carta al entonces presidente Ernesto Zedillo, por conducto de Chuayffet Chemor en la que advertía al Ejecutivo que un baño de sangre era inminente. El mexiquense reconoció posteriormente que él le había entregado la misiva personalmente al mandatario antes del homicidio múltiple.

En la carta, monseñor Vera advierte: “Desde la plática que tuvimos en agosto del año pasado (1996) te hablé del camino que hacia un cambio profundo llevaba esta región y que si lo intentaban detener sólo iban a lograr un baño de sangre… pues bien, eso del baño de sangre ya está en marcha y se anticipa todavía más cruel”.

Según el entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro, mantuvo informado “…en todo momento al secretario de Gobernación sobre la problemática en el municipio de Chenalhó”.

Su responsabilidad en los hechos fue tan evidente que debió renunciar a su cargo por motivos personales. Años después le pasó la factura a su jefe, y no sólo invitando a la boda de su hija a Carlos Salinas de Gortari como testigo de honor. En una declaración ministerial rendida en Toluca, estado de México, el 20 de diciembre de 2008, en el contexto de la Fiscalía especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal, aseguró: que el gobierno federal, y por necesidad su titular, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, conocieron hasta con más de un año de anticipación, por lo menos, que el clima de violencia en Chenalhó presentaba una preocupante intensificación.

En lo que es un homenaje a la impunidad, Emilio Chuayffet está hoy al frente de la educación pública del país. ¿Con qué autoridad moral puede conducir una reforma educativa? ¿Se instruirá a niños y jóvenes en el valor de beber 18 chinchones para no cumplir con la palabra empeñada? ¿Se premiará la mentira con buenas calificaciones? ¿Se declarará mérito cívico la violación a los derechos humanos? ¡Salud! Publicado en La Jornada

Educación, seguridad y el hilo negro

Jorge Fernández Menéndez

           

        Para Ana y Pablo,

            Rami y Oriana.

Se presentó la nueva versión de la reforma educativa, que habrá que analizar con mayor detalle para que no se convierta en otra reforma similar, en la forma y en el fondo, a la de los últimos sexenios, sin atacar los verdaderos problemas de fondo que azotan a la educación pública. Desde el mismo momento en que se considera que el desafío central de la educación en el país es “recuperar el control del Estado en la educación” a través de la plena autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para evaluar alumnos, programas, maestros y autoridades, el diagnóstico suena incompleto, más político que educativo. La evaluación, por supuesto, es imprescindible, pero debemos insistir en que sin infraestructura, sin un cambio de modelo real, sin involucrar en todo ese proceso a los maestros, a los padres de familia y a las autoridades locales, la evaluación terminará siendo una radiografía que no mostrará las verdaderas carencias del sector. Mientras haya escuelas sin aulas, sin baños, sin electricidad, sin piso firme, mientras la distancia social se siga ampliando entre los que tienen una educación al nivel de Canadá, como en San Pedro Garza García y los millones que tienen una educación a nivel de cualquier nación africana, como en buena parte de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, o amplísimas zonas de los cinturones de miseria metropolitanos, cualquier reforma quedará incompleta. Mientras maestros y alumnos deban recorrer horas para llegar a las aulas o mientras estén acosados por la delincuencia, la inseguridad o el desempleo, será difícil realizar una evaluación realista del sistema.

El tema es clave porque cualquier reforma que realmente funcione en ese terreno debe ser transversal, debe cruzar diferentes ámbitos y sectores. Algo similar ocurre en el terreno de la seguridad. El presidente Peña, en su primera semana a cargo, estuvo con los mandos militares en el Heroico Colegio Militar y días después en Nuevo León. En ambas ocasiones el tema central fue la seguridad. Y en los dos dijo lo que tenía que decir porque la realidad suele ser muy terca: que no puede haber cambios de fondo en lo que se está haciendo, por lo menos no en el corto plazo. El Ejército y la Marina seguirán en las calles, cumpliendo con sus labores de preservar la seguridad interior del país. En los estados desafiados por la delincuencia, como Nuevo León, se debe seguir haciendo lo que se hacía: construir fuerzas policiales locales confiables y con verdadera capacidad operativa para combatir el secuestro, el robo, la extorsión, el narcomenudeo. Mientras tanto deben tener, esas fuerzas y esas regiones, apoyo federal, sea policial o militar, o ambos.

No hay posibilidad de cambio en ese capítulo de la estrategia, nadie inventa el hilo negro en temas tan duros como éstos. Lo que se debe modificar es la política con la cual se lleva esa estrategia. Se debe trabajar en la coordinación institucional, se debe (aunque le pese a algunos senadores) volver a incluir la seguridad en las instituciones de gobernabilidad interior, se debe lograr que los gobernadores no se sientan perseguidos, sino parte de la solución de los problemas. Todas esas son medidas eminentemente políticas, y son las que de alguna forma se están tomando en ese ámbito. Hay que ver, como un buen ejemplo de lo anterior, el tiempo que se están tomando en Seguridad Pública para definir el próximo esquema de mandos (no habrá desmantelamiento de la SSP como algunos piensan) o cómo se planteará la organización de todo el sector, sobre todo de inteligencia, ya en la Secretaría de Gobernación.

Algo similar debería suceder en la educación. Nadie va a descubrir el hilo negro. En la educación, para aplicar la reforma se deben cambiar no las estrategias sino las políticas. Por supuesto que es necesario evaluar a maestros, alumnos y autoridades, pero eso no alcanza e incluso si es mal leído puede terminar teniendo efectos contraproducentes, si no se aterriza en la realidad cotidiana. Una cosa es enseñar en la sierra y otra en colonias de clase media urbana. Una cosa es enseñar en Monterrey, Guadalajara o el DF, y otra en casi cualquiera de las entidades del sur del país. Vamos, es muy distinto enseñar en Aguascalientes que en su vecina Zacatecas. En la educación se debe actuar como en la seguridad: ambos son los dos grandes temas de debate actuales y en los dos se tienen diagnósticos y propuestas de solución populares, que rayan en la más absoluta simplicidad.

Si los diagnósticos no son lo suficientemente precisos y profundos en esos temas, si las nuevas autoridades se van a ir con las soluciones de los aficionados que repentinamente se convirtieron en expertos, aunque ni siquiera entiendan el fenómeno, se van a equivocar, en la seguridad y en la educación, dos temas que no admiten reformas o salidas falsas, pero tampoco verticales, sino transversales, que abarquen prácticamente todo el andamiaje institucional.

Poligrafías

Por Luis Gerardo Martínez García 

Xalapa y Elízabeth

****

Hoy Elízabeth Morales García presenta su penúltimo informe, tal y como lo establece la Ley. Dará a conocer su versión de esta Xalapa que gobierna. El informe es un buen ejercicio de rendición de cuentas y trasparencia que el gobernante debe dar a la ciudad.

****

Xalapa es su Gente. La ciudad debe representarse desde el ciudadano y la gobernabilidad del alcance en turno. Si se circunscribe la ciudad a sus grupos de poder, se corre el riego de empeñarla a los intereses creados por pequeños grupos que no son representativos de los retos, las necesidades, las crisis y los proyectos que pudiesen hacer grande a una comunidad. La inteligencia de un alcalde es notoria cuando está cerca de la gente más allá del voto; su discurso requiere estar identificado con aquello que existe y lo que se deja de hacer en pleno apego a la realidad. Si un alcalde le miente a su gente, lo único que gana es que nunca jamás le vuelvan a creer. En este caso, Elízabeth Morales García debe tener claro que Xalapa es su Gente y que como alcaldesa se debe a ella, hablándole con la verdad. 

****

Ideal de ciudad. En el imaginario colectivo rondan ideas divergentes en torno a los espacios que habitamos. Esos espacios privados que nos son propios y que guardan los pensares y hacerse de la persona ( y en todo caso, de la familia); pero también esos espacios públicos que son de todos (y no de ese nadie casi inexistente), y que nos dan la oportunidad de vivir en plenitud, en sociedad, en comunión con los otros. El ciudadano se resiste a ser despojado de ese espacio público que se creó como una herencia común de esfuerzos, reglas y convivencias entre ciudadanos que nos antecedieron. Lo lúdico se comparte con los otros; los valores y la educación también se viven en el espacio público. Éste tiene su identidad en la libertad, la democracia, la justicia, la diversidad y, ante todo, la convivencia. Lo público está hecho de nuestra historia y de ese ideal de ciudad que soñamos como sociedad. 

****

La ciudad ni es dato ni es publicidad. Abusar de la publicidad, fingiendo informar, conlleva el autoengaño premeditado denigrando la inteligencia de los ciudadanos. Además, si sólo se alude a logros revestidos de números, sin un justo medio que valore también aquello que queda en el tintero, lo dicho por la alcaldesa quedará en un simple conjunto de palabras sonoras. El poder de la palabra es tan grande que está facultada engrandecer al gobernante o disminuirlo hasta perderlo en la solemnidad de lo invisible. Tanta publicidad disfrazada de información ya no tiene cabida en los ciudadanos de nuestro entorno, considerando que cada sociedad tiene su cúmulo de cultura que le da identidad y supera la ignorancia; esto significa que a la gente no se le puede ya engañar con la publicidad ni con el mero dato que en estas condiciones, publicidad y dato pasan desapercibidos si se les abusa. 

****

El poder y la primera alcaldesa. Elízabeth Morales García quedará registrada en la historia como la primera alcaldesa elegida por los xalapeños. Quienes hemos sido testigos de ese logro suyo, notamos que no le fue fácil, en virtud de que tuvo que enfrentarse (que no confrontar) a los grandes muros que blindan el poder (casi vitalicio) que ostentan unos cuantos desde hace ya muchos años. Logró el voto mayoritario, estando consciente de que los políticos han perdido credibilidad. Ahora sabe lo que es tener el poder y hacer uso de él. Inicia el año de declive, periodo difícil dado que ese poder se empieza a diluir y varias manos quieren recibir la estafeta de ese poder. 

****

La urbanidad de la ciudad. Toda ciudad requiere de un proyecto que defina lo que quiere ser. Si no tiene su plan de urbanidad considerando su historia, su arquitectura, su gente, su geografía y sus intereses, entonces el caos será la constante en el vivir cotidiano de una sociedad que tiene la necesidad de vivir y convivir en común unión. La urbanidad no es restrictiva, es convocante, dialogable e integral. La urbanidad permisible viabiliza la coexistencia de la diversidad en un contexto definido por su territorialidad. Posiblemente el pretexto para un desarrollo urbano sea la crisis económica, pero no puede persistir eternamente como para no pensar la urbanidad de la ciudad; por el contrario, la crisis debe ser un reto, indiscutible. Pero sólo convocando a los ciudadanos (todos) para que participen desde sus potencialidades, se podrá salir del caos. No olvidemos tampoco el refrendo de esa voluntad política que impulsa proyectos de urbanidad de grandes miras. 

****

Lo novedoso del informe. La logística, el discurso, los invitados, los gestos, las manifestaciones y las propuestas son casi idénticas a las de hace 30 años. Quien desee revisar la historia contemporánea de la ciudad de Xalapa, podrá darse cuenta que lo que hoy se presenta como un informe distinto, simplemente no lo es. Posiblemente lo novedoso de un informe sería acercarlo a la gente; llevar el informe a las colonias, a los barrios, a las congregaciones, a las escuelas, a las universidades, a las empresas. 

El glamour y la parafernalia ya no van con los informes de las autoridades de la actualidad. Lo novedoso e importante de un informe es que rinda cuentas permanentemente: que sea creíble y se ciudadanice. 

P.d. No veo candidato alguno (de esos adelantados) que se identifique con la ciudad; los veo más identificados con la ostentación del poder y con intereses de grupo. ciudadmexico@hotmail.com 

Luis Gerardo Martínez García

Xalapa, Veracruz, México.