Defenderé la UNAM con inteligencia, legalidad y prudencia

José Narro Robles*

Buenos días tengan todas y todos ustedes; les agradezco mucho su asistencia a esta conferencia de prensa que tiene como propósito fijar el punto de vista de la rectoría frente a los acontecimientos recientes, originados a partir, en esta fase, del pasado viernes.

Gracias a todas y todos por acudir; son por supuesto muy bienvenidos.

Si me lo permiten voy a glosar con ustedes algunos puntos para que, al término de esta presentación, podamos pasar a preguntas y respuestas. Le he pedido a algunos colaboradores que me acompañen y que participen con alguna información.

Quiero empezar esta presentación diciendo que desafortunadamente, de nueva cuenta, la Universidad Nacional Autónoma de México se ve afectada; que una vez más, a través de la violencia, se expresa un grupo de personas inconformes que interrumpe la normalidad en el trabajo de nuestra casa de estudios; que otra vez se afectan algunas tareas fundamentales y que, por supuesto, también se proyecta una imagen de la Universidad que para nada se corresponde con la realidad de nuestra institución.

En numerosas ocasiones me he pronunciado en el sentido de que la impunidad y la falta de respeto a la legalidad forman parte del origen de múltiples problemas de nuestra sociedad. Por ello, lo digo con claridad y contundencia, en este caso, no habrá impunidad y se seguirá actuando a fondo y con apego a la legislación.

Estoy convencido, por otra parte, que el diálogo es la manera de atender las diferencias, pero que ese diálogo debe ser un diálogo real y sin violencia, un diálogo planteado y articulado para entender y resolver, y de ninguna manera, para confundir y pretender derrotar.

Soy un convencido de que los estudiantes no actúan en el anonimato, encubiertos y menos con el uso de la fuerza. No tengo duda de que los jóvenes mexicanos y los estudiantes en particular, tienen sobradas razones para expresar su inconformidad por el estado de cosas que les afecta, pero nunca a hacerlo con violencia.

Frente a la sinrazón, la imposición y la violencia, las respuestas deben ser dadas a partir de la inteligencia, el apego a la legalidad y la prudencia.

Quiero recordarles a ustedes y, a través de los medios de comunicación que representan, a la sociedad y a nuestra comunidad, que el origen del problema que en esta etapa nos afecta no es otro que la violencia. La violencia ejercida por algunos alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Naucalpan que el primero de febrero, viernes por la noche, y sin mediar ninguna razón justificada, agredieron a un grupo de trabajadores que resultaron lesionados y quienes presentaron la denuncia correspondiente, además de que la autoridad del plantel, el director, en apego a lo que la legislación le permite y le obliga, levantó las actas respectivas y expulsó provisionalmente a cinco estudiantes.

Como reacción a esto, el 5 de febrero, ellos y otros alumnos actuaron con una violencia desusada, pretendieron incendiar el edificio de la dirección, prendieron objetos incendiarios dirigiéndolos en contra de profesores y trabajadores del plantel y estallaron petardos, lesionando a una estudiante. Por esos hechos, algunos jóvenes fueron remitidos a la autoridad competente, además de que se levantaron las actas respectivas, que fueron turnadas al Tribunal Universitario.

De otra parte, porque así se ha argumentado, por esos días coincidió la expresión de una inconformidad con el proceso de revisión del plan de estudios del Colegio.

En este punto, quiero ser muy contundente, por acuerdo del Consejo Técnico, se informó a la comunidad del Colegio que en la revisión no se afectarían los principios pedagógicos y doctrinarios que dieron origen al Colegio de Ciencias y Humanidades. Además, el Consejo Técnico y las comisiones formadas por este órgano colegiado decidieron abrir un periodo de discusión en toda la comunidad hasta el 30 de noviembre próximo. Ningún cambio, ninguna modificación, se hará, en consecuencia, sin la participación y el acuerdo mayoritario de la comunidad.

Quiero referirme ahora al caso del Tribunal Universitario. Un total de 15 alumnos fueron remitidos para que ese órgano determinara lo conducente en razón de los hechos del uno y el 5 de febrero. Se han seguido los conductos, se han cumplido los plazos y procedimientos establecidos en la legislación universitaria, se han desahogado las audiencias establecidas programadas y el Tribunal Universitario recibió las evidencias y tomó nota de las declaraciones de los involucrados. Muy pronto dará su veredicto. Los afectados por las sanciones tienen derechos que están a salvo, pero ahora, con la conducta tomada, están abriendo nuevas causas.

Con las acciones realizadas el viernes pasado, se afecta a la Universidad, se vulneran los principios que nos rigen y se perturban las condiciones en las que se debe desarrollar el trabajo de los universitarios, además de que se trastoca, como ya lo dije, la imagen de nuestra casa de estudios y se interrumpen o afectan actividades fundamentales.

Al respecto, quiero decirles que la toma de la rectoría, con lujo de violencia, está afectando el proceso de registro del pase reglamentado de alumnos regulares de la UNAM a la licenciatura, el registro de calificación de nuestros estudiantes y el propio proceso del examen de admisión. De igual forma, se han interrumpido el pago a proveedores y el de las nóminas atrasadas a trabajadores y académicos de la UNAM, al tiempo que se lastima el funcionamiento normal de las comisiones del Consejo Universitario y de diversos comités académicos y administrativos, fundamentales para la buena marcha de nuestra institución.

También han resultado afectados la gestión y operación del presupuesto universitario, el manejo normal de distintos programas de becas y servicio social, al igual que la tramitación de los asuntos jurídicos y los recursos legales en los que la Universidad tiene interés jurídico, entre muchas otras actividades de la vida cotidiana.

Los responsables de este acto deberán responder de su conducta frente a nuestra comunidad, frente a las autoridades judiciales y, tristemente, también frente a la historia.

A quienes dirigieron y realizaron este vergonzoso incidente, les digo con toda claridad que no se atrevan a saquear una vez más el patrimonio de la nación, como lo hicieron el 6 de febrero pasado en las instalaciones de la Dirección General del CCH. Los estudiantes no hurtan. A los ocupantes de la torre los responsabilizo de la integridad de nuestro bienes, de la información y los archivos resguardados en las oficinas y de la violencia que ellos están propiciando.

Para mí, ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México es la mayor distinción a la que podía aspirar. Mi compromiso ha sido y seguirá siendo la Universidad: su integridad, su funcionamiento pertinente y la superación académica de nuestra casa. No tengo ni he tenido ningún otro interés.

Voy a defender a nuestra Universidad con toda entereza y sin caer en provocaciones, actuaré en todo momento pensando en el bien de ella y con pleno apego a los principios en los que creo con firmeza. Tengo, por otra parte, la convicción de que la Universidad saldrá adelante de este trance y que su comunidad sabrá estar a la altura del desafío que hoy enfrenta nuestra casa de estudios.

Por todo ello, exhorto a quienes indebidamente han tomado nuestras instalaciones a que las desalojen de inmediato. A la comunidad universitaria, a que se exprese sin violencia, rechazando la que algunas personas han ejercido; a esos grupos sin razones válidas, que hacen el juego a las posiciones más conservadoras, que no tienen legitimidad alguna, que actúan con autoritarismo y al margen de la inmensa mayoría de la comunidad, se les debe responder, como ya lo indiqué, con inteligencia, con legalidad, con organización y movilización pacífica y prudente.

No responderemos a la provocación, actuando con violencia. A las organizaciones académicas, universitarias y profesionales, les convoco a que se expresen dando su opinión respecto de este problema. De igual forma, a las estructuras de la sociedad, para que se sumen solidariamente con la Universidad de México, con sus principios y tareas.

Universum, Ciudad Universitaria

*Palabras iniciales del rector de la UNAM en la conferencia de medios para fijar la postura de la institución frente a la toma de la rectoría.

Deben desocupar la rectoría

Javier Flores

El grupo de personas que el viernes pasado tomó de forma violenta la torre de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debe desocuparla cuanto antes. Esta es una exigencia que comienza a tomar fuerza no solamente entre el cuerpo directivo de la institución, sino en un sector amplio de investigadores, profesores, alumnos y trabajadores de una de las más importantes universidades de Iberoamérica.

Como ha sido ampliamente difundido en los medios de comunicación, el pasado viernes por la noche un pequeño grupo de personas irrumpió de forma violenta en el edificio universitario –invirtió cerca de 45 minutos en romper con un mazo uno de los cristales–. Esto ocurrió al final de una marcha pacífica convocada por integrantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), a la que se adhirieron algunas organizaciones sociales.

La marcha sirvió de especie de escudo humano para que un reducido grupo de personas con los rostros cubiertos, cerca de 15 según algunas notas periodísticas, brincaran el pequeño barandal que está en la cara norte del edificio de gobierno, rompieran el grueso vidrio y se introdujeran a la torre, ante el repudio de otros participantes en la caminata que se sintieron utilizados… Y ahí se quedaron.

En un primer momento, las actividades académicas y de investigación no se han visto afectadas. Yo di una clase al día siguiente en la Facultad de Medicina, que trata sobre los debates actuales en esta disciplina, en la que se discutieron textos preparados por los estudiantes a partir de trabajos de investigación recientes sobre los criterios médicos y científicos para el uso terapéutico de la mariguana. Doy este ejemplo, porque las actividades en Ciudad Universitaria, y en general en todas las instalaciones de la UNAM, se desarrollan hasta ahora con normalidad, y esta institución sigue siendo un espacio para la libre discusión de las ideas en el que no hay temas prohibidos.

El ejemplo sirve también para ilustrar que la acción de los jóvenes (y algunos no tan jóvenes) que se posesionaron de la rectoría es un hecho aislado, pues la comunidad universitaria trabaja normalmente, lo que permite afirmar que no estamos ante un movimiento estudiantil universitario, sino ante un acto de provocación orquestado por alguien.

Pero si bien la toma de la rectoría no ha tenido efectos inmediatos sobre la vida universitaria, los tendrá en poco tiempo si la torre permanece ocupada por ese grupo. El edificio de gobierno es el centro neurálgico de la institución, en el que se coordinan y realizan todas las funciones académicas y administrativas, algunas de las cuales ya están siendo afectadas, como las actividades del Consejo Universitario y sus comisiones, los trámites para el pase reglamentado del bachillerato a la licenciatura, el manejo de las nóminas y los pagos a proveedores. Es además donde se encuentran las oficinas del rector, que es la cabeza de la institución y de otros importantes funcionarios universitarios. Por si fuera poco, es un edificio que es propiedad de la nación, es decir, de todos los mexicanos, y forma parte del patrimonio cultural de la humanidad.

La toma de la rectoría por un pequeño grupo de personas tiene como antecedente inmediato la ocupación violenta de las instalaciones de la dirección general del CCH, y lleva a pensar si es posible que cualquier persona o grupo político al margen de la comunidad universitaria pueda posesionarse de instalaciones universitarias cada vez que lo decida.

¿Qué hacer? Ayer el doctor José Narro Robles ofreció una conferencia de prensa en la que pidió actuar con inteligencia, evitar la violencia y conducirse dentro de los marcos legales. Narro llamó a los universitarios a opinar y pronunciarse sobre la actual situación que vive la UNAM.

En este marco, estoy convencido de que el grupo o los grupos que están detrás de la toma de rectoría sirven finalmente a las fuerzas más conservadoras del país, a pesar de su disfraz o máscaras seudoprogresistas. Creo también que todos los universitarios debemos analizar y pronunciarnos sobre estos hechos, pero sobre todo expresar nuestro repudio a los responsables de los mismos y exigir a los ocupantes de la rectoría y a los grupos políticos que los respaldan que la abandonen de inmediato. También creo que los universitarios debemos dar nuestro respaldo al rector de la UNAM, José Narro Robles.

Ahora la UNAM… y sigue la impunidad

Jorge Fernández Menéndez

Primero, aunque en el pasado han sido innumerables, fueron los desmanes, destrozos y agresiones del 1 de diciembre, que no sólo quedaron impunes: se hizo en la Asamblea Legislativa del DF hasta una reforma al Código Penal local para que los responsables de los mismos no terminaran en la cárcel. Todos en libertad. Paradójicamente, los dueños de los comercios, hoteles, bancos, desde los más grandes hasta los más modestos, ninguno de ellos ha recibido ya no hablemos una indemnización, ni siquiera un usted disculpe por parte de alguna autoridad, delegacional, local o federal. Un grupo de jóvenes encapuchados demostraron que podían destrozar el centro de la ciudad y que no pasaba nada.

Luego vino todo lo que hemos visto en Guerrero, en Michoacán, en menor medida en Oaxaca y en Chiapas. Maestros y estudiantes de normal que imponen leyes, bloquean durante horas y días carreteras, que dejan varados a cientos de miles, que afectan comercios, industrias, familias y que en todos los casos quedan impunes. Se trata de delitos locales y federales, pero no hay responsables. Hasta la muerte de un inocente trabajador de una gasolinera incendiada por estos manifestantes ha quedado sin castigo alguno.

En ese contexto quién podría asombrarse de que surjan los grupos de autodefensa armada y que en pocas semanas hayan pasado de los machetes a las AK47 y de vigilar sus comunidades a escoltar las marchas magisteriales en Guerrero. Portar armas, y me imagino que más en zonas con amplia presencia del narcotráfico, se supone que está prohibido y debe ser muy duramente castigado. Pues las autodefensa ahí están, pública y abiertamente armados y escoltando manifestaciones por la carreteras.

En medio de todo esto, en el DF encapuchados han tomado instalaciones de distintos CCH; han ocupado con lujo de violencia, golpeando a académicos y trabajadores, la dirección de preparatorias de la UNAM, han cometido agresiones de todo tipo. Los ocupantes se sabe que participan activamente en venta de drogas en los campus y no pasa nada. La última toma se zanjó, entre otras cosas, con el compromiso de que no habría sanciones contra los agresores. Y, por supuesto, no pasó nada.

Como tampoco pasó en la desprestigiada Universidad Autónoma de la Ciudad de México, luego de tomas, disputas, golpes de gobierno, que terminaron destituyendo a una rectora e imponiendo a otro, a través de grillas políticas que nada tenían que ver con la academia o las leyes o reglamentos universitarios. Y no pasó nada.

Ahora, el viernes, también con lujo de violencia, todos estos mismos personajes, los del 1 de diciembre, de la toma de los CCH, de la dirección de preparatoria, tomaron la Torre de Rectoría. No les alcanza, como a los hooligans del CGH de hace ya varios años, para tomar Ciudad Universitaria, pero sí la rectoría, como tienen tomado y convertido en una suerte de antro con mezcla de escuela de cuadros, desde hace años, el auditorio de Filosofía y Letras. Y no pasa nada: las autoridades y los directores de escuela reclaman, los estudiantes exigen que los dejen estudiar y que no pongan en peligro sus carreras, se demanda diálogo, pero existe un pequeño problema: los ocupantes de la Torre de Rectoría ni siquiera saben bien qué piden, salvo una suma de generalidad (como la educación gratuita) con la que nadie podría estar en desacuerdo. Tampoco se sabe quiénes son, están encapuchados, y ni siquiera si estudian en la UNAM (recordemos que en la última toma de instalaciones universitarias la joven que aparecía como vocera reconoció que ella no estudiaba). Y no parecen dispuestos a irse a ningún lado. Y más allá de las protestas, no pasa nada.

El mayor problema que tenemos es la impunidad. No se pueden seguir cometiendo en forma pública, abierta, todo tipo de delitos y agresiones y que no pase nada, simplemente porque los agresores se escudan en banderías políticas. ¿Cómo le podemos exigir a un ciudadano cualquiera que respete las propiedades ajenas, a los demás y a la autoridad si ese mismo ciudadano está viendo que se destrozan negocios, oficinas, se toman carreteras, se agrede a policías, se ocupa la rectoría de la universidad más importante del país y no pasa nada?

Todos sabemos que detrás de esa parálisis hay necesidades políticas, tiempos, incluso la convicción de que esos grupos “necesitan” en su catálogo de demandas algún acto “represivo”. Todo eso es verdad, pero también lo es que la impunidad es el mayor mal que puede sufrir una sociedad y la estamos fomentando.

Por cierto, en esa lógica de intereses desestabilizadores, muchas veces participan también fuerzas internas, en busca de espacios y reacomodos, sobre todo ahora que vienen elecciones locales. Eso es notable, por ejemplo, en Quintana Roo, donde ya saben desde donde, internamente, están tratando de descarrilar a la administración local de cara a julio. Hablan del grupo Tepito y no se refieren precisamente al barrio bravo.

¿De qué evaluación estamos hablando?

MARIA DE IBARROLA

Centrar la reforma educativa en la selección de los mejores maestros (en el ingreso y en la permanencia) ha alcanzado un elevado consenso social, construido a lo largo de varios quinquenios con el apoyo de las recomendaciones internacionales: la OCDE refiere los mejores resultados de la prueba PISA a los países con mejores maestros, y de las críticas de organizaciones nacionales no gubernamentales: recuérdese la película “De Panzazo”.

La reforma afecta directamente una serie de prácticas viciadas en los diferentes momentos de una carrera docente y propone un organismo superior a las actuales comisiones mixtas SEP-SNTE, el INEE, para regular la definición de criterios, mecanismos y procedimientos idóneos y conformar un sistema nacional de evaluación educativa. Argumenta la recuperación de la rectoría del Estado en la educación nacional.

Sin pasar todavía de la decisión a la muy delicada implementación, la reforma se encuentra en estos momentos entre los dos extremos contrarios máximos posibles: por un lado, contó ya con la aprobación del Congreso Federal y de por lo menos 23 Estados de la Unión, como lo establecen los procedimientos de cambio constitucional; por el otro, se enfrenta al “rechazo total” que han expresado grupos de maestros de Oaxaca, Michoacán y Guerrero.

Estos últimos, en particular, han hecho visible a nivel nacional de manera violenta y muy cuestionable, el cierre de escuelas, bloqueos de carreteras y de centros comerciales, marchas y plantones en la capital estatal y, más recientemente secuestro de congresistas locales con la exigencia –democracia de garrote- de que se apruebe su propuesta de Ley de Educación para el Estado que se opone a la reforma constitucional; comportamientos sociales que, por su naturaleza, ameritan otro tipo de análisis, más allá del propio de las políticas educativas.

Una historia particular

La evaluación de los maestros tiene en realidad una historia particular a lo largo del siglo XX, en medio de siempre renovados esfuerzos por incrementar la escolaridad de la población mexicana y por ampliar la obligatoriedad de la misma: de la secundaria (1993), del preescolar ( 2002), de la media superior ( 2011) al grado que tenemos actualmente uno de los sistema escolares más grandes del mundo con, 32.5 millones de estudiantes, además de los que participan en sistemas abiertos y podemos asegurar que más del 90% de los niños y adolescentes del país son atendidos en el nivel básico del sistema escolar.

Desde hace un par décadas, las políticas y los programas –las reformas que se proponen en cada sexenio- se centraron en mejorar la calidad de la misma, sin olvidar en el discurso a la equidad socioeconómica y cultural: la descentralización del sistema escolar, la apertura a la participación social, reformas curriculares continuas, programas focalizados para poblaciones especiales, introducción privilegiada de tecnología de la información y la comunicación, y que como maldición de Sísifo, nunca parecen alcanzar los objetivos deseados. En todo momento, el asunto de la formación inicial y continua de los maestros ha ocupado un lugar preponderante.

Como eje y detonador del cambio esperado para mejorar la calidad, la evaluación de los maestros se ha ido estableciendo sostenida y progresivamente en México desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en 1993, que acordó la creación de la carrera magisterial, sistema de promoción horizontal para los maestros de grupo basada en la evaluación de su formación y desempeño.

En 2007, el Acuerdo para la Calidad de la Educación, estableció el concurso de oposición para acceder las plazas de nueva creación y plazas vacantes, que se ha venido realizando año con año desde el 2008 y que se basa en un Examen Nacional de Conocimientos, Habilidades y Competencias Docentes. En 2011 se estableció la evaluación universal de maestros, voluntaria en una primera aplicación, siempre con el argumento de aprovechar la información para la mejor formación de los maestros.

¿Aplicación de pruebas?

Todas estas experiencias previas de evaluación, unidas a la aplicación regular de las pruebas de ingreso a la educación media superior y a la superior (EXANI-I y II) que aplica el CENEVAL desde finales de la década de los ochenta, de las pruebas internacionales que ha elaborado la OCDE (PISA) desde 2001, y de la prueba ENLACE (2008) para medir el desempeño de los alumno, apoyan una noción generalizada de evaluación entre maestros y público en general que se reduce a la aplicación de pruebas.

Se trata, además, de pruebas estandarizadas, constituidas por una serie de reactivos de opción múltiple, que deben ser contestadas en una hoja personalizada de respuesta para medición electrónica, en un tiempo máximo estrictamente controlado, que se aplican en una única ocasión, de manera simultánea en todo el país y cuyos resultados son considerados la “evidencia” irrefutable, “científica y objetiva”, comparable a nivel nacional e internacional del mal desempeño de estudiantes y profesores.

Son pruebas denominadas de “alto impacto”, puesto que no hay apelación a sus resultados y de ellos dependen futuros tan importantes como podría ser, en este caso, la permanencia de los maestros en sus puestos de trabajo.

Sin embargo, las escasas evaluaciones de las evaluaciones y una parte importante de la investigación educativa nacional e internacional ponen en entredicho la validez de ese tipo de pruebas –indicadores importantes de situaciones por estudiar pero apenas uno y el más superficial de los mecanismo clave de cualquier evaluación; es uno de los temas de investigación y política educativas más debatidos en todos los países.

Conocer bien a los maestros, en términos cuantitativos y cualitativos, y procurar que sean cada vez mejores profesionales son medidas importantes y necesaria, como parte de otras medidas que requiere una educación de calidad en nuestro país. Estamos, sin embargo, en el momento preciso de declarar la enorme complejidad y dificultad que la evaluación entraña para ello: de denunciar la existencia de buenos y malos métodos de evaluación y de los efectos perversos que pueden detonar; de advertir sobre la existencia de sistemas cuestionables que conducen a resultados cuestionables; de abogar por el imperativo del compromiso y la ética de los evaluadores, y la exigencia de una formación profesional de muy alto nivel, no solo sobre los aspectos técnicos de evaluaciones puntuales, sino para la construcción de los consensos y las capacidades que requiere en un país tan diverso, heterogéneo y sobre todo muy desigual como el nuestro y en la responsabilidad social tan grande que conlleva su tarea.

Estamos en el momento de reconocer que la calidad que queremos es infinitamente más compleja que lo que nos aporta una evaluación de los maestros que se redujera a la aplicación de pruebas estandarizadas como las que se describieron anteriormente.

¿De qué evaluación estamos hablando?

MARIA DE IBARROLA

Centrar la reforma educativa en la selección de los mejores maestros (en el ingreso y en la permanencia) ha alcanzado un elevado consenso social, construido a lo largo de varios quinquenios con el apoyo de las recomendaciones internacionales: la OCDE refiere los mejores resultados de la prueba PISA a los países con mejores maestros, y de las críticas de organizaciones nacionales no gubernamentales: recuérdese la película “De Panzazo”.

La reforma afecta directamente una serie de prácticas viciadas en los diferentes momentos de una carrera docente y propone un organismo superior a las actuales comisiones mixtas SEP-SNTE, el INEE, para regular la definición de criterios, mecanismos y procedimientos idóneos y conformar un sistema nacional de evaluación educativa. Argumenta la recuperación de la rectoría del Estado en la educación nacional.

Sin pasar todavía de la decisión a la muy delicada implementación, la reforma se encuentra en estos momentos entre los dos extremos contrarios máximos posibles: por un lado, contó ya con la aprobación del Congreso Federal y de por lo menos 23 Estados de la Unión, como lo establecen los procedimientos de cambio constitucional; por el otro, se enfrenta al “rechazo total” que han expresado grupos de maestros de Oaxaca, Michoacán y Guerrero.

Estos últimos, en particular, han hecho visible a nivel nacional de manera violenta y muy cuestionable, el cierre de escuelas, bloqueos de carreteras y de centros comerciales, marchas y plantones en la capital estatal y, más recientemente secuestro de congresistas locales con la exigencia –democracia de garrote- de que se apruebe su propuesta de Ley de Educación para el Estado que se opone a la reforma constitucional; comportamientos sociales que, por su naturaleza, ameritan otro tipo de análisis, más allá del propio de las políticas educativas.

Una historia particular

La evaluación de los maestros tiene en realidad una historia particular a lo largo del siglo XX, en medio de siempre renovados esfuerzos por incrementar la escolaridad de la población mexicana y por ampliar la obligatoriedad de la misma: de la secundaria (1993), del preescolar ( 2002), de la media superior ( 2011) al grado que tenemos actualmente uno de los sistema escolares más grandes del mundo con, 32.5 millones de estudiantes, además de los que participan en sistemas abiertos y podemos asegurar que más del 90% de los niños y adolescentes del país son atendidos en el nivel básico del sistema escolar.

Desde hace un par décadas, las políticas y los programas –las reformas que se proponen en cada sexenio- se centraron en mejorar la calidad de la misma, sin olvidar en el discurso a la equidad socioeconómica y cultural: la descentralización del sistema escolar, la apertura a la participación social, reformas curriculares continuas, programas focalizados para poblaciones especiales, introducción privilegiada de tecnología de la información y la comunicación, y que como maldición de Sísifo, nunca parecen alcanzar los objetivos deseados. En todo momento, el asunto de la formación inicial y continua de los maestros ha ocupado un lugar preponderante.

Como eje y detonador del cambio esperado para mejorar la calidad, la evaluación de los maestros se ha ido estableciendo sostenida y progresivamente en México desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en 1993, que acordó la creación de la carrera magisterial, sistema de promoción horizontal para los maestros de grupo basada en la evaluación de su formación y desempeño.

En 2007, el Acuerdo para la Calidad de la Educación, estableció el concurso de oposición para acceder las plazas de nueva creación y plazas vacantes, que se ha venido realizando año con año desde el 2008 y que se basa en un Examen Nacional de Conocimientos, Habilidades y Competencias Docentes. En 2011 se estableció la evaluación universal de maestros, voluntaria en una primera aplicación, siempre con el argumento de aprovechar la información para la mejor formación de los maestros.

¿Aplicación de pruebas?

Todas estas experiencias previas de evaluación, unidas a la aplicación regular de las pruebas de ingreso a la educación media superior y a la superior (EXANI-I y II) que aplica el CENEVAL desde finales de la década de los ochenta, de las pruebas internacionales que ha elaborado la OCDE (PISA) desde 2001, y de la prueba ENLACE (2008) para medir el desempeño de los alumno, apoyan una noción generalizada de evaluación entre maestros y público en general que se reduce a la aplicación de pruebas.

Se trata, además, de pruebas estandarizadas, constituidas por una serie de reactivos de opción múltiple, que deben ser contestadas en una hoja personalizada de respuesta para medición electrónica, en un tiempo máximo estrictamente controlado, que se aplican en una única ocasión, de manera simultánea en todo el país y cuyos resultados son considerados la “evidencia” irrefutable, “científica y objetiva”, comparable a nivel nacional e internacional del mal desempeño de estudiantes y profesores.

Son pruebas denominadas de “alto impacto”, puesto que no hay apelación a sus resultados y de ellos dependen futuros tan importantes como podría ser, en este caso, la permanencia de los maestros en sus puestos de trabajo.

Sin embargo, las escasas evaluaciones de las evaluaciones y una parte importante de la investigación educativa nacional e internacional ponen en entredicho la validez de ese tipo de pruebas –indicadores importantes de situaciones por estudiar pero apenas uno y el más superficial de los mecanismo clave de cualquier evaluación; es uno de los temas de investigación y política educativas más debatidos en todos los países.

Conocer bien a los maestros, en términos cuantitativos y cualitativos, y procurar que sean cada vez mejores profesionales son medidas importantes y necesaria, como parte de otras medidas que requiere una educación de calidad en nuestro país. Estamos, sin embargo, en el momento preciso de declarar la enorme complejidad y dificultad que la evaluación entraña para ello: de denunciar la existencia de buenos y malos métodos de evaluación y de los efectos perversos que pueden detonar; de advertir sobre la existencia de sistemas cuestionables que conducen a resultados cuestionables; de abogar por el imperativo del compromiso y la ética de los evaluadores, y la exigencia de una formación profesional de muy alto nivel, no solo sobre los aspectos técnicos de evaluaciones puntuales, sino para la construcción de los consensos y las capacidades que requiere en un país tan diverso, heterogéneo y sobre todo muy desigual como el nuestro y en la responsabilidad social tan grande que conlleva su tarea.

Estamos en el momento de reconocer que la calidad que queremos es infinitamente más compleja que lo que nos aporta una evaluación de los maestros que se redujera a la aplicación de pruebas estandarizadas como las que se describieron anteriormente.

¿De qué evaluación estamos hablando?

MARIA DE IBARROLA

Centrar la reforma educativa en la selección de los mejores maestros (en el ingreso y en la permanencia) ha alcanzado un elevado consenso social, construido a lo largo de varios quinquenios con el apoyo de las recomendaciones internacionales: la OCDE refiere los mejores resultados de la prueba PISA a los países con mejores maestros, y de las críticas de organizaciones nacionales no gubernamentales: recuérdese la película “De Panzazo”.

La reforma afecta directamente una serie de prácticas viciadas en los diferentes momentos de una carrera docente y propone un organismo superior a las actuales comisiones mixtas SEP-SNTE, el INEE, para regular la definición de criterios, mecanismos y procedimientos idóneos y conformar un sistema nacional de evaluación educativa. Argumenta la recuperación de la rectoría del Estado en la educación nacional.

Sin pasar todavía de la decisión a la muy delicada implementación, la reforma se encuentra en estos momentos entre los dos extremos contrarios máximos posibles: por un lado, contó ya con la aprobación del Congreso Federal y de por lo menos 23 Estados de la Unión, como lo establecen los procedimientos de cambio constitucional; por el otro, se enfrenta al “rechazo total” que han expresado grupos de maestros de Oaxaca, Michoacán y Guerrero.

Estos últimos, en particular, han hecho visible a nivel nacional de manera violenta y muy cuestionable, el cierre de escuelas, bloqueos de carreteras y de centros comerciales, marchas y plantones en la capital estatal y, más recientemente secuestro de congresistas locales con la exigencia –democracia de garrote- de que se apruebe su propuesta de Ley de Educación para el Estado que se opone a la reforma constitucional; comportamientos sociales que, por su naturaleza, ameritan otro tipo de análisis, más allá del propio de las políticas educativas.

Una historia particular

La evaluación de los maestros tiene en realidad una historia particular a lo largo del siglo XX, en medio de siempre renovados esfuerzos por incrementar la escolaridad de la población mexicana y por ampliar la obligatoriedad de la misma: de la secundaria (1993), del preescolar ( 2002), de la media superior ( 2011) al grado que tenemos actualmente uno de los sistema escolares más grandes del mundo con, 32.5 millones de estudiantes, además de los que participan en sistemas abiertos y podemos asegurar que más del 90% de los niños y adolescentes del país son atendidos en el nivel básico del sistema escolar.

Desde hace un par décadas, las políticas y los programas –las reformas que se proponen en cada sexenio- se centraron en mejorar la calidad de la misma, sin olvidar en el discurso a la equidad socioeconómica y cultural: la descentralización del sistema escolar, la apertura a la participación social, reformas curriculares continuas, programas focalizados para poblaciones especiales, introducción privilegiada de tecnología de la información y la comunicación, y que como maldición de Sísifo, nunca parecen alcanzar los objetivos deseados. En todo momento, el asunto de la formación inicial y continua de los maestros ha ocupado un lugar preponderante.

Como eje y detonador del cambio esperado para mejorar la calidad, la evaluación de los maestros se ha ido estableciendo sostenida y progresivamente en México desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en 1993, que acordó la creación de la carrera magisterial, sistema de promoción horizontal para los maestros de grupo basada en la evaluación de su formación y desempeño.

En 2007, el Acuerdo para la Calidad de la Educación, estableció el concurso de oposición para acceder las plazas de nueva creación y plazas vacantes, que se ha venido realizando año con año desde el 2008 y que se basa en un Examen Nacional de Conocimientos, Habilidades y Competencias Docentes. En 2011 se estableció la evaluación universal de maestros, voluntaria en una primera aplicación, siempre con el argumento de aprovechar la información para la mejor formación de los maestros.

¿Aplicación de pruebas?

Todas estas experiencias previas de evaluación, unidas a la aplicación regular de las pruebas de ingreso a la educación media superior y a la superior (EXANI-I y II) que aplica el CENEVAL desde finales de la década de los ochenta, de las pruebas internacionales que ha elaborado la OCDE (PISA) desde 2001, y de la prueba ENLACE (2008) para medir el desempeño de los alumno, apoyan una noción generalizada de evaluación entre maestros y público en general que se reduce a la aplicación de pruebas.

Se trata, además, de pruebas estandarizadas, constituidas por una serie de reactivos de opción múltiple, que deben ser contestadas en una hoja personalizada de respuesta para medición electrónica, en un tiempo máximo estrictamente controlado, que se aplican en una única ocasión, de manera simultánea en todo el país y cuyos resultados son considerados la “evidencia” irrefutable, “científica y objetiva”, comparable a nivel nacional e internacional del mal desempeño de estudiantes y profesores.

Son pruebas denominadas de “alto impacto”, puesto que no hay apelación a sus resultados y de ellos dependen futuros tan importantes como podría ser, en este caso, la permanencia de los maestros en sus puestos de trabajo.

Sin embargo, las escasas evaluaciones de las evaluaciones y una parte importante de la investigación educativa nacional e internacional ponen en entredicho la validez de ese tipo de pruebas –indicadores importantes de situaciones por estudiar pero apenas uno y el más superficial de los mecanismo clave de cualquier evaluación; es uno de los temas de investigación y política educativas más debatidos en todos los países.

Conocer bien a los maestros, en términos cuantitativos y cualitativos, y procurar que sean cada vez mejores profesionales son medidas importantes y necesaria, como parte de otras medidas que requiere una educación de calidad en nuestro país. Estamos, sin embargo, en el momento preciso de declarar la enorme complejidad y dificultad que la evaluación entraña para ello: de denunciar la existencia de buenos y malos métodos de evaluación y de los efectos perversos que pueden detonar; de advertir sobre la existencia de sistemas cuestionables que conducen a resultados cuestionables; de abogar por el imperativo del compromiso y la ética de los evaluadores, y la exigencia de una formación profesional de muy alto nivel, no solo sobre los aspectos técnicos de evaluaciones puntuales, sino para la construcción de los consensos y las capacidades que requiere en un país tan diverso, heterogéneo y sobre todo muy desigual como el nuestro y en la responsabilidad social tan grande que conlleva su tarea.

Estamos en el momento de reconocer que la calidad que queremos es infinitamente más compleja que lo que nos aporta una evaluación de los maestros que se redujera a la aplicación de pruebas estandarizadas como las que se describieron anteriormente.

Poligrafías

Por Luis Gerardo Martínez García

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SNTE si va con la reforma educativa; comisionados de la Sección 56; la UV, candidatas y MEIF; los nuevos rumbos del CIVE; exposición en la Galería Curiel; Arredondo para el IVEE.

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SNTE SÍ RESPALDA LA REFORMA EDUCATIVA. Después de mucha incertidumbre y contradicciones, finalmente el dirigente nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre manifiesta estar a favor de la reforma educativa. Tras reunirse en más de tres ocasiones con el presidente de la república y con el secretario de Educación Pública, el sustituto de la profesora Elba Esther Gordillo Morales contradice sus propias disposiciones en contra de la Reforma educativa. Se dice que negoció ese apoyo a cambio de su permanencia al frente del SNTE, manteniéndolo intacto, sin cuestionamientos y sin tanto reflectores para evitar que su figura se identificase como traidor de la profesora. Antes de eso, al ser presentada la Reforma educativa de EPN, la indicación de Gordillo y Díaz a los secretarios generales de la secciones en el país y a los diputados del PANAL fue estar en contra de dicha reforma; recordemos que los diputados del PANAL en Veracruz votaron en contra de la Reforma educativa. Todos aludieron a la privatización de la educación y el despido de maestros que busca Peña Nieto. Ahora, al parecer, la disposición de Juan Díaz de la Torre es totalmente diferente; recientemente refrendó "la conciencia de responsabilidad social del magisterio, su compromiso con el desarrollo nacional y respaldo a la reforma educativa", después de reunirse con los secretarios generales de las secciones 8 de Chihuahua, Alejandro Villarreal Aldaz, y de la 37 de Baja California, José Alberto Martínez Carrillo. ¿Qué más negoció Juan Díaz de la Torre? Pronto tendremos noticias de ello.

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COMISIONADOS DE LA SECCION 56 DEL SNTE. La Secretaría de Educación Pública (del gobierno federal) publicó otra lista, ampliada, de trabajadores de la SEV comisionados en la Sección 32 del SNTE: http://cumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/listas_de_comisionados/cuarto_trimestre/faeb/30VeracruzComisionados-faeb.pdf lo que otra vez generará inconformidad entre el magisterio veracruzano. Se comenta que pronto saldrá a la luz pública la lista de comisionados en la Sección 56, especificando Nombre completo del profesor, Número de plazas, Tipo de comisión y Salario mensual (estatal o federal). Ya algunos apelan a la inconformidad, mientras otros están a la expectativa por conocer la situación salarial de los comisionados. Aún más allá de los sentimientos encontrados que generará el conocimiento de dicha lista, el ejercer una acción de transparencia y rendición de cuentas es digno de la comunidad magisterial, cada vez más atenta de lo que sucede en su organización sindical. Y a raíz de ello, posiblemente la SEV también publique la lista de los comisionados en los otros sindicatos estatales.

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LA UV, CANDIDATAS Y MEIF. Grupos de la Universidad Veracruzana, destacados académicamente, vienen ya trabajando la idea de proponer a candidatas a la rectoría para el siguiente periodo. Muchos nombres ya rondan la esfera política de quienes determinarán la elección: Esther Hernández Palacios, Leticia Rodríguez Audirac, Sara Ladrón de Guevara, Leticia Perlasca Núñez y Carmen Blázquez Domínguez. Tal vez salga a relucir algún otro nombre en el transcurso de estos días, que valore el consejo universitario en su justa dimensión. Ya quien asuma la rectoría tendrá la responsabilidad de hacer los cambios viables en torno a su modelo pedagógico universitario. Los cuestionamientos al modelo educativo integral y flexible (MEIF) de la Universidad Veracruzana se vienen dando desde hace años. Sólo que no se quisieron escuchar. En la cúpula de la UV a los cuestionamientos, críticas e intentos de diálogo se les (mal) entiende como ataques al rector. Arias Lovillo en los foros regionales que realizó con su secretario académico se dio tiempo de escuchar a docentes y alumnos sobre el MEIF; los cuestionamientos fueron puntuales y fundamentados. En tono pedagógico los aludidos dieron cuenta de la infinidad de problemas que ha generado el MEIF; algunos presentaron incluso propuestas para esa urgente reforma. Ésta le corresponderá a la nueva rectoría.

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LOS NUEVOS RUMBOS DEL CIVE. El Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación se convirtió, desde sus orígenes en un importante organismo consultivo, dependiente directo del secretario de educación de Veracruz. Se hizo indispensable en la toma de decisiones de los altos directivos por los aportes y las investigaciones que realizaba. De unos años a la fecha el CIVE fue en decremento a pesar de los esfuerzos. Como además tiene la responsabilidad de avalar los planes y programas de estudio de las escuelas particulares, creo que esta tarea la absorbió, marginando sus demás funciones sustantivas. Recientemente se le encomendó dirigir los rumbos del CIVE a Francisco Rangel Cáceres, quien funge desde ahora como secretario técnico del consejo. Rangel seguramente habrá de evaluar la situación de esta institución, y a raíz de los resultados, planear mejor el trabajo que saque adelante al consejo. Por lo pronto, a un mes de haber asumido tal responsabilidad, se ha reunido con los presidentes de las ocho comisiones que conforman el consejo, con la finalidad de abordar el plan de acción para el fortalecimiento de los tres niveles educativos en la entidad. Francisco Rangel Cáceres tiene la oportunidad de mejorar al CIVE, esperamos que le sea posible.

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EXPOSICIÓN EN LA GALERÍA CURIEL. La Galería Curiel lleva años trabajando de forma independiente con niños de diferentes edades, fortaleciendo su interés por la cultura y las artes. En una galería modesta, Hugo tiene siempre las puertas abiertas para que los niños y niñas cursen pintura, danza, dibujo, ballet y teatro con maestros especializados. Para este martes 23 de abril de 2013 a las 18:00 hrs. la Galería Curiel invita a la Exposición Pictórica Colectiva "Arte Joven" realizada por los alumnos del taller de pintura. La exposición refleja el trabajo intenso y responsable de Hugo y sus maestros-artistas por coadyuvar en el desarrollo de la creatividad y sensibilidad a través de la pintura. Así, Curiel continuará un icono de la cultura independiente.

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P.D. Víctor Arredondo Álvarez podría ser el primer director del Instituto Estatal para la Evaluación de la Educación. No sabemos si los sindicatos le cuestionen el hecho de que sea socio de CENEVAL (se dice). sinrecreo@hotmail.com