Apoyo social para las escuelas
Gilberto Nieto Aguilar
(Escritores por la Educación, A.C.)
El 12 de agosto de 2004 escribí en Diario de Xalapa un artículo sobre las cuotas que aportan los padres de familia para el mantenimiento de las escuelas y el sustento jurídico que las fundamenta. Si algo hay de extraordinario en el Sistema Educativo Nacional, y en concreto en educación básica, es la manera en que trabajan las escuelas públicas, prácticamente sin apoyos del gobierno, salvo los sueldos de los maestros y directivos.
Esto no afecta necesariamente la gratuidad de la educación, ya que por lo general con una cuota única la mesa directiva de padres debe cubrir las necesidades elementales a lo largo del año escolar. Durante ese lapso, la gestoría que realizan juntos o por separado padres y maestros, permite que muchas instituciones vayan resolviendo y satisfaciendo diversas necesidades tales como la adquisición de equipo de cómputo, materiales didácticos y deportivos, enseres de limpieza, mobiliario, pintura para salones, construcción de aulas, impermeabilización, etcétera.
Las cuotas suelen ser fuente de conflicto año tras año principalmente por la falta de transparencia en sus manejos, recurrente en algunas de las casi 20 mil escuelas de educación básica del Estado. Otro problema que entorpece el desarrollo de proyectos y la concreción de acuerdos y actividades es la falta de colaboración de muchos padres.
Cada asociación debe establecer las aportaciones de conformidad con los estudios que realice junto con director del plantel, sobre las necesidades de la escuela, tomando en cuenta las posibilidades económicas de los padres de familia. El Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia los organiza con el objeto de representar sus intereses educativos ante las autoridades escolares, colaborar en el mejoramiento de la comunidad escolar y “participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las asociaciones hagan al establecimiento escolar” (Art. 4°).
Para el cumplimiento de las acciones que se necesitan emprender, una de las atribuciones de tal asociación es reunir fondos con aportaciones voluntarias de sus miembros (Art. 6°). La palabra “voluntarias” que aparece en este artículo, da pie para que muchos padres se nieguen a colaborar con la escuela pública a donde asisten sus hijos, pero conviene que lean el artículo 18 que establece como una de las obligaciones de los padres de familia cumplir con los deberes que se deriven del ejercicio de la patria potestad o tutela. Si los padres no tienen voluntad de apoyar, ponen en riesgo la seguridad y comodidad de sus hijos asistiendo a un edificio deteriorado, de mal aspecto y cuya construcción quizá represente un peligro para los estudiantes.
De antemano sabemos que hay padres o madres solteras que no cuentan con medios económicos suficientes para enfrentar los gastos de inicio de cursos. Pero las facultades que concede el artículo 8° pueden ser aprovechadas para analizar los casos extremos de insolvencia económica sin olvidar que no siempre los padres que más se quejan son los que menos tienen.
Los artículos 65, 66 y 67 de la Ley General de Educación y 98, 99 y 100 correspondientes de la Ley Estatal de Educación, actualizan el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia. En estos documentos se establecen derechos y obligaciones de los padres de familia con la escuela pública para mejorar el trabajo escolar y valdría la pena revisar el artículo 31 constitucional para entender el sentido tributario emanado de la Constitución.
Por lo anterior, están fuera de tono quienes agreden con tanta vehemencia la captación de cuotas escolares que, en el plano social y jurídico, son perfectamente legales y, sobre todo, necesarias. El interés jurídico debería descansar en un enfoque diferente. Deberían subsanar, por ejemplo, algunas lagunas que impiden perfeccionar y hacer más justo el proceso, así como ejercer un control más estricto de las cuotas recabadas por las asociaciones de padres de familia, puesto que es evidente la importancia del manejo claro y detallado de cuentas y el buen uso del dinero a favor de necesidades reales de la institución educativa.
Pero en fin, esa es la escuela pública, la escuela de gobierno. La que ha hecho posible, con todos sus defectos, que México deje de ser un país de analfabetas; misma que ha sido salvada del deterioro y de convertirse en ruinas gracias a las acciones de los maestros, los directores y los padres de familia.
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