lunes, 31 de diciembre de 2012




Poligrafías
Por Luis Gerardo Martínez García 

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Razones por las que no funcionan las escuelas de tiempo completo; el IPE sin resultados dignos; pagará la SEV adeudo a maestros; sí, sr. Presidente; Gilberto Nieto Aguilar, El milagro del comienzo; seguirán los cambios a nivel estatal. 

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POR QUÉ NO FUNCIONAN LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO. Para el año 2013 se han asignado 6 mil millones de pesos para la creación de Escuelas de Tiempo Completo. Actualmente existen en el país más de 5 mil, pero Peña Nieto quiere que para finales de su sexenio estén funcionando 40 mil escuelas más de educación básica. El principal problema que advierten los expertos, y por lo que no han operado adecuadamente, es porque no se hicieron las adecuaciones curriculares correspondientes; además de que la ampliación de horario no garantiza mejoramiento en los aprendizajes. En Finlandia los alumnos asisten 542 horas al año, mientras que en México 800 horas. Finlandia ocupa el primer lugar mundial, en tanto que México ocupa el antepenúltimo lugar. A estos dos problemas que analizan los expertos, se le añade un tercero: dejar la responsabilidad a los padres de familia, alumnos y maestros de los costos para adaptar las escuelas con mejores instalaciones. Expone la actual Reforma Educativa, en el artículo quinto transitorio, en su fracción III, inciso A: “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”. Si de entrada no se resuelven estos tres problemas, las escuelas de tiempo completo seguirán fracasando. 

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EL IPE SIN RESULTADOS DIGNOS. La última semana del año 2012 se convirtió en una pesadilla para el director del IPE, Armando Adriano Fabre y para el Consejo porque no pudieron resolver los rezagos de poco más de cinco meses. Las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores del Estado no fueron atendidas, a pesar de las manifestaciones de inconformidad y reclamo que se dieron estos últimos días. A más de  5 mil trabajadores no se les atendió debidamente. No se tiene claro aún el rumbo que tomará el IPE durante el primer trimestre de 2013, lo que sí tenemos claro es que deberá implementar estrategias que le permitan hablar de resultados dignos, que hasta ahora no los ha tenido. 

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PAGARÁ LA SEV ADEUDO A MAESTROS. Las organizaciones sindicales de maestros y trabajadores de la educación anunciaron que la Secretaría de Educación de Veracruz pagará esta semana a los maestros y administrativos, aquellos rubros (salarios y bonos) que adeuda de esta fin de año. Eso ayudará a calmar los ánimos que tiene tan irritados a los maestros en todo el estado. El período vacacional fue garante de estabilidad en las escuelas, porque en otro momento del ciclo escolar un acontecimiento de esta naturaleza hubiese sido suficiente para manifestaciones que arriesgaran el período lectivo. 

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SÍ, SEÑOR PRESIDENTE. En el transcurso de estos días, la iniciativa de reforma educativa será ya turnada a los estados para su dictamen y aprobación. Nuevamente las prácticas totalitarias entrarán en vigencia. Si los pocos mandatarios estatales panistas le aprobaban todo (sin discusión ni debate) a Fox y a Calderón, ahora corresponde a los priístas apoyar a su presidente. Se decía recurrentemente a finales del siglo pasado que cuando el presidente de la república preguntaba la hora, le contestaban "La que usted quiera señor presidente". Eso evidentemente nos lleva a pensar que sus correligionarios están a plena disposición de la voluntad del presidente en turno. 

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GILBERTO NIETO AGUILAR. El milagro del comienzo es el libro que tuve la fortuna de prologar de mi amigo Gilberto Nieto Aguilar: "La narrativa armonizada de Nieto Aguilar posee la virtud de la recreación. El lector pronto estará atrapado en esos paisajes escolares del México rural que se extingue rápidamente, cual pabilo ya casi sin oxígeno; hace gozosa la sensación de frescura, de alegría, de incertidumbre que están presente en cada página y en cada diálogo. Seguro estoy que la lectura de esta novela servirá, incluso, como un momento de reflexión preliminar para aquellos que tengan la necesidad de laborar en un contexto rural. La visión de los propios formadores de maestros tenderá a ser otra... Más realista." Pronto será presentado públicamente el libro de Gilberto Nieto AGuilar. 
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P.D. Seguirán, insisto, los cambios en el gabinete del actual gobierno estatal.  ciudadmexico@hotmail.com 


Consideraciones sobre la reforma educativa
MARIA DE IBARROLA

La propuesta de elevar a rango constitucional los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia de los maestros de educación básica y media superior y la ley reglamentaria que fijará los términos para ello, trastocará radicalmente los procedimientos legales actuales y los “usos y costumbres” respecto de esos importantes momentos en la trayectoria profesional de los docentes de la educación básica y media superior en el país.

La decisión de hacer un cambio constitucional, pregunta que se hace Sergio Sarmiento (Reforma, 12 diciembre 2012), parece acertada ante la existencia de leyes de menor jerarquía que, de alguna manera, han sentado bases legales que sustentan y justifican muchas de las prácticas y de los derechos adquiridos que privan en la definición de esos momentos importantes en la carrera profesional de los maestros y que se han puesto en entredicho desde hace tiempo. Sin embargo al introducir en la propuesta una frase que asegure que se respetarán los derechos de los trabajadores de la educación, nos podemos preguntar si los diputados y senadores dudan de esa jerarquía constitucional.

Aunque no está todavía decidida la redacción final, cabe la duda sobre la intención de la frase: ¿qué no los derechos de todos los trabajadores están respetados en otros artículos constitucionales? ¿A qué derechos de los trabajadores de la educación se estaría refiriendo la enmienda constitucional?

En el momento actual, previo a la reforma constitucional, privan una serie de situaciones y circunstancias complejas que vale la pena tener en cuenta por la influencia y el impacto que puedan tener sobre la aplicación de la nueva legislación o incluso la distorsión que puedan ejercer sobre la misma. Es ya lugar común en la ciencia política que las reformas no se llevan a cabo como han sido propuestas, sino que se cumplen en la manera como son recibidas y apropiadas por los afectados y en la medida en que las circunstancias y condiciones van resolviendo la integralidad de la propuesta y los distintos niveles y escalas que debe cubrir: leyes, presupuestos, instituciones, actores, resultados. Aunque la ley parezca muy lejana de la vida cotidiana de las escuelas, parte sustantiva de la reforma sin duda tendrá que ser la consistencia en la legislación, porque en ella radica, en última pero sólida instancia, la solución a los debates que está generando ya la propuesta.

Ya el maestro Otho Granados Roldán hizo referencia a este asunto (Educación a Debate 21 de diciembre), sin embargo cabe profundizar en la complejidad del mismo. Por ejemplo, el Manual de organización de la SEP, publicado en el Diario oficial de la Federación el 12 de noviembre pasado, identifica las “principales normas jurídicas que regulan la función educativa”. Se registran ahí por lo menos 13 leyes, de las que sin duda importan especialmente Ley Federal del Trabajo (1970) y reformas posteriores; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional (1963) y reformas posteriores y, ciertamente, la Ley General de Educación y reformas posteriores (1993). Aparecen aspectos que jurídicamente regulan la función educativa y el trabajo de los maestros en los Reglamentos (ahí se identificaron 14), pero en el caso en particular de los maestros interesa, el Reglamento de las condiciones generales de trabajo docente de 1946 y el Reglamento del escalafón de 1973. Influyen los decretos, los acuerdos presidenciales, los acuerdos secretariales (vamos en el 653), y la infinidad de acuerdos que se han tomado en las negociaciones colectivas anuales (que por cierto, habría que revisar una por una, a nivel federal, y federal y estatal a partir de 1993). Todas estas leyes deberán adaptarse o conciliarse con la reforma constitucional, de aprobarse esta última y en la forma en que se apruebe.

Dentro de todo este complejo y diverso marco jurídico. ¿De qué derechos habla la reforma propuesta? ¿De qué derechos habla el SNTE? Encontramos en la Ley federal de los trabajadores al servicio del Estado la consideración de la “inamovilidad” de los trabajadores a partir del sexto mes de trabajo, que sin duda refiere a la permanencia de los maestros independiente de la evaluación a la que se verían sometidos por la Constitución, inamovilidad que defiende el SNTE, por principio y porque la evaluación no está explícitamente considerada entre las “causas justas” para cesar a un trabajador. ¿Se está previendo la defensa de la Comisión Nacional Mixta de escalafón, cuyo papel en los procedimientos de promoción queda (aparentemente) supeditado a los resultados que encuentre el Instituto Nacional (autónomo) de Evaluación de la Educación? ¿O se refiere la frase a la defensa del artículo 75 de la Ley General de Educación que establece que las disposiciones sobre infracciones y sanciones “no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas para ellos”? Entre otras infracciones que identifica la ley está la de “suspender el servicio educativo, suspender clases en días y horas no autorizados, sin que medio motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor” y la de “oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia.” Suponemos que la defensa del 15 de mayo como “’Día del Maestro”, publicado en el DOF el 3 de diciembre de 1917, debiendo suspenderse en esa fecha las labores escolares, no será uno de los derechos que se cuestionen, aunque tal vez ese día feriado corre el riesgo de sumarse a los que ponen en entredicho el calendario obligatorio de 200 días de clase.

Otro absurdo de la propuesta es decretar que la educación será de calidad. ¿Por qué manejar en un texto constitucional esa adjetivación? ¿No debió entonces hacerse referencia explícita a una “educación de buena calidad”, frase espantosa que afortunadamente se eliminó de las propuestas de la década pasada? o ¿de qué calidad estaríamos hablando? ¿De calidad internacional? ¿De excelencia? ¿Podría colocarse mejor la frase “educación para la competitividad internacional”? ¡Verdaderos absurdos! Dentro de todos los derechos de que ahora gozan los trabajadores de la educación, hace falta sin duda una minuciosa revisión de cuáles son los que proceden y de cuáles tendrán que supeditarse a los derechos de los niños y adolescentes mexicanos de obtener la educación que garantiza, sin necesidad de adjetivos, el artículo tercero. Publicado en Educación a debate



Qué esperar de la reforma educativa, qué no y cuándo
OTTO GRANADOS

La eficacia de un sistema educativo suele medirse con indicadores muy diversos. Unos intangibles, como el desarrollo de valores, la construcción de ciudadanía o el comportamiento ético. Otros relacionados con la innovación, la generación de talento y la productividad de las economías. Y algunos más expresados en los resultados que los estudiantes obtienen en las evaluaciones internacionales, la más conocida de las cuales es PISA.

Aunque idealmente cada variable debiera integrarse en una estrategia sistémica de política pública, en la práctica se comportan de manera diferenciada y en ese contexto el indicador más próximo son las pruebas internacionales. Por lo tanto, al menos a mediano plazo, será el más revelador de la evolución de la educación básica en México.

En tal sentido, la propuesta del presidente Peña producirá una mejoría radical de la calidad educativa solo a largo plazo porque si bien contar con maestros más profesionales es condición necesaria, dicha calidad depende también de otros factores que ya no están relacionados con el personal docente sino con cuestiones como la condición socioeconómica del alumno, la innovación de los modelos educativos o la modernidad tecnológica. Dicho de otro modo, la reforma tiene un objetivo muy concreto pero no se le debe pedir más y hay que ser realistas.

En consecuencia, en las futuras evaluaciones de PISA (cuyos siguientes resultados por cierto salen en abril de 2013) es probable que no veamos alteraciones dramáticas en la posición de los estudiantes mexicanos sino que será un proceso gradual y multifactorial de por lo menos entre 15 y 25 años.

Una proyección rápida con los resultados de PISA 2009 ilustra mejor el punto.

En comprensión lectora, donde la media de los países evaluados es de 493 puntos, México obtuvo 425 puntos. En cambio, países de desarrollo relativo comparable lograron mejores posiciones: Uruguay (426), Chile (449), Turquía (464), Israel (474) o la República Checa (478). Los asiáticos, por su lado, se ubican en 525 puntos. A la velocidad con que México avanza hoy y asumiendo que estos últimos países se quedaran estancados, poco probable, nuestro país tardaría unos 18 años en alcanzarlos.

En matemáticas, México llegó a 419 puntos contra una media de los otros países de 496 puntos. También aquí Chile, Uruguay, Turquía o Portugal alcanzaron mejores resultados. Es cierto que de las tres áreas medidas es donde México ha progresado más, pero para llegar al nivel de los 5 más altos —que obtienen calificaciones de entre 543 y 600 puntos— a la velocidad mexicana actual tomaría unas tres décadas emparejarnos.

Y en ciencias México llegó sólo a 416 puntos —ante una media de 501. En cambio, los cinco mejores países obtienen 551 puntos en promedio, lo que sugiere que si México avanza 6 puntos cada tres años estaría entre los “top five” hacia finales del siglo XXI.

Suena eterno, pero en educación no hay atajos.
og1956@gmail.com Publicado en La Razón


El reto de articular acciones en el sector educativo básico
CLAUDIA SANTIZO

La reasignación de recursos presupuestales para 2013 en la educación básica envió señales de continuidad y también de cambio de prioridades. Por ello, habría que pensar en los pendientes de los programas que se van a apoyar e identificar las áreas desatendidas, o los vacíos, que por décadas han persistido en las políticas dirigidas al sector educativo.

Hay tres aspectos que merecen atención: i) la cancelación y la continuación de diversos programas, ii) los pendientes en el diseño de los programas que se mantendrán en el nuevo gobierno, y iii) los programas que deberían recibir más atención.

En cuanto a la cancelación de programas destacan Enciclomedia y Habilidades Digitales para Todos. La experiencia, a lo largo de los dos sexenios del PAN, demostró que la compra de computadoras y pizarrones interactivos para las escuelas sin una adecuada capacitación docente y sin una política sostenida para dar mantenimiento a los equipos y software llevaron a un desperdicio de recursos. Sería conveniente que la nueva administración en la SEP recabe información sobre la cantidad de equipos no son utilizados porque están descompuestos. Esta información ayudaría a integrar un diagnóstico de las condiciones de los equipos para saber qué se puede hacer para rescatar parte de la inversión realizada.

En los programas que continúan destaca el Programa Escuelas de Calidad. Desde 2001 este programa tiene como base los principios de la gestión centrada en la escuela porque proporciona un espacio, aunque aún limitado, para la toma de decisiones en las escuelas. Las autoridades de la SEP han dejado ver su intención de profundizar esta experiencia por lo cual habría que señalar algunas ventajas y limitaciones.

Primero, no existe como tal un solo modelo de gestión centrada en la escuela ya que las experiencias en diversos países son variadas. Sin embargo, el principal rasgo de esta propuesta de gestión escolar es el reconocimiento de los vínculos entre la escuela, la sociedad y el gobierno. Es decir, Gestión Centrada en la escuela no significa autonomía de las escuelas públicas. Hay dos razones para ello, una de orden material y otra de política pública.

En el aspecto operativo, la escuelas requieren recursos para su operación cotidiana, para adquirir materiales, insumos y programar mantenimientos mayores en sus instalaciones. Esto es parte de la gestión administrativa. En este caso, las escuelas deberían estar en posibilidades de responder de manera oportuna para cubrir ese tipo de necesidades.

En el aspecto estratégico, o de política pública, las escuelas requieren recursos para cumplir con sus tareas pedagógicas. Estas necesidades pueden incluir la adquisición de materiales didácticos que implican un aspecto administrativo pero también de definición de la pertinencia pedagógica de los materiales que se adquieren. Otra necesidad importante es la de capacitación de los maestros. Actualmente la capacitación se obtiene principalmente a través de cursos organizados y ofrecidos por la SEP. Sin embargo, un gran pendiente es que la capacitación se realice con base en las necesidades de enseñanza en el salón de clase. En este caso, el director y el Consejo Técnico en cada escuela están en mejor posición para identificar esas necesidades específicas. A pesar de esto, la impartición de cursos de capacitación puede ser ineficiente ya que docentes de varias escuelas pueden tener el mismo tipo de necesidades y no se aprovechan las sinergias para aprender y reflexionar sobre lo aprendido entre maestros de más de una escuela.

El mecanismo para asignar recursos para la capacitación docente rebasa el ámbito de la escuela y pasa a formar parte de las funciones que podrían desempeñar por ejemplo, las supervisiones escolares o bien alguna instancia intermedia de las autoridades estatales de educación. Con esto se desea enfatizar que una política de Gestión Centrada en la escuela implica otorgar facultades a las escuelas y a instancias intermedias, como las supervisiones u otras similares, para que coordinen y permitan a las escuelas compartir información y recursos.

Establecer mecanismos para que las escuelas de una misma zona puedan compartir recursos parece un tema menor; sin embargo, para ilustrar las implicaciones de no hacerlo cabe recordar la experiencia de escuelas que, con recursos del PEC, instalaron una sala de medios, pero en donde solo el turno que la gestionó la podía utilizar. Es decir, se multiplicaron los casos de instalaciones en donde funcionan dos escuelas, una matutina y otra vespertina, que a pesar de estar en el mismo inmueble no podían compartir la sala de medios. Esto puede ser el resultado de pensar de manera equivocada que la Gestión centrada en la escuela implica autonomía entendida como una separación del resto.

Uno de los programas que continuará es el de Escuelas de Tiempo Completo. Este programa proporciona muchas ventajas a los niños y a sus familias pero convendría, en este momento, señalar algunos de los problemas de implementación que se conocen. La experiencia muestra que las horas adicionales se utilizan de manera discrecional para diversas actividades, y que el vínculo que existe entre estas actividades y los procesos de enseñanza-aprendizaje dependen de la capacidad de organización del director y de la capacitación de los maestros de cada escuela. Existe entonces un vacío en la reglamentación del sector que indique las actividades a realizar durante las horas adicionales. Los niños de algunas escuelas se han quejado, por ejemplo, de invertir este tiempo viendo películas que ellos mismos llevan de sus casas, o de hacer la tarea pero sin la ayuda de algún maestro. Esto no es la generalidad pues en otras escuelas las horas extra las utilizan los maestros para regularizar alumnos o para citar a los padres de familia para hablar sobre sus hijos.

Ejemplos del buen o del mal uso de estas jornadas ampliadas podrían citarse, lo que es claro es que la capacidad del sistema educativo de aprender de lo que ya se hace bien y de evitar lo que no aporta a la formación de la comunidad escolar (director, docentes, alumnos y padres o tutores), y es necesaria para fomentar prácticas que resuelvan los principales retos de las escuelas como organizaciones y como lugares para el aprendizaje.

Por ello, en los ámbitos federal, estatal y municipal están pendientes las reglas claras que brinden la posibilidad en las escuelas de abrir espacios de diálogo y de tomar decisiones según las circunstancias de cada escuela para favorecer el aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos. Está pendiente también fortalecer las relaciones entre las Jefaturas de Sector, las Supervisiones de Zona y diversos participantes para hacer posible que las escuelas tengan asesoría y acompañamiento permanentes. Deben atenderse los problemas en el diseño de las políticas para que, por ejemplo, un taller de capacitación que gestionen maestros de una escuela sirva a varias escuelas cercanas y, también, para que un espacio (patio, sala de cómputo, diversos materiales o un salón de usos múltiples) pueda servir a varias escuelas o bien para que un buen docente, por ejemplo de una materia en la secundaria, pueda atender grupos en varias escuelas cercanas. Los recursos no pueden ser exclusivos de un salón, de un turno o de una escuela en un sistema donde los recursos son escasos; es decir, la autoridad educativa debe procurar que los recursos beneficien al mayor número de maestros y de alumnos posible.

Como tercer aspecto mencionare las áreas de la política educativa que desde mi punto de vista no reciben la atención que merecen. En la política anunciada por la nueva autoridad educativa no se alcanza a ver una intención decidida para enfrentar el problema del rezago educativo en las comunidades rurales. El objetivo de equidad debe tener un peso equivalente al objetivo de calidad y de eficiencia de la política pública. Cumplir objetivos de equidad implicaría asignar recursos en mayor proporción a quienes más los necesitan.

Las condiciones de marginación de las comunidades rurales se combinan con condiciones de bajos grados de escolaridad de las familias que limitan el apoyo que éstas pueden brindar a sus hijos. En las zonas urbanas con mayor índice educativo el apoyo de las familias a sus hijos no es un tema tan crítico como en las zonas rurales. Esto implica que la política educativa en las comunidades rurales no sólo debe atender a los niños sino también pensar en estrategias para que los padres de familia sean un apoyo para la educación de sus hijos. Para ello, es prioritario introducir innovaciones en la enseñanza y no necesariamente tecnológicas. Por ejemplo, en las comunidades rurales que atiende el CONAFE no se necesitan computadoras se necesitan escuelas bien puestas, con techo, piso, mesas, sillas y material básico para los niños (papel de colores, tijeras, lápices, entre otros), además de recursos para poder alimentar a los niños.

En el ámbito rural, es común que a las familias les falten los recursos económicos para mantener a los niños en la escuela, pues deben colaborar con la economía familiar, o que alcancen los recursos para alimentarlos. Los programas de becas ayudan a compensar esta situación pero también se pueden explorar de manera más decidida las experiencias de creación de proyectos productivos que generen ingresos. En estos proyectos se debe involucrar a la comunidad y a los alumnos. Existen varios y variados ejemplos exitosos de este tipo en México, en Latinoamérica y el mundo pero no han formado parte integral de las políticas gubernamentales dirigidas al sector educativo público básico en México (para conocer sobre algunos proyectos productivos vinculados a escuelas puede consultarse el sitio del evento Clase 2012 en www.clase.org.mx ).

Uno de los pendientes de la política educativa es pensar a la política pública de “abajo hacia arriba” y no como se viene haciendo tradicionalmente de “arriba hacia abajo”. Es decir, las autoridades de educación tanto federal como las estatales deben aprender de las experiencias de las comunidades escolares, así como de los errores que se han cometido. El Aprendizaje consiste en aprender de los errores. Una tarea importante para la SEP, en estos momentos, es conocer, analizar y preservar buenas prácticas de gestión que algunas escuelas han desarrollado, a veces con ayuda de las subsecretarías de educación básica estatales o de asociaciones civiles, para satisfacer diversos aspectos de capacitación docente y de orientación a padres o tutores responsables de los menores. Aquí ya hay camino andando en México, desde por lo menos un cuarto de siglo, sin embargo estas experiencias no son conocidas más que por sus implementadores, quienes no cuentan con la capacidad financiera y el personal para difundir, capacitar, adaptar y así multiplicar los beneficios. Esperemos que el panorama cambie para impulsar el bienestar social y el desarrollo cultural y económico en todo México.



La SEP, el SNTE y la reforma educativa
Por Jesús Bernardo Miranda Esquer *

La escuela mexicana está en crisis: en realidad siempre lo ha estado. Parafraseando a Jaume Carbonell (2002), es necesario entender que la escuela como institución ha estado en crisis de manera permanente. El tiempo en la escuela marcha lento, el tiempo en la vida avanza mucho más rápido. El desfase entre la escuela y la vida, es un desfase que no es exclusivo de México, como el gobierno lo quiere hacer notar.

Toda Europa está sumida en una crisis social y educativa, ahí está el movimiento Juventud sin futuro, por mencionar un síntoma de esta crisis internacional en educación. Para el caso de México, es la SEP la encargada de equipar las escuelas con la infraestructura necesaria para abordar los desafíos del s. XXI. Sin embargo, ha existido una sistematización del error y de las recetas mágicas: el caso concreto, Enciclomedia, donde se adquieren grandes volúmenes de equipos, se meten a las escuelas de todo el país, sin una capacitación previa para los profesores y profesoras, y sucede lo que debería suceder en esas condiciones tan erráticas: absolutamente nada. En este sentido su servidor, junto con otros colegas (Sagástegui, Vidales, et al), realizamos un seguimiento de la operación del programa en distintos estados de la República, concluyendo que los cambios a las prácticas educativas habían sido superficiales.

Las reformas curriculares desde la del 93 para educación básica, a las recientes retomando el enfoque de Educación Basada en Competencias (EBC), se han caracterizado por una improvisación dentro de los distintos niveles de concreción de dichas reformas. En este sentido documentamos la más reciente, en el caso concreto de Sonora (Miranda, J. B., García, J. y Miranda, J. F. 2010, 2011). Este ha sido el accionar de una secretaría de Estado, lo anterior nos revela que la educación no ha sido prioridad nacional.

En México se ha evaluado mucho, muchas veces. Como diría Aboites (2010) ya sabemos de qué estamos enfermos, pero no buscamos la cura. Se ha evaluado mucho, pero corregido muy poco. La evaluación ha servido para etiquetar escuelas en malas, regulares y buenas. Esta evaluación además ha servido para brindar estímulos a profesores y profesoras, siendo una actividad que contradice el planteamiento original de este tipo de evaluaciones para la mejora del servicio educativo.

En este nuevo gobierno, Emilio Chuayffet, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien es Licenciado en Derecho, con experiencia de haber sido el titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, plantea una reforma educativa de largo alcance. El alcance inmediato es destronar a la lideresa vitalicia, Elba Esther Gordillo Morales, y desmantelar de manera paulatina al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE). El fondo estructural no se centra en dicha reforma, se pretende una evaluación universal a los profesores, lo cual no es negativo, si se suprime la idea de quitar del puesto de trabajo a quien repruebe. Si es la SEP la que ha formado a los profesores y profesoras del país. Si es la SEP la que orienta la actualización docente, es a la SEP a la que se le debe anotar en su expediente el porcentaje de reprobación de los profesores que formó en las escuelas normales, no al SNTE.

El SNTE, por su parte, se ha encerrado en las luchas gremiales. El conflicto entre la CNTE y el SNTE, ha desgastado a las partes, resultando la SEP, la principal beneficiada por esta lucha de poder. Siendo en un plano ideal, los profesores y profesoras de nuestro país knoworkers –trabajadores del conocimiento-, se ha dejado de lado el estudio sistemático de nuestra labor docente, de ahí que cuando el profesor deja de reflexionar su propia práctica, y dialogar la teoría educativa con su práctica pedagógica, se pierde esa capacidad de renovación.

El SNTE y la SEP, no han sido capaces de dialogar. La interlocución no ha sido efectiva, los acuerdos siempre se han realizado para cortos lapsos de tiempo. Debe el SNTE, pugnar por una formación y actualización docente de calidad que le corresponde a la SEP brindar a sus profesores.

En este sentido, Gimeno Sacristán lo plantea claro y sencillo, por lo que parafraseo su idea: unos deciden la educación –los políticos-, otros hablan de educación –los investigadores o universitarios- y otros la realizan –los profesores-, pero ninguno de ellos se conoce, si se conocen se comunican mediante códigos diferentes, por lo que no se entienden. Lo ideal sería que quienes hacen la educación, esto es: los profesores y profesoras, la discutan –lean y escriban sobre ella- y en cierta medida, la decidan.

Pero para que esto suceda, debe el SNTE y la propia SEP, promover el acceso a estudios de posgrado de alto rendimiento a los profesores y profesoras de educación básica y media superior, para que los mejores, tengan los elementos teórico-conceptuales de proponer posibles salidas a la crisis que hoy experimentamos, desde siempre. Y becar a profesores en estudio de alto rendimiento, no debe ser considerado un acto de fe y buena voluntad, sino como una acción estratégica para re-pensar la escuela mexicana.

Considero, finalmente, que la reforma educativa se queda corta desde su nombre: re-forma, esto es, dar forma nueva a partir de una forma conocida. ¿Por qué mejor no hablamos de una transformación educativa? Trans-forma, en otras palabras: pasar de una forma A conocida, a una forma B, inédita.

Una transformación educativa implicaría, entre otras cosas: cambiar el sistema de evaluación de los profesores. Pasar de una evaluación estática y transversal, a una dinámica y longitudinal. De una evaluación que recolecta datos mediante exámenes censales en un solo momento de tiempo, verificando el estado académico que guardan sus profesores; hacia un nuevo modelo que recolecte evidencias a lo largo del ciclo escolar, y que los datos sean el insumo al profesor para corregir su práctica docente, en donde se discuta con los profesores los resultados. No podemos pretender cambiar el sistema de evaluación de los profesores atorados en instrumentos de evaluación limitados como los exámenes. ¿Por qué no construir rúbricas y presentarlas a los profesores para que ellos decidan el tipo y nivel de mediación que pueden realizar? Estaríamos ante otros instrumentos y estrategias de evaluación que de manera significativa, apoyarían a los profesores y directivos a mejorar sus desempeños.

* Profesor de primaria, secundaria, licenciatura, maestría y doctorado. Director de escuela primaria. Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa.



Profesionales
ADRIAN ACOSTA SILVA

“Ambos somos profesionales”, afirmó el Secretario Chuayffet cuando le preguntaron sobre las posibles reacciones de la maestra Elba Esther Gordillo respecto a la iniciativa de reforma anunciada por el titular del ejecutivo al poder legislativo (Milenio, 12/12, 2012). La respuesta, lacónica y ambigua, parece sacada de un manual de la cultura política priista de los años sesenta. La profesionalidad, se entiende, significa que ambos son jugadores con oficio, experiencia y capacidad para tomar acuerdos o asumirlos, pues entre gitanos no se leen las cartas. No son amateurs con talento, sino políticos profesionales. Cada quien su tarea, cada quien en su casa, cada quien con sus intereses y lealtades. Sin embargo, una semana después, la dirigente del SNTE rompe lanzas verbales y declara estar en contra de una reforma que “atenta contra la dignidad del magisterio” (La Razón, 20/12/2012). Los tambores del conflicto magisterial cierran el año y anuncian el siguiente.

El funcionario y la lideresa sindical muestran sus armas. De un lado, las palabras de un político experimentado, duro, curtido en las filas y la cultura de un partido acostumbrado a negociar y ajustarse al clima del momento. Es el representante de una forma de hacer las cosas de modo que el Presidente y su partido logren tomar la iniciativa y el control de sus proyectos, marcando el territorio, los códigos y las reglas de la negociación política. Del otro, el discurso corporativo, clientelar, de una profesora cuyo origen es destino: formada en las ligas menores del magisterio priista de los años setenta dominado por Carlos Jongitud Barrios, luego delfín de liderazgos priistas surgidos en los años de la gran crisis económica de la década de los ochenta, y finalmente, gran aliada del salinismo para el diseño e instrumentación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que “federalizó” ese nivel de la enseñanza educativa, y cimentó el camino al liderazgo caciquil que hoy ejerce sin pudor y sin piedad. Con esas credenciales públicas, ambos actores encabezan el nuevo juego de la temporada, la disputa por la legitimidad en un sector clave de la sociedad, la política y la cultura del país.

Como en toda disputa política hay aquí intereses, prácticas y símbolos importantes. Dirigir la reforma hacia el tema de la evaluación del profesorado para su ingreso, permanencia y promoción supone desmontar el dispositivo maestro del control del SNTE sobre los maestros, aunque no se sabe bien, por ahora, que sucederá con el programa de carrera magisterial que llegó con la reforma de los primeros años noventa. De otro lado, cuando el peñismo, en boca de Chauyffet, anuncia una reforma en el sector, lo hace con el aplauso público de medios y partidos políticos,  pero con los reproches privados de la burocracia sindical del magisterio. Plazas, dinero y política, se convierten en las piezas estratégicas que desde Los Pinos y desde el edificio de la calle de Brasil se lanzan al tablero para impulsar una reforma cuyo núcleo básico, académico, pedagógico y educativo, permanece oculto en el fondo del proyecto reformador, opacado por la fiesta anticipada de una reforma que aún no es, y por el escándalo de los tambores de guerra tocados al final del año por la Maestra y sus discípulos, tratando de sumar a nuevos aliados y fuerzas políticas.

El espectáculo de la temporada apenas inicia, con espectadores ansiosos en el graderío, y actores marcando sus posiciones en el campo de juego. La política de la política reformadora está en los vestidores y en los sótanos del gran estadio público, cocinándose a fuego lento, colocando piezas y jugadas en el imaginario político de la coyuntura. Algunos, incluso, con la sonoridad que sólo proporciona el realismo mágico mexicano, anticipan que nada ni nadie parará la “máquina de las reformas” (diputado Beltrones dixit), como si las intenciones gubernamentales bastaran para transformar el discurso en realidades. Pero serán las prácticas y decisiones políticas que se tomen en las próximas semanas, las que configuren la orientación y la fuerza de una iniciativa que puede naufragar en los bloqueos de siempre, con máquinas viejas y maquinistas con ganas pero sin recursos, o activar algunos cambios en la conducción del sector.

Con todo, el saldo duro del diciembre político mexicano es que la educación, esa antigua utopía racionalista, se coloca nuevamente entre las prioridades políticas de la agenda gubernamental, lo cual no es una mala señal para los tiempos que corren. En un territorio sobrecargado de intereses políticos y burocráticos, pero también de grandes demandas y expectativas sociales, la escuela pública se encuentra hoy en el centro de una disputa de perfiles imprecisos, en la cual vuelve a flotar en el aire la impresión de que se lanzan soluciones en busca de problemas, acuerdos en busca de conflictos. Y sólo el tiempo, el “maldito factor tiempo” al que se refería con frecuencia sensata Norbert Lechner para advertir su importancia en el timing político, jugará el papel verdaderamente estratégico de la propuesta reformadora.


Ingreso, promoción y permanencia docente… ¿Y la formación inicial?
ALBERTO SEBASTIÁN BARRAGÁN

El Pacto por México es una suma de voluntades que se ha presentado al inicio del sexenio, que fungirá como punto de partida para emprender las políticas públicas sobre los cinco acuerdos y compromisos del nuevo presidente de México, en concordancia con las demás expresiones políticas.

Específicamente, para el acuerdo de “Sociedad de Derechos y Libertades”, el pasado 10 de diciembre de 2012 se presentó la iniciativa de decreto y reforma del artículo tercero constitucional, la cual fue aprobada el miércoles 12 por mayoría de votos.

En esencia, la iniciativa se encarga de plantear un Servicio profesional docente (Compromiso 12) para regir el ingreso, la promoción y la permanencia de los profesores y directivos de educación básica y media superior.

La reforma también propone convertir el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en un órgano constitucional autónomo (Compromiso 8) para el mejoramiento de los puntos educativos establecidos en el Pacto por México.

Se adiciona la fracción IX al artículo tercero, donde se estipulan las características propuestas para el INEE, y se menciona que: “Corresponderá al Instituto evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”, y se mencionan también las acciones correspondientes.

Aquí es importante señalar que no aparece textualmente incluida la evaluación de la Educación Normal. Cabe entonces cuestionar si los dos ejes rectores de la reforma educativa, el servicio profesional docente y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, “incluyen” la evaluación al sistema normalista, cuya estructura curricular se reformó en 2011.

Volvamos a revisar el texto del Pacto por México, en el Acuerdo 1.3. Educación de calidad con equidad, se enumera como compromiso 13 “Fortalecer la educación inicial de los maestros”, y se señala que: “Se impulsará la profesionalización de la educación inicial de los maestros apoyando a las normales para que impartan una educación de excelencia, aprovechando los conocimientos y el capital humano de las universidades públicas del país”.

Ante una reforma curricular de la educación normal que empezó a gestarse desde el 2008 y que se comenzó a aplicar desde el 2011 (luego con el Acuerdo 649), ocurre un encabalgamiento de la política educativa. Esto implica darle continuidad al modelo de formación docente que se modificó en puntos curriculares durante el sexenio anterior.

En el Pacto por México, Apartado V. “Compromisos para las Reformas”, aparece un cuadro de doble entrada en donde se especifican fechas de la presentación de las reformas legales, inicio de implementación, culminación de implementación e implementación completa. Para el Compromiso 13. “Fortalecer la educación inicial de los maestros”, se señala que la reforma legal se presenta en diciembre de 2012; la cual estaremos esperando en lo que resta del año o, de lo contrario, nos remitiremos a la iniciativa aprobada el miércoles 12 diciembre para dar por “incluida” también la evaluación de la educación normal.


Educación en 2013: el dilema central
MANUEL GIL

Prever es difícil, sobre todo si se trata del futuro. Más vale ser historiador que profeta. No adelantemos vísperas. Hay que esperar, aunque ¿quién puede ponerle puertas al viento en descampado? ¿Alguien conoce las bridas para tal empeño? Somos seres que procuran anticipar lo venidero. Valga el riesgo: el año que viene, en materia educativa, estará marcado por el traslado (y la resistencia estridente o soterrada) de las intenciones de la reforma constitucional, en leyes adecuadas y coherentes que den soporte, luego, a los procedimientos e instituciones que se han propuesto.

¿Qué nos aguarda? La aprobación, por suficientes congresos locales, de la Reforma Educativa de manera que las enmiendas y adiciones sean parte de la Constitución. No parece haber problemas para ello. Después iniciará el pasaje del texto a lo que se pueda hacer en un complicado contexto: modificar el artículo Tercero no fue sencillo; lo parecerá, y mucho, en comparación a las modificaciones legales que siguen, y, sobre todo, frente a la necesidad de realizar los cambios necesarios en la añeja tradición cristalizada en desaseados usos y peores costumbres.

Resulta imprescindible modificar la Ley General de Educación (LGE): ¿cómo se reflejará en ella, por ejemplo, el cambio en los procesos de ingreso, promoción y permanencia del magisterio? En ese fino trabajo que haga compatibles los propósitos constituidos con normas adecuadas, se verá de qué está hecha esta Legislatura. No es menor la tarea pues las contradicciones y huecos entre lo aprobado y su reglamentación destrozan las mejores intenciones. Tenemos experiencia en tales desaciertos.

Al revisar la situación actual hay, al menos, dos problemas. Por un lado, mientras el artículo Tercero estipula que la educación que imparta el Estado será gratuita, la LGE auspicia lo contrario. El artículo 65 señala como derecho de los padres colaborar con las autoridades escolares “…en el mejoramiento de los establecimientos educativos”. Refiriéndose a las Asociaciones de Padres de Familia, el 67 indica que “tendrán por objeto”, entre otros: “Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar”. Los Consejos de Participación Social (artículos 69 y 70) están “facultados” para convocar a la comunidad con el fin de llevar a cabo “…trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares”, y obtener “…recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública”. Mejorar planteles cuesta. Cooperar implica aportaciones ya sea en dinero, donaciones o trabajo: cuotas. Ofende que la LGE diga que son necesarios, y han de obtenerse, recursos adicionales para mantener las escuelas.

La gratuidad no admite grados: si la escuela pública cobra un peso, será barata. Debe ser accesible sin costo alguno porque es responsabilidad del Estado ofrecerla, y con calidad, a todos los mexicanos con independencia de su condición económica. No es gratuita para que vayan los pobres: lo es porque importa que sea igual para todos. Se trata de la incondicionalidad de un bien público fundamental. Es un derecho, no una oferta.

El otro caso de incoherencia aparece en el artículo 75 en que se detallan las infracciones al proceso educativo. Luego de enlistarlas hay un agregado: “Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que, las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas para ellos.” Un acuerdo sustituye a lo que manda la LGE, pese a ser la que regula lo establecido en la Constitución. La excepción a cumplir la ley proviene de la misma ley.

¿La nueva será consistente con los cambios, o vía de escape para eludirlos y anularlos? No es menor el paso a dar, ni fácil: los mandones saben que ahí, en la “letra pequeña” del contrato educativo, hay espacio para pactar todo. Se preparan desde ahora.

Para los ciudadanos sólo hay una de dos: ¿los dejamos solos o le entramos? Nada más. Publicado en El Universal

lunes, 17 de diciembre de 2012


Columna: Poligrafías
Por Luis Gerardo Martínez García

---Servín y Levet en el IPE ¿juez y parte?; Carlos Aceves contra Américo Zúñiga; escuelas de tiempo completo no funcionan en Veracruz; la Benemérita  Escuela Normal Veracruzana sin presupuesto; el SNTE en crucero; padres de familia exigen maestros en Veracruz; campaña anticipada en el municipio de Rafael Lucio.

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SERVÍN Y LEVET EN EL IPE ¿JUEZ Y PARTE?  El Instituto de Pensiones del Estado cuenta con un Consejo conformado por los dirigentes de los 7 sindicatos más grandes de Veracruz. Este Consejo tiene como propósito vigilar el enorme capital financiero que ingresa al Instituto quincenalmente, así como hacer valer los derechos de los trabajadores del Estado de Veracruz. Esto significa que el Consejo está facultado para orientar los destinos del dinero que es de los trabajadores. Desde hace años se le adeuda al Instituto (es decir, a los trabajadores) miles de millones de pesos. Como mera referencia: cuando Hugo Alberto Vázquez Zárate era secretario general de la Sección 56 del SNTE, ya se le adeudaba al IPE 600 millones de pesos. El endeudamiento siguió creciendo. Ahora hablamos de 3 mil quinientos millones de pesos que se le debe al IPE. ¿Debemos entender que ese endeudamiento también lo autorizó el Consejo del Instituto? ¿Se vale ser juez y parte en una institución que se debe regir con ética? Entre los subdirectores del IPE se encuentran Adán Córdoba (cercanísimo colaborador de Acela Servín Murrieta, lideresa del SETSE) y Carlos Levet Rivera (hijo de Enrique Levet G, dirigente del sindicato de la UV, y actual diputado local). Entonces ¿se puede ser juez y parte?

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CARLOS ACEVES CONTRA AMÉRICO ZÚÑIGA.  La contienda por los puestos de elección popular ya está muy adelantada (contraviniendo lo establecido por la Constitución y la Ley electoral). Negociaciones, declaraciones, anuncios y operativos políticos son la constante desde principios de este año sin que el IEV quiera reconocerlo. Son muchos los adelantados, pero llama particularmente la atención la contienda interna en el PRI que iniciaron Carlos Aceves y Américo Zúñiga. Parecía que éste se la iba a llevar con mayor tranquilidad, solo, estableciendo negociaciones con Elízabeth Morales y Ricardo Ahued. Pero no. Aceves está trabajando intensamente ya muy en serio. Esa contienda entre dos posibles candidatos a la presidencia de la ciudad de Xalapa con seguridad acarreará puntos a Uriel Flores. ¿Se le irá a negar otra vez a Américo la presidencia municipal? O tal vez la pueda alcanzar. Al tiempo.


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ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO NO FUNCIONAN EN VERACRUZ. El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, a través de su secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, anunció la creación de más de 400 mil escuelas de tiempo completo en el país. Muy interesante resulta esa iniciativa. Solo que no hay que perder de vista que durante la administración federal anterior éstas fueron un fracaso total. Se convirtió en un proyecto que nunca pudo consolidarse. Comentan muchos profesores que las escuelas de tiempo completo en Veracruz no funcionan. Independientemente del esfuerzo que hagan los directivos y las autoridades que tienen la responsabilidad de que este tipo de escuelas funcionen, hacen falta tres cosas además: disponibilidad política, un proyecto muy bien definido, y sustento financiero real que viabilice el buen funcionamiento de las escuelas de tiempo completo. De lo contrario, el proyecto seguirá en papel.

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LA BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL VERACRUZANA SIN PRESUPUESTO. Una de las instituciones de educación que mayor orgullo ha representado para el estado de Veracruz, lo es la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”. Tan sólo se cuenta entre uno de sus méritos, el hecho de que haya sido modelo para la creación de por lo menos diez escuelas normales al interior del país; ya no se diga lo que ha significado para el normalismo en América Latina desde su fundación con Juan de la Luz Enríquez como su impulsor y Enrique C. Rébsamen como su creador. Así podríamos mencionar la trayectoria de sus profesores, la laborar de sus egresados, y la difusión de sus publicaciones, sin dejar de mencionar el compromiso de sus directores. Pero resulta que la BENV solo cuenta con presupuesto para pagar la nómina. Posiblemente las autoridades educativas tomen consciencia de lo importante que significa apoyar a esta Institución, y a otras, con un proyecto financiero que viabilice sus iniciativas, vinculadas a las funciones sustantivas de la educación superior: la docencia, la investigación y la difusión.


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EL SNTE REFLEXIONA LA REFORMA EDUCATIVA… EN UN CRUCERO.  Mientras que en México se escriben miles de páginas a favor y en contra de la reforma educativa; y mientras que el secretario de Educación Pública Emilio Chuayffet se envalentona desde su oficina, especulando sobre lo que es mejor para la educación del país, Elba Esther Gordillo Morales mandó por dos semanas a sus secretario generales de las distintas secciones en los estados, a un crucero de lujo por el Caribe con todo pagado… todo. Ya en enero de 2013 veremos las verdaderas sorpresas que se está guardando Gordillo para el gobierno federal. Éste tiene claro que su única opción es negociar con el SNTE. Mi hipótesis es que es más fácil que se vaya Chuayffet que Gordillo. Por cierto, ayer se difundió que el crucero del SNTE se suspendió ¿les irán a creer?

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MANIFIESTAN FALTA DE MAESTROS.  Padres de familia siguen manifestando su inconformidad por la falta de maestros en las escuelas primarias del estado de Veracruz. En sentido estricto se está incumpliendo el Artículo 3° Constitucional, con respecto al derecho a la educación que tiene la niñez. Los padres de familia solo están exigiendo un derecho universal: la educación.
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P.D. Al hijo del diputado Raymundo Saldaña se le vio ayer muy activo en una caravana ¿buscará la candidatura por la presidencia municipal de Rafael Lucio?  ciudadmexico@hotmail.com


Chuayffet, ideas y personaje vetusto
AXEL DIDRIKSSON

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Lo que más está cambiando en el mundo, y no es fácil ubicar algo que lo esté haciendo en forma más perseverante, son los conocimientos, los aprendizajes y la educación. Pero esto no ocurre en México, que tiene más de tres décadas de atraso monumental en el tema y ahora presenta un nuevo secretario de Educación del grupo priista más añejo y tradicional, con un programa (o, de manera más precisa, con algunas ideas sueltas) cargado de viejas fórmulas, que apuntan a la continuación de la degradación pedagógica y educativa en la que nos encontramos. Así comienza este gobierno.

El tamaño de la crisis educativa no puede ser afrontado con el perfil de un político experto en maniobras de partido, de movilidad ascendente en puestos de poder y de lealtades personalísimas, como es el caso de Emilio Chuayffet, ni con las ideas vagas y conservadoras con las que se anuncia la política gubernamental para el sector educativo. No se trata, ni debe ser visto así, de la llegada de un secretario de Estado, al área donde se padece la degradación social más extensa, para frenar los infinitos apetitos políticos de los miembros de la cúpula del SNTE ni para hacer a un lado a Elba Esther Gordillo. Sería verdaderamente una bajeza pensar que Peña Nieto ha designado a Emilio Chuayffet para hacer un trabajo sucio contra un personaje tan decadente como la lideresa del SNTE. No valdría la pena, ni debe pensarse que con echarla por la borda los enormes problemas educativos del país tendrían visos de solución. Para nada.

Podría ser hasta lo contrario, porque si esa fuera la pretensión lo único que se lograría sería arreciar una pugna inútil entre sectores priistas del más viejo cuño que ahondarían la actual descomposición del sistema educativo nacional. Peor aún, se repetirían en magnitud insospechada las peleas y diatribas con las que se la pasaron Elba Esther y los secretarios panistas de la SEP, y en verdad que ya no estamos para tales desmesuras. Ni son necesarias ni valen la pena, y no creo que para eso estén ubicando en el escritorio de Vasconcelos a Emilio Chuayffet.

Los problemas del sector no pueden afrontarse, ni remotamente, con más pruebas hacia los maestros (con la propuesta de poner en marcha el “Servicio Profesional de Carrera Docente” y de crear un “Sistema Nacional de Evaluación Educativa”); ni con la idea (nada nueva) de que “ha llegado la hora de la verdadera revolución educativa”, como la acuñó en su momento Jesús Reyes Heroles en funciones de secretario de Educación, y que culminó con una embestida terrible en contra de algunas universidades populares de entonces; ni con el acopio de estadísticas sobre la planta docente. Vale decir, las cosas no van a cambiar sólo con esas pequeñas ideas, que buscan un efecto más bien mediático.

En las propuestas de inicio de este gobierno no se ve ninguna idea sobre la magnitud de la desigualdad educativa y la baja cobertura escolar; nada respecto de lo que se ha distorsionado en materia de aprendizajes y conocimientos, o sobre el bajo nivel del gasto por alumno y la ine­quidad en la distribución del mismo gasto por entidades de la República; tampoco nada en torno a la obsolescencia de la currícu­la y la baja inversión en nuevas tecnologías; ninguna propuesta sobre la construcción de nuevas universidades públicas o sobre la regulación de las patito, el mejoramiento de la infraes­tructura escolar, la salud de los estudiantes y la participación ciudadana, entre muchas otras prioridades bastante más significativas que las señaladas. Con un programa de unas dos o tres iniciativas se pretende enmendar lo que es la peor crisis que se ha vivido en la historia del sistema educativo nacional. Parches, con un encargado para hacer remiendos al que no se le conoce oficio en lo estrictamente educativo.

La designación de un personaje como Emilio Chuayffet en la SEP suena más bien a que la educación se considera un trampolín político más que una tarea de responsabilidad social, y que la educación sólo debe ser tomada en cuenta para alcanzar el dominio y la imagen que busca presentar el grupo compacto ungido en el poder, desde sus principios de gobernabilidad, adquiridos y practicados por lustros: coop­tar, reprimir, sojuzgar o hacer demagogia. Chuayffet está hecho para manejarse con soltura en estas tareas.

No debería aceptarse sin más una nueva reforma educativa parchada que modifique, otra vez, el artículo 3° constitucional con medidas sin trascendencia. Valdría más discutir en serio sobre lo que significa construir un proyecto de país distinto al que se nos ha dejado como un chiquero, en donde se regocijan delincuentes e ignorantes a los que les gusta demostrar que lo son. Vayamos mejor a una discusión a fondo de lo que implica situar a la educación en el centro de una política social y pongamos a debate lo que esto significa, y, desde allí, observemos si, en verdad, algún político de puertas abiertas y mente experimentada podría dar cuenta de una apertura al diálogo digno y necesario. ¿Será esto harto incomprensible?­


Reforma educativa: propuesta insuficiente
Arturo Damm Arnal | Opinión    
  
¿Cuál debe ser el fin general de las reformas estructurales, ya sea la fiscal, la energética, la educativa, o cualquier otra? Partiendo de la situación actual, en la cual el gobierno, además de ser gobierno, y como tal garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia, pretende ser desde ángel de la guarda, y preservarnos de todos los males, hasta hada madrina, y concedernos todos los bienes, partiendo de esta situación, repito, el objetivo general de las reformas estructurales debe ser reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, responsabilidad, propiedad y libertad que se ven seriamente amenazadas por los gobiernos hada madrina y ángel de la guarda.

El objetivo de las reformas estructurales debe ser avanzar hacia un orden de mayor respeto a la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, lo cual, en materia educativa, supone limitar al gobierno a garantizar, mediante subsidio (educación primaria, secundaria y preparatoria) o por medio del financiamiento (educación universitaria) la educación de todo aquel que quiera educarse y pueda aprovechar la educación. El gobierno, además de garantizar, por la vía del subsidio, la educación, desde preescolar hasta universitaria, de millones de mexicanos, es el educador de la gente, lo cual ha generado, frente a las familias de bajos ingresos, un monopolio que elimina la libertad de elección de millones de padres de familia, quienes no tienen otra opción, en materia educativa, más que la ofrecida por el gobierno, con todos los inconvenientes que tiene la oferta monopólica de cualquier bien o servicios, comenzando por la calidad, misma que no es, ni remotamente, una de las características de la educación impartida por el gobierno (y, en muchos casos, de la impartida también en escuelas privadas).

¿Cuáles son las propuestas de reforma educativa presentadas por Peña Nieto, con el objetivo de elevar la calidad de la educación que imparte el gobierno y lograr la inclusión de todos los mexicanos, que son los dos grandes fines que se buscan: mayor calidad educativa para todos? 1) Crear el servicio profesional docente, “que fije las reglas de aplicación nacional para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior que imparta el Estado, mediante mecanismos que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias de quien aspira o se encuentra dentro del servicio”, todo ello basado en “el mérito del maestro en su desempeño individual”. 2) Crear el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ya que “se requiere de un órgano con la capacidad para armonizar al conjunto del quehacer en materia de evaluación, de manera que sus elementos sean convergentes para generar información y bases que permitan el logro de la calidad que se busca”. 3) Crear el Sistema de Información y Gestión Educativa. 4) Fortalecer la formación continua de los maestros. 5) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. 6) Establecer las escuelas de tiempo completo. 7) Impulsar el suministro de alimentos nutritivos y prohibir en las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. ¿Algo más? Nada más.

No cabe duda que el objetivo principal de la reforma –proporcionar educación de calidad para todos– no debe ser cuestionado, como tampoco debe serlo todo aquello que nos permita, uno, saber objetivamente cómo andamos en materia de educación (para lo cual se propone la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) y, dos, tener en los salones de clase a los mejores maestros (para lo cual se plantea la creación del servicio profesional docente). Para proporcionar educación de calidad se necesita, uno, saber de qué calidad es la educación que se imparte hoy y, dos, tener en los salones de clases a los mejores maestros que seamos capaces de tener. En pocas palabras: saber cómo estamos y tener con quienes salir adelante, los dos puntos centrales de la propuesta de reforma de Peña Nieto, en torno  a los cuales giran los demás.

Sin embargo, estando las cosas como están, y aceptando que el fin general de las reformas estructurales debe ser reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, la propuesta de reforma educativa de Peña Nieto se queda corta, en primer lugar, porque concibe al gobierno, de acuerdo a lo establecido en el artículo tercero de la Constitución, no solamente como la instancia encargada de garantizar la educación, subsidiándola (primaria, secundaria y preparatoria) o financiándola (universitaria), sino como la instancia encargada de educar a la gente, tal y como lo señala el ya mentado artículo tercero de la Constitución, en el cual se afirma, sin dejar lugar a dudas, que “el Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior” debiendo subrayar la palabra impartirá, que supone algo más, mucho más, que garantizará. Lo primero supone, nada más, subsidiar o financiar, lo segundo convertirse en educador (malo) monopólico (peor).

Pese a la redistribución que supone (el gobierno paga la educación de unos con el dinero de otros), y aceptando que el gobierno no dejará de quitarle a unos para darle a otros (gobernar es sinónimo de redistribuir), la única –y subrayo: única– participación del gobierno en materia educativa debe ser la de garantizar, por medio del subsidio, o mediante el financiamiento, la educación de todo aquel que quiera educarse y que pueda aprovechar la educación, pero de ninguna manera debe ser el educador de la gente, ya que si hay algún monopolio de claros tintes totalitarios ese es el de la educación en las manos del gobierno: la misma educación para todos.  Con relación a la naturaleza totalitaria del monopolio gubernamental en educación, la propuesta de reforma de Peña Nieto no deja lugar a dudas. En el inciso VIII del Decreto que Reforma y Adiciona (con el fin de llevar a cabo la reforma educativa) Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos leemos que “el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios…”. Unificar la educación en todo el país. La misma educación para todos. Un sistema educativo que, como tal, abarque a todos. Totalitarismo, tal y como lo supone, y de él se habla una y otra vez en la propuesta de reforma educativa de Peña Nieto, el sistema educativo nacional.

La propuesta de reforma educativa de Peña Nieto supone introducir cambios importantes en el sistema educativo del gobierno, cambios importantes pero que, no por ello, dejan de ser accidentales, en el sentido de que dejan intacta la esencia de dicho sistema, con el gobierno yendo más allá de lo que resulta prudente, no limitándose a subsidiar o financiar la educación, sino manteniéndose como el educador de la gente, con todo lo que ello supone de violación a la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, violaciones que son inevitables cuando de los gobiernos ángel de la guarda y hada madrina se trata, siendo que un sistema educativo nacional, regenteado por el gobierno, es síntesis de esos dos gobiernos: el ángel de la guarda y el hada madrina.

La reforma educativa de Peña Nieto supone más de lo mismo, aunque de distinta manera. Supone cambios accidentales para que la esencia permanezca.