Acabar con el rezago educativo: una tarea estratégica de Estado

GERMÁN ÁLVAREZ M.

La reforma educativa presentada por Peña Nieto y aprobada con algunos cambios por los diputados es meritoria por diversas razones, pero no es una reforma educativa. Dejaré mis comentarios sobre los méritos para otra ocasión y me concentraré en lo que falta. No debemos perder de vista que poner cierto orden en asuntos fundamentales de la gobernanza educativa, como son las iniciativas de la actual reforma, es apenas una condición necesaria de lo realmente importante: ofrecer educación a toda la población y que ésta sea de calidad creciente. Entonces, me parece indispensable que dirijamos nuestra atención hacia los grandes asuntos que requieren ser atendidos para que la reforma sea genuinamente educativa.

El asunto principal es revertir de manera rápida y eficaz el (mal) llamado “rezago” educativo. Se trata de una tarea de estado, en su más amplia acepción, no sólo de gobierno ni de políticas públicas. Las 33.4 millones de personas mayores de 15 años sin educación básica concluida son personas con baja capacidad para demandar activamente el cumplimiento de su derecho constitucional a tener educación. Carecen o es muy baja su representación social y política para articular peticiones, luchar por ellas y negociar ante la autoridad la atención educativa necesaria para vivir en mejores condiciones. Es una población muy diferente, por ejemplo, a la de los profesores, que tiene  muchos canales de representación y negociación de sus intereses educativos (y de otros no educativos también); o la de los profesionistas, que pueden estar representados en asociaciones y pueden demandar mayor calidad educativa (e incluso vender la evaluación de programas para acreditarlos); o la de las burocracias educativas en diversos niveles e instituciones, quienes velan también por preservar intereses no siempre educativos; o la de los estudiantes universitarios, que en algunos momentos pueden movilizarse por sus derechos y exigir la atención a sus demandas. Todos ellos, y otros sectores que pueblan el sistema educativo formal, tienen maneras de articular sus intereses, derechos y demandas, mientras que los que están fuera de tal sistema carecen de esa competencia.

El asunto no es menor. Una sociedad que quiera verse favorecida por los bienes de la cultura contemporánea –para decirlo en breve: de la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura y las artes- y, con ello, que produzca dinamismo en la economía y se reduzcan sustancialmente los niveles de pobreza y desigualdad, no puede hacerlo con tantas personas sin los niveles educativos indispensables. Existe consenso internacional sobre la necesidad de que la población joven y adulta tenga cuando menos estudios equivalentes al nivel medio superior, para que logre mejores empleos y salarios, y contribuya a la elevación de la competitividad de la fuerza laboral en una época en la que el conocimiento ha adquirido una gran preponderancia en la vida social y económica. Entonces, ya podemos imaginar qué futuro nos espera si esa enorme cantidad de personas ni siquiera completan la educación básica. Tener estos niveles de rezago coloca a México y a su población en gran desventaja frente a otros países e impone serias limitaciones al desarrollo social y al crecimiento económico.

El reto es de grandes proporciones y de gran complejidad. México es un país muy desigual y eso se expresa también en los diferentes niveles de rezago educativo. Por ejemplo, sólo dos estados (DF y Coahuila) tienen 30 por ciento o menos de su población joven y adulta en situación de rezago educativo, un cifra grande que, sin embargo, puede verse pequeña si la comparamos con otros estados que tienen más del 50 por ciento de su población en esa situación (Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Guerrero).

Por supuesto, una parte de este problema radica en el sistema escolar, que expulsa a millones de estudiantes año con año por su incompetencia para mantenerlos en las aulas. Resolver los problemas de reprobación y abandono escolar es fundamental para no agregar nuevas personas a la situación de rezago, pero no tendrá impactos sobre la población que ya está en tal situación. Si el país no revierte en el corto plazo este problema, los jóvenes de hoy serán los futuros adultos y ancianos más desprotegidos por su baja escolarización y presumiblemente bajo nivel económico. Millones de personas seguirán una vida de pobreza y escasas oportunidades. Es decir, tendrán dificultades para incorporarse a una economía que se quiere moderna y próspera, con mejores empleos, salarios y, en general condiciones de vida. Una enorme población bajamente productiva que, por otro lado, requerirá crecientes recursos para atender su salud.

Salir del rezago es, entonces, un asunto estratégico para la nación no sólo en materia educativa sino de desarrollo económico y social que nadie, salvo el estado, puede asumir en toda su dimensión y complejidad. El estado debe asumir la gran tarea de revertir en pocos años el rezago, con todas las complicaciones que tiene hacerlo en un país tan diverso y desigual. Se trata de una tarea que rebasa la temporalidad de los sexenios y que exige esfuerzos constantes, duraderos y consistentes. El estado debe garantizar que la educación básica (y debo añadir la educación media superior puesto que ya es obligatoria) sea un derecho exigible para toda la población, especialmente para las poblaciones en condiciones de pobreza y marginación que son las que menor capacidad de reclamo tienen.