Dieciocho chinchones para la educación pública

Luis Hernández Navarro

Enrique Peña Nieto decidió sumar al saldo con el que comienza su estancia en Los Pinos no sólo el costo de la represión en Atenco, sino también el desprestigio de la masacre de Acteal y el descarrilamiento del proceso de paz en Chiapas. Ese es el mensaje profundo que el nombramiento de Emilio Chuayffet como secretario de Educación Pública envía a amplios sectores de la sociedad.

Al nuevo gobierno, queda claro, lo tienen sin cuidado los derechos humanos. No le importa poner al frente de la educación pública del país a un político que ha sido señalado como uno de los responsables de la masacre de 45 indígenas y que incumplió su palabra ante legisladores alegando que cuando la empeñó había bebido 18 anises.

A lo largo de su carrera, Emilio Chuayfett no se ha caracterizado por decir la verdad. Apenas el pasado 16 de agosto, durante su tercer informe de diputado federal, anunció su inminente jubilación política. Citando a Jesús Reyes Heroles, aseguró en esa ocasión: “Como en todas las carreras, se acerca la hora del retiro. Y, como dicen por ahí, ‘el político que no se retira a tiempo, la política lo abandona’”. Tres meses y medio después se dispone a sentarse frente al escritorio de José Vasconcelos.

Así sucedió también cuando era secretario de Gobernación durante la administración de Ernesto Zedillo. En aquella ocasión ofreció sumarse a la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), la instancia creada por el Congreso de la Unión para coadyuvar a la paz en Chiapas, para tratar de desatorar la negociación entre el EZLN y el gobierno federal.

El 28 de noviembre de 1996, la Cocopa se reunió en el hotel Flamboyant de San Cristóbal de las Casas. Allí aprobó elaborar una iniciativa de ley sobre derecho y cultura indígenas que plasmara los acuerdos alcanzados entre las partes el 16 de febrero de 1996, bajo la condición de que tanto el gobierno como los zapatistas aceptaran la redacción del texto sin objeciones.

El EZLN, por voz del subcomandante Marcos, aprobó sin condiciones la propuesta. El secretario de Gobernación dijo: sabremos honrar nuestros compromisos.

Durante varios días la comisión legislativa trabajó arduamente en la reforma constitucional. El resultado final fue bautizado como iniciativa Cocopa. El texto se entregó a las partes. Los zapatistas lo aceptaron, a pesar de que la iniciativa no respondía a sus expectativas. Su vocero añadió: estaremos en posibilidad de firmar un protocolo de paz en el mes de marzo de 1997. La solución al conflicto estaba a la vuelta de la esquina.

Ese mismo día la Cocopa se reunió con Emilio Chuayffet. El secretario se negó a honrar su compromiso. “Hemos revisado cuidadosamente –dijo– la iniciativa de ley elaborada por ustedes, y tenemos algunas observaciones de técnica jurídica por lo que el gobierno federal no puede avalar el contenido de la misma.”

Cuando la comisión legislativa le preguntó dónde quedaba la palabra empeñada por él, Chuayffet le respondió: Ustedes disculpen, pero cuando me comprometí con ustedes me había tomado 18 chinchones y no estaba en condiciones propias para asumir un acuerdo de esa naturaleza.

Aproximadamente un año después, el 22 de diciembre de 1997, se produjo la matanza de Acteal, en la que un grupo paramilitar, apoyado por autoridades gubernamentales y por el Ejército, asesinó a 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños que oraban por la paz en una ermita en el municipio de Chenalhó (http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/325/32523118012.pdf).

El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, supo que la masacre era inminente un mes antes de que se produjera y no hizo nada para evitarla. El 18 de octubre, el obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera López, envió una carta al entonces presidente Ernesto Zedillo, por conducto de Chuayffet Chemor en la que advertía al Ejecutivo que un baño de sangre era inminente. El mexiquense reconoció posteriormente que él le había entregado la misiva personalmente al mandatario antes del homicidio múltiple.

En la carta, monseñor Vera advierte: “Desde la plática que tuvimos en agosto del año pasado (1996) te hablé del camino que hacia un cambio profundo llevaba esta región y que si lo intentaban detener sólo iban a lograr un baño de sangre… pues bien, eso del baño de sangre ya está en marcha y se anticipa todavía más cruel”.

Según el entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro, mantuvo informado “…en todo momento al secretario de Gobernación sobre la problemática en el municipio de Chenalhó”.

Su responsabilidad en los hechos fue tan evidente que debió renunciar a su cargo por motivos personales. Años después le pasó la factura a su jefe, y no sólo invitando a la boda de su hija a Carlos Salinas de Gortari como testigo de honor. En una declaración ministerial rendida en Toluca, estado de México, el 20 de diciembre de 2008, en el contexto de la Fiscalía especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal, aseguró: que el gobierno federal, y por necesidad su titular, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, conocieron hasta con más de un año de anticipación, por lo menos, que el clima de violencia en Chenalhó presentaba una preocupante intensificación.

En lo que es un homenaje a la impunidad, Emilio Chuayffet está hoy al frente de la educación pública del país. ¿Con qué autoridad moral puede conducir una reforma educativa? ¿Se instruirá a niños y jóvenes en el valor de beber 18 chinchones para no cumplir con la palabra empeñada? ¿Se premiará la mentira con buenas calificaciones? ¿Se declarará mérito cívico la violación a los derechos humanos? ¡Salud! Publicado en La Jornada