Lo que puede hacer una reforma
educativa
OTTO
GRANADOS
Más
allá de los alcances y la instrumentación, que en ocasiones es el cuello de
botella de las reformas, el planteamiento del Presidente de la República en
materia educativa marca un principio importante. Veamos.
Dadas
las actuales condiciones del sistema educativo nacional, una reforma de fondo
debe producirse en dos etapas. Una es propiamente la gestión de la educación,
el funcionamiento de la SEP, el papel de los gobiernos estatales y la
endiablada trama normativa sobre la que se sostienen, por ejemplo, la relación
laboral con el SNTE y la influencia de éste en las decisiones cotidianas de la
Secretaría; el esquema salarial y de gasto educativo, o la falta de rendición
de cuentas de los docentes. La razón es simple: lo más urgente es que el Estado
recupere la conducción del conjunto de la política educativa y de la
institución encargada de operarla.
Y la
otra es la sustancia educativa, lo que significa dirigir las políticas hacia la
calidad y por ende abordar, entre otras cosas, las innovaciones en el modelo de
enseñanza/aprendizaje; la generalización de las tecnologías aplicadas a la
educación; la introducción obligatoria de una segunda lengua, o el desarrollo
de talento.
Lo que
Peña ha ofrecido toca algunas prioridades de la primera fase y en ellas habrá
que invertir una enorme concentración política. ¿Cuáles? La primera es no sólo
la reforma al artículo 3º constitucional y en consecuencia a la Ley General de
Educación (LGE) sino la modernización integral del marco legal y reglamentario.
Hay docenas de acuerdos, reglamentos, circulares y decretos en los cuales se
expresa el virtual cogobierno de la SEP que hace que todo trabajador docente y
no docente dependa, para efectos prácticos, no de su empleador sino de su
gremio. Dos ejemplos: las ¿70 u 80? comisiones SEP-SNTE teóricamente
establecidas para negociar o, más bien, congelar cualquier cantidad de cosas; y
el otro: la salvedad contenida en el artículo 75 de la LGE que blinda a los
docentes de ser sancionados si se oponen “a las actividades de evaluación…”.
Una
segunda consiste en modificar la relación laboral SEP-SNTE y en consecuencia la
propia LGE, el apartado “B” del artículo 123 constitucional, el Reglamento de
las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la SEP de 1946, la
obligatoriedad de las cuotas sindicales o la descentralización de dicha
relación.
La
tercera, en congruencia con la propuesta del propio presidente de ordenar las
finanzas públicas subnacionales, consiste en introducir en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2013 una disposición para regresar a la negociación
salarial nacional y únicacon el magisterio y un candado para evitar así la
“doble negociación” con los estados.
Y la
cuarta es revisar la fórmula del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica,
un grave motivo de discordia entre federación y estados, y proceder de una vez
a la descentralización al gobierno del DF.
Una
reforma educativa que sea verdadera y consistente dependerá de una cirugía
mayor. og1956@gmail.com Publicado en La Razón
