La reforma
educativa ¿liquida al sindicato?
OTTO
GRANADOS
Contra
lo que pensaron muchos analistas con precipitación, la reforma educativa no
necesariamente será del mayor agrado del SNTE y de quien lo controla pero está
lejos de significar su liquidación o una modificación integral de las reglas
del juego. Veamos.
La
captura de la SEP se vino orquestando mucho antes de que la señora Gordillo
fuera instalada en el SNTE en 1989, tanto con el Reglamento de las Condiciones
Generales de Trabajo del Personal de 1946, que estableció en la práctica un
gobierno paritario en la Secretaría, como con el Reglamento de Escalafón de los
Trabajadores al Servicio de la SEP de 1973, que, junto con el histórico control
de las normales por parte de la dirigencia magisterial, es el instrumento que
hizo posible un potente esquema de lealtades del personal docente y no docente
con el sindicato, pues de él depende el manejo de plazas y promociones.
Este
es el centro de lo que la reforma del presidente Peña desea empezar a corregir
y se entiende que, una vez aprobada la reforma del 3º constitucional y en su
momento de la Ley General de Educación, ambos reglamentos deberán ser derogados
para dar paso a otra norma que detalle las modalidades futuras (puesto que no
hay retroactividad) de acceso, permanencia y ascenso en la carrera docente.
Hasta allí, está claro.
Pero
desde el punto de vista político se trata de un enfoque práctico para el
sindicato porque por ahora deja intacta, entre otras cosas, su estructura
unitaria como organización nacional, la titularidad de las relaciones
laborales, la afiliación obligatoria (al menos hasta que el nuevo servicio
profesional docente no construya una cultura de acceso al margen de la
influencia sindical), la doble negociación salarial o la retención y entero de
las cuotas sindicales.
Esto
es de la mayor importancia. Por un lado porque si bien será hasta dentro de
varias generaciones cuando se hayan vuelto sistémicos los nuevos procedimientos
en materia de plazas y ascensos, por lo pronto el sindicato tenderá a
concentrarse férreamente en lo que sí le toca: la defensa de los derechos de
sus miembros y sus llamadas conquistas económicas y laborales, ampliadas ahora
por sus alianzas con los gobernadores, y esto cambiará la sustancia de su
cohesión interna pero finalmente la preserva. Lo advirtió perfecto don Jaime
Torres Bodet hablando de las complicidades de los supervisores escolares: saben
que “la gratitud de sus subalternos les sería, a la larga, más provechosa que
la estimación de sus superiores”.
Y,
por otro, es difícil que el Estado piense en modificar de tajo ese peculiar
esquema laboral sin promover lo mismo, por analogía, en otros sindicatos
públicos, como el petrolero, que tiene cinco representantes en el consejo de
administración de Pemex, o electricista que tiene tres consejeros en CFE, y en
donde ambos ejercen influencia significativa.
¿Es
la solución perfecta? No, pero en política frecuentemente se elige entre la
menos mala de las opciones. og1956@gmail.com
