Jornada por la Intransigencia

RICARDO RAPHAEL

Con mentiras y desinformación decidieron los líderes del SNTE reaccionar a la reforma en materia educativa impulsada por los tres partidos más grandes del país y la presidencia de la República. Han articulado su protesta a través de una serie de “Jornadas nacionales por la defensa de la escuela pública y sus maestros”.

Si bien, para beneficio de los centros escolares, esta manifestación de rechazo se llevará supuestamente fuera de los horarios de clase, lo cierto es que tienen como propósito movilizar dentro de la escuela al mayor número de profesores y padres de familia en contra de la transformación educativa que, desde la reforma constitucional a los artículos 3 y 73, se puso en marcha en nuestro país.

El pasado fin de semana tuvieron lugar los primeros actos públicos en el Distrito Federal, la zona metropolitana del Estado de México, Jalapa, Veracruz y Ciudad Juárez. Coincide que, en todas estas poblaciones, se entregó información falsa con el propósito de concitar adhesión al desafío planteado.

Cito por ejemplo el panfleto entregado en la Plaza de la República de la ciudad capital por los líderes del SNTE de las secciones 10 y 11: “(La reforma propone) que los padres de familia sean los responsables de sostener económicamente las escuelas públicas, eso se llama privatización … la educación volverá a ser un privilegio de quien pueda pagarla”.

En otro punto geográfico, dirigentes de la sección 36 afirmaron que la reforma “implica modificar la currícula de las normales bajo el esquema orientado por competencias mercantiles”.

Reviso con atención cada una de las líneas que el constituyente permanente incluyó en la reforma a los dos artículos referidos y no hallo nada, absolutamente nada, que tenga que ver con los dos argumentos aludidos. No existe una sola palabra o frase que pueda entenderse como privatización de las escuelas, ni tampoco que implique a los padres de familia en la responsabilidad económica de mantenerlas.

Esta mentira es odiosa porque apela a un tema sensible, (las cuotas que actualmente se cobran en las escuelas y que deberían desaparecer), asegurando que la reforma constitucional las confirmaría.

Igual de falsa es la referencia a un eventual cambio en la currícula de las normales. En el texto que aprobaron los legisladores no hay alusión a los contenidos educativos que se imparten en tales instancias.

¿Por qué pensarán los dirigentes del SNTE que con una retórica engañosa van a sumar adeptos a su jornada nacional por la intransigencia?

El resultado de dicho esfuerzo caudillista podría medirse, desde ya, por la evidencia obtenida el fin de semana que acaba de concluir. A la Plaza de la República, frente al monumento a la Revolución, acudieron más globos naranja y blanco que profesores y personal administrativo adscritos al SNTE; apenas 200 personas escucharon el discurso de sus dirigentes, mientras se distribuía el panfleto de mentiras.

Al parecer, en Ciudad Juárez les fue un tanto peor; desesperados por el fracaso de su convocatoria, los dirigentes de la sección 8 advirtieron que, de no satisfacerse sus demandas, estarían dispuestos a tomar los cuatro cruces fronterizos que unen a esa población mexicana con EU. Declaración contradictoria, por cierto, con la resistencia pacífica prometida.

Movilizar con embustes, más tarde que temprano es un dardo envenenado contra toda movilización; y hacerlo solo con aire y tan poco pulmón anuncia a los adversarios de Elba Esther Gordillo la debilidad política actual de la dirigencia magisterial.

Sin embargo es temprano para cantar victoria. La estrecha vereda que lleva desde la reforma constitucional hasta la transformación del sistema educativo todavía se mira escarpada y extenuante.

La verdadera transformación necesitará aterrizar los planteamientos constitucionales, primero en la ley reglamentaria y después en un número grande de ordenamientos.

Ese aterrizaje será el verdadero terreno de disputa; bien valdría que para resolverlo con dignidad prive la honradez de las palabras y la sinceridad de las intenciones. Eso debe exigirse a todas las partes; sobre todo a quienes, en las aulas, son responsables de enseñar los valores y la cultura democráticos.

Es momento de hacer un frente social contra la retórica de la intransigencia que tantas veces, en el pasado, frenó cuanto intento de reforma educativa trató de emprenderse.