El potencial de la reforma educativa

ETTY ESTÉVEZ

Hay motivos para mostrar escepticismo frente a la reforma educativa impulsada por el gobierno de Peña Nieto. Está por verse cómo será afrontada la montaña de obstáculos que podrían dejarla en letra muerta, pese a que su sentido general ha quedado plasmado en la Constitución. Falta que se resuelvan los detalles de las modificaciones a la ley reglamentaria del artículo tercero constitucional, a la Ley General de Educación y a otros marcos normativos, en las que se establezcan los procedimientos para la creación y operación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, específicamente, lo que se refiere a la evaluación vinculada al Servicio Profesional Docente. Las definiciones pendientes son la clave para aprovechar el  potencial que encierra esta reforma como detonadora de cambios sustantivos y urgentes en las estructuras del aspecto principal de la educación: lo pedagógico.

Analicemos un punto central de la reforma: la posibilidad de que el ingreso a la profesión docente deje de estar regido por el tráfico de influencias como lo ha estado hasta el momento y, que en el futuro cercano, el mérito y el desempeño académico fueran el criterio más importante para adquirir una plaza. Esto, de lograrse, se traduciría en una competencia fructífera por las futuras plazas ¡Que las ganen los mejor preparados!  En automático, funcionaría como polo de atracción de los jóvenes talentos, de todos aquellos que estén motivados, comprometidos para esforzarse y trabajar en función de alcanzar niveles altos de logro con base en resultados; para mejorar el aprendizaje de nuestros niños.

Bien llevada la reforma, una vez traducida en procedimientos coherentes y claros, generaría un contexto propicio para la incubación de innovaciones educativas de todo tipo. Viceversa de muy poco han servido las evaluaciones para solicitar plaza, así como las mejoras en la formación inicial de los profesores, dado que las decisiones sobre el destino de las plazas siguen viciadas.

Bajo esta hipótesis estaríamos levantando los cimientos para iniciar un proceso, estructural, de mediano y largo plazo hacia  la refundación de la docencia como una profesión del más alto nivel. El concurso efectivo de las plazas también alentaría a los jóvenes con alto desempeño académico a ingresar a las instituciones formadoras de docentes, contribuyendo a establecer un nuevo estándar  en la educación.

Tendría que hacerse lo propio en las normales con la misma urgencia de la reforma en curso: detener el tráfico de influencias que persiste a la hora del  ingreso de los estudiantes —vicio que se redujo en algunas entidades desde que se presentan exámenes de admisión, pese a que aún hay cuotas sindicales y de otros tipos. Se requiere, también, darle otro enfoque a  la formación de los futuros docentes. Romper el paradigma actual, creando un nuevo sistema no endogámico, compuesto por universidades (en las que se revalore al normalista por su conocimiento experiencial que es único) abiertas a probar métodos en contextos y situaciones reales; con académicos de alto nivel y planes de estudio que fomenten un perfil de docente capaz de reflexionar sobre sus prácticas didácticas, dotándolos con herramientas científicas de investigación que les permitan detectar problemáticas dentro del salón de clase y en sus comunidades, siendo parte activa de las soluciones correspondientes, en colaboración con otros especialistas de la educación y otras ciencias.

El impacto positivo de la reforma dependerá de cómo sean afrontados diferentes retos: políticos, normativos, financieros  y de operación.  Menciono algunos:

Garantizar en la ley y en la práctica la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación (INEE) y, por tanto, de los criterios académicos y técnicos para mejorar  —con base en la valoración de experiencia previa — los procedimientos e instrumentos de evaluación para los aspirantes a plazas y maestros en servicio, así como el proceso de su aplicación, el procesamiento de los resultados, los criterios de clasificación en la presentación de los resultados y la difusión de los mismos.

Definir la evaluación relacionada con el Servicio Profesional Docente, respetando los derechos laborales, en función de un propósito claro para la promoción y permanencia del profesor. Evaluar no equivale a calidad, son elementos diferentes de un binomio en el que es imposible mejorar algo sin evaluarlo primero: todo depende para qué sirven los resultados, si para el mero control o, con más horizonte, para diseñar acciones formativas que busquen revertir los resultados no deseados.

Resolver los problemas de organización en la asignación de las plazas para asegurar la colocación idónea de los candidatos mediante el diseño de fórmulas diversas. Con esto se lograría aprovechar de la mejor manera posible a los solicitantes con desempeño adecuado y sobresaliente, tomando en cuenta sus intereses y necesidades.

La educación básica en México no siempre ha estado en crisis, fue un ejemplo a seguir en el mundo entre los años 20 y 40 del siglo pasado, cuando los profesores tenían autonomía y poder sobre las decisiones pedagógicas del aula. Entonces, hubo cambios a gran escala, como lo señala John Dewey con respecto al desarrollo de la escuela rural del México posrevolucionario. La educación no puede fijar sus metas con mira corta; las utopías son necesarias, nos ayudan a recuperar la esperanza y la carrera por alcanzarlas da impulso a transformaciones duraderas.

*Investigadora y académica de la Universidad de Sonora