Los maestros democráticos,
bajo sitio
Tatiana Coll
Ciro Gómez
Leyva apareció en la pantalla con el rostro desencajado, visiblemente resentido
y contrariado por la decisión de retirar, aunque fuese momentáneamente, la Ley
sobre el Servicio Profesional Docente que debía de ser votada sin excusa ese
mismo día. Su mirada y su voz trasminaban mucho más que una simple molestia; en
realidad se percibió una ira escasamente controlada, una ira que sólo puede ser
provocada por un enraizado odio de clase: ¡no era posible que un tumulto
popular haya doblegado al Congreso! Después lo dijo claramente: han aceptado
sacar la ley que representa el corazón mismo de la reforma, y eso no se puede permitir.
Una ira que se percibe igualmente en las cúpulas mediáticas del continente
cuando hablan de los diversos gobiernos democráticos, una ira muy parecida a la
de los medios chilenos, encabezados por los momios pinochetistas, cuando se
refieren a los estudiantes que luchan por una educación pública.
Siguiendo
puntualmente esta pauta, las televisoras y radios han establecido un duro
estado de sitio sobre el magisterio democrático. Los empresarios, los medios y
el Pacto por Peña Nieto están concentrados en construir un cerco que les
permita avanzar impunemente hacia la represión, ya lo dice abiertamente el
señor Camacho Quiroz. Sus comentaristas repiten sistemáticamente la misma
cantaleta: vandalismo, irracionalidad, oscuros intereses personales, por lo cual
concluyen: los maestros no quieren ser evaluados. Mentiras bien calculadas,
pues no ha habido actos de vandalismo en las marchas y plantones de miles de
maestros; no hay irracionalidad en acudir a la manifestación pública cuando
después de meses en que han presentado sólidos argumentos en cientos de
documentos nadie los toma en cuenta; no hay oscuros intereses cuando se está
defendiendo el derecho al trabajo y, sobre todo, no hay rechazo a ser
evaluados, sino a cómo y para qué se les quiere evaluar. No son los maestros
los que tienen sitiado el Congreso y a los ciudadanos, como despotrican los
medios: es la cerrazón total, el desprecio y la displicencia de todos los que
deciden en torno a estas modificaciones lo que ha sitiado a los maestros
democráticos y los obliga a romper el cerco con sus únicas posibilidades: la
movilización masiva.
Podría
asegurar que 90 por ciento de los congresistas ni siquiera han leído con un
mínimo de detenimiento las leyes que votan tumultuariamente, irracionalmente, a
gritos y sin presentar ningún argumento válido para arrancar a los maestros la
estabilidad laboral. Si se aplicara una evaluación, incluso estandarizada, a
los diputados sobre el contenido de las leyes que votan, los resultados serían
patéticos; están acostumbrados a actuar bajo consigna y en la impunidad.
El corazón
de la reforma es efectivamente la Ley del Servicio Profesional Docente, que
asienta textualmente que en los casos de quien no se incorpore a los programas
de regularización o no alcance un resultado suficiente en la tercera
evaluación, se darán por terminados los efectos del nombramiento
correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa. Esto determina
prácticamente un estado de excepción sobre las condiciones generales de trabajo
de uno de los profesionales que históricamente han aportado más a la fundación
de un país justo y digno. No hay para ningún otro profesionista una ley
específica que reglamente de manera excluyente y excepcional sobre los derechos
laborales. Ni a los médicos, ni a los ingenieros, ni a ningún especialista
contratado con una plaza de base se les somete a esta nueva reglamentación. No
se concibe nada semejante para esa enorme cauda de funcionarios que andan
brincando de puesto en puesto sin siquiera tener el perfil adecuado; tampoco a
los representantes de la nación que nunca, ni siquiera, rinden cuentas a sus
electores. No se han realizado evaluaciones a los expertos que construyen esa
cantidad de exámenes estandarizados, plagados de errores reiteradamente
señalados, igual que los libros de texto, que pululan por el Conacyt, Ceneval,
Comipens, INEE y otros organismos autónomos.
