Reforma educativa: menú
empresarial a la carta
Luis
Hernández Navarro
El 14 de
agosto, en su cuenta de Twitter, el empresario Claudio X. González escribió,
jubiloso y categórico: Ya era hora que Ejecutivo enviara iniciativa de leyes
secundarias educativas. Ahora toca al Legislativo ir a fondo para transformar
el sistema. Ese mismo día, remató su regocijo con un nuevo mensaje: El arte
supremo de la guerra es vencer al enemigo sin necesidad de pelear: Sun Tzu.
El
beneplácito del presidente de Mexicanos Primero hacia la iniciativa del
gobierno federal y su orden al Legislativo fueron desencadenados por el anuncio
del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, la tarde del 13 de
agosto, de que la Presidencia de la República enviaría esa misma noche al
Congreso las iniciativas de leyes secundarias de la reforma educativa.
La cita de
Sun Tzu no fue un desplante de erudición, sino algo mucho más banal: una
notificación, no muy sofisticada, de que el proyecto educativo de la coalición
que él representa, se había impuesto sin tener que luchar abiertamente. Sus
chantajes, presiones y amenazas dieron resultado. El Ejecutivo presentó como
propia la propuesta empresarial de reforma a la enseñanza, diseñada por la
Organización para la Cooperación al Desarrollo Económicos (OCDE) y cabildeada
por las cámaras patronales.
Por
supuesto, quien salió a defender y explicar las iniciativas de leyes en público
no fue el gobierno federal, sino el mismo Claudio X. González. Para que no
quedara duda de que la propuesta educativa es suya, el hasta hace no mucho
tiempo presidente de la Fundación Televisa, dijo a Denise Merker que ya era
hora de que se aprobaran leyes secundarias para evaluar la función de los
profesores frente a grupo. Y detalló: Si entraste como profesor antes de la
modificación al artículo tercero de la Constitución, tienes derecho a tres
pruebas, si repruebas las tres se te retira del grupo y se te reubica, ya sea
en el servicio público o bien dentro de la Secretaría de Educación Publica, y
“si eres profesor ‘nuevo’ y repruebas las tres pruebas dejas el servicio público
y no se te reubica en ninguna parte”.
Unos cuantos
días antes, el 9 de agosto, Emilio Chuayffet justificó su propuesta arguyendo
que busca permitir al Estado recuperar la rectoría del sistema educativo,
prisionero de los poderes fácticos. Sin embargo, la apresurada proclamación de
triunfo de Claudio X. González, demuestra que la afirmación del funcionario es
fallida. El Estado no recuperará la rectoría del sistema pedagógico nacional,
sino que se la entregará a la iniciativa privada y a la OCDE. A partir de
ahora, la agenda y el marco normativo de la educación pública estarán en manos
de esos dos poderes fácticos.
En lugar de
reconocer que las leyes secundarias presentadas por el Ejecutivo al Congreso
son un menú a la carta dictado por los intereses empresariales, Chuayffet
pretende disfrazar su sometimiento afirmando que éstas incorporan las
propuestas del magisterio democrático. Algunas –aseguró– fueron entregadas a
las autoridades del Pacto por México, y evidentemente tuvimos en cuenta algunas
de esas propuestas. Por supuesto, sus palabras son falsas. El secretario no
hace sino copiar el mismo guión de Enrique Peña Nieto, que trata de legitimar
sus pretensiones de privatizar la industria petrolera usando la figura de
Lázaro Cárdenas. No hay en ello novedad. Como suele hacer, Chuayffet miente.
Esto no es cierto. Lo que se incorporó a las leyes secundarias fueron palabras
e ideas de la CNTE de manera aislada y descontextualizada, dejando fuera lo
central de su argumentación.
Las
iniciativas de leyes secundarias presentadas por el Ejecutivo son un asalto a
las conquistas laborales del magisterio y al principio de bilateralidad en la
negociación de sus condiciones de trabajo. Confirman que la reforma educativa
es, en realidad, una reforma laboral y administrativa que busca
desprofesionalizar al magisterio, vigilarlo, controlarlo y castigarlo. Una
reforma basada en la evaluación que hace de la amenaza y el miedo al despido o
a la degradación laboral el centro de una supuesta mejoría profesional del
magisterio y la ruta para alcanzar la calidad educativa.
Los
empresarios, que tienen menos pruritos que los legisladores, lo han reconocido
con absoluta claridad. “La importancia real de la evaluación docente recae
–sostuvo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado– en las
consecuencias que deben enfrentar los maestros de no cumplir con los requisitos
que marque la ley. No puede haber marcha atrás en lo que ya se legisló en esta
materia.” Y, para que no hubiera duda en sus propósitos, la Confederación Patronal
de la República Mexicana advirtió que la evaluación de los docentes debe tener
consecuencias, positivas y punitivas también.
La
aberración de este proyecto salta a la vista si se considera que ni los médicos
que trabajan como personal de base en las instituciones públicas, ni los
abogados que litigan, ni los ingenieros que realizan obras son evaluados
permanentemente para ejercitar su profesión. Una vez que se han recibido,
cuentan con su título y cédula profesional y han sido contratados, pueden laborar
sin tener una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza. Sin embargo, la
nueva legislación establece que los maestros son trabajadores de excepción con
un régimen laboral especial, y que deben estar sujetos a vigilancia permanente.
Por si fuera
poco, el corazón de las propuestas que se discutirán a partir de mañana en el
Congreso implica, en los hechos, el fin del normalismo. Las escuelas normales
seguirán existiendo, pero su función estará completamente desnaturalizada. Sus
egresados no se diferenciarán en nada de los de otras instituciones educativas.
Las leyes
secundarias en materia de enseñanza no resolverán los grandes problemas
educativos del país, por el contrario, los agravarán. Lo que sí harán será
incendiar la pradera del descontento magisterial. Los grandes empresarios
pueden estar contentos, pero no deberían olvidar que no son los únicos que leen
a Sun Tzu.
Twitter:
@lhan55 (La Jornada)
