El dilema de la CNDH frente a la evaluación estandarizada
Hugo Aboites*
En 1997, cuando apenas comenzaba a imponerse
en México la política oficial de evaluación estandarizada (es decir, la
utilización de un referente o instrumento externo y único de evaluación) y
surgían las protestas por ese motivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
optó por defender a ultranza la primera de esas evaluaciones masivas: el examen
único para el ingreso al bachillerato. Como ya en ese momento el artículo
tercero constitucional establecía que todo individuo tiene derecho a recibir
educación, la comisión no podía alegar que el reclamo de los jóvenes excluidos
carecía de sustento y optó entonces por decir que había una confusión: “No debe
confundirse –decía– el derecho a la educación con el derecho a ingresar a las
instituciones de nivel medio superior y superior”. Una vez establecida esa
distinción, era entonces posible defender el examen de selección y de exclusión
pues el que se le impidiera el acceso a una escuela no significaba que se
negara el derecho a la educación. La distinción permitía incluso llegar al
extremo de plantear que precisamente la desesperada competencia entre los
jóvenes por no quedar excluidos era lo que aseguraba la igualdad en el acceso a
este derecho: El principio de igualdad de oportunidades supone una situación en
la cual varias personas compiten entre sí para la consecución de un objetivo
único e indivisible: el ingreso a las instituciones de educación superior (ver,
del autor, La medida de una nación, páginas 566-567, 562).
Hoy en 2013, la CNDH se ve en la necesidad de
tomar una posición frente a la evaluación estandarizada pues desde hace meses
tiene en sus manos la queja que contra el examen único le presentó el
Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES). Aunque los
organizadores del examen único (UNAM, IPN, etcétera) han cancelado ya la
exclusión más evidente, la de aquellos aspirantes que no alcanzaban determinado
puntaje, siguen manteniendo otros criterios que de manera eficiente cumplen el
mismo propósito, como el cobro de varios cientos de pesos como condición
indispensable para acceder y permanecer en ese nivel educativo, y un examen que
a la hora de distribuir los lugares siempre da preferencia a los aspirantes de
género masculino y a los de estratos sociales más favorecidos.
La situación de los derechos humanos en el
examen único ha cambiado poco, pero el contexto ciertamente ya no es el mismo.
Ahora el derecho a la educación media superior es constitucional, con lo que no
cabe ya aplicar la distinción de 1997. Pero además, hoy los exámenes
estandarizados están siendo seriamente cuestionados. Las detalladas denuncias
de los maestros y especialistas han contribuido a desnudar la inoperancia y
carácter contraproducente de una evaluación construida a partir de patrones
únicos de referencia para una nación plurirregional y pluricultural. Y la SEP
acaba de cancelar la prueba Enlace y el examen para seleccionar maestros, ambas
estandarizadas. Ya antes, la Conapred había encontrado discriminatoria a la
prueba Enlace y la SEP misma utiliza exámenes de selección para sus
universidads interculturales. La UACM y las preparatoriass del GDF no utilizan
estos exámenes y, desde hace medio siglo, casi la mitad de los admitidos a la
UNAM lo hacen sólo con base en el promedio (pase automático). Y, como aparece
en los análisis que entregó el MAES a la CNDH, mientras que los rasgos de
discriminación por género y origen social se mantienen entre los que se
seleccionan con base en el examen, esos rasgos desaparecen en el caso de los
admitidos sin examen.
En este contexto, la CNDH puede optar por
seguir defendiendo la evaluación estandarizada, con la ayuda de alguna
imaginativa tesis, pero también puede recomendar a la SEP que, en un momento en
que desde el Ejecutivo la evaluación es motivo de discusión y de cambios
importantes, abra un diálogo sobre los derechos humanos en el acceso a la
educación, la ampliación de la cobertura y la garantía de una educación
equitativa para todos en la media superior. La participación de maestros,
estudiantes, padres de familia, pero también autoridades, especialistas y de la
propia CNDH y otros organismos podría ofrecer alternativas a un mecanismo que
muestra crecientes limitaciones. Entre otras, que ha propiciado un
significativo incremento en la deserción en este nivel.
* Profesor/investigador del Departamento de
Educación y Comunicación, UAM-Xochimilco. Su libro más reciente es La medida de
una nación.
