La meritocracia y las escuelas normales

ALBERTO SEBASTIÁN BARRAGÁN

Hace noventa años Max Weber definía el saber profesional especializado como característica imprescindible del cuadro administrativo burocrático. Los funcionarios que lo integraran, deberían poseer una “calificación profesional” que fundamentara su nombramiento. De este modo, se perfilaban los requerimientos para las personas encargadas de realizar acciones públicas.

Todas las funciones que realizan las instituciones requieren de personal adecuado, que tenga preparación y experiencia suficientes para desempeñar el cargo conferido. Administrativamente, considerar las cualidades de los recursos humanos ha sido una medida impuesta a la relación contractual y, en estos tiempos de neoliberalismo, es un común denominador en varias instituciones públicas y privadas.

Esta noción de profesionalización en nuestro país, es entendida a partir de la década de los 90 como Servicio Civil de Carrera o Servicio Profesional de Carrera. México comienza a tornar sus políticas de profesionalización en forma sectorial a partir de 1994, con el Servicio Exterior Mexicano; luego, el Servicio Profesional Electoral; después, el Servicio Profesional Agrario, hasta llegar al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en el 2003.

La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su Artículo 2, menciona que el “Sistema de Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad”, así también establece que sus principios rectores son: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género.

En el Artículo 8 se señala que esa ley no aplica para el personal de la Presidencia, Secretarios, Subsecretarios y demás funcionarios de primer orden; pero tampoco comprenderá al “personal docente de los modelos de educación preescolar, básica, media superior y superior”, ya que, algunos de ellos estarán sujetos a algún sistema de servicio civil de carrera. Esto, de alguna manera, explica la necesidad de un Servicio Profesional Docente, como el que vendrá.

La educación es un servicio público (hasta el momento) y la reforma que viene es de corte neoliberal. Y se pretende ampliar hacia el campo educativo la lógica de contratación basada en el mérito. Si bien no estaba estipulada una ley específica para el “acceso, promoción y permanencia” del personal del ámbito educativo, sí había mecanismos de crecimiento, no vertical, pero sí horizontal, como el Programa Nacional de Carrera Magisterial (PNCM).

Carrera Magisterial es un programa que se ha venido desarrollando, tergiversando y modificando desde 1993 hasta la actualidad, con una característica importante: es opcional y depende de la voluntad del docente participar o no; es un proyecto de desarrollo profesional, no un requisito.

Sin embargo, para comprender el alcance que habrá de tener una lógica del Servicio Profesional Docente es necesario percibir el acceso desde una noción de coyuntura de la docencia; porque es el momento culminante de la “formación inicial” (de la educación normalista) y es el punto de partida de la “formación continua” (profesionalización de maestros en servicio).

Resulta imprescindible señalar que la docencia necesita a los mejores estudiantes para que puedan enseñar lo que aprendieron. La docencia requiere a los estudiantes “mejor calificados”: esto es, a los que obtuvieron mejores promedios y obtuvieron reconocimientos en su trayectoria escolar. La docencia está compuesta (o “debe” estar compuesta) por los estudiantes que acumularon méritos para ser maestros.

El ingreso a las escuelas normales se daba en forma indiscriminada (¿o aún se da?), con pleno uso de influencias y recomendaciones para darles carrera a algunos jóvenes “ya aunque sea de maestro”. Y la tradición del mérito en bachillerato no era tan tomada en cuenta como señalamos arriba, pero lo que sí podemos apuntar como avance es el examen de admisión que ocupan las normales para seleccionar a sus estudiantes, para matricular a los futuros maestros.

La educación normalista, por su parte, también ha tenido una serie de reformas como las que han ocurrido en educación básica. Alfonso Durán establece una sinonimia sarcástica en su texto “Las reformas curriculares en educación normal o la tarea de Sísifo”, evocando la imagen del mito clásico del castigo que le imponen a Sísifo. Nada más ilustrador del normalismo que ese mito.

Si bien, han sido modificaciones curriculares en la educación normalista, ha prevalecido una constante en las normales: las “inercias”, que han mantenido ese statu quo de la formación inicial de los docentes y que, en suma, encierran una meritocracia latente, entonces ¿Cuál es el reto de las escuelas normales ante el Servicio Profesional Docente?

Hasta este momento, en la iniciativa de reforma que se aprobó en diciembre pasado se mencionan: “ingreso, promoción y permanencia”, pero aún no se han hecho explícitos los requisitos a cubrir por los maestros. La docencia había permanecido exenta de un Servicio Profesional de Carrera como mecanismo de acceso al trabajo, pero ahora las reglas cambian.

Dentro del modelo económico en que vivimos, los trabajadores son asumidos como capital humano, es decir, como trabajadores que acuden al mercado con diferentes capacidades, y con diferentes calificaciones. Así como existen mecanismos de profesionalismo de carrera en otros sectores, es posible que tenga mayor presencia la “credencial educativa” dentro de los trabajadores de la educación.

La teoría de la fila, o la teoría del credencialismo, enfatizan la escolaridad y cantidad de grados ganados para el concurso por una plaza de trabajo. La reforma educativa apunta hacia allá. Si se ha concebido la docencia, como una profesión de estado, resulta fácil imaginar que habrá  modificaciones (sobre las modificaciones recientes) dentro de las normales públicas, y esperaríamos lo mismo de las normales privadas.

¿Cómo llegan las normales a esta nueva política meritocrática? Pues, ya decíamos del examen de ingreso, aunemos los exámenes bimestrales, los exámenes departamentales, los criterios de desempeño, los exámenes generales de conocimiento, los exámenes de oposición… todos alineados con la evaluación universal.  Eso es lo que se tiene hasta el momento, esperaremos a ver qué se suma en el camino, y en qué se convierte todo esto.