Tres perspectivas de la evaluación educativa
EDUARDO
BACKHOFF ESCUDERO
Este
artículo tiene el propósito de abonar elementos para reflexionar sobre el tema
de la reforma educativa, que habla de la evaluación vinculada con el Servicio
Profesional Docente. Aunque en este escrito no se discuten formas específicas
de evaluar a los profesores, las consideraciones son atingentes para cuando
haya que definirlas.
En
términos prácticos, evaluar a un estudiante (o en su caso a un docente) es una
tarea relativamente fácil: basta con elaborar una prueba con una serie de
preguntas sobre un tema de interés, administrarla, calificar las respuestas,
calcular el porcentaje de aciertos, e interpretar los resultados con base en
una escala predefinida (por ejemplo, del 0 al 10).
Esto
es lo que hacen los profesores en su salón de clases, de cualquier nivel
educativo, y nadie duda de la validez del procedimiento utilizado, de los
resultados obtenidos, de su interpretación, ni de las decisiones educativas que
se toman (por ejemplo, aprobar o reprobar a un estudiante).
Sin
embargo, cuando se trata de evaluar las competencias escolares de los
estudiantes en un estado o un país, como lo
hacen la SEP con ENLACE, el INEE con Excale y la OCDE con PISA, la
metodología de evaluación se torna sumamente sofisticada, en la que interviene
una gran diversidad de expertos: desde especialistas en currículo y enseñanza
de contenidos específicos, hasta especialistas en psicometría y análisis de
datos. En las evaluaciones de gran escala se desea asegurar que los resultados
de las pruebas sean válidos y confiables, sus interpretaciones correctas y las
decisiones pertinentes.
De
acuerdo con la tradición psicométrica estadounidense, validar la interpretación
y uso de los resultados de las evaluaciones es valorar la racionalidad o
argumento en que se sustentan las conclusiones sobre los resultados de una
evaluación. En última instancia, la necesidad de validación se deriva de la
exigencia científica y del requerimiento social de que se justifiquen las
decisiones que se tomen.
Por
lo general, la calidad de las evaluaciones se juzga con criterios científicos.
Desde esta perspectiva, la preocupación principal es la exactitud de los
resultados de las evaluaciones, en términos de su semejanza con el verdadero
atributo que se mide (por ejemplo, comprensión lectora). Un segundo elemento de
preocupación es la consistencia (o precisión) de los resultados. La exactitud
se asocia con la noción de validez y la consistencia con el concepto de
confiabilidad. La perspectiva científica ha sido muy fructífera y base del
desarrollo de las teorías y prácticas actuales de la evaluación educativa. Sin
embargo, no es la única óptica que puede adoptarse cuando se trata de evaluar a
personas con propósitos públicos, sobre todo cuando los resultados tienen
consecuencias duras. Incluso para muchas personas esta perspectiva no es la más
natural e importante. De acuerdo con el psicómetra Michael Kane, en los Estados
Unidos han emergido al menos otros dos puntos de vista: el de los usuarios
(personas evaluadas) y el de los funcionarios públicos (tomadores de
decisiones).
Para
los usuarios, las evaluaciones se consideran concursos o competencias que se
quieren ganar; los estudiantes o profesionistas siempre desean salir bien en
los exámenes de admisión o certificación. La idea básica detrás de esta perspectiva
es que en todo proceso evaluativo siempre hay ganadores y perdedores, por lo que el concepto de validez se
considera sinónimo de justicia. Las personas evaluadas no están tan interesadas
en los criterios científicos de las evaluaciones (exactitud y consistencia),
como lo están en contar con procedimientos de medición justos y comprensibles
que les permitan conseguir legítimamente las puntuaciones más altas posibles.
Así, en la preparación para responder un examen, las personas se concentran en
estudiar los contenidos que se evalúan, lo que no hacen con los contenidos que
no forman parte del examen. Estas actividades son respuestas legítimas y
sensibles a la situación que vive la persona, quien trata de satisfacer las
demandas evaluativas que se le imponen. Hacer lo contrario sería perder la
racionalidad de los intereses y necesidades de quienes son evaluados.
Un
tercer punto de vista es el de los funcionarios públicos que se encargan de
tomar decisiones que impactan la vida de las personas evaluadas (por ejemplo,
seleccionar, certificar o promover). Estos funcionarios deben tomar decisiones
en forma rápida, eficiente y apropiada, por lo que requieren emplear
procedimientos bien definidos, sistemáticos y estandarizados; lo que se hace
generalmente en forma mecánica y algorítmica. Desde esta perspectiva, las
evaluaciones deben operar bajo normas de objetividad e imparcialidad, por lo
que desean que los procesos evaluativos sean justos, o al menos que lo
parezcan. Por lo tanto, la objetividad se valora altamente en este contexto,
porque es vista como la promoción de la equidad.
En
síntesis, es importante tomar en cuenta que existen varias perspectivas sobre
las evaluaciones educativas y que ninguna de ellas debe de prevalecer sobre las
demás. Lo que es más importante para el científico, no lo es para la persona
evaluada y tampoco para el tomador de decisiones. El reto que tendrá el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a quien le tocará
instrumentar la evaluación de docentes, de la Reforma Educativa, será saber
mediar estas tres ópticas de tal manera que las evaluaciones sean válidas ante
los ojos del científico, del tomador de decisiones y de los propios docentes,
así como la del público en general que estará atento de ese proceso (una óptica,
no revisada en este pequeño ensayo).
*
Investigador en las áreas de evaluación educativa y tecnología educativa.
Se
desempeña también como docente de la Maestría en Ciencias Educativas
de
la Universidad Autónoma de Baja California
