El concurso, de nuevo
Carlos
Ornelas
En memoria
de Leopoldo García Colín-Scherer.
Un político
que practique la ética de la responsabilidad, diría Max Weber, tiene que
entregar resultados palpables de su hacer. En las semanas pasadas, la
Secretaría de Educación Pública tenía que abrir nuevas plazas docentes para la
educación básica, así como llenar las vacantes por jubilación. El dilema que
enfrentaron el secretario Emilio Chuayffet y la SEP como institución, era
seguir los mecanismos establecidos en la Alianza por la Calidad de la Educación
(de triste memoria) o arriesgarse a imponer nuevas reglas sin que se haya aprobado
todavía la ley del servicio profesional docente. Optaron por lo primero sin que
—al parecer— se hayan tomado las medidas suficientes para evitar que se repitan
las chapuzas que se cometieron en las cinco ediciones anteriores del Concurso
Nacional de Asignación de Plazas Docentes.
El concurso
no surgió como un asunto legal, el presidente Calderón no quiso “ofender” al
magisterio y utilizar el poder del Estado para fijar las nuevas reglas mediante
la ley. Prefirió pactar con la dirigencia del SNTE, en particular con Elba
Esther Gordillo, un simulacro de concursos de oposición, donde de manera
discreta se mantuvieran la herencia y la venta de plazas. La investigación
educativa demostró que en las primeras ediciones la fullería triunfó sobre el
mérito; el propósito de reclutar a los mejores candidatos para el ejercicio
docente se pervirtió mediante maniobras, algunas burdas, otras sofisticadas,
que desvirtuaron la meritocracia que pregonaba la retórica de la ACE.
La SEP y el
SNTE, en consecuencia, acordaron aplicar las viejas (aunque de reciente
confección) reglas del juego y convocaron a la sexta edición de ese concurso.
Mas no hay noticias de que se pondrá mayor vigilancia sobre los procesos y
resultados; se convocan las plazas de nueva creación mas el destino de las
vacantes es incierto. Esas reglas aseguran que las secciones del SNTE, que
tienen colonizadas las estructuras de gobierno de la educación básica en los
estados, se hagan cargo de casi todo. En la mayoría de los estados imponen
condiciones discriminatorias que violan el artículo uno de la Constitución. Por
ejemplo, ser nativo de la entidad, haber estudiado en una escuela normal de ese
estado, tener menos de cierta edad, haber acreditado cursos de capacitación en
las escuelas sindicales u otras que tienen poco que ver con el perfil de un
buen docente. Se pide obtener 31% como mínimo para obtener una plaza.
Esos son
asuntos que se notan en las convocatorias. Pero hay mecanismos tácitos que no
se manifiestan a simple vista.
Se sabe que
en las condiciones del México actual, donde el respeto por la ley es escaso,
los chapuceros siempre encuentran la rendija (o la puerta grande) por dónde
meter sus trampas: amañan los concursos, pasan respuestas, facilitan el
copiado, introducen a delegados en el Órgano de Evaluación Independiente con
carácter Federalista (que legitiman el hacer de esas cosas) y, si tienen la
oportunidad, falsean los resultados. Además, en caso de que un “forastero”
llegara a ganar una plaza, se la hacen cansada al momento de la asignación. A
veces se tardan años y el ganador, aunque proteste, se fatiga y se da por
vencido. Conozco casos.
No todo se
debe a la presión sindical. Hay entre los maestros mexicanos una cultura
patrimonialista (“la plaza es de mi propiedad”) que persevera, aunque se
cambien las leyes. Esta “persistencia cultural”, como la denominan antropólogos
neoinstitucionalistas (o de cliente patrón, como la llamaba Octavio Paz),
condiciona pautas institucionales y estorban la innovación. Son usos y
costumbres arraigados en el hacer cotidiano de miles de docentes que son una
barrera sólida contra los cambios.
La SEP,
hasta hoy, no ha sabido acercarse al maestro de grupo, al cumplido, al que está
dispuesto a arriesgar y optar por los cambios si le quitan controles burocráticos
de encima. Si el secretario Chuayffet y la SEP quieren ejercer la ética de la
responsabilidad y entregar buenos resultados, habrá que acercarse a esos
docentes y hacerlos aliados en las reformas por venir.
Para
empezar, sería conveniente que se impulsara una vigilancia pública sobre el
sexto Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes.
*Académico de la Universidad
Autónoma Metropolitana
