La difusión del conocimiento científico 

como política pública

Javier Flores

Difundir el conocimiento científico entre la población es una de las tareas de la mayor importancia para nuestro país. México se caracteriza por bajos niveles educativos, como lo han mostrado reiteradamente las evaluaciones internacionales, y posibilidades restringidas en amplios sectores de la población para acceder a la educación formal. A esto habría que sumar un escaso número de instituciones científicas y de investigadores en relación con el tamaño de la población y de la economía.

Si bien desde hace tiempo y en distintos espacios se han planteado algunos de los beneficios que tiene la comunicación de la ciencia entre el público no especializado, hay algunos efectos de esta actividad que tienen particular importancia. Me interesa resaltar algunos de ellos, como su papel educativo, pues al insertarse en el vasto territorio de la educación no formal, rompe las barreras impuestas para el acceso a las aulas. De este modo la población no especializada sin distingos de edad o condición socioeconómica puede estar al tanto de los progresos alcanzados en los distintos campos del conocimiento científico y tecnológico en México y el mundo.

La democratización de este conocimiento tiene efectos positivos muy variados que se traducen en el mejoramiento de la calidad de vida pues, por ejemplo, una persona informada en el campo de biomedicina puede actuar, mucho mejor que alguien que no lo está, en la prevención de las enfermedades, cuestionar o intervenir en los tratamientos médicos y en su caso en la rehabilitación, lo que garantiza una vida más saludable para ella y su familia. También puede entender mucho mejor los problemas relacionados con el abastecimiento del agua y los efectos del cambio climático y participar activamente en el cuidado y preservación del medio ambiente, entre muchos otros temas, además de disfrutar del placer que brinda el conocimiento.

Una sociedad informada sobre las formas de proceder y los resultados de la investigación científica, está mejor capacitada para participar activamente en la toma de decisiones sobre los temas que afectan su vida y su país, a partir de opiniones sustentadas en criterios objetivos y racionales, despojadas de prejuicios y dogmas.

Estas son algunas de las razones por las cuales, incluir a la difusión del conocimiento dentro de las prioridades en las políticas públicas de ciencia y tecnología, tiene hoy especial importancia para México.

Por ello cobra relevancia el proyecto de decreto aprobado recientemente por el Senado de la República por el que se reformaría la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al cual me referí en este mismo espacio la semana pasada, pues es un primer paso en la dirección apuntada. No voy a repetir cosas a las que ya hice referencia en ese texto, sino agregar otras que han surgido de preguntas que han formulado algunos colegas y amigos sobre este tema.

Una reforma como la citada tendría efectos muy importantes sobre las actividades del Conacyt, pues este organismo concentra aproximadamente 40 por ciento del gasto nacional en ciencia y tecnología y es el ejecutor de las políticas públicas en esta materia. La modificación legal plantea que ese consejo deberá emprender acciones que promuevan y fortalezcan la divulgación científica entre los investigadores y las organizaciones de la sociedad civil (como las academias y sociedades científicas, por ejemplo). Lo anterior abre interrogantes sobre las formas para orientar el trabajo de los científicos hacia la divulgación, lo que justifica la pregunta sobre posibles modificaciones en el Sistema Nacional de Investigadores, para dotar de un mayor peso a la difusión del conocimiento entre sus criterios de evaluación, por ejemplo.

Entre los efectos potenciales de la reforma, (que hoy se encuentra bajo el escrutinio de los diputados), también se encuentra la asignación de fondos para promover y fortalecer la divulgación científica. En este sentido dar mayor importancia a esta tarea, no sería algo oneroso, pues si bien sería necesario destinar partidas a la difusión de la ciencia, no serían de la magnitud que se requiere para los proyectos científicos y tecnológicos vistos en conjunto. En otras palabras, divulgar la ciencia no cuesta lo mismo que armar un colisionador de hadrones. Una idea que puede ayudar en este objetivo, sería destinar un porcentaje de los apoyos que otorga este organismo para que los destinatarios de los mismos los empleen de manera obligatoria a la divulgación de sus propios resultados entre la sociedad.

Esta reforma puede tener efectos muy positivos para el país, pues llevaría a todas las instituciones de educación e investigación a valorar esta tarea y reconocer además el importante papel que desempeñan los profesionales en la divulgación de la ciencia y la tecnología.

La reforma podría dar la impresión de que con ella se obliga al Conacyt a algo que a lo mejor no quiere. Pero esto no es así. Tanto el director general de este organismo, como algunos de sus más altos funcionarios se han manifestado por este propósito. De hecho, desde su toma de posesión, el doctor Enrique Cabrero manifestó su propósito de avanzar hacia una sociedad del conocimiento y entre sus colaboradores más cercanos, me consta, hay personas convencidas de la importancia de la divulgación de la ciencia que han sido incansables promotores de la misma, lo cual es totalmente coherente, pues si no ¿cómo transformar a México en una sociedad del conocimiento... sin la sociedad?