Aulas llenas
John M.
Ackerman
Quienes
quieren las escuelas vacías y los maestros en la calle no son los valientes
profesores que protestan, sino los líderes empresariales, mediáticos y
políticos que defienden la contrarreforma educativa de Enrique Peña Nieto. La
aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados a una nueva Ley General del
Servicio Profesional Docente (LGSPD) dejaría literalmente en la calle, bajo la
excusa de salir reprobados en evaluaciones sesgadas y hechas a modo, a una
multitud de destacados maestros formados en la docencia, entregados a sus
alumnos y comprometidos con el desarrollo nacional. Estaríamos así ante un
enorme desperdicio de capital humano que dañaría gravemente al país.
Pero lo más
preocupante es que después de esta purga magisterial las aulas pueden quedar
vacías. Pocos jóvenes querrán aceptar los bajos salarios y las precarias y
anticonstitucionales condiciones laborales incluidas en la LGSPD, sobre todo
con la intensidad de la dedicación profesional, emocional y física, y las
largas jornadas laborales que se requieren para ser un buen maestro.
Los pocos
remplazantes serán individuos de bajo rendimiento sin ninguna otra alternativa
laboral. También tendrían que ser personas dispuestas a ser maltratadas por sus
superiores, ignoradas por su sindicato y despedidas a la menor provocación. Eso
sí, aunque tendrían que abandonar cualquier deseo de experimentar en el aula o
fomentar una actitud crítica en sus alumnos, los nuevos tecnócratas de la
educación tendrían que ser muy hábiles en el llenado de exámenes de elección
múltiple.
Y mientras
se buscan nuevos profesores idóneos que ofrezcan una educación supuestamente de
calidad, las aulas se mantendrán vacías o atendidas por suplentes sin
capacitación o conocimiento especializado alguno. Simultáneamente, los maestros
despedidos tendrán que abandonar sus libros escolares y su formación
humanística para ir a manejar un taxi, lavar platos en Estados Unidos o engrosar
las filas de la delincuencia organizada.
La propuesta
de LGSPD es profundamente autoritaria. Los perfiles, parámetros e indicadores
para evaluar a los educadores serán desarrollados por la Secretaría de
Educación Pública y revisadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación, sin participación alguna de los profesores. Y la aplicación y la
calificación de los exámenes estará en manos de funcionarios externos, muy
probablemente en alianza con empresas privadas que lucren con este jugoso nuevo
negocio.
Quienes
conocen mejor los detalles y los retos para ser un buen maestro son los mismos
profesores. Ellos tendrían que ser los encargados de proponer los criterios y
participar en el proceso de evaluación. Si bien la autoevaluación cuenta con
límites claros, la revisión por pares es esencial en cualquier sistema de
evaluación democrática e integral. Por ejemplo, no existe razón alguna para
diferenciar entre los profesores e investigadores universitarios, quienes somos
evaluados rigurosamente cada 3 o 4 años por nuestros pares y no por autoridades
al servicio de la clase política, y los maestros de educación básica y medio
superior.
Otro grave
problema es el enfoque punitivo de la LGSPD. En lugar de apoyar a los maestros
a sobresalir en condiciones difíciles, sobre todo en las zonas más abandonadas
del país en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, la ley busca castigarlos por
las fallas generalizadas del sistema de educación pública. La columna vertebral
de la propuesta de ley es el despido automático después de tres exámenes
fallidos (el clásico “ three strikes and you’re out”), o de manera inmediata si
el maestro se rebela en contra del sistema de evaluación en su conjunto.
Pero para
realmente mejorar la calidad educativa, el proceso de evaluación tendría que
concebir al maestro como parte de un sistema integral que incluya a la escuela
y a las autoridades educativas correspondientes. Cuando un maestro reprueba un
examen, reprueba el sistema educativo en su conjunto. La respuesta tendría que
ser atender las raíces estructurales del problema en lugar de buscar chivos
expiatorios y castigos ejemplares. Y si se trata de facilitar despidos, muchas
veces se logra más con la separación de su cargo del secretario de Educación
correspondiente que con el despido de los miles de maestros a quienes los
funcionarios han fallado al no prepararlos correctamente.
Finalmente,
la propuesta de LGSPD también viola flagrantemente el artículo 123
constitucional al permitir al gobierno despedir a los maestros, en una variedad
de situaciones, supuestamente sin responsabilidad alguna para la autoridad. Con
estas disposiciones se busca limitar al máximo la intervención tanto de las
Juntas de Conciliación y Arbitraje como del Poder Judicial. Se busca cancelar
los derechos laborales y sindicales de los maestros al reducir sus contratos a
meros acuerdos administrativos.
Los maestros
deberían estar en las aulas no en la calle. En lugar de buscar pretextos para
despedir a los profesores que generosamente han consagrado sus vidas a la
enseñanza de nuestros hijos, habría que aumentar sus salarios, mejorar sus
condiciones laborales, renovar la infraestructura escolar y desmontar el
autoritarismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
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