La CNTE, una lucha con resultados
Manuel
Pérez Rocha
La
lucha sigue. Los maestros de la CNTE valoran sus logros, han reafirmado el
sentido de sus empeños de más de 30 años, y tienen claro que no han sido
inútiles ni les falta justificación ¿Quién puede negar hoy que sus batallas han
sido y son necesarias y valerosas respuestas a la antidemocracia y corrupción
impuesta en el SNTE por los gobiernos de PRI y PAN? Entre sus logros no está la
defenestración de Gordillo, ésta obedeció a la pugna interna de la mafia que
controla a este país por encargo de la plutocracia que lo explota. Pero ¿cómo
ignorar las valiosas lecciones que nos dan los maestros de la CNTE, ilustradas
tan sabiamente por Bernardo Bátiz en estas páginas el pasado sábado 14? ¿Cómo
ignorar el despertar de la conciencia de miles de maestros en todo el país que
reclaman una verdadera reforma educativa y el respeto a sus derechos laborales
básicos?
Entre
los logros de la férrea resistencia de la CNTE deberá reconocerse también la
cancelación de algunas de las aberraciones pedagógicas y políticas de los
gobiernos recientes, entre ellas el Acuerdo por la Calidad Educativa firmado
por Gordillo y el gobierno panista, la prueba Enlace, la evaluación universal
de los maestros y la Carrera Magisterial, todas ellas hoy reprobadas incluso
por el nuevo gobierno, que a los maestros les significaron despidos y otros
castigos, y han generado un perjuicio incalculable a la educación de los niños
y jóvenes mexicanos (¡tan defendidos por Televisa!); y también está entre sus
logros la eliminación de algunas de las absurdas pretensiones draconianas
iniciales de las actuales reformas legales. De todos estos estropicios, los
gobernantes y los medios a su servicio nada dicen, en cambio satanizan a
quienes los han denunciado y combatido.
La
lucha sigue porque hay cuestiones con las cuales no se puede transigir, no es
asunto de negociar (que es a lo que los políticos corruptos están
acostumbrados), no se está pidiendo una prebenda o un beneficio personal o de
grupo. Se demanda la derogación de las atropelladas reformas a la Constitución,
porque son la base para cancelar derechos laborales básicos de los que dependen
la sobrevivencia de cientos de miles de familias y la educación de generaciones
enteras. La Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), declarada
como el corazón de la reforma educativa por el propio gobierno, es una nueva
aberración. Lejos de conformar la base de la profesionalización de los
maestros, consolida a éstos como empleados (doblegados, según la etimología de
esta palabra) de un monstruoso aparato burocrático que desconfía de ellos y los
mantiene en permanente y amenazadora vigilancia a través de directores, jefes,
inspectores y supervisores, a los cuales ahora se sumarán tutores y
evaluadores.
Simplismo,
descuido e incoherencia son otros graves defectos que caracterizan a la
solución que los actuales gobernantes, asesorados por la OCDE e instigados por
Televisa, quieren dar al grave y complejo problema educativo de esta era; hace
ya 35 años, Philip Coombs (desde la Unesco, institución cultural ahora
eclipsada por la OCDE, cuyo interés son los negocios) advirtió la crisis
mundial de la educación. Ejemplo de incoherencia: quienes elaboraron la recién
aprobada LGSPD oyeron la insistente demanda de que los maestros trabajen de
forma colegiada y que la escuela se constituya en una comunidad de aprendizaje;
bien, pues incluyeron en esa ley una declaración al respecto, faltaba más. Pero
toda la ley la contradice e impone una fórmula organizacional y administrativa
vertical que incluso en el mundo empresarial avanzado ha sido superada hace
muchos años.
El
maestro Armando Peraza, de la Universidad Pedagógica Nacional, lo expresa en
estos términos: La evaluación de los maestros no es la solución, ni siquiera se
acerca a ella. Desde la visión de las ciencias de la organización, la calidad
pasa por el trabajo en equipo. Estas ciencias destacan la necesidad de impulsar
sinergias mediante la creación de condiciones que propicien la consolidación de
equipos autogestivos en las escuelas que periódicamente se recompongan para
obtener un mejor rendimiento y productividad, generándole amplios beneficios a
la organización. El problema educativo requiere una reforma organizacional, no
una reforma punitiva como la planteada, que sólo ataca el síntoma y no la
enfermedad.
Si
los reformadores de nuestro sistema educativo quisieran informarse de lo que
están hablando, podrían asomarse, por ejemplo, a los proyectos de comunidades
de aprendizaje que en la propia SEP ha elaborado e impulsado, con gran éxito,
Gabriel Cámara, doctor en educación por la Universidad de Harvard y asesor de
dicha secretaría. Hace unas semanas, en una entrevista que le hizo La Jornada,
el doctor Cámara se refirió así respecto de la actual reforma educativa: “Su
pobreza se ve en que se centra en la evaluación. Es una reforma superficial. En
el terreno laboral se busca tener más control. Se podrán quitar algunos excesos
del sistema, como la venta de plazas, pero centrar el cambio en la evaluación
está mal. Estados Unidos, de donde copiamos estos modelos, está abandonando la
evaluación estandarizada y los modelos de privatización de la educación, como
la escuela chárter. Se comprobó que no son mejores que las públicas, pero
nosotros vamos con retraso, aún lo queremos imitar. Ese es el riesgo”.
Los
propios maestros de la CNTE han elaborado e impulsado varios proyectos
pedagógicos en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, a los que me he referido en
este espacio, con resultados valiosos, que logran a la vez enriquecer la
educación y propiciar el desarrollo profesional del magisterio. Estos esfuerzos
han sido ignorados por los autores e impulsores de las reformas actuales. ¿Cómo
es posible que en vez de discutir estas cuestiones, el gobierno acuda a los
robocops y sus toletes? Es claro que, en vez de escuchar a los maestros,
obedece al belicoso presidente de Mexicanos Primero (Televisa), quien con
actitud provocadora advirtió: Si no hay turbulencias quiere decir que no
estamos haciendo lo suficiente.
La
lucha de la CNTE sigue, sus demandas son legítimas, son necesarias, sus
resultados son efectivos. (La Jornada)