Magisterio nacional: confuso y confundido
LEIB
CILIGA
Con
el concepto de Reforma Educativa han sido involucradas todas las carencias que
conforman el sistema educativo público de algunos niveles escolares. Una
reforma que, en principio, no abarca toda la actividad moderna de aprendizaje y
creación de conocimientos, ni siquiera involucra a todos los niveles educativos
públicos ni a todas las escuelas. Una reforma en la que cada analista evoca y
somete a respaldos o a denostaciones los aspectos que le parecen relevantes. Lo
mismo hacen los actores más importantes involucrados en el proceso de cambio:
las autoridades, los líderes sindicales, los docentes que buscan acuerdos que
poco tienen que ver con los objetos de la transformación propuesta.
A
estas alturas del debate resulta imposible proponer orden en el análisis y en
las discusiones. La confusión reina al pretender comentar las soluciones de un
problema mal definido. Este es el origen del desencuentro nacional, que amenaza
con profundizar las diferencias y desigualdades de orden político, social,
económico, cultural. La ausencia de claridad en la construcción intelectual del
problema a resolver, de los alcances y limitaciones de las soluciones ha
desatado una energía social digna de mejor propósito.
El
detonante del problema fue una cuestión de resultados, el reconocimiento de
efectos, no de causas. Primero, la cuestión salarial de los docentes, que
empezó a ser resuelta por el arribo de Elba Esther Gordillo a la dirigencia
sindical y que no paró hasta hacer del magisterio una fuente importante de
rentas. Gilberto Guevara Niebla detectó el mal principal y lo dio a conocer con
su ya clásico estudio México: País de reprobados. En efecto, los estudiantes
salían reprobados en las evaluaciones. Estos ejercicios y sus malos resultados
fueron negados y ocultados por las autoridades de la Secretaría de Educación y
por las dirigencias sindicales. Miguel Limón Rojas, mediocre secretario
veracruzano de educación nacional, de triste memoria, escondió en el cajón de
su escritorio los estudios internacionales que mostraban el fracaso de nuestro
sistema educativo básico.
Demostrado
el fracaso de los alumnos, se continuó con la evidente mala calidad de los
maestros. Este “análisis hacia arriba”, de la base de la pirámide hacia la
cúspide del sistema educativo, fue suspendido. Todo quedó reducido a la
relación maestro/alumnos. Acaso fueron involucradas en el estudio las carencias
de infraestructura básica y de condiciones tecnológicas. Pero sobre la
responsabilidad de las autoridades educativas, de las dirigencias sindicales,
de las dirigencias políticas y de la irresponsabilidad empresarial nada se
estudió, nada se dijo. Es el conjunto de estas responsabilidades y de las
acciones de los actores respectivos en donde radican los problemas causales que
tienen efectos en las relaciones maestros/alumnos.
Así
que el primer problema a plantear y resolver es de orden político y de
organización del sistema educativo. Su estructura es el resultado de la
decisión política de organizar a los maestros del sector público como una
corporación al servicio político del sistema para su reproducción cultural, en
primer lugar. En segundo lugar, para mantener su respaldo electoral y político,
sometido el magisterio a las necesidades del Partido Revolucionario
Institucional y sus candidatos y funcionarios. Para lograr este fin, los
gobiernos acordaban con las dirigencias sindicales del magisterio las canonjías
y castigos que debían regir la vida laboral de los docentes. A los empresarios
no les importaba la calidad de la educación, ni la pública ni la impartida en
colegios privados. Ellos querían mano de obra barata, sin importarles la
calidad, pues no enfrentaban los retos de la productividad y la competitividad.
La
evolución de esta situación produjo una paradoja que sigue sin ser resuelta: la
privatización silenciosa del magisterio. En efecto, con la complicidad de las
autoridades, los sindicatos, organización privada de los maestros, legalmente
enfocada a la defensa de sus derechos, fueron convertidos en los dueños de la
carrera magisterial, de las plazas de los maestros, de los puestos directivos,
de los presupuestos públicos e inclusive, de las secretarías o subsecretarías
públicas del ramo. Esta invisible privatización de la educación ni siquiera ha
sido puesta a debate en las discusiones actuales sobre la reforma educativa.
Esta
es la matriz de los problemas educativos del país. En su origen político, ha
evolucionado hasta la privatización del sistema, bajo parámetros de rendimiento
de fidelidad sindical, el patrón verdadero de los maestros, y convertido en la
fuente del sistema de rentas económicas más abundante y poderoso del gobierno
en México. La educación pública en nuestro sistema representa algo más que el
sustento de la reproducción cultural del Estado. También sobrepasa el poder
político/electoral del sistema. Es la fuente de riquezas parásitas más fuerte,
pues las rentas del sistema educativo constituyen el mecanismo de
enriquecimiento más poderoso para unas élites, sin que su funcionamiento genere
ganancias, como el sistema de la producción de energía de PEMEX y CFE.
Las
soluciones racionales a los problemas derivados de este entramado son
relativamente fáciles de instrumentar. Sin embargo, por tratarse de una
cuestión convertida en problema político, las soluciones son complicadas. Como
quiera que sea, este tipo de soluciones no puede perjudicar, intencional y
directamente, a los sujetos explotados por el sistema actual: a los maestros. Y
aquí radica lo confundido que está el magisterio que sufre las consecuencias
tanto de la reforma como de las luchas de sus dirigentes sindicales.
El
magisterio auténtico, el maestro que trabaja en condiciones difíciles en todos
los aspectos, no debiera hacer suya la batalla de sus dirigentes sindicales,
menos aún los propósitos de los funcionarios públicos de las secretarías
gubernamentales. El magisterio debe luchar por su libertad, por mejorar sus
condiciones de trabajo. Sobre todo: debe emprender una larga y difícil batalla
para terminar con la privatización de la educación pública, por el fin del
sistema de rentas económicas en que ha sido convertido el magisterio o las
secretarías de educación.
El
magisterio veracruzano, en su caso, debe alentar que el control de las nóminas,
la reforma hacendaria que propone que el pago de sus salarios sea ejercido de
nueva cuenta por el gobierno federal, se haga efectiva, para terminar con el
enriquecimiento sin límites de quienes manejan las plazas, los permisos con y
sin goce de sueldo, los tiempos parciales, las licencias, los cambios de plaza
y todos los procedimientos que implican el manejo inescrupuloso del presupuesto
público. El magisterio veracruzano debe establecer sus propios objetivos de
lucha en esta reforma. Primero su organización profesional independiente, su
libertad y dignidad. Después las condiciones laborales y su servicio
profesional independiente de las necesidades de sus sindicatos. Enseguida los
factores promotores del incremento de la calidad educativa: de sus labores.
Salir de la mezcolanza de temas y dejar de ser un magisterio confundido, en
medio de la confusión nacional, será su primera gran tarea política. (La
Jornada Veracruz)