Poligrafías

Luis Gerardo Martínez García

MENOS DINERO PARA EDUCACIÓN.  Ve como está de complicada la situación política del país, y el gobierno federal no deja de apretar. Aún con el escenario caótico que coexiste, la educación sigue siendo el rubro más castigado. Mientras los maestros intentan ser escuchados, las autoridades locales tratan de sortear los múltiples problemas y las organizaciones sindicales intentan sobrevivir, el gobierno de EPN sigue con su política punitiva en contra de la educación pública. Ahora pretende ahorrarse 14 mil 619 millones de pesos, eliminando 35 programas, tal es el caso del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, con más de 551 millones de pesos, y el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la educación media superior. De ser aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto de presupuesto del gobierno federal en el ramo de educación pública, se estaría erogando 98 por ciento de los recursos en gasto corriente y el resto en inversión, afectando principalmente la construcción de infraestructura en educación media y desarrollo institucional. Para el ramo once (de educación pública) representaría un impacto negativo, con una merma de 36 por ciento en inversión física ,y 49.6 por ciento en los subsidios. La propuesta de gasto de EPN para el 2014 ascendería a 289 972 millones de pesos. Esta situación complicada fue dada a conocer por el propio Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Y luego se preguntan por qué están tan inconformes los maestros.

SINDICATOS MAGISTERIALES SIN REGISTRO.  Mucho ruido está generando la Reforma Educativa entre los sindicatos. Se preguntan algunos si los sindicatos continuarán, otros dicen que el SNTE se fraccionará. En fin, la incertidumbre ronda las estructuras de las organizaciones magisteriales. Algo que sí es cierto es que Veracruz se convirtió en una fábrica de sindicatos. Maestros disidentes de otras organizaciones se dieron a la tarea de formar la suya y lo lograron (la Ley se los permite). Pero de todas ellas, cuáles son las que están registradas en el Estado de Veracruz, cumpliendo la normatividad. De acuerdo con el abogado Luis Alberto Viades Blanco, aquellos sindicatos que cuentan con registro son SATEV S-03/2012, SITEM S-02/2013, STENV S-05/2004, SIVETSE S-01/2013, SETMAV S-06/2004, SITTEBA S-02/2008, SITEV S-12/2005, SETEV, SIMEV, SETE, OTISEV. Él aclara que a partir de la Reforma a la Ley Federal del Trabajo, dicha información es pública, que cualquier interesado puede solicitar información sobre el registro de su sindicato en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz. Y en dicho Tribunal, señala Viades Blanco, no existe ninguna Sección del SNTE. ¿Existen sindicatos magisteriales sin registro? Buena tarea para aquellos que quieran informarse al respecto.

CRIMINALIZAR LAS PROTESTAS SOCIALES.  Es entendible, aunque no justificable, el que a la autoridad se le imposibilite dialogar con los maestros ante su inconformidad por la Reforma Educativa. Varias son las razones, una que no sepa y otra que no pueda. Pues en ese marco los maestros han encontrado como la única alternativa, salir a las calles y bloquear espacios públicos como medida de presión para que se dé el diálogo y los acuerdos. Hasta ahí podríamos decir que este es un momento natural, en términos sociales y políticos. También es de reconocer que la autoridad local, a su manera, ha pretendido negociar con lo mínimo que tiene, y hasta un poco menos de ser posible. Lo que no ayuda en nada es la cerrazón de ciertos políticos que ante su falta de capacidad para dialogar-acordar enrarecen más el clima político. Tal es el caso de José Murad Loutfe Hetty, diputado local por el distrito de Coatzacoalcos a quien se le ocurrió reactivar la iniciativa que el Congreso del Estado tiene en espera desde hace dos meses aproximadamente, iniciativa para castigar bloqueos a instalaciones públicas. En un mensaje bastante desafortunado para los maestros veracruzanos, el diputado sureño señaló que la reforma al Código Penal solo está en espera de ser aprobada por la Diputación Permanente o en una sesión extraordinaria. Las sanciones entonces serán, según él, para las personas que cometan daños durante las protestas, entendido como delito de sabotaje. A José Murad Loutfe Hetty se le olvidó que hasta ahora, en lo que va de movimiento magisterial, no ha existido ninguna manifestación de violencia ni de destrozos a instituciones, ni públicas ni privadas. Esta iniciativa, de aprobarse sería una de las más incongruentes del grupo político en Veracruz.

URIEL FLORES AGUAYO PRESENTÓ INFORME. Vaya mi reconocimiento para el diputado federal, Uriel Flores Aguayo por haber cumplido con un principio que le mandata la ley: informar a los ciudadanos de su trabajo en un año de gestión. Espero que realmente aquello de lo que dio cuenta, al ciudadano xalapeño le beneficie en su vida diaria. Enhorabuena.

http://luisgerardomartinezgarcia.blogspot.mx/

Cero en aritmética, cero en conducta

Adolfo Gilly

Nos hace falta en verdad una reforma educativa que debería comenzar por el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, y seguir por otros destacados funcionarios del Poder Ejecutivo de cuyo nombre no quiero acordarme. Me explico.

La novena ola magisterial

Luis Hernández Navarro

Nos tardamos 16 años en despertar, pero al fin lo hicimos, dice un maestro de Campeche. Y vaya que lo hicieron. La protesta magisterial contra la reforma educativa en la entidad prendió como cerillazo en campo seco. En unos cuantos días más de 6 mil maestros incendiaron el estado.

La calidad y los paradigmas educativos

José Blanco

A inicios de los años ochenta la Unesco reportó tasas de cobertura superiores a 95 por ciento en América Latina: prácticamente cobertura universal en la matrícula de educación básica. Esta circunstancia puso sobre la mesa el problema de la calidad de la educación y la capacidad de los sistemas educativos para retener a los alumnos que accedían a las aulas. La masificación, se dijo entonces, estuvo acompañada de una significativa pérdida de su calidad. Fuimos testigos entonces del inicio de una acelerada investigación educativa que incluía preguntas tales como: ¿qué se entiende por calidad educativa?, ¿qué quiere decir mejorar la calidad de la misma? Comenzaba a hacerse evidente que nos hallábamos frente a un concepto confuso y ambiguo, y por ello se tornó consciente que se estaba frente a un problema teórico: la construcción de significados que contribuyeran a otorgarle precisión al concepto de calidad y al mejoramiento de la misma.

Poligrafías

Luis Gerardo Martínez García

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MAESTROS Y AUTORIDADES EN PROCESO DE APRENDIZAJE. Pasaron tantos años para que los maestros se manifestarán en contra del Estado, que a la autoridad se le olvidó dialogar con ellos; todos esos años los intermediarios siempre fueron los dirigentes sindicales. Pasó tanto tiempo para que los maestros se inconformaran, que se les había olvidado exigir. Hoy que están ambos, maestros y autoridades, en medio de este movimiento social en contra de la reforma laboral, enfrentan un proceso educativo extra muros: unos aprenden a exigir y a defender sus derechos, mientras que los otros aprenden a dialogar con el movimiento (esto es, con el colectivo; no en lo individual). Parecía que los conceptos diálogo, acuerdo, exigencia, manifestación, espacio público, reflexión, participación, debate y (des) encuentros estaban borrados del plano discursivo. Pero no. Maestros y autoridades aprenden y desaprenden en ese marco curricular y político aletargado por años. En corresponsabilidad, ambos actores tienen el compromiso de hacer suyo un discurso, acorde a posturas antagónicas que no necesariamente riñen con esa disposición de definir puntos de acuerdo que estructuren una agenda de políticas públicas para el fortalecimiento de la educación pública. Los peores consejeros en estos momentos lo son la deshumanización, la injusticia y la irracionalidad, junto con la falta de mesura, sensatez y prudencia. Si en aquellos años a alguien se le olvidó exigir, a alguien más se le olvidó dialogar. Hoy se vive un proceso educativo y político lleno de retos, que aún con tintes de crisis, tiene la oportunidad del cambio. Maestros y autoridades están aprendiendo a verse de frente  para poder dialogar.

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Movimiento o “lucha” magisterial

Por: Francisco L. Carranco

El conflicto magisterial pareciera que tenía un paliativo con la firma de un acuerdo con el que los maestros se comprometían al regreso a clases para este lunes y las autoridades a gestionar leyes secundarias acorde a los derechos de los mentores, sin embargo, una determinación del pleno de esa organización magisterial rechazaron nuevamente cualquier arreglo para retornar a las aulas.

¿Por qué protestan los profesores?

Por: Hilario Barcelata Chávez

Los profesores protestan hoy en la calle, porque no están de acuerdo con el contenido de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Pero ¿que dice esa ley que tanto les incomoda? ¿Que es lo que no les gusta de la nueva ley?

¿Y la calidad educativa?

Gabriela Rodríguez

¿Por qué no se utiliza el conocimiento que genera la investigación para mejorar la calidad de la educación? Una entrevista realizada al doctor Carlos Muñoz Izquierdo por los investigadores Aurora Loyo y Cristian Solórzano (La influencia de los resultados de investigación en la toma de decisiones de política educativa, Revista Mexicana de Investigación Educativa, número 58, volumen XVIII, 2013). nos da lecciones clave sobre la relación –o el divorcio– entre investigación y políticas públicas.

Democratizar el SNTE

Adolfo Sánchez Rebolledo

Aquerer o no, con la aprobación de las leyes secundarias y el desalojo de los maestros del Zócalo, el tema de la reforma educativa adquiere nuevas facetas que no deberían subestimarse. Es evidente que el asunto no está resuelto: persiste el malestar de quienes desde el comienzo impugnaron los cambios constitucionales, acrecentado poco a poco por la incorporación a la protesta de nuevos contingentes. Dicho esto, hay que valorar que, independientemente de su calidad o justeza, hay un nuevo marco legal, impugnable, desde luego, que viene a cambiar las reglas del juego, los mecanismos de negociación y, en general, la relación entre los distintos actores del proceso educativo, los maestros y sus organizaciones, el Estado y la sociedad.

Resulta notorio que ninguna fuerza magisterial, incluyendo al SNTE, haya asumido la reforma como propia. El desgano de todos los líderes, más allá de los saludos rituales y las muestras de sumisión al Presidente, da cuenta de la mayor debilidad de la reforma aprobada: se trata de una regulación formalmente concebida para potenciar al maestro y sus capacidades pero armada para controlarlo, sin asumir el papel que en teoría (y en la práctica) le corresponde. No extraña, pues, que las grandes novedades contenidas en la reforma, como la creación del sistema profesional, se quedara en el diseño de una suerte de estatuto laboral especial, contrapuesto en varios capítulos a las disposiciones vigentes y mal compaginado con el resto de temas educativos. Y es que, desde el principio, los inspiradores de la reforma la concibieron como un instrumento para destruir el poder sindical (sin duda corrupto) que por décadas impuso sus intereses particulares en la Secretaría de Educación Pública (desde siempre auspiciado y protegido como un brazo de la autoridad para cumplir con su agenda política) sobre los objetivos nacionales de la educación. El gobierno creyó que quitando a Elba Esther de la escena había resuelto el mayor obstáculo para una reforma nominalmente educativa pero suficiente para cuestionar desde cero la permanencia de los trabajadores en el empleo. Ese fue el primer error grave. El segundo fue subestimar la capacidad de reacción de los sectores no controlados por el sindicato oficial y el desprecio por la efectiva inclusión de los disidentes en la elaboración de las distintas opciones.

En estas condiciones, la instrumentación de la reforma pondrá en tensión la vida del magisterio en su conjunto y no sólo a las secciones agrupadas en la CNTE, cuyas táctica y formas de acción también tendrán que ajustarse a las cambiantes condiciones. El equilibrio entre las cúpulas oficialistas y las disidencias locales se verá cada vez más cuestionado por la misma implementación de las reformas y al gobierno le será cada vez más difícil mantener la pasividad en el gremio. También los disidentes tendrán que sopesar sus formas de lucha y crear una plataforma representativa de la diversidad y pluralidad magisterial. Veremos si el diálogo y la negociación se mantienen sin ceder a las presiones de los desesperados de todas partes.

Es en esa coyuntura donde la democratización del SNTE adquiere un inmenso relieve, pues la unidad de todos los trabajadores es la mejor forma de evitar que se cancelen los legítimos derechos del magisterio y también el camino para defender una verdadera reforma que eleve la enseñanza de acuerdo al diagnóstico de las necesidades. Democratizar significa aquí y ahora que el sindicato deje de ser una correa de transmisión del poder (o, en su defecto, un aparato al servicio del mejor postor) pero también implica depurar los métodos, usos y costumbres heredados de la cultura de la imposición, de modo que no se asuman como conquistas laborales prácticas que contradicen la libertad sindical o la dignidad de las personas.

Insistir en la conversión del actual sindicato charro en una organización legítima, democrática de y para la defensa legal de los trabajadores es, ni quien lo dude, un tema mayor, difícil de hacer prosperar mientras el Estado sea el valedor de las camarillas sindicales, que sin su apoyo tendrían los días contados. Pero eso es parte de un cambio que está en curso y que difícilmente podrá evitarse apelando a las armas del pasado.

Al cerrarse este ciclo, queda pendiente la definición del rumbo educativo de México, o lo que es lo mismo: la necesidad inmediata de bosquejar los contenidos de la reforma educativa. La gran lección que nos dan las últimas semanas es una obviedad que merece reiterarse: la educación es parte medular de la situación de desigualdad que tiñe toda la vida pública. Pensar en la reforma educativa sin incluirla en la reforma social –que realmente necesitamos– es un juego inútil y peligroso. Siendo como es un objetivo nacional todas las voces han de oírse. Pero la de los maestros debería ser la primera. (La Jornada)

La CNTE, una lucha con resultados

Manuel Pérez Rocha

La lucha sigue. Los maestros de la CNTE valoran sus logros, han reafirmado el sentido de sus empeños de más de 30 años, y tienen claro que no han sido inútiles ni les falta justificación ¿Quién puede negar hoy que sus batallas han sido y son necesarias y valerosas respuestas a la antidemocracia y corrupción impuesta en el SNTE por los gobiernos de PRI y PAN? Entre sus logros no está la defenestración de Gordillo, ésta obedeció a la pugna interna de la mafia que controla a este país por encargo de la plutocracia que lo explota. Pero ¿cómo ignorar las valiosas lecciones que nos dan los maestros de la CNTE, ilustradas tan sabiamente por Bernardo Bátiz en estas páginas el pasado sábado 14? ¿Cómo ignorar el despertar de la conciencia de miles de maestros en todo el país que reclaman una verdadera reforma educativa y el respeto a sus derechos laborales básicos?

Entre los logros de la férrea resistencia de la CNTE deberá reconocerse también la cancelación de algunas de las aberraciones pedagógicas y políticas de los gobiernos recientes, entre ellas el Acuerdo por la Calidad Educativa firmado por Gordillo y el gobierno panista, la prueba Enlace, la evaluación universal de los maestros y la Carrera Magisterial, todas ellas hoy reprobadas incluso por el nuevo gobierno, que a los maestros les significaron despidos y otros castigos, y han generado un perjuicio incalculable a la educación de los niños y jóvenes mexicanos (¡tan defendidos por Televisa!); y también está entre sus logros la eliminación de algunas de las absurdas pretensiones draconianas iniciales de las actuales reformas legales. De todos estos estropicios, los gobernantes y los medios a su servicio nada dicen, en cambio satanizan a quienes los han denunciado y combatido.

La lucha sigue porque hay cuestiones con las cuales no se puede transigir, no es asunto de negociar (que es a lo que los políticos corruptos están acostumbrados), no se está pidiendo una prebenda o un beneficio personal o de grupo. Se demanda la derogación de las atropelladas reformas a la Constitución, porque son la base para cancelar derechos laborales básicos de los que dependen la sobrevivencia de cientos de miles de familias y la educación de generaciones enteras. La Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), declarada como el corazón de la reforma educativa por el propio gobierno, es una nueva aberración. Lejos de conformar la base de la profesionalización de los maestros, consolida a éstos como empleados (doblegados, según la etimología de esta palabra) de un monstruoso aparato burocrático que desconfía de ellos y los mantiene en permanente y amenazadora vigilancia a través de directores, jefes, inspectores y supervisores, a los cuales ahora se sumarán tutores y evaluadores.

Simplismo, descuido e incoherencia son otros graves defectos que caracterizan a la solución que los actuales gobernantes, asesorados por la OCDE e instigados por Televisa, quieren dar al grave y complejo problema educativo de esta era; hace ya 35 años, Philip Coombs (desde la Unesco, institución cultural ahora eclipsada por la OCDE, cuyo interés son los negocios) advirtió la crisis mundial de la educación. Ejemplo de incoherencia: quienes elaboraron la recién aprobada LGSPD oyeron la insistente demanda de que los maestros trabajen de forma colegiada y que la escuela se constituya en una comunidad de aprendizaje; bien, pues incluyeron en esa ley una declaración al respecto, faltaba más. Pero toda la ley la contradice e impone una fórmula organizacional y administrativa vertical que incluso en el mundo empresarial avanzado ha sido superada hace muchos años.

El maestro Armando Peraza, de la Universidad Pedagógica Nacional, lo expresa en estos términos: La evaluación de los maestros no es la solución, ni siquiera se acerca a ella. Desde la visión de las ciencias de la organización, la calidad pasa por el trabajo en equipo. Estas ciencias destacan la necesidad de impulsar sinergias mediante la creación de condiciones que propicien la consolidación de equipos autogestivos en las escuelas que periódicamente se recompongan para obtener un mejor rendimiento y productividad, generándole amplios beneficios a la organización. El problema educativo requiere una reforma organizacional, no una reforma punitiva como la planteada, que sólo ataca el síntoma y no la enfermedad.

Si los reformadores de nuestro sistema educativo quisieran informarse de lo que están hablando, podrían asomarse, por ejemplo, a los proyectos de comunidades de aprendizaje que en la propia SEP ha elaborado e impulsado, con gran éxito, Gabriel Cámara, doctor en educación por la Universidad de Harvard y asesor de dicha secretaría. Hace unas semanas, en una entrevista que le hizo La Jornada, el doctor Cámara se refirió así respecto de la actual reforma educativa: “Su pobreza se ve en que se centra en la evaluación. Es una reforma superficial. En el terreno laboral se busca tener más control. Se podrán quitar algunos excesos del sistema, como la venta de plazas, pero centrar el cambio en la evaluación está mal. Estados Unidos, de donde copiamos estos modelos, está abandonando la evaluación estandarizada y los modelos de privatización de la educación, como la escuela chárter. Se comprobó que no son mejores que las públicas, pero nosotros vamos con retraso, aún lo queremos imitar. Ese es el riesgo”.

Los propios maestros de la CNTE han elaborado e impulsado varios proyectos pedagógicos en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, a los que me he referido en este espacio, con resultados valiosos, que logran a la vez enriquecer la educación y propiciar el desarrollo profesional del magisterio. Estos esfuerzos han sido ignorados por los autores e impulsores de las reformas actuales. ¿Cómo es posible que en vez de discutir estas cuestiones, el gobierno acuda a los robocops y sus toletes? Es claro que, en vez de escuchar a los maestros, obedece al belicoso presidente de Mexicanos Primero (Televisa), quien con actitud provocadora advirtió: Si no hay turbulencias quiere decir que no estamos haciendo lo suficiente.

La lucha de la CNTE sigue, sus demandas son legítimas, son necesarias, sus resultados son efectivos. (La Jornada)

Profesores y autoritarismo

Octavio Rodríguez Araujo

El gobierno de Peña Nieto ha pasado por alto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Sus tres leyes de reforma educativa [la General de Educación (LGE), la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE) y la General del Servicio Profesional Docente (LGSPD)] fueron promulgadas sin discusión ni consulta con los afectados. Peor aún, el gobierno hablaba de diálogo con los inconformes y al mismo tiempo les decía que dichas leyes no se echarían para atrás.

El autoritarismo se exhibió sin ningún velo: descarnado. Y los medios a su servicio hicieron ver a los inconformes como revoltosos y, sobre todo, como contrarios a ser evaluados nada más porque sí.

Lo que nunca dijeron esos medios, y mucho menos el gobierno, es que hay de evaluaciones a evaluaciones, unas con criterios positivos y otras con criterios no sólo negativos sino contrarios a leyes superiores. Cuando la UNAM, por ejemplo, creó el sistema de evaluaciones de los académicos de tiempo completo fue, por un lado, para las promociones dentro del escalafón y, por otro lado, para premiar a los más productivos; no para despedir a nadie que tuviera lo que en la institución se llama definitividad. (La definitividad en la LGSPD es, en cambio, un contrasentido. La iniciativa de ley lo dice claramente: “El personal con nombramiento definitivo tendrá garantizada su permanencia en el servicio público siempre y cuando se sujete a los procesos de evaluación del desempeño”.) Un profesor o un investigador de la UNAM que quiere pasar de una categoría a la siguiente tiene que cumplir con un mínimo de puntos revisados por una comisión dictaminadora formada por sus pares; y, si además de su categoría, quiere tener prestaciones extras, también es evaluado para contar con éstas en montos distintos según su producción. En otras palabras, un sueldo base (con escalafón) y también prestaciones por desempeño extra a lo establecido como obligaciones básicas. Premios y estímulos, no castigos. (Las cursivas son mías.)

La evaluación propuesta en la LGSPD, en cambio, es de carácter claramente negativo por sus consecuencias, y además tramposa, pues la evaluación la realizarán las autoridades educativas y no los mismos profesores elegidos como dictaminadores (como ocurre en las universidades e incluso en el Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt). De acuerdo con su artículo 53, si hay insuficiencia en la evaluación el docente será obligado a incorporarse a un programa de regularización. Bien. Si lo reprueba tendrá una segunda oportunidad y si tampoco es suficiente tendrá derecho a una tercera. Hasta aquí muy bien. Después de ésta, si no alcanza el resultado suficiente, se le expulsa del trabajo, con una característica que tampoco se menciona en los medios: sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda. Así, el problema no es que haya evaluaciones, sino que sean las autoridades las que las realicen y que las usen para cesar trabajadores contraviniendo los derechos laborales constitucionales. (El espíritu y la intención positiva del artículo 20 de esta ley choca, por cierto, con lo señalado en el 53 para las evaluaciones de permanencia en el servicio: “Artículo 20. Los resultados de la evaluación interna deberán dar lugar al establecimiento de compromisos verificables de mejora. En ningún momento podrán ser causal de procedimientos de sanción ni tener consecuencias administrativas o laborales”. ¿Suficientemente claro? Las cursivas son mías.)

Hace algunos meses se decía que las evaluaciones no deberían ser estandarizadas para todo el país, dadas las enormes desigualdades que existen. En la nueva ley ya se contemplan diferentes evaluaciones según los contextos demográfico, social y económico de los agentes del sistema educativo nacional, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a éste y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un avance, sí, pero subsiste el problema de que dichas evaluaciones, en manos de las autoridades educativas, no son para favorecer los ascensos y estimular el desempeño de los maestros, sino para despedirlos en última instancia.

El problema, en resumen, es que la Constitución y sus leyes reglamentarias son pasadas por alto. Lo que señala la fracción VII del apartado B del artículo 123 constitucional (para todos los trabajadores al servicio del Estado, incluidos los profesores de la SEP) es que la designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes (primera evaluación, correcta y lógica) y que una vez contratados ascenderán en el escalafón en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad (fracción VIII, de donde se infiere que una vez evaluados para su contratación será evaluados para sus ascensos tomando en cuenta su antigüedad: evaluación positiva). Pero esto no quiere decir que, sin mediar el sindicato y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se pueda despedir a un trabajador sin responsabilidad de la autoridad empleadora.

El artículo 46 de la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 dice claramente que “el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias” por renuncia, por conclusión de un contrato por obra determinada, por muerte, por incapacidad física o mental y por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los casos enumerados en la fracción V de este artículo. Y este tribunal, en teoría, no está pintado en la pared. Sirve para resolver en definitiva el conflicto entre el empleador y el trabajador que el primero quiera despedir. (Las cursivas son mías.)

Pero la cosa no termina aquí. El mismo artículo 46 señala que el titular de la dependencia tiene que contar con la conformidad del sindicato correspondiente (el SNTE, para el caso) y si éste no estuviere de acuerdo, dicho titular podrá demandar el despido del trabajador al tribunal, el cual decidirá lo que procede. Es decir, el artículo 53 de la LGSPD está ignorando al sindicato y al tribunal competente, como se ha dicho.

Bien lo ha señalado la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), desaparecieron los derechos laborales, ahora son administrativos ( La Jornada, 13/9/13). Y mucha gente se sorprende de que los profesores de los estados más pobres del país realicen protestas. ¿Deberían dejar que los aplasten sin defensa legal, como lo intentaron Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón con la Alianza por la Calidad de la Educación?

www.rodriguezaraujo.unam.mx

Los maestros y los sentimientos de la nación

Adolfo Gilly

Una cuestión central que nos plantea a todos el movimiento de los maestros en defensa de sus derechos y de la educación es la ruina en que sucesivos gobiernos han dejado caer al sistema educativo entero, pilar de la existencia de México como nación y de cualquier otra comunidad imaginable de seres humanos.

Bien describe esta situación el sociólogo Manuel Gil Antón, profesor de El Colegio de México, en una entrevista ampliamente difundida en las redes: [youtube.com/].

Allí nos recuerda que, en su reciente informe, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que 64 por ciento de las 109 mil escuelas públicas –dos de cada tres– tienen problemas de mobiliario y sanitario, es decir, deterioro o estado ruinoso de pupitres, bancas, pizarras, instalaciones sanitarias y otras. En esa degradación acumulada durante décadas están obligados a cumplir su tarea de enseñar los maestros de este país saqueado y empobrecido.

La primera e indispensable reforma educativa debería ser, entonces, poner en condiciones de funcionamiento aceptable todas las instalaciones escolares, desde los pupitres de los profesores, las bancas de los alumnos, los techos, pisos y paredes de las aulas hasta las bibliotecas, los patios de recreo y los servicios sanitarios de cada una de esas escuelas públicas. Es una simulación presentar como reforma cualquier plan de evaluación de los docentes sin antes evaluar y corregir las condiciones ruinosas en las cuales tienen que desempeñar sus tareas.

En la realidad lo que la actual propuesta de evaluación pretende no es mejorar las condiciones de la educación pública, indispensable tarea nacional que debería comenzar exactamente por el extremo opuesto: la Secretaría de Educación Pública y sus titulares, políticos que saben muchas cosas pero carecen de los conocimientos elementales del oficio de docente de escuela primaria. Esos conocimientos se adquieren en la escuela normal, donde estudiaron nuestros maestros, no en la burocracia estatal o partidaria.

En cambio, lo que la reforma se propone es, como bien dice el profesor Manuel Gil Antón, trasladar directamente al gobierno federal el control sobre los maestros y sus plazas, antes ejercido a través de la mediación del aparato charro del SNTE y de su dirigente Elba Esther Gordillo. Es un objetivo político y no educativo.

Esto explica la estructura, las prioridades y la prisa del proyecto, además del despliegue de violencia física y mediática desatada contra los maestros organizados.

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Ahora bien, el gobierno federal ha lanzado tres reformas entrelazadas: la reforma educativa, la reforma energética y la reforma fiscal. La soledad del Presidente durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre (según las cifras oficiales, 50 mil asistentes al Grito el día 15, con profusión de acarreados del estado de México, junto con 19 mil efectivos armados del día 16) es un buen indicio de dónde está buscando su apoyo este gobierno para las reformas estructurales que busca imponer sin contar con el consenso nacional indispensable para tal empeño.

Esa empresa supone traspasar el control del petróleo y de los recursos energéticos del país y entregar el usufructo de su renta petrolera y su renta minera a empresas extranjeras, provenientes en primerísimo lugar de la poderosa potencia militar vecina, Estados Unidos; completar la extranjerización del sistema bancario y financiero, ya escapado del control de la nación; aumentar y extender los enclaves de propiedades extranjeras en las costas de ambos océanos; flexibilizar o destruir las relaciones laborales contractuales aún subsistentes; y abolir o desvanecer derechos de los trabajadores duramente adquiridos. La reforma educativa es ahora punta de lanza en este empeño.

El conjunto de esta política, que sus apologistas denominan modernización, bien puede ser definido, en cambio, como satelización de México en relación con Estados Unidos, sus objetivos y sus designios militares, económicos y geopolíticos.

Esta satelización incluiría la subordinación en los hechos de las fuerzas armadas de la nación a esos designios y a sus estructuras militares, dentro de los cuales tanto México como Canadá y Centroamérica son considerados integrantes del escudo defensivo de Estados Unidos en caso de conflicto mayor, que como bien sabemos no está excluido en estos tiempos. Dentro de esos designios, la fuerza armada de México tendría asignado el papel secundario y local de una policía interna –una constabularia– para combatir al narco, perseguir delincuentes y reprimir el descontento social.

En la volátil situación internacional de estos tiempos se trata, hoy como siempre y más que nunca, de una cuestión mayor que planea sobre todas las otras.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acaba de cancelar su programada visita a Estados Unidos y su entrevista con el presidente Obama a raíz del descubierto y confesado espionaje electrónico de Estados Unidos sobre la correspondencia y las comunicaciones presidenciales y militares de Brasil. El presidente Enrique Peña Nieto, víctima de un espionaje similar y tal vez aún peor, se ha limitado a decir que espera información fidedigna y explicaciones. Y ya. Resulta imposible separar el proyecto de reforma energética del esfumado tono de esta respuesta.

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Hace 200 años, el 14 de septiembre de 1813, José María Morelos lanzó desde Chilpancingo el documento de libertad más avanzado de aquellos tiempos en toda América y aún más allá, los Sentimientos de la nación, que en la fecha de su bicentenario La Jornada reprodujo a plena página, casi como un llamado en estos días de incertidumbre y turbulencia.

Son sentimientos de libertad, independencia, justicia, equidad, igualdad y soberanía del pueblo mexicano sobre su territorio, sus bienes comunes y su destino. Volverlos a leer y a pensar es tarea grata, esencia añeja y reposada durante estos dos siglos de vida nacional. Los maestros mexicanos los conocen y los están defendiendo. No así quienes en estos días a esos maestros difaman y persiguen. (La Jornada)

Magisterio nacional: confuso y confundido

LEIB CILIGA

Con el concepto de Reforma Educativa han sido involucradas todas las carencias que conforman el sistema educativo público de algunos niveles escolares. Una reforma que, en principio, no abarca toda la actividad moderna de aprendizaje y creación de conocimientos, ni siquiera involucra a todos los niveles educativos públicos ni a todas las escuelas. Una reforma en la que cada analista evoca y somete a respaldos o a denostaciones los aspectos que le parecen relevantes. Lo mismo hacen los actores más importantes involucrados en el proceso de cambio: las autoridades, los líderes sindicales, los docentes que buscan acuerdos que poco tienen que ver con los objetos de la transformación propuesta.

A estas alturas del debate resulta imposible proponer orden en el análisis y en las discusiones. La confusión reina al pretender comentar las soluciones de un problema mal definido. Este es el origen del desencuentro nacional, que amenaza con profundizar las diferencias y desigualdades de orden político, social, económico, cultural. La ausencia de claridad en la construcción intelectual del problema a resolver, de los alcances y limitaciones de las soluciones ha desatado una energía social digna de mejor propósito.

El detonante del problema fue una cuestión de resultados, el reconocimiento de efectos, no de causas. Primero, la cuestión salarial de los docentes, que empezó a ser resuelta por el arribo de Elba Esther Gordillo a la dirigencia sindical y que no paró hasta hacer del magisterio una fuente importante de rentas. Gilberto Guevara Niebla detectó el mal principal y lo dio a conocer con su ya clásico estudio México: País de reprobados. En efecto, los estudiantes salían reprobados en las evaluaciones. Estos ejercicios y sus malos resultados fueron negados y ocultados por las autoridades de la Secretaría de Educación y por las dirigencias sindicales. Miguel Limón Rojas, mediocre secretario veracruzano de educación nacional, de triste memoria, escondió en el cajón de su escritorio los estudios internacionales que mostraban el fracaso de nuestro sistema educativo básico.

Demostrado el fracaso de los alumnos, se continuó con la evidente mala calidad de los maestros. Este “análisis hacia arriba”, de la base de la pirámide hacia la cúspide del sistema educativo, fue suspendido. Todo quedó reducido a la relación maestro/alumnos. Acaso fueron involucradas en el estudio las carencias de infraestructura básica y de condiciones tecnológicas. Pero sobre la responsabilidad de las autoridades educativas, de las dirigencias sindicales, de las dirigencias políticas y de la irresponsabilidad empresarial nada se estudió, nada se dijo. Es el conjunto de estas responsabilidades y de las acciones de los actores respectivos en donde radican los problemas causales que tienen efectos en las relaciones maestros/alumnos.

Así que el primer problema a plantear y resolver es de orden político y de organización del sistema educativo. Su estructura es el resultado de la decisión política de organizar a los maestros del sector público como una corporación al servicio político del sistema para su reproducción cultural, en primer lugar. En segundo lugar, para mantener su respaldo electoral y político, sometido el magisterio a las necesidades del Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos y funcionarios. Para lograr este fin, los gobiernos acordaban con las dirigencias sindicales del magisterio las canonjías y castigos que debían regir la vida laboral de los docentes. A los empresarios no les importaba la calidad de la educación, ni la pública ni la impartida en colegios privados. Ellos querían mano de obra barata, sin importarles la calidad, pues no enfrentaban los retos de la productividad y la competitividad.

La evolución de esta situación produjo una paradoja que sigue sin ser resuelta: la privatización silenciosa del magisterio. En efecto, con la complicidad de las autoridades, los sindicatos, organización privada de los maestros, legalmente enfocada a la defensa de sus derechos, fueron convertidos en los dueños de la carrera magisterial, de las plazas de los maestros, de los puestos directivos, de los presupuestos públicos e inclusive, de las secretarías o subsecretarías públicas del ramo. Esta invisible privatización de la educación ni siquiera ha sido puesta a debate en las discusiones actuales sobre la reforma educativa.

Esta es la matriz de los problemas educativos del país. En su origen político, ha evolucionado hasta la privatización del sistema, bajo parámetros de rendimiento de fidelidad sindical, el patrón verdadero de los maestros, y convertido en la fuente del sistema de rentas económicas más abundante y poderoso del gobierno en México. La educación pública en nuestro sistema representa algo más que el sustento de la reproducción cultural del Estado. También sobrepasa el poder político/electoral del sistema. Es la fuente de riquezas parásitas más fuerte, pues las rentas del sistema educativo constituyen el mecanismo de enriquecimiento más poderoso para unas élites, sin que su funcionamiento genere ganancias, como el sistema de la producción de energía de PEMEX y CFE.

Las soluciones racionales a los problemas derivados de este entramado son relativamente fáciles de instrumentar. Sin embargo, por tratarse de una cuestión convertida en problema político, las soluciones son complicadas. Como quiera que sea, este tipo de soluciones no puede perjudicar, intencional y directamente, a los sujetos explotados por el sistema actual: a los maestros. Y aquí radica lo confundido que está el magisterio que sufre las consecuencias tanto de la reforma como de las luchas de sus dirigentes sindicales.

El magisterio auténtico, el maestro que trabaja en condiciones difíciles en todos los aspectos, no debiera hacer suya la batalla de sus dirigentes sindicales, menos aún los propósitos de los funcionarios públicos de las secretarías gubernamentales. El magisterio debe luchar por su libertad, por mejorar sus condiciones de trabajo. Sobre todo: debe emprender una larga y difícil batalla para terminar con la privatización de la educación pública, por el fin del sistema de rentas económicas en que ha sido convertido el magisterio o las secretarías de educación.

El magisterio veracruzano, en su caso, debe alentar que el control de las nóminas, la reforma hacendaria que propone que el pago de sus salarios sea ejercido de nueva cuenta por el gobierno federal, se haga efectiva, para terminar con el enriquecimiento sin límites de quienes manejan las plazas, los permisos con y sin goce de sueldo, los tiempos parciales, las licencias, los cambios de plaza y todos los procedimientos que implican el manejo inescrupuloso del presupuesto público. El magisterio veracruzano debe establecer sus propios objetivos de lucha en esta reforma. Primero su organización profesional independiente, su libertad y dignidad. Después las condiciones laborales y su servicio profesional independiente de las necesidades de sus sindicatos. Enseguida los factores promotores del incremento de la calidad educativa: de sus labores. Salir de la mezcolanza de temas y dejar de ser un magisterio confundido, en medio de la confusión nacional, será su primera gran tarea política. (La Jornada Veracruz)

SNTE: EL DESAFÍO ES SOBREVIVIR.

Wenceslao Vargas Márquez

En este espacio, hace pocos días, señalaba que el SNTE en lo nacional y las secciones sindicales en lo local han cometido dos errores para abordar la problemática que se ha derivado de la implementación de la ley del Servicio Profesional Docente:

1) Señalaba como el primero el error de presentar la ley como un dechado de virtudes que no contiene ni un solo agravio contra el magisterio. ¿Cómo puede ser que la ley no implique daño alguno contra el SNTE y sus agremiados y al mismo tiempo sea un peligro para la propia existencia y supervivencia del sindicato? Un sólido diario nacional narraba el viernes 13 de septiembre lo ocurrido el lunes 9 en la Sesión 38 del Consejo Nacional del SNTE en voz de Juan Díaz:

. Me pregunto ¿cómo aplaudir sin rubor -y sobre todo sin matices- una reforma que encamina al sindicato a la muerte?

2) Señalaba como el segundo error la falta de información a las bases de la pirámide magisterial -los docentes de banquillo frente a grupo- que pusiera sobre la mesa las oportunidades (si las hubiera) y las amenazas (que abundan) de la ley del Servicio Profesional Docente. No se ha hecho así. En el caso de mi sección sindical ha llegado la explicación sólo al nivel de comités delegacionales y directores y supervisores. De ahí hacia abajo está el desierto. Esa desinformación en la base es una de las justificadas razones para las marchas.

3) He de añadir un tercer error cometido por las dirigencias exclusivamente en el renglón de la Educación Media Superior agrupada en la Sección 32 y que dependemos del escritorio del secretario Chuayffet y no de Adolfo Mota. El error de no allegarse información que concrete respuestas específicas a los docentes del nivel. Revisemos:

El Instituto Politécnico Nacional en voz de su directora Yoloxóchitl Bustamante pidió y obtuvo de los legisladores federales el 14 de agosto del año en curso que se exceptuara de la reforma a sus más de cuatro mil profesores de bachillerato con el argumento de que ellos ya tienen sus propios medios de evaluación y reglas propias para ingreso, promoción y permanencia docente. La ley exceptuaba sólo a la educación autónoma y el IPN no lo es pero Bustamante alegó que el Poli es ‘funcionalmente autónomo’ (¡plop!) y ganó la excepción para sus docentes.

Pues bien: los CBTis, CBTas y CETMar de Veracruz y del país tenemos también vigentes las evaluaciones del desempeño docente y un doble concurso de oposición (los cerrados y los abiertos) para ingreso, promoción y permanencia y tenemos también nuestras propias normas de evaluación general que incluyen la evaluación que hacen los alumnos a nuestro desempeño. ¿Seguimos laborando con estas normas nuestras y con nuestras comisiones dictaminadoras de 5 personas físicas y académicas donde nunca ha estado presente el ogro que es para algunos el sindicato? ¿por qué el IPN argumentó tener normas propias de evaluación y fue exceptuado? ¿por qué los CBTis que también tenemos normas propias –sin sindicato en ellas- no fuimos exceptuados? ¿o fuimos exceptuados y aún no nos avisan? (se escuchan sonrisas ¡grabadas! en el respetable).

La ley contempla que se den seis meses a los gobiernos estatales para adecuar las legislaciones locales a la ley federal ya vigente desde el reciente doce de septiembre. Para ello en Veracruz ya trabaja el secretario Mota la Mesa de Armonización. ¿Los CBTis (que somos SEP) tenemos algo que esperar de esa mesa o estamos abandonados a nuestra suerte como es rutina? ¿hay que hacer otra marcha para participar en ella? ¿sigue vigente la anual Minuta SEP-SNTE 2013? ¿perderá vigencia el 31 de enero del 2014 y entrará entonces con todo su vigor la ley? ¿esa minuta tiene valor jurídico cuando nunca (nunca es nunca) ha tenido siquiera membrete y sellos de alguna dependencia sino sólo firmas por 29 años, desde septiembre de 1984? ¿sigue vigente el reglamento de las Condiciones Específicas Docentes?

Si hubiese sido el PAN (Fox, Calderón) el partido en el gobierno federal quien hubiese empujado la reforma docente desde Los Pinos, las dirigencias de las secciones sindicales afines al PRI nos habrían llamado de inmediato a la guerra civil contra ‘la derecha reaccionaria, hija de … Maximiliano’. Pero no fue el PAN. La factura es para el PRI, la factura por una reforma inicua que se aplaude aunque ponga en riesgo (Juan Díaz dixit) la existencia del SNTE pues nos deja una sola tarea: la tarea de únicamente sobrevivir.

Los 13 dilemas del Sistema de Enseñanza Abierta de la UV

ALFONSO VELÁSQUEZ TREJO

Una de las instituciones más significativas para la Universidad Veracruzana (UV) es el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) donde han egresado, desde 1984, cientos de estudiantes quienes, a partir de su esfuerzo en el estudio, han logrado mejorar sustancialmente su calidad de vida. Actualmente esta comunidad está integrada por alrededor de 6500 estudiantes y 480 profesores. Sin embargo, el SEA ha sido gradualmente abandonado en la estrategia general de desarrollo de la UV por un conjunto de rigideces institucionales que limitan su expansión, por la visión limitada de las autoridades universitarias sobre esta opción de educación superior; los intentos fallidos de modernizarla, entre otras, y que en conjunto se han traducido en diversos dilemas institucionales, mismos que trataremos de analizar a continuación:

1.- La obsolescencia del concepto. En 1980, cuando nació en SEA en la UV, los sistemas abiertos, de aquel momento, estaban identificados con lo que ahora se conoce como sistemas educativos semipresenciales. Esto es, aquellos que desarrollan sus actividades académicas los fines de semana y que tienen como destinatarios principales a estudiantes que trabajan entre semana o bien que atienden a sus familias y/o sus negocios, por lo que esta opción es la única alternativa adecuada de formación profesional.

De aquel entonces a la fecha el mundo ha experimentado una significativa revolución tecnológica que ha impactado en el desarrollo de ambientes de aprendizaje vinculados al uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y que han permitido desarrollar, entre otras, la educación en línea o virtual, la televisión educativa y otras formas novedosas como el home university. Este efecto ha permeado, de manera tal, que uno de los recientes esfuerzos de la UV ha sido hacer transitar al SEA de la semipresencialidad a la virtualidad para que los maestros puedan impartir sus cursos de manera asincrónica garantizando, entre otros aspectos, que los docentes del SEA trabajen no sólo los fines de semana sino en los horarios normales de los docentes del sistema escolarizado. De este planteamiento surgen los primeros dilemas:

Dilema 1.- ¿Qué hacemos con los estudiantes que por sus condiciones laborales o personales se inscribieron al SEA con el conocimiento de que los cursos se imparten los fines de semana y que ahora pudieran transitar a cursos virtuales entre semana?

Dilema 2.- ¿Existe el soporte tecnológico y la capacidad de producción suficientes para impartir la oferta educativa del SEA a opciones virtuales?

Dilema 3.- El Estatuto de Personal Académico establece que este tránsito debe hacerse, previa capacitación, con el consentimiento de los académicos. ¿Cuántos docentes del SEA estarán dispuestos a transitar hacia modalidades virtuales?

Dilema 4.- ¿Existe en el Estatuto del personal académico la categoría de profesor en línea o virtual?

2.- Soluciones mágicas. En el pasado reciente y lejano se ha intentado hacer diversos cambios al SEA sin éxito evidente. Sin embargo, se continua evaluado diversas alternativas de cambio, la primera de ellas, siguiendo el ejemplo del Sistema de Universidad Abierta (SUA) de la UNAM, sería transferir las carreras del SEA a las facultades con sede en Xalapa. 5 escuelas de derecho y contaduría, 3 de administración de empresas, 1 de pedagogía y 1 de sociología. El efecto de esta decisión sería formar un miniSEA; por poner un caso, la facultad de derecho en Xalapa tendría que absorber las escuelas de derecho del SEA para lo cual necesitaría una estructura regionalizada para la atención de los alumnos. Lo mismo sucedería con contaduría y administración pues pedagogía y sociología podrán depender de los sistemas escolarizados ubicados en Xalapa, entonces surgen otros dilemas:

Dilema 5.- Pongamos el caso de la carrera de derecho. Esta facultad en Xalapa cuenta con 2000 alumnos más 2,500 estudiantes de derecho del SEA. ¿No es esto otro SEA?.

Dilema 6.- ¿Cuenta el SEA y la UV con el personal de apoyo necesario para el desarrollo de cursos multimedia y la operación eficaz de los Centros de Aprendizaje Multimodales (CAM´s)?.

Dilema 7.- ¿Se cuenta con el personal administrativo para la atención de los estudiantes en las regiones?

Dilema 8.- ¿Qué hacemos con la Ley Orgánica de la UV que en su texto identifica con claridad la estructura del SEA?¿es posible hacer letra muerta de ésta?

atrejo20@hotmail.com

Los 13 dilemas del Sistema de Enseñanza Abierta de la UV. (2ª parte)

Alfonso Velásquez Trejo

Como decíamos en nuestra entrega anterior, el Sistema de Enseñanza Abierta de la UV enfrenta una serie de dilemas producto del cambio tecnológico aplicado a la educación, pero también a la creciente demanda de educación semipresencial en diversas áreas del conocimiento. La problemática del SEA-UV no deriva solo de que esta opción no ha crecido pues desde su origen se mantiene la misma oferta educativa, en contraste con otras instituciones que han soportado su expansión precisamente con esta modalidad de educación semipresencial

Asimismo, con el uso de las TIC se ha querido resolver los problemas administrativos del SEA. Si bien estos son una herramienta poderosa ello no significa que la atención a los estudiantes haya mejorado. En la actualidad, aun con el auxilio de las TIC los estudiantes tienen que hacer una prepreinscripción, después la preinscripción, luego la inscripción y finalmente terminan registrándose en ventanilla con lápiz y papel.

Las TICs se han montado sobre una estructura operativa ya obsoleta cuyo efecto ha sido digitalizar la obsolescencia, acentuando aún más la inconformidad de los estudiantes.

Dilema 9.- ¿La estructura operativa del SEA es suficiente para atender una población de 6500 estudiantes?

3.- Falta de parámetros: La UV no dispone de parámetros institucionales para organizar e implementar la educación en virtual o en línea. Esta falta de parámetros queda de manifiesto cuando revisamos la experiencia nacional, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, solamente imparte un curso virtual a los estudiantes de licenciatura, ello es así pues el grueso de su oferta virtual está en posgrado para atender las necesidades de formación y especialización de sus egresados que están en el campo de trabajo. En contraste, la Universidad Autónoma de Guadalajara tiene toda un área virtualizada donde ofrece licenciaturas en línea. Incluso la propia UV cuenta con una licenciatura en línea.

Dilema 10.- ¿Existen parámetros institucionales en la UV para esclarecer que tanta virtualidad se imprimirá a los PE?

Dilema 11.- Si partimos del parámetro de la UNAM donde un docente atiende un máximo de 18 estudiantes en línea entonces ¿cuál sería el costo estimado de un estudiante en línea en la UV?¿Esto es rentable?

Dilema 12.- ¿Cuántos estudiantes debe atender un docente en línea en la UV?

4.- Participación universitaria: Uno de los problemas en el diseño originario del SEA es la designación de sus autoridades, pues en la Ley Orgánica de la UV se establece que la designación del Director General y Secretario corresponden al Rector en turno. Esta facultad tiene como efecto que los académicos del SEA sean los únicos de la comunidad universitaria que no tienen la posibilidad de designar a sus autoridades, pues la propia estructura formal del SEA carece de directores o jefes de carrera.

Esta situación ha provoca que no siempre los Directores del SEA estén involucrados con la las características y problemáticas de ésta, estableciéndose una distancia entre la comunidad y sus autoridades en turno afectando la legitimidad y con ello la democracia interna del SEA.

Dilema 13.- ¿debe seguir designado el Rector en turno al Director General del SEA o es el momento de que la comunidad académica tenga la opción, como todas las comunidades académicas, de designar a sus autoridades? Acaso que pudiera la comunidad académica del SEA proponer una terna al Rector en turno para que pueda elegir de entre los 480 académicos y 5 programas educativos del SEA a su Director General.

A manera de conclusión es posible afirmar que la solución de los complejos problemas del SEA no dependen exclusivamente de éste, sino del conjunto de cambios institucionales que demanda la propia UV. Por citar un ejemplo, la flexibilización en la contratación de los académicos que les permita, además de diversificar su carga académica, impartir cursos a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en diferentes ambientes de aprendizaje dependiendo de su nivel de habilitación académica.

Por otro lado, no será que los afanes de modernización del SEA terminen con una tradición y opción de formación académica que ha demostrado ya su pertinencia social e histórica como lo demuestran infinidad de programas de licenciatura, maestría y doctorado que se imparten y desarrollan en esta modalidad semipresencial en universidades públicas y privadas y que han contribuido abrir una opción de formación académica para quienes trabajan o atienden a sus familias entre semana. A manera de conclusión y retomando el lema de la Dra. Sara D. Ladrón de Guevara G., actual rectora de la UV, el SEA enfrenta el dilema entre la tradición y la innovación. Como siempre la mejor opinión es la de usted estimado lector.

Poligrafías

Luis Gerardo Martínez García

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LOS MAESTROS APUESTAN AL DIÁLOGO. Los maestros veracruzanos se vienen manifestando desde hace varios días y en diferentes puntos del estado con la firme intención de ser escuchados. Muchos de ellos nunca habían participado en procesos sociales de este tipo: las marchas las habían visto pasar y los plantones los sentían lejanos; ahora son suyos. Como todo proceso, este momento de crisis es de aprendizaje para cada uno de ellos. Aprendieron a defender aquello con lo que se formaron: la educación no se da sólo en la escuela, la calle también educa. Posiblemente algunos no sepan la avenida que deba seguir la marcha, pero si tienen muy claro que la educación no se Negocia, la educación se Acuerda, y se hace con diálogo a través de la participación. En cada paso, en cada consigna, en cada palabra el maestro quiere recordarle al Estado que el diálogo es la vía para la construcción de una sociedad, incluida una reforma educativa integral. Hoy, todos, tenemos el compromiso de sumarnos a esa invitación de los maestros. El diálogo compromete; los maestros comprometidos están. Sólo faltamos algunos a la cita.

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HERIDAS ABIERTAS.  El desalojo de maestros de las plazas públicas abrió aún más las heridas que la sociedad trae sin cicatrizar. Mientras unos debatimos y reflexionamos sobre lo importante que es el diálogo en momentos sociales complicados, otros hacen uso de la fuerza pública sin mayor rubor ni recato. Delincuencia no es sinónimo de magisterio, en consecuencia queda claro que alguien está equivocando los rumbos de la política que ofenden la inteligencia de la sociedad del siglo XXI. Muchos llegamos a creer que los atropellos institucionales contra los ciudadanos se situaban históricamente en el siglo XIX o el consecuente. En el discurso muchas veces se dijo que los actos de barbarie ya no cabían en estos tiempos. Pero si. Tal parece que en materia política vamos en retroceso. El Estado no debe ser táctico, debe ser estratégico ante las demandas de la ciudadanía; lo táctico tiene otros fines que distan mucho de la movilización magisterial en defensa de la escuela pública. Los últimos acontecimientos dejan heridas abiertas en la sociedad y una extraña sensación de desencuentro. Heridas en el magisterio, difíciles de cicatrizar, aunque no incurables.

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PLAZA TOMADA. Los maestros inconformes, indignados tomaron la plaza en señal de protesta. Ese espacio de todos y de nadie  donde se debate lo público y se concensa lo controversial. Lugar donde se dan las reuniones convocadas por la denuncia que se niega a pasar desapercibida. Sitio propicio para tomar decisiones en colectivo y en común acuerdo. Plaza tomada que tiene su misticismo, aquello mágico que sólo lo da la capacidad de entender al otro a partir de un interés afín que trascienda lo inexistente. Ante los oídos sordos, los maestros hicieron suya la plaza a sabiendas de que su hospedaje es fugaz. Se dieron cita aún con día lluvioso para escucharse aquello que se guardaron por años; se avisaron para verse y comunicarse sus acuerdos y desacuerdos que les trajo un cambio que no cambia nada, pero que agravia; quedaron de estar ahí para compartirse inquietudes, inconformidades, propuestas y alternativas. Pensar para compartir, anteponiendo la dignidad de las personas con esa ciudadanización que la escuela, la calle y la plaza pueden garantizar. Ante la cerrazón del otro, acompañándose del atardecer asoleado, la alternativa fue única: dejar el aula para salir a la calle en defensa de la escuela. Plaza tomada... y también desalojada.

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ACTUACIÓN RESPONSABLE DE PADRES DE FAMILIA. En un momento más que complicado para la educación pública, los padres de familia asumen con responsabilidad la crisis social. Y también, sin siglas de asociaciones, participan como parte de la escuela. Informándose, indagando y hasta cuestionando, estos están conscientes de que la reforma educativa no puede quedar trunca en una reforma laboral. Es verdad que entre la sociedad existen claroscuros con respecto al tema; aunque los padres de familia han roto ese umbral de la desinformación acercándose a los maestros para saber más al respecto. Aún con esos claroscuros, sabe que el movimiento magisterial no les debe ser indiferente;  que como padres de familia la educación de los niños y jóvenes también les corresponde; que sí no participan, la escuela les exigirá incorporarse. Los maestros están gratamente sorprendidos de que los padres se saben partícipes de la reforma educativa.

http://luisgerardomartinezgarcia.blogspot.mx/

Plaza tomada

Luis Gerardo Martínez García

Los maestros inconformes, indignados tomaron la plaza en señal de protesta. Ese espacio de todos y de nadie  donde se debate lo público y se concensa lo controversial. Lugar donde se dan las reuniones convocadas por la denuncia que se niega a pasar desapercibida. Sitio propicio para tomar decisiones en colectivo y en común acuerdo. Plaza tomada que tiene su misticismo, aquello mágico que sólo lo da la capacidad de entender al otro a partir de un interés afín que trascienda lo inexistente.

Ante los oídos sordos, los maestros hicieron suya la plaza a sabiendas de que su hospedaje es fugaz. Se dieron cita aún con día lluvioso para escucharse aquello que se guardaron por años; se avisaron para verse y comunicarse sus acuerdos y desacuerdos que les trajo un cambio que no cambia nada, pero que agravia; quedaron de estar ahí para compartirse inquietudes, inconformidades, propuestas y alternativas. Pensar para compartir, anteponiendo la dignidad de las personas con esa ciudadanización que la escuela, la calle y la plaza pueden garantizar. Ante la cerrazón del otro, acompañándose del atardecer asoleado, la alternativa fue única: dejar el aula para salir a la calle en defensa de la escuela.

Camarillas condenan a los maestros allí, a espaldas, los enjuician sin juez ni juicio. Esos que no dan la cara no vacilan en culparlos de todos los males que vivencia la educación (y de paso la cultura, la ciencia, la economía). Fácil les resulta condenar al maestro que piense diferente a ellos, a aquel que altere el orden, a aquel que denuncie. Más fácil les resulta castigarlos porque los maestros se han dedicado a trabajar en sus aulas, sin maldad política. No han tenido un margen de tiempo para publicar lo que en sus tiempos anochecidos escribieron en su libreta de amarillentas hojas, cual diario al que nadie accede, pero donde asumen una postura frente a la injusticia.

Los maestros no ocultan sus caras porque sus demandas tienen rostros. Su identidad se dibuja del ser y deber ser histórico, político y cultural. Lo que son difiere del agravio que se rechaza en propia voz. Los maestros son escuela, son saberes, son entidades que se construyen y deconstruyen como ese ser inacabado que crece en armonía con la naturaleza,  enfrentándose a sus no creencias que cree no creer.

En la plaza tomada los maestros dialogan entre pares, ahí todos se ven como iguales hablando y escuchando. En ese proceso se fortalece aquello que en sus aulas promulgan: la reflexión, la crítica, el debate. Muchos se autocuestionan ¿es posible que los currícula nos oriente a formar ciudadanos pensantes y participativos, pero se nos niegue el serlo? No puede entenderse una educación que en su praxis se difiera a sí misma. ¿Por qué la duda? Porque acompaña al maestro en su andar por las ciencias y las humanidades, y se pule en ese encuentro público que exige la construcción y socialización del conocimiento.

Camina entre la plaza y recorre la calle con todos, como hombre libre que construyó con el tiempo su espacio público para defender sus ideas e intereses donde tienen cabida todos. Es verdad, también tienen cita (sin invitación) la represión y la censura, el garrote y el escudo. La prudencia, la razón y la mesura deambularán entre las mentes pensantes para esos momentos de crisis. La confrontación, como mala compañera, susurrará los oídos una y otra vez para caer en tentación. Los consejeros estarán presente, de lado y lado. En esa lucha de poderes entre rostros y capuchas, el cobarde manda al otro sin decir que es él. La honestida, arropada en la justicia y la honra dan fortaleza suficiente a los maestros para enfrentar con valor los derroteros con o sin adversidades.

Danzan entre la colectividad la incertidumbre y el rumor, uno para atemorizar y otro para prevenir. Saben los maestros que la represión se asomará en algún momento; no se sabe la hora ni el día, pero llegará. Tienen claro que son fácilmente identificados e identificables, aún en esa valentía que denuncia; porque el derecho a la libertad de expresarse también tiene sus censuras, esos límites inciertos que coexisten difuminados entre pensar y decir, escuchar y atender, entre reconocer y reprimir. Hasta ahora lo que acompaña a los maestros es la valentía de defender el derecho a la educación pública, condición que hicieron suya hombres y mujeres, padres de familia y alumnos. Hoy la sociedad es el blindaje de los maestros al interior de la plaza tomada que los acompaña en las sombras y en la claridad.

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