El
golpe de México contra 'la maestra'
ANDRÉS
OPPENHEIMER
Esta
puede ser una semana histórica para México. Después de décadas en que varios
gobiernos trataron sin éxito de modernizar la educación pública, el Presidente
Enrique Peña Nieto ha puesto detrás de las rejas a la todopoderosa lideresa
sindical Elba Esther Gordillo, más conocida como “la maestra”, y -más
importante aun- firmó una enmienda constitucional que permitirá reformas claves
a la educación en el País.
La
reforma constitucional para la reforma educativa firmada por Peña Nieto, que
había sido aprobada en el Congreso por los tres principales partidos políticos
de México a pesar del rechazo de Gordillo y su poderoso Sindicato de
Trabajadores de la Educación (SNTE), aún debe ser regulada por el Congreso
mediante una “ley secundaria” que debe ser aprobada en los próximos seis meses.
Pero
a juzgar por lo que vi durante una visita a México esta semana, aunque existe
el riesgo de que el Congreso apruebe una “ley secundaria” diluida, el arresto
de Gordillo bajo cargos de corrupción -y las acusaciones de que entre otras
cosas “la maestra” habría gastado alrededor de 3 millones de dólares en compras
en Neiman Marcus, una de las tiendas más caras de Estados Unidos- hará más
fácil que el Congreso apruebe una ley efectiva.
La
reforma constitucional establece, entre otras cosas, que se deberán hacer
evaluaciones obligatorias a todos los maestros, y que las contrataciones y
promociones de los docentes deberán estar sujetas a estas evaluaciones. Lo que
es más, permite que los maestros mal evaluados puedan ser despedidos, algo a lo
que el SNTE se ha opuesto con uñas y dientes.
Hasta
ahora, el SNTE, que cuenta con 1.7 millones de afiliados y es el sindicato más
grande de Latinoamérica, de hecho decidía quién podía ser contratado como
maestro. Gracias al poder político del sindicato -que tiene incluso un partido
político, con senadores y diputados- los maestros de México no podían ser
despedidos por más que no fueran a dar clases, o no estuvieran capacitados para
hacerlo.
Todo
esto ha llevado a un deterioro de la calidad educativa, y a una corrupción
rampante. En evaluaciones voluntarias de maestros llevadas a cabo en los
últimos años, más de la mitad de los docentes reprobaron la prueba. Y la venta
de plazas -la práctica por la cual aspirantes no calificados compran puestos de
maestros vitalicios por unos 10 mil dólares- es una práctica aún vigente, tal
como la propia Gordillo me admitió en una entrevista en 2010.
Como
resultado de este perverso sistema educativo, México sale mal parado en los
exámenes internacionales PISA para estudiantes de 15 años. En el último test
PISA realizado en 2009, México salió en el puesto 51 entre 65 países (aunque,
Brasil, Colombia y Argentina ocuparon puestos aún más bajos en la tabla).
Cuando
le pregunté al jefe de gabinete del presidente, Aurelio Nuño, en una entrevista
en el palacio presidencial pocas horas antes del arresto de Gordillo si no hay
un riesgo de que el mandato constitucional sea diluido en el Congreso cuando se
dicte la “ley secundaria”, meneó la cabeza como diciendo “de ninguna manera”.
Según
Nuño, es en el interés del Gobierno de que la reforma educativa se implemente,
porque la aprobación de una reforma educativa efectiva le hará más fácil a Peña
Nieto hacer aprobar sus proyectos de reformas de telecomunicaciones, y
energética. Cuando se logra una reforma, se hace más fácil aprobar la próxima,
me aseguró.
Preguntado
sobre el arresto de Gordillo, David Calderón, director de Mexicanos Primero, un
grupo cívico no partidario que ha luchado por la educación de calidad, me dijo
que podría facilitar la aprobación de una “ley secundaria” efectiva. Las
presuntas pruebas de corrupción masiva en el SNTE harán más difícil para muchos
congresistas defender al sindicato, argumentó.
Mi
opinión: Aunque el arresto de Gordillo generó los titulares más grandes, la
prueba de fuego más importante para la futura prosperidad de México será si el
Congreso aprueba una “ley secundaria” efectiva para implementar con vigor la
reforma educativa. Eso ayudaría a reducir la pobreza, al darle a los pobres una
educación de calidad que les permitiría acceder a mejores empleos, y además,
ayudaría a México a ser un país más competitivo, y más próspero.
El
SNTE tiene razón cuando dice que los maestros mal evaluados deben tener la
oportunidad de recibir capacitación, y de dar un segundo -y quizás tercer-
examen evaluatorio. Pero si ese proceso toma 10 o 15 años, o se hace infinito,
como pretende el sindicato, la reforma constitucional será apenas un texto
inspiracional.
La
verdadera batalla por la reforma educativa en México recién empieza. Si la “ley
secundaria” que debatirá el Congreso en los próximos seis meses refleja la
letra y el espíritu de la reforma constitucional, como parece factible ahora,
sin duda esta semana puede terminar siendo histórica para México.
Twitter:
@oppenheimera
Publicado
en Reforma