La
confusa rectoría del Estado
Tatiana Coll*
La llamada
rectoría del Estado parece haberse convertido en los nuevos tiempos priístas en
la palabra clave que permite explicar, justificar, alabar y llevar a cabo un
conjunto de políticas reformadoras. Se recupera la rectoría del Estado en
educación al encarcelar a la señora Gordillo a pesar de que los charros sigan
controlando el sindicato; sin embargo, no se pierde la rectoría del Estado al
abrir el petróleo a la inversión privada nacional y extranjera cuando sólo se
podrán cobrar menguados impuestos, y se consolida la rectoría del Estado en
telecomunicaciones al aceptar el ingreso del monopolio Slim en televisión y
viceversa del monopolio Azcárraga en telefonía. Una rectoría del Estado cuyos
principios se acomodan a los intereses dominantes.
No son pocos los
analistas, diputados, senadores, partidos y merolicos de la televisión que
repiten todos los días estas falacias para confundir. La pregunta evidente
sería: ¿qué entienden por Estado y por rectoría del Estado, cuando se utiliza
para caracterizar procesos tan aparentemente disímiles? Seguramente el meollo
radica en que la injerencia dañina del SNTE vulnera al Estado, mientras la
benéfica injerencia del capital privado lo fortalece. En realidad me parece que
es exactamente al revés: en el caso de la educación nunca se perdió la famosa
rectoría, es un pretexto para controlar a los maestros; con el petróleo el
Estado está muy dispuesto a cederla y, aunque se privatice, seguirá siendo de
la nación.
La mayoría de las
definiciones señalan que el Estado, una unidad de dominación que hace uso
legítimo de la violencia (Weber), es una forma específica de organización
política, económica y social formada por instituciones que sostienen el poder
de regulación nacional, es el espacio simbólico de toma de decisiones integrado
por instancias que representan poderes políticos, económicos y sociales. El
gobierno no es el Estado, y solamente la confluencia de poderes de estos
diversos actores puede constituir una política de estado. En el caso de la
educación, esto es precisamente lo que ha venido sucediendo.
Desde la
formulación del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, suscrito en
1992 entre Salinas de Gortari y la señora Gordillo, que implicó las lesivas
reformas al artículo tercero constitucional y la concreción de la
descentralización educativa, hasta la Alianza por la Calidad de la Educación,
suscrita por Calderón y la misma vitalicia dirigente, hay una perfecta
sincronización y continuidad en las políticas educativas. El objetivo de esta
educación neoliberal ha sido desmantelar tenazmente el secular proyecto de
diversas generaciones para edificar una educación universal, pública, gratuita,
laica, democrática, incluyente y bajo principios de equidad, lo que, en los
hechos, significa la abolición de uno de los derechos fundamentales por el cual
el pueblo mexicano ha luchado a lo largo de su historia.
La rectoría del
Estado no ha sido vulnerada, puesto que comparten plenamente los gobiernos
priístas y panistas con el SNTE, con los empresarios y con la Unión de Padres
de Familia, la visión de una nueva educación, eficientista, empresarial,
privatizadora, que ha establecido mecanismos perversos de control y
mercantilización a través de las evaluaciones y estímulos, que ha trastocado
las currículas empobreciéndolas con estándares y competencias,
instrumentalizándolas con la prueba Enlace. Hoy la educación ni es pública, ni
gratuita, ni laica. Y además, como gran triunfo de la supuesta recuperación de
la rectoría del Estado, se anulan unilateralmente los derechos laborales de los
maestros.
Esta complicidad
plena entre gobiernos y líderes sindicales es conocida; el corporativismo
sindical ha sido siempre definido como la subsunción de los sindicatos a los intereses
del Estado, práctica añeja en nuestro país desde los tiempos en que Morones fue
designado secretario del Trabajo y que solamente tuvo un paréntesis de
independencia en la época cetemista de Lombardo. Desde el famoso charro Díaz de
León, el charrismo ha sido el aliado estratégico del Estado mexicano para
desplegar todas sus políticas. Pero criar cuervos resulta a veces peligroso y
hay que disciplinarlos; la ambición desmedida de la lideresa finalmente le
costó caro, pero eso no es más que un ajuste de cuentas interno.
El contenido
esencial de la supuesta reforma educativa ya había sido planteado desde 2008:
desde que se estableció en la ACE la evaluación universal estaba perfilado que
dicha evaluación sería el mecanismo de promoción y permanencia del magisterio;
también los concursos se iniciaron como procedimiento para el ingreso. La
vitalicia Gordillo simplemente estaba tratando de vender lo más caro posible
los últimos derechos del magisterio. Ni los empresarios ni el gobierno estaban
ya dispuestos a pagarle.
La pregunta
importante ahora es: ¿hasta cuándo se permitirá la verdadera rectoría de los
maestros sobre su sindicato?
* Profesora de la
UPN. Autora de El INEE y su dilema: evaluar para cuantificar y clasificar o
para valorar y formar
