Vector político de la reforma educativa (dos)
Por Fernando Gutiérrez Godinez
Es una “reforma administrativa y laboral más que educativa”,
gritaba el SNTE en sus alegatos callejeros de fin de semana. Y tenía razón, la
intención primordial aparente es la recuperación de la gestión del sistema
educativo y su gobernabilidad, o, como gustan decir en el gobierno, “restablecer
la rectoría del Estado”. No es de poca monta. Demos un vistazo al contexto
político que subyace.
En el artículo anterior “Simbólica del poder y gordillazo”,
indiqué que la detención de la exlíder del magisterio está en línea con la
praxis histórico-política del PRI, y tiene repercusiones mucho más amplias que
sólo en el campo educativo. Por su impacto simbólico da margen a la Presidencia
de la República para alentar otras transformaciones necesarias. Reformas en
telecomunicaciones (iniciativa apenas presentada), energía, fiscal y en otras
áreas, donde deben destrabarse intereses particulares en beneficio del bien
común, tienen posibilidades de avanzar sin tropezones.
Con ello se demuestra oficio para ejercer el poder, sin
duda, “firmeza y eficacia” para desatar aquello que nos tiene estancados como
país y que, paradójicamente, el mismo PRI frenó en otro momento por interés
particular. Además, el priismo hace una semana restableció la “sana cercanía”
que apuntala el presidencialismo de antaño: casi a la par que se difundió la
foto oficial del primer mandatario posando para la posteridad, el partido se le
rindió y quitó los candados estatutarios a las reformas. La plataforma ampliada
desde la que se vienen impulsando los cambios es el “Pacto por México”, novedad
política concertadora que busca legitimar a sus actores y reordena el quehacer
del ejecutivo mostrándole como “presidencia democrática en acción”, dice
Camacho Quiroz.
Volviendo a nuestro tema, vemos que el contenido de la
parcial reforma educativa son aspectos que impulsaron los gobiernos anteriores:
evaluación y difusión de resultados para elevar la calidad, concurso de plazas
(servicio profesional docente), institución y reforma del INEE (apenas en 2012,
pero ahora con autonomía), RNAME (hoy sistema de información para la gestión
educativa), participación social (llamada autonomía escolar) y escuelas de
tiempo completo. La diferencia es que son fortalecidos como políticas de estado
(a nivel constitucional) y se pretende implementarlas sin el socio incómodo
(SNTE), que mucho contaminó su ejecución anterior sin lograr frutos plausibles.
Sin embargo el aspecto político que permitiría que la
reforma cale profundo en la mejora de la educación, cosa que podría suceder a
largo plazo, es justamente lo que ocurra con el sindicato magisterial; sin
pretender hacerle al “profeta de la desventura”, pienso que si no se impulsa
una transformación radical de lo laboral simplemente seguiremos igual.
Me explico. La profesión docente en México ha estado
históricamente, para bien o para mal, atada a la estructura gremial. Sin el
respaldo adecuado y suficiente del Estado en sus inicios y todavía hoy (a pesar
de tantos logros y privilegios), fue el sindicato la instancia que la arropó y
esgrimió sus intereses para obtener el reconocimiento gubernamental y social,
junto con las mejoras salariales. Lo atestiguan así historiadores del
sindicalismo mexicano como Alberto Arnaut Salgado en su Historia de una
profesión: los maestros de educación primaria en México, quien sostiene también
que por eso la docente es “una profesión cautiva”; don Pablo Latapí Sarre, destacado
investigador de la educación, la llama “profesión subyugada” (La SEP por
dentro, p. 33). Por lo que es difícil desligar su desempeño profesional en la
escuela pública mexicana de los mecanismos y prebendas sindicales. Existe una
simbiosis casi total.
Por otro lado, el SNTE se constituyó con el tiempo en una
poderosa corporación que se inclinó clientelarmente ha favor del oficialismo
priista, es decir asumió un rol de carácter político electoral; esto no cambió
por haber roto con él y por establecer un partido satélite, el PANAL, hace una
década. Más bien se diversificaron sus filias y desarrolló una relativa
autonomía. El sindicato y su partido, junto con su disidencia (CNTE en Oaxaca y
Michoacán, y CETEG en Guerrero), son hoy un excelente aliado político y un
eficaz chantajista de gobernadores y de muchos otros políticos, incluso de
presidentes de la república. Por negociación y presión han puesto y quitado
secretarios de educación (a nivel federal, y estatalmente al menos 22 le deben
el puesto hoy, según Carlos Ornelas), colonizan las estructuras educativas
federal y de los estados con personas leales aunque no tengan perfil, realizan
doble negociación salarial para sus agremiados y obtienen múltiples beneficios
para la estructura sindical (cientos de millones para sus actividades); sus
agentes administran impunemente las nóminas teniendo un ejército de
comisionados, con líderes y familiares adscritos a escuelas fantasmas según el
diario La Razón (http://razon.com.mx/spip.php?article163175), y tantas corrupciones
que salen a la luz.
Todo lo anterior es imposible sin el beneplácito de los
gobernantes en turno y las alianzas políticas. Por lo que caben estas
preguntas: El desplazamiento de la exlíder por el gobierno federal ¿Sólo quita
y apacigua un obstáculo a la reforma en marcha, o además reorganiza y realinea
la estructura sindical de conformidad con intereses político-partidistas de
largo plazo? Los “desamparados” políticos de Elba Esther a nivel local ¿Se
desistirán de alianzas con representantes partido-sindicales del magisterio o
buscarán el modo de fortalecerlas? Lo sucedido con el relevo en la cúpula del
SNTE al día siguiente de la captura, después de una “charla” del actual líder
en la Secretarían de Gobernación, no es de buen augurio. Los gobernadores
quieren sacudirse la doble negociación salarial que sangra las arcas estatales,
pero nadie ha pedido una transformación del sindicato ni se observa que estén
limpiando las estructuras educativas locales de sus alfiles.
Por eso, si con esta reforma educativa que atañe a la
gestión del sistema no se ponen también las bases para una verdadera
transformación del sindicato de maestros, que lo haga democrático y
transparente, modifique las condiciones generales de trabajo y de escalafón,
acote sus extravíos político-electorales, y que a la vez se limpien y enfoquen
las estructuras educativas, no sucederá gran cosa en la educación mexicana. La
determinación de las leyes secundarias y reglamentos así como el diseño de los
instrumentos institucionales adecuados para implementarla, podrán avanzar en su
lógica y estar listos en dos años, según el senador Romero Hicks (presidente de
la comisión de educación). Otros expertos señalan que los primeros frutos
cualitativos en la mejora de los alumnos podrían verse hasta en quince o veinte
años, cuando logre impactar en los procesos escolares si es que no se desvía
por los vicios políticos y laborales del sistema.
Mientras tanto se habla fuerte de educación y se toma más
conciencia del enorme desafío, lo cual no es vano socialmente. Esperamos que el
Pacto por México no se agote en sus virtualidades políticas al renovarse los
liderazgos de los partidos y al avecinarse la lucha electoral, y sobre todo
esperamos que la voluntad de nuestros gobernantes sea eficaz en superar nuestro
enanismo educativo, sin canjear la intención por coyunturas.
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