Con los
maestros
John M. Ackerman
Un nuevo movimiento
social en favor de la humanidad y contra el neoliberalismo crece en el sur del
país. El Movimiento Popular Guerrerense se levanta como una ola
de esperanza ante la enorme sed de justicia de la sociedad mexicana. Sus justas
demandas universales tendrían que empujar a movimientos paralelos,
como el Movimiento por la Paz, #YoSoy132 y Morena, a mostrar la humildad y
generosidad necesarias para sumar en lugar de restar, para apoyar en lugar de
competir.
La mejor muestra de
que la lucha de los maestros de Guerrero no está
motivada por intereses particulares, sino por grandes ideales, es la naturaleza
de sus demandas. En México, los maestros de educación
básica no ganan salarios dignos, equivalentes a la enorme
importancia de su labor social. Sus siete u ocho mil pesos mensuales no
alcanzan para mantener a sus familias e invertir el tiempo necesario para
impartir clases como desearían, y no en salones con graves
problemas de mantenimiento y con grupos sobrepoblados que muchas veces rebasan
los 30 niños. Pero en lugar de exigir el sueldo
que merecen, los maestros han decidido poner sus necesidades personales a un
lado y luchar por mejorar la calidad de la educación
pública.
La principal demanda
de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación
de Guerrero (Ceteg) es establecer en la ley el 6 por ciento del producto
interno bruto (PIB) del Estado para la construcción,
mantenimiento, equipamiento, mobiliario, material didáctico,
servicios básicos y demás
necesidades del servicio educativo. El listado no menciona salarios ni
prestaciones laborales, sino que se refiere exclusivamente al mejoramiento de
las condiciones educativas.
Esta solicitud es
perfectamente razonable y se encuentra dentro de los márgenes
internacionales en la materia. Todo México debería
unirse a esta justa demanda para que se incluya no solamente en la legislación
guerrerense, sino también en la nueva Ley General de Educación
(LGE) a escala federal.
De acuerdo con la
OCDE, México sólo
invierte 5.3 por ciento de su PIB en la educación
pública, y a educación primaria y secundaria sólo
destina 3.3 por ciento. De acuerdo con fuentes oficiales, muchos otros países,
incluyendo Ghana, Bolivia, Noruega, Suecia y Jamaica, dedican un porcentaje
mucho mayor. Botsuana emplea 7.8 por ciento de su PIB en la educación
pública, Dinamarca 8.7 y Cuba 12.9 por ciento.
La LGE ya incluye
desde 2002 en su artículo 25 la obligación
de que el Estado dedique por lo menos 8 por ciento del PIB al gasto en educación
pública y en los servicios educativos. Sin embargo, esta
disposición incluye los salarios de los maestros
y se encuentra tramposamente condicionada a las disposiciones de ingresos y
gasto público correspondientes que resulten
aplicables. Además, la ley no garantiza porcentajes
específicos para entidades federativas en
particular. El resultado es que año con año
se incumple la norma y estados como Guerrero caen aún
más en el abandono.
Otra demanda clave
de la Ceteg es incluir en la ley estatal la obligación
de incrementar el número de plazas de base que se asignarán
a los egresados de las normales públicas. Resulta evidente que las
personas idóneas para educar a nuestros niños
son precisamente aquellas que culminen exitosamente la carrera de maestro
normalista, una formación orientada a los temas especializados
en la materia.
Los jóvenes
que generosamente opten por dedicar sus vidas a la educación
primaria merecen una oportunidad para servir a sus comunidades en lugar de ser
obligados a arriesgar sus vidas cruzando la frontera en busca de trabajo. México
necesita a sus normalistas educando y formando niños
en su país, no lavando platos o cuidando los
jardines de los estadunidenses más privilegiados.
México
debe expandir, no reducir, este tipo de oportunidades laborales que simultáneamente
facilitan la movilidad social y fortalecen el desarrollo económico.
Una política como la que exige la Ceteg
constituye, además, la mejor protección
contra la expansión de la delincuencia y el narcotráfico
en las comunidades más humildes del país.
Un maestro es mucho más útil que un soldado para fomentar el
desarrollo social.
Todos los jóvenes
del país tendrían
que tener garantizado su derecho a un empleo digno en su materia de
especialización. La coyuntura actual podría
ser una oportunidad de oro para rearticular #YoSoy132 en función
de esta demanda universal. No hace falta recurrir a autores extranjeros o a
utopías exageradas para fundamentar esta exigencia, sino
solamente exigir el cumplimiento de nuestra revolucionaria Constitución,
tan despreciada por los neoliberales, que sin rodeos señala
en su artículo 123 que toda persona tiene derecho
al trabajo digno y socialmente útil.
Finalmente, resulta
una vil mentira que los maestros rechacen la evaluación.
Como cualquier profesionista, lo único que piden es que no haya despidos
arbitrarios, algo que es por lo demás un derecho constitucional, y proponen
una evaluación democrática,
procesual, permanente, formativa, sistemática e integral. Los periodistas, políticos
y empresarios que hoy, de forma clasista y racista, linchan mediáticamente
a los maestros muy difícilmente aprobarían
un riguroso proceso de evaluación de esta naturaleza en sus materias
respectivas.
En lugar de dividir
falsamente a los maestros entre los buenos, que dócilmente
aceptan la imposición de la depredadora lógica
neoliberal, y los malos, que exigen participar en el mejoramiento de sus escuelas,
es necesario defender a los maestros y acompañarlos
en la articulación nacional de sus justas demandas en
favor del cumplimiento de la Constitución y las leyes del país.
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@JohnMAckerman
