¿Es delito “reprimir” una manifestación?

Leo Zuckermann

Durante el periodo vacacional la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestó en contra de la reforma educativa. En Guerrero bloquearon en diversas ocasiones la carretera que conecta al DF con Acapulco causando un caos en plenas vacaciones. Después de varios intentos de negociación, la Policía Federal disolvió a los manifestantes que impedían el paso de los automovilistas. Representantes de la CNTE condenaron esta acción. Su argumento: “Protestar es un derecho. Reprimir es un delito”.

De lo primero, no hay duda. La libre manifestación es un derecho humano consagrado en las constituciones de las democracias liberales como México. Los maestros de la CNTE están en su derecho de llevar a cabo protestas si no están de acuerdo con la reforma educativa. La pregunta es si eso les da el derecho de bloquear la principal vía pública de un estado, afectando a miles de automovilistas y a la economía de muchísimas familias que viven del turismo en Guerrero.

El tema no es fácil de resolver. En democracias más añejas han tratado de equilibrar los derechos de los manifestantes con los de los otros ciudadanos. En la democracia más vieja del planeta, la del Reino Unido, los manifestantes están obligados a avisarle a la policía seis días antes y por escrito la “fecha y hora de la marcha; la ruta; nombres y direcciones de los organizadores”. Las autoridades pueden limitar o cambiar la ruta de la marcha, modificar el lugar donde se llevará a cabo la demostración, restringir la duración de la protesta, limitar la cantidad de asistentes y establecer cualquier otra condición. Si una marcha se organiza en un periodo breve, se debe informar de todas maneras a la policía. Por último, las autoridades tienen el derecho de intervenir para evitar que una protesta bloquee el tráfico de las calles o banquetas.

Con todo y estas regulaciones, nadie puede dudar del carácter democrático-liberal del régimen británico. La gente en ese país puede manifestarse en las calles pero este derecho está regulado para evitar que se afecten derechos de terceros. En la lógica de los maestros de la CNTE, estas regulaciones serían “un delito”.

En Estados Unidos, otra vieja democracia, los ciudadanos tienen el derecho de protestar en espacios públicos. Sin embargo, la gran mayoría de los condados regulan este derecho. En Nueva York, por ejemplo, se necesita un permiso de las autoridades para usar equipo de sonido, para llevar a cabo una conglomeración de más de veinte personas en un parque o marchar por las calles. Se tienen que hacer arreglos con la policía si la manifestación será frente al ayuntamiento. La ley prohíbe bloquear la entrada a un edificio así como el paso peatonal, por lo que es necesario dejar por lo menos la mitad de la banqueta libre.

En una marcha, los policías neoyorquinos acompañan a los manifestantes abriéndoles paso por la ruta y dejando carriles abiertos para que el tránsito fluya. Además está prohibido que los manifestantes lleven cualquier material que pueda utilizarse con fines violentos, al punto que no se pueden llevar letreros montados en palos de madera o metal.

Con todas estas regulaciones, las manifestaciones pierden espontaneidad e impacto político. Lo pude atestiguar cuando estudié en Nueva York. Vi muchas marchas, bien ordenaditas, dentro de las vallas que ponía la policía. La gente, sin embargo, no les ponía atención.

Muy diferente a lo que me ocurrió hace años cuando en un puente vacacional fui una de las víctimas de los bloqueos de los maestros en la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo. Ahí nos quedamos varados varias horas sin poder hacer nada. La policía ni se apareció. Nadie se atrevió a acercarse a los docentes que llevaban palos y botellas de cristal. Hicieron una barricada con llantas quemadas y piedras. La prensa, de lejitos, reportó el asunto. Las colas en ambos lados de la carretera eran kilométricas. Al cabo de varias horas, los maestros se retiraron. Los automovilistas pudimos circular después de limpiar las barricadas. Y nos quedamos con la sensación de que ninguna autoridad defendió nuestro derecho a la libre circulación por una carretera federal.

La historia es recurrente en México. Quizás aquí las manifestaciones tienen un mayor impacto que en los países donde éstas se regulan. Pero esto tiene un precio: no se respetan los derechos de otros ciudadanos; pesan más los de los manifestantes. Y, cuando en el raro caso que la policía interviene, hay quienes consideran esta “represión” como un “delito”. Pamplinas. En México, como en otras democracias, hay que regular el derecho a la manifestación pensando, también, en los derechos de los posibles ciudadanos afectados.

Twitter: @leozuckermann