La educación no se negocia
Javier
Cruz
México
es un país pluricultural. Tanto las personas que hablan inglés en Tijuana
como aquellas que hablan tzotzil en
Chiapas forman parte de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, los
mexicanos somos iguales pero distintos; de norte a sur, de este a oeste,
existen diferencias culturales, territoriales, etcétera; pero, pese a éstas,
nadie puede negar que cada una de las personas que radican en México somos
mexicanos y,
aunque
suene contradictorio, somos iguales. La igualdad radica en nuestra calidad de
mexicanos, pero sobre todo en que todos debemos tener el mismo acceso a los
derechos que otorga la Constitución. Uno de éstos es el derecho a la educación.
La Constitución de la Republica ha ordenado una serie de elementos en materia
de educación.
Los
estados de la Unión como Guerrero, Michoacán y Oaxaca —entre otros— no pueden
desacatar el mandato constitucional. ¿Por qué? Bueno, la Constitución ha
ordenado los cuatros puntos básicos de la educación. A saber: (I)
infraestructura, (II) contenidos
educativos,(III)
profesores y (IV) evaluación de estos factores. En este sentido, los
gobernadores no tienen más oportunidad que aplicar el mandato constitucional
que sus mismos congresos aceptaron. Asimismo, estos elementos se transforman en
derechos fundamentales para las personas, los cuales dotan de sentido al
derecho a la educación de cada individuo.
En
el caso de que no lo acepten, los Congresos locales no pueden negociar la
Constitución; las legislaciones que vayan más allá de ésta serán nulas. Los
plantones de los sindicatos, las marchas, manifestaciones y demás. son igual a
cero. En efecto, cualquier negociación en Guerrero, por poner algún ejemplo,
debe de carecer de trascendencia jurídica, ya que la Constitución (y sus
derechos) no se negocian. No es una cuestión de gustos, sino de cumplimiento.
Lo
que debe imperar es el mandato constitucional que no se soluciona con huelgas
ni plantones. La resistencia de ciertos grupos no puede minar la voluntad de
que nuestros niños y adolescentes encuentren un mejor futuro. Porque, como se
menciona, no sólo se trata otorgar infraestructura y contenidos educativos,
sino que cada una de las obligaciones
del Estado se traduce en el ejercicio del derecho a la educación de niños y
adolescentes. En caso contrario, nuestra juventud está condenada a realizar
marchas para poder subsistir.
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Investigador del CIDE. Publicado
en El Universal
