viernes, 5 de abril de 2013


La educación superior brilla por su ausencia: el llamado de la ANUIES
GERMÁN ÁLVAREZ M.

El gobierno federal ha dejado claro que su prioridad es la educación básica y, en segundo  término, la educación media superior. Aunque es motivo de amplia polémica, parece razonable concentrar la mayor parte de la energía política (ya veremos si también financiera) en la base del sistema, si es que queremos que dentro de algunos años los jóvenes estudiantes tengan mejores niveles formativos que los que hoy muestran los egresados de bachillerato. Lo que no es adecuado, sin embargo, es dejar a la educación superior sin política.

A más de 100 días de haberse iniciado, el gobierno federal no da atisbos de lo que serán sus líneas rectoras en este nivel. Cierta indolencia se deja ver al haber nombrado en la subsecretaria respectiva a un académico respetable, con cierta trayectoria en los meandros de las burocracias universitarias, pero que parece desconocer a un sistema y a sus actores, que presentan altos niveles de complejidad y heterogeneidad. El subsecretario bien podría hacer un esfuerzo sistemático por acercarse a los rectores de las instituciones, conocer sus puntos de vista no sólo sobre las realidades locales sino también sobre el futuro de la educación superior y armar con ellos una visión de lo que se requiere en el futuro cercano. Es verdad que nadie en el gobierno federal querría que el subsecretario de educación superior hiciese sombra a las estelares reformas que se han anunciado en educación básica; tampoco nadie querría que se abrieran frentes que opacaran el esfuerzo principal, pero de eso a que no haya definiciones y políticas claras en educación superior hay un largo trecho. Si algo no ocurre en este nivel, se corre el serio riesgo de tener un sexenio más de un continuismo a todas luces insuficiente.

Ya se han producido importantes propuestas para dar un giro a las políticas en educación superior, tanto las concentradas obsesivamente en la evaluación de instituciones, programas e individuos para canalizar recursos fiscales no ordinarios, como las destinadas a la diversificación de opciones institucionales. Hace un par de años, la entonces rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Sylvia Ortega, hizo una importante declaración sobre la necesidad de cambiar los paradigmas: de políticas centradas en la evaluación a políticas centradas en nociones de desarrollo y equidad. En un sentido análogo, la ANUIES hace meses dio a conocer una propuesta para abrir una nueva generación de políticas, basada en la inclusión con responsabilidad social. También el rector de la UNAM ha mencionado en varias ocasiones la necesidad de desplegar políticas con un sentido de equidad en función de las necesidades sociales y económicas de la sociedad en general. Desde la investigación académica se han producido muchas evidencias sobre los nocivos efectos que los sistemas de evaluación y estímulos han producido en las instituciones y en las prácticas de los profesores, y muchas voces se han escuchado sobre la necesidad de cambiar los esquemas de la política pública.

Parece existir, por tanto, un amplio consenso: la política de premios y castigos sustentada en una evaluación mal concebida que se basa en indicadores de dudosa eficacia para medir la calidad, está agotada. Nada más de lo que ya ha dado, incluidas algunas (pocas) virtudes, podrá dar. Por ejemplo ¿quien puede creer que la acreditación de programas de licenciatura hace de la formación universitaria un proceso con resultados de calidad?, ¿quién puede sostener que las políticas de incentivos “por méritos” hace mejores maestros a los profesores universitarios o que sus alumnos aprenden más y mejor?, ¿es verdad que entre más doctores tengamos enseñando en las universidades mejores alumnos tendremos en ellas? Obviamente nada de eso ocurre. Tenemos cada vez más programas acreditados y una proporción mayor de alumnos en tales programas, más doctores dando clases y más profesores con sobre sueldos por méritos y, sin embargo, la educación superior, especialmente en licenciatura, pero también en el posgrado, goza de un lamentable bajo nivel.

Ante la ausencia de definiciones políticas en educación superior, la ANUIES podría jugar un papel más activo, difundiendo con vigor su propuesta de una nueva generación de políticas, pero ha optado por conservar un perfil bajo. Es indudable que esta asociación hace ya tiempo dejó de ser un “irrelevante club de rectores”, como alguna vez lo dijo Olac Fuentes Molinar, o una simple “correa de transmisión” entre las órdenes del gobierno federal y los representantes de cada institución afiliada. Hoy es diferente. Pero si no asume que tiene un lugar en el liderazgo de la educación superior, especialmente en estos momentos en que hay carencia de ideas y líneas claras de acción en el gobierno federal, corre el riesgo de jugar un papel anodino, simple rutina administrativa con escasa o nula influencia el futuro estratégico de la educación superior.

Es deseable, por tanto, que el próximo secretario general, que será electo en breve, asuma un papel pujante, que coloque la educación superior en la agenda educativa federal con la importancia que merece y que sepa conjuntar la fuerza de las instituciones y de sus rectores hacia objetivos de cambio que hoy por hoy son imprescindibles. Bienvenido será un nuevo líder de la ANUIES que imprima dinamismo a la asociación, que conozca a fondo el sistema, que tenga amplia capacidad de negociación y, al mismo tiempo, de generación de ideas, y que dé rumbo al conjunto de este nivel educativo. Si la ANUIES elige a un nuevo secretario general que, además, conecte las necesidades de desarrollo de la educación superior con las necesidades de desarrollo económico y social de toda la población, especialmente la de menores recursos, habrá hecho una contribución invaluable a la educación en el país.