Emilio
Chuayffet no retrocederá
Fausto
Alzati Araiza
En el
momento más oportuno llegará al Senado de la República el proyecto de ley
reglamentaria de la reforma constitucional en materia educativa. Se abrirá así
un período de intenso diálogo entre el titular de la SEP, Emilio Chuayffet
Chemor y la comisión senatorial de educación, que encabeza el panista Juan
Carlos Romero Hicks, ex rector de la Universidad de Guanajuato —donde también
fue ya gobernador— ex director de Conacyt y conocedor de los temas educativos.
Esta
expectativa suscita ya nuevas protestas de las corrientes del magisterio que se
oponen de modo supuestamente irreductible a algunos elementos de la reforma, en
particular a la evaluación objetiva y transparente del desempeño de los
maestros. Oponerse es su derecho. La disidencia y su manifestación pública son
inherentes a una democracia plural. No
lo son, sin embargo, la violencia, la destrucción de la propiedad pública, ni
el privar a terceros del goce de derechos que la constitución y las leyes
otorgan a los mexicanos, tales como el libre tránsito por las vías de
comunicación y el derecho de las familias a que sus hijos reciban educación
pública, gratuita, laica y de calidad. Derecho que conculcan al mantener
cerradas las escuelas durante meses, que los educandos no podrán recuperar.
Las
tácticas elegidas son erróneas. No es con pedradas ni desfiles de encapuchados
como pueden lograrse acuerdos de beneficio para la sociedad, los educandos y
los maestros. Nada benéfico se conseguirá provocando sistemáticamente a la
represión a una autoridad cuya obligación es hacer valer la ley y preservar el
orden público. Por lo contrario, si las intenciones son limpias y las
aspiraciones legítimas, es indispensable privilegiar el diálogo y abrir las
puertas a la construcción serena e inteligente de consensos. Precisamente
porque la coyuntura nacional es compleja y presenta riesgos severos, el ánimo
de todos los actores del proceso político debe ser por necesidad ecuánime.
Es hora
de que los maestros regresen a las aulas. Porque legalmente no hay huelga y
porque los educandos tienen derecho a recibir las clases sin más demora. Sólo
así puede la autoridad recibir y dar cause a las demandas legítimas de quienes
disienten y responder con soluciones viables a sus temores y preocupaciones.
Más aún, en un diálogo constructivo los propios maestros inconformes pueden
contribuir a tejer soluciones eficaces que respondan a sus legítimas
inquietudes, siempre dentro del marco de la ley. De todas las reformas
emprendidas y por emprender, la reforma educativa del presidente Enrique Peña
Nieto es la de mayor trascendencia. Es un paso decisivo para el porvenir de la
nación. Obstaculizarla o retrasarla en defensa de intereses mezquinos es
atentar contra México.
Se
equivocan quienes quieren atribuir las fallas de la educación mexicana a los
maestros, cuando han sido y están llamados a seguir siendo el mejor aliado con
que cuenta la autoridad educativa. Los maestros, los que enseñan y se preparan,
los que educan y se educan. No quienes cobran como maestros y pasan más tiempo
en las calles que en las aulas. Al servicio de intereses políticos poco claros
y no de las nuevas generaciones de mexicanos.
Instruir
no es igual que educar. Se instruye con palabras, pero se educa con el ejemplo.
Los maestros han de dar el mejor testimonio de conducta, civismo y dignidad,
como lo han dado siempre. Toca a la autoridad esforzarse por restituirles,
tanto y tan rápido como sea posible, niveles de vida acordes con su destacada
responsabilidad social. Pero corresponde a los propios maestros reconquistar la
estima de los educandos, las familias, la sociedad y la nación entera, con un
buen desempeño y el manifiesto deseo de mejorarlo. Emilio Chuayffet no dará
marcha atrás. La reforma educativa seguirá avanzando.
