Torre de Rectoría: posibles explicaciones

Javier Flores

Han transcurrido 11 días y la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sigue ocupada por un pequeño grupo de personas con los rostros cubiertos. La solución de este conflicto debe incluir los elementos que contribuyan a explicarlo. No se puede enfrentar un problema sin saber cuáles son sus causas. Para entenderlo, es indispensable responder al menos dos preguntas: ¿quiénes son los que decidieron tomar las instalaciones universitarias? y ¿qué es lo que persiguen?

Lo primero que es importante establecer es que no se trata de un movimiento estudiantil universitario. Todas las dependencias e instalaciones de la UNAM (con excepción de la rectoría) funcionan normalmente, la toma del edificio de gobierno no estuvo precedida por asambleas o procesos de consulta entre universitarios. Así, se trata de una acción unilateral de un grupo que actuó a espaldas de la comunidad.

Si bien existen antecedentes anteriores, en los 11 días que han trascurrido ha quedado claro que en todas las etapas del proceso, desde la marcha que precedió a la invasión, el acto mismo y en las movilizaciones posteriores realizadas por pequeños grupos de activistas que la apoyan, han participado y participan personas ajenas a la institución. El propio rector de la UNAM lo ha señalado y ofreció dar a conocer a las autoridades competentes los nombres, apellidos y alias de personas involucradas. También distintos testimonios periodísticos han dado cuenta de ello (ver por ejemplo, la nota de Nurit Martínez y Natalia Gómez publicada este sábado en El Universal).

Es importante diferenciar entre lo aparente y lo real. Los elementos citados llevan a descartar explicaciones simplistas que ubican las causas del conflicto exclusivamente en las reformas a los planes de estudio del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). En contraposición, puede proponerse que se trata además de un problema más general en el que participan distintas organizaciones políticas que utilizan a la UNAM para lograr otros objetivos. A partir de distintas conversaciones con colegas y amigos de la UNAM, me queda claro que para la mayoría los universitarios que analizan con seriedad este conflicto, el tema de la toma de la rectoría está situado en este nivel. Hay dos hipótesis que me parecen dignas de atención y las quiero compartir en las líneas que siguen.

La primera es que se trata de una acción orquestada desde el gobierno. Esta idea se sustenta en parte en los acontecimientos del primero de diciembre, en el que las autoridades dejaron actuar deliberadamente a algunos grupos violentos y terminaron reprimiendo a otros que no tenían que ver en esos actos. La presencia de personajes ligados a esos acontecimientos en la actual toma de la rectoría fortalece esta idea. De acuerdo con esta hipótesis, la invasión del edificio de gobierno en la UNAM estaría buscando una salida represiva que inactivaría la posición crítica de las instituciones de educación superior frente a las reformas en materia educativa, fiscal y de energéticos, por ejemplo.

La segunda hipótesis parte de la terrible situación que vive el país, caracterizada por la miseria y el hambre en millones de mexicanos, la violencia y la falta de oportunidades para los jóvenes y a que se han cerrado las vías democráticas para la participación política, como evidencian las elecciones de 2006 y 2012. Lo anterior da pie a la acción de grupos radicales que se expresan en acciones violentas como las que recientemente se viven en la UNAM y en distintas regiones de México. Finalmente estos grupos buscarían también una salida represiva que, suponen, haría crecer el descontento.

Como quiera que sea, las acciones violentas de estos grupos revelan alto grado de resentimiento social y están cargadas de un gran simbolismo que traduce propósitos por destruir a la universidad. Si no, ¿cómo explicar entonces la agresión a miembros de la comunidad y prender fuego a instalaciones, como ocurrió en el CCH Naucalpan? ¿O cómo interpretar que se golpeen con un mazo por más de 45 minutos los cristales de un edificio emblemático?

En mi opinión, estos grupos hacen el juego a los sectores más conservadores del país, que buscan acallar o dañar a las instituciones de educación superior públicas, como la UNAM, que representa un modelo de educación superior pública, gratuita, laica y de masas con alta calidad académica, en la que se discuten con libertad y se buscan soluciones a los grandes problemas nacionales.

Como la mayoría de los universitarios, no estoy por el uso de la violencia o la intervención de la policía para resolver este conflicto, pero creo que quienes tienen tomada la Torre de Rectoría se tienen que ir, pues la otra opción sería ver convertido al edificio de gobierno de la Universidad Nacional en una nueva versión del auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras (ocupado desde hace años por grupos políticos ajenos a la UNAM), lo cual es inadmisible.

Poligrafías

Por Luis Gerardo Martínez García

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Desaparece Carrera Magisterial; la Sección 56 presiente grupos anarquistas; reporte de la UNESCO; manifiesta SETSE su postura ante la reforma educativa; partidos sindicalistas lucran con el Día del Niño.

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DESAPARECE CARRERA MAGISTERIAL. 50 mil millones de pesos anuales se destinan al Programa de Carrera Magisterial para el pago de sobresueldo de los docentes, directivos, supervisores y asesores técnicos pedagógicos. Pues bien, la Secretaría de Educación Pública propone eliminar dicho programa para el 2015: “El programa de Carrera Magisterial continuará en funcionamiento hasta en tanto entre en vigor el programa a que se refiere el artículo 34 de esta ley, cuya publicación deberá hacerse a más tardar el 31 de mayo de 2015". Esa determinación se establece en el borrador de la Ley General del Servicio Profesional Docente; cabe aclarar que de aprobarse dicha propuesta los beneficios adquiridos por el personal que participa en este programa no podrán ser afectados. Aún así, esta iniciativa es fuertemente cuestionada por aquellos que critican con fundamento la reforma educativa.

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LA SECCIÓN 56 DEL SNTE PRESIENTE GRUPOS ANARQUISTAS. Manuel Arellano Méndez, secretario general de la Sección 56 decidió suspender la participación de los agremiados en el desfile del día primero de mayo, "Día del Trabajo". Arellano argumenta "prevenir cualquier incidente que ponga en peligro la integridad física de los agremiados a la Sección 56", ante el rumor que corrió fuertemente en las redes sociales de una concentración de maestros en la Plaza Lerdo de Xalapa. Eso llamó la atención de los dirigentes sindicales que quieren evitar a toda costa manifestaciones en contra de las reformas educativa y laboral, después de que el SNTE finalmente acordó apoyar la reforma, contraviniendo las decisiones que había acordado al principio, cuando EPN las hizo públicas. Los temores del SNTE siguen creciendo ante los actos violentos en algunas entidades del país y con el riesgo latente de que células de grupos anarquistas se infiltren en los contingentes... ¡Los dirigentes deben estar bastante bien informados!

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REPORTE DE LA UNESCO. Siete dominios deben lograr los estudiantes, según el reporte de la UNESCO titulado "Hacia un aprendizaje universal. Lo que cada niño debería aprender”: 1. Bienestar físico; 2. Social y emocional; 3. Cultura y Artes; 4. Alfabetismo y comunicación; 5. Perspectivas de lectura y cognición; 6. Conocimientos básicos de aritmética y matemáticas; y, 7. Ciencia y tecnología. Con esto, la UNESCO está defendiendo la idea de no sólo pensar en el acceso a la escuela como un derecho humano fundamental, sino en el aprendizaje; ello equivale a pensar la relevancia de los contenidos, teniendo claro qué conocimientos deben poseer los estudiantes de la educación básica. El documento en mención es un buen referente para ir construyendo la nueva educación del México contemporáneo. La propia UNESCO en la Semana de la Acción Mundial 2013 señaló que el déficit  mundial de maestros alcanza los 6.8 millones ante el crecimiento de la demanda, y enfatizó un tema bastante sensible en el contexto mexicano: la situación social y laboral de los maestros "debería ser objeto de mejora y protección de conformidad con las recomendaciones de los marcos jurídicos internacionales". En ambas recomendaciones, el gobierno mexicano juntos con las organizaciones sindicales y la sociedad tienen mucho trabajo que hacer si es que desean que la reforma educativa deje de ser amorfa.

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MANIFIESTA SETSE SU POSTURA ANTE LA REFORMA EDUCATIVA. El sindicato estatal de la profesora Acela Servín Murrieta publicó un desplegado en el que define su postura de rechazo frente a las incongruencias presentadas en el anteproyecto de la Ley General de Educación, entre otros asuntos graves, señalando "El artículo 30 del citado Anteproyecto dice: 'Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados observarán en la realización de los concursos el cumplimiento de los principios que refiere esta Ley. La o las organizaciones sindicales reconocidas, para los efectos del ejercicio de sus funciones de atención laboral de sus agremiados, serán informadas del inicio de los procesos de promoción y recibirán facilidades para la realización de tareas de observación'”. Con fundamento y muy buena asesoría jurídica, el SETSE analiza para la opinión pública las inconsistencia que presenta la reforma educativa y la laboral, e insiste en detener el Anteproyecto de la Ley General del Servicio Profesional Docente, hasta en tanto se genere el consenso con el magisterio de todas las entidades federativas. Leer el desplegado textualmente significa contextualizar en buena medida el sentir del magisterio. Se tiene confianza en que no se enturbie esta postura de cara a la tentación de candidaturas a puestos de elección popular. El magisterio tiene ya esa necesidad de empezar a creer en sus sindicatos.

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P.D. ¿Por qué se empeñan las organizaciones sindicales en lucrar con toda festividad (incluido el Día del Niño) con fines meramente partidistas? sinrecreo@hotmail.com 

La UNAM al filo de la navaja

Víctor Flores Olea

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido colocada nuevamente ante opciones indeseables: la intervención de las fuerzas del orden o la prolongación de la rectoría ocupada por un grupo de estudiantes y tal vez jóvenes profesores (entre los que seguramente se mezclan provocadores externos), absolutamente reprobable y que ha sido ya repudiada por la gran mayoría de los universitarios. Como decíamos: a la máxima casa de estudios del país se le sitúa otra vez ante un dilema inaceptable.

El rector José Narro Robles, en lo general y en lo particular, ha llevado las riendas de la institución con mano firme y segura, y cuando ha sido indispensable ha tenido la flexibilidad necesaria que le aconsejan la inteligencia y su vasta experiencia universitaria. La UNAM ha sido dirigida en los años recientes con talento y espíritu universitario, como en sus mejores tiempos.

Pero quienes también hemos vivido en la UNAM y con la UNAM durante largo tiempo, vemos que surgen las provocaciones y los provocadores de muchas veces, a los que es necesario enfrentarse con especial inteligencia y madurez universitaria. Y vemos también que hay facciones en la Universidad, que también siempre han existido, que en un momento tan delicado parecen desear forzarle la mano al rector para que se decida a llamar a la fuerza pública (personalmente o por conducto de los canales oficiales pertinentes, probablemente las procuradurías) para que detenga a los provocadores y a los jóvenes estudiantes y profesores que nuevamente han puesto a la UNAM al filo de la navaja. Acto éste en el que insisten, decía antes, algunas facciones que se sitúan en la extrema derecha del espectro político, universitario y nacional.

Algunos de los ocupantes de rectoría utilizan capuchas, y éstos parecen ser algunos personajes que ya aparecieron en el escenario del primero de diciembre pasado, causando también destrozos en el Centro Histórico de la ciudad. Debo suponer que las autoridades de seguridad nacionales y de la capital los tienen identificados, lo que facilitaría su acción una vez que abandonen el campus. La pregunta es: ¿por qué no los detuvieron antes de esta nueva irrupción antiuniversitaria?

La cuestión más seria que se plantea ahora es la de lograr que los secuestradores abandonen las instalaciones de rectoría sin intervención de la fuerza pública. Y me parece que para ello hay sobre todo dos líneas básicas de acción: la primera sería la de su aislamiento total de la comunidad universitaria (en lo cual se ha avanzado mucho con las abundantes declaraciones públicas de universitarios e instituciones de prestigio, que sin embargo pierden fuerza al provocar división y polémica cuando también convocan al desalojo por la fuerza de la rectoría); segundo, emprendiendo ahora acciones académicas que resulten insoportables para los invasores.

Pongo énfasis en el aspecto más negativo de un rescate por la fuerza policiaca, porque inevitablemente una acción de esta naturaleza traería consigo muy serias divisiones y opiniones encontradas y aun opuestas en la comunidad universitaria. Se correría el gran riesgo de maltratar demasiado el delicado tejido universitario y dejarlo maltrecho a un grado difícil de recomponer o recuperar en un tiempo previsible.

Por supuesto, no hablo de un diálogo genérico con los ocupantes, como método para resolver el problema, ya ensayado infructuosamente por las autoridades, sino a que las altas autoridades universitarias convoquen, por ejemplo, a una especie de congreso o magno diálogo entre especialistas universitarios para discutir a fondo la sustancia de una eventual revisión del plan de estudios del CCH y de los métodos pedagógicos más actuales para ponerlos digamos ‘‘al día’’. Recordemos que en la fundación de los Colegios de Ciencias y Humanidades hubo una muy amplia participación universitaria.

El plan de estudios y la estructura del CCH fueron elaborados en 1971, y necesariamente ahora requieren de una revisión cuidadosa y a fondo. Se trataría de que participen en este ejercicio los mejores universitarios en distintas áreas de las ciencias y las humanidades, y la pedagogía, y que allí vuelvan a escuchar los argumentos de los universitarios que han participado en el colegio en los pasados años (sin dejar de oír a los disidentes radicales). Me parece que un ensayo de esta naturaleza sería enormemente fructífero.

Que sea necesario un ejercicio así lo exigen los grandes descubrimientos recientes en el campo de la ciencia, las humanidades y la pedagogía –muchos admirables–, para que no dejen de estar presentes en los planes de estudio actualizados del CCH y en sus métodos pedagógicos.

Esto, desconociendo en el detalle la revisión más reciente de los planes de estudio del Colegio de Ciencias y Humanidades, que pudiera tener como principal ingrediente que ha sido criticado por los afectados, su vocación a satisfacer el mercado de trabajo y las necesidades empresariales, más que la formación intelectual y profesional del estudiante (en un medio específico como el mexicano).

Es decir, valdría la pena que los universitarios con mayor experiencia revisaran a fondo los planes de estudio del colegio, sin caer en las estandarizaciones en que ha incurrido la Comunidad Europea (como el Plan Bolonia, que hace hincapié sobre todo en la formación para la empresa y para el mercado de trabajo), y menos, decía antes, para la formación multidisciplinaria y polivalente del estudiante, del profesionista y del graduado al más alto nivel.

Varias de las críticas que, tengo entendido, se han externado en contra de las reformas al plan de estudios del CCH, se refieren esencialmente a esta educación para el mercado laboral, que considera menos la formación polivalente de los estudiantes y mucho más sus habilidades para ingresar al mercado del trabajo y satisfacer las necesidades empresariales. Aunque una formación realmente multidisciplinaria y polivalente los haría incluso mucho más aptos para el concreto trabajo profesional, en muy distintas actividades.

Una vez más hago votos por una pronta y prudente solución al problema universitario, uniéndome plenamente al reconocimiento y apoyo que ha recibido el rector José Narro Robles.

Maestros, prensa y poder punitivo

Carlos Fazio

Cual policías del pensamiento único disciplinador y domesticador, la jauría informativista de los medios corporativos privados está desatada. Con fruición desbordada clama por la mano dura y el garrote. Como tantas veces antes, engolados comunicadores, histriónicos campeones de la trivialidad, histéricos del rating, bombardean a la población con estereotipos, eslóganes y clichés maniqueos. Invocan el estado de derecho; la ley y el orden, y piden cárcel contra quienes protestan contra una reforma educativa autoritaria, producto de un acuerdo cupular de la partidocracia, ideado para mantener la violencia estructural, generada desde arriba.

Subsumido en las campañas de intoxicación propagandística, aflora el manido repertorio de odio clasista de quienes sirven a los que mandan. Al cacerolismo mediático y el linchamiento exponencial de maestros normalistas y jóvenes universitarios, se suma la llamada a la violencia represiva del Estado contra los vándalos, las hordas, la turba, los conspiradores enmascarados y el salvajismo del otro, el disidente, el que se resiste a ser amaestrado y no renuncia al pensamiento crítico liberador. Presionan para que reaparezca el rostro colérico diazordacista del muñeco telegénico de Televisa y los poderes fácticos, Enrique Peña, el que mostró con los asesinatos y las violaciones sexuales tumultuarias de Atenco, y la represión-escarmiento inaugural de su mandato, el 1º de diciembre de 2012 en la ciudad de México.

En la coyuntura, los amanuenses del sistema han erigido a maestros y estudiantes disidentes en el nuevo enemigo interno. Un enemigo a destruir, a aniquilar. La vieja educación humanista y con alto contenido social en un país de pobres y analfabetos no corresponde a las nuevas necesidades de la dominación capitalista. Por eso, un objetivo clave de la contrarreforma educativa de Peña es acabar con el papel histórico de los maestros en las luchas sociales.

Encubriendo las causas que generaron el actual conflicto ideológico en el sector educativo nacional, los medios presentan una caricatura de la realidad. Manipulan, distorsionan, simulan. Los cultores del ditirambo del poder amplifican el discurso esquizoide del gobierno y arremeten contra los mentores y estudiantes de la enseñanza básica y superior, que han salido a las calles a protestar contra la imposición de una contrarreforma educativa elitista y excluyente, que busca fabricar jóvenes eficientes y conformistas para el mercado total; que luchan contra la mercantilización de la enseñanza pública, básica y superior; contra la universidad-empresa, el capitalismo académico, la educación electrónica y el sindicalismo charro corrupto y corruptor.

Junto a la estigmatización del otro a doblegar, la ideología despolitizadora de la comunicación total reproduce matrices de opinión que refuerzan los intereses corporativos. Entrenada para divulgar una realidad virtual, ahistórica y sin memoria, la prensa mercenaria condiciona y modela a sus audiencias, arreglando sus noticias y comentarios editoriales conforme a criterios políticos facciosos que no cumplen con los estándares mínimos, éticos y legales que garanticen un buen equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la información.

El presentador vedette, el hombre-ancla, el editorialista patriotero de la prensa escrita, radial y televisiva repite a coro las palabritas de importación de moda, vía la OCDE: hay que examinar y evaluar a los maestros. Algunos, los más ilustrados −hay muchos payasos y chimpancés en la prensa nativa−, saben que los exámenes y la evaluación no son simples procedimientos técnicos y, sobre todo, que no son neutrales. Saben que se usan para impulsar un modelo determinado de educación. Pero, demagógicamente, engañan a sus auditorios: para eso les pagan sus anunciantes y patrocinadores.

Por un carril paralelo, la manufacturación de un enemigo interno (hoy los maestros y estudiantes disidentes) tiene que ver con la construcción social del miedo. El Estado decide quién es el enemigo, y al ser ubicado como tal un individuo es colocado fuera de la ley. Al negársele al enemigo la calidad de hombre o mujer, de persona, se transforma en algo más bien parecido a un monstruo o una bestia. Un ser limítrofe. Una vida desnuda (Agamben) que se encuentra fuera de la ley y de la humanidad, y con la cual no hay acuerdo posible, al que se debe derrotar incluso mediante la coacción física y la tortura y/o eliminar. Una vida de la que se puede disponer libremente al punto de que se le puede dar muerte sin que sea necesario cumplir con los procedimientos legales instituidos y sin que ello constituya un homicidio. Ocurrió durante la pasada guerra de Felipe Calderón y está en fase de calentamiento en el arranque del peñismo, el nuevo PRI y los pactistas paleros.

Como dice el penalista Raúl E. Zaffaroni, el enemigo es una construcción tendencialmente estructural del discurso legitimante del poder punitivo. Sólo que la noción de enemigo no se limita a la imagen extrema encarnada por el disidente de turno, sino que abarca a amplios sectores de la población que no optan por jugar en los opuestos y se mantienen pasivos. Las contrarreformas estructurales del gran capital (las impuestas y las que vienen), tienen una fase represiva paralela dirigida contra todo tipo de resistencia a los valores promovidos oficialmente o a aquellos considerados normales, lo que de manera automática ubica en el campo de la disidencia al que protesta, pero que también abarca al que no se mete, al espectador neutral, conformista, alienado, y que tarde o temprano, a través de las formas encubiertas de la guerra sicológica en curso, también terminará siendo blanco de la acción punitiva del Estado. La lógica del poder es implacable: se basa en un razonamiento de suma cero, según el cual lo que beneficia al enemigo, erosiona o destruye al régimen de dominación clasista.

La sociología del extremismo

RICARDO RAPHAEL

Diez días lleva secuestrado el edificio que hospeda la rectoría de la UNAM. Los responsables son un grupo de estudiantes cuyas demandas no han alcanzado contagio entre la opinión pública.

La exhibición de sus exigencias ha sido más importante que el contenido detrás suyo. La forma por encima del fondo. ¿Por qué llevan el rostro cubierto? ¿Qué piden a cambio de liberar esa instalación que hoy es su rehén? Es tarea compleja responder a ambas interrogantes.

Con todo, algunos de sus mensajes alcanzan a ser audibles: argumentan estar contra una suerte de conspiración para privatizar la UNAM; están enojados porque el inglés sea obligatorio en los CCH y no quieren que sus profesores trabajen jornada completa. (Extraña época cuando los alumnos secuestran edificios para que sus maestros laboren menos).

Poca confianza tienen los encapuchados en las palabras. No cabe en su imaginación que del otro lado se halle un interlocutor digno para dialogar civilizadamente. Por eso han optado por la política del empellón. Su circunstancia es hija de la sociología del extremismo. Es una cosmovisión que, de tiempo en tiempo, conduce a replegarse en la intimidad de las necedades propias para ahorrarse el gran esfuerzo que significa entenderse entre seres humanos.

La sociología del extremismo también explica lo que está ocurriendo en Guerrero. Los maestros de la CETEG decidieron prenderle fuego a las instalaciones de tres partidos porque los diputados locales votaron en contra de su propuesta de ley. Al igual que sus parientes encapuchados de la UNAM, los maestros disidentes no han logrado contagiar con sus consignas y tampoco han sido buenos para lograr empatía con sus argumentos. Insisten con empeño que la reforma educativa quiere privatizar las escuelas; rechazan que, para permanecer en sus cargos, deban esforzarse y no soportan la idea de sufrir evaluaciones similares a la que experimenta, en el mundo, cualquier otro profesional del magisterio. Para ellos la forma es también más importante que el contenido.

Los integrantes de la CETEG no usan capucha para esconder su rostro, porque en su repertorio prefieren las antorchas y los palos. Tienen predilección por el bloqueo de carreteras que tanto enoja, y con razón, al resto de sus conciudadanos. Son expresión genuina de la sociología del extremismo porque no están dispuestos a aceptar otra solución que no sea la propia. Son tan autoritarios como los funcionarios a quienes señalan. Son tan reacios a la práctica democrática de la conversación como una tanqueta a punto de estrellarse contra otra. La sociología del extremismo tiene tantos adeptos, de uno y otro lado del escritorio, que es fácil imaginar un crecimiento de estas y otras expresiones sociales.

Sin embargo, para existir, el extremista necesita toparse con otro de su misma naturaleza. La cerrazón no es actitud que pueda sobrevivir largo tiempo sin cerrazón en el lado opuesto. La sociología del extremismo se alimenta de la represión, de los mártires, de las víctimas. Aviva su lucha gracias a la mano dura, al Estado violento, a la autoridad que se impone con fuerza pero sin ley. Quienes pertenecen a tal visión del mundo, a veces están situados dentro de la sociedad y otras tantas son autoridad.

Ambos extremos se temen entre sí pero se necesitan para sobrevivir. Ambos descreen de la democracia porque saben que en el terreno del intercambio de razones y opiniones saldrían derrotados.

Por fortuna, ellos no son mayoría en el país. En México los extremistas no pesan más que otros y, al parecer, tampoco han logrado seducir al gobierno para que se vuelva instrumento suyo.

No quiere decir que escaseen voces presionando por ver caer la fuerza del Estado sobre los revoltosos. Tampoco que estén callados quienes sueñan con ver multiplicarse, como torbellino, la ventisca de la violencia. Hoy sólo es evidente que esa sociología no es mayoritaria.

Por lo pronto esta semana, quienes exigen desalojo y punto se quedarán con las ganas. Nada menos atractivo que darle una oportunidad a la sociología del extremismo en la visita a México de Obama.

¿Y luego? Sería difícil hacer predicciones. Pero cabría apostar por la conversación democrática y por todas aquellas circunstancias que la garantizan. Sería fundamental dejar a los extremistas en los extremos y no dentro de la casa que todos compartimos. Pero hacerlo a través de la política y no de los palos y la mano que aplasta.

SNTE y cacicazgos charros: historia sin fin

Jesús Martín del Campo

A muy poco tiempo de su fundación, en diciembre de 1943, el SNTE comenzó a ser dirigido por líderes que implantaron todos los vicios del sindicalismo oficial, conocido como charrismo, a la par que en la mayoría de sindicatos importantes del país.

Tres camarillas, encabezadas cada una por un jefe o jefa, han controlado el SNTE desde 1952 a la fecha. La primera, encabezada por Jesús Robles Martínez, controló a los sucesivos dirigentes del sindicato de 1952 hasta 1972. La segunda, encabezada por Carlos Jonguitud Barrios, controló la vida sindical de 1972 a 1989. Y la tercera, teniendo como cabeza a Elba Esther Gordillo Morales, dominó de 1989 hasta febrero pasado.

Tratándose de un pilar de los gobiernos autoritarios para el control político de los trabajadores, los líderes charros han tenido licencia para enriquecerse, vender plazas, y también para perseguir y asesinar disidentes. Tal es el caso del SNTE, donde los jefes de las camarillas han sido removidos en una especie de ritual cíclico, de aproximadamente 20 años entre uno y otro, por algún desencuentro con el Ejecutivo en turno. Los han quitado y remplazado por otros que les garantizan el control deseado. Haciendo el papel del charro expiatorio.

Como elementos característicos de las direcciones oficialistas del SNTE encontramos: el control personalizado del jefe o la jefa en la toma de decisiones. La componenda de los líderes con las autoridades para negociar reivindicaciones a la baja, el ofrecimiento de votos para candidatos del PRI a la Presidencia (con Elba Esther para el del PAN vía fraude), la exigencia de una cuota cada vez más grande de cargos políticos y, de manera muy señalada, el uso de métodos violentos contra los disidentes.

Precisamente por la ausencia de democracia en el sindicato magisterial, y por los métodos gansteriles de los charros para controlarlo, han surgido movimientos democráticos para recuperar su sindicato como un instrumento al servicio de los trabajadores.

Durante el cacicazgo de Robles Martínez surgió el Movimiento Revolucionario del Magisterio, encabezado por Othón Salazar, con cuyas acciones desarrolladas entre 1956 y 1960 se cimbró el charrismo. Tiempo después, entre 1968 y 1970, surgió un movimiento integrado por comités de lucha de un buen número de delegaciones sindicales del DF.

En el periodo de dominio de Carlos Jonguitud surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en diciembre de 1979, organización que sigue viva y activa hasta la fecha. En dicho lapso se cometieron los asesinatos de muchos maestros democráticos a manos de jonguitudistas. ¿Cómo olvidar esos hechos?

Bajo el control de Elba Esther los rasgos del charrismo fueron llevados al extremo. Su ambición por enriquecerse, sus numerosas propiedades y su explicación chocarrera de una herencia como la base de su fortuna son al mismo tiempo indignantes y muestra de la corrupción que priva entre los políticos en el poder, algunos de los cuales han sido socios de ella. Su obsesiva concentración del control personal de todo lo que se hiciera en el sindicato revelaba desconfianza. Hacerse nombrar presidenta vitalicia ya fue el colmo. Con su habilidad para ayudar en los fraudes electorales de 2006 y 2012, superó con creces a sus antecesores. Su entreguismo para pedir que desaparecieran las normales del país, una barbaridad, si la inmensa mayoría de los maestros del sindicato son egresados de las mismas. Contra ese cacicazgo la CNTE desarrolló una gran capacidad de lucha, y logró acrecentar su influencia en la mayor parte de secciones del país y es la alternativa para democratizar al SNTE.

Cuando cayó Robles Martínez, Echeverría impulsó a Jonguitud para el relevo en el SNTE. El charrismo siguió con un líder que llevaba el control personal de la vida sindical y formó la corriente Vanguardia Revolucionaria, de la que se hizo nombrar jefe vitalicio. La inconformidad contra ese cacicazgo se mostró con la huelga magisterial de 1989, dirigida por la CNTE.

En abril de aquel año cayó Jonguitud y Salinas colocó a Elba Esther al frente del SNTE. De eso hace 24 años. Los excesos de Elba Esther y la anuencia de los gobernantes con ella la hacían ver como inamovible. Sorpresivamente la meten a la cárcel y termina su ciclo, pero el gobierno actual mantiene intacta la estructura que ella dejó, y que es fuente de malestar del magisterio que ha luchado siempre por la democratización de su sindicato.

Ahora sabemos que el gobierno dio el golpe para darse una imagen justiciera, pero en realidad preparó el terreno para la aplicación de la llamada reforma educativa que tiene la clara intención de abatir la estabilidad en el empleo, acabar con la gestión colectiva de las condiciones de trabajo y cerrar las escuelas normales. El magisterio democrático despliega ya una oleada de lucha contra esa reforma y sus contingentes de vanguardia en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Distrito Federal y Chiapas lograrán la incorporación de muchos en defensa de su fuente de trabajo.

El diablo no era Gordillo

Jorge Fernández Menéndez

En Chiapas, en 1994, los zapatistas efectuaron su levantamiento armado ejecutando distintos actos de violencia, la mayoría dirigidos contra personajes o instituciones gubernamentales, secuestraron a un ex gobernador e incluso le “declararon la guerra” al Estado mexicano, pero después de diez días de confrontaciones entraron en una lógica de negociación, no exenta de confrontaciones que de una u otra forma se mantiene hasta hoy. Pero la impunidad ahí quedó como marca.

Años después, en Atenco, un grupo de manifestantes, muchos de ellos relacionados con grupos afines al EPR y otras organizaciones armadas, con una serie de acciones muy violentas lograron que el gobierno federal se echara para atrás en su decisión de construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Fue decisivo para la pérdida de credibilidad de la administración foxista, pero fue también, en muy buena medida, la apertura de la puerta a la impunidad para los actos de violencia social, impunidad que alcanzó todo tipo de delitos: desde el secuestro y la amenaza de muerte de funcionarios rociados con gasolina en una plaza pública (poco después la amenaza se convirtió en realidad en Tláhuac) hasta la toma de oficinas gubernamentales durante semanas. El desalojo de Atenco estuvo jalonado por acciones que fueron calificadas por la CNDH como violaciones a los derechos humanos. Violaciones que si se cometieron son injustificables, tanto como las acciones violentas cometidas por esos grupos políticos.

No había terminado de suceder Atenco cuando una ola mayor de violencia sacudió a Oaxaca. La APPO, junto con la Sección 22 del magisterio, tomaron la ciudad y, otra vez, un intento de desalojo mal realizado, les dio la coartada para cometer todo tipo de tropelías. El gobierno de Ulises Ruiz podía ser o no defendible, pero lo que hizo la APPO en Oaxaca fue injustificable. Tardaron meses las autoridades en recuperar la ciudad y ésta difícilmente se ha recuperado de los costos de aquella toma. La impunidad fue la norma.

Antes de lo ocurrido en estas semanas en Guerrero y en menor medida en Michoacán, se sucedieron los hechos violentos relacionados con la Coordinadora, en esos estados, pero también en la propia Oaxaca, en el DF, en Chiapas, en otros puntos del país. Ese tipo de acciones no era aceptable ni justificable, pero nunca hubo castigos, ni cuando se sacaba a golpes a una dirigente del sindicato de una estación de radio en Morelia para llenarla de chapopote y plumas en la plaza pública, ni cuando se prendía fuego a la histórica puerta de la SEP en el DF; tampoco cuando moría un modesto trabajador intentando apagar el fuego generado por los manifestante en una gasolinería en la Autopista del Sol, en Chilpancingo. Cuando se destrozó el centro de la Ciudad de México el pasado 1 de diciembre, la Asamblea Legislativa del DF se apresuró a modificar el Código Penal para que nadie fuera a la cárcel y la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad sacó una dura condena…de las fuerzas de seguridad que trataron, bien o mal, de controlar la situación.

A finales del año pasado, con mi compañera Bibiana Belsasso publicamos el libro La élite y la raza (Taurus, 2012), donde sosteníamos que la Coordinadora era el mayor peligro y el mayor dique para cualquier reforma educativa y que, al contrario de lo que era la opinión dominante, ese obstáculo mayor no lo constituían el SNTE o Elba Esther Gordillo, con la que existían otro tipo de disputas, personales, políticas o de otro tipo (hasta éticas si se quiere), pero que por allí la reforma podía transitar. No por la Coordinadora que haría, para oponerse, todo lo que estuviera a su alcance, como lo que ahora estamos viendo. La opinión y el libro (que se acompaña de un documental que presentaremos en el programa Todo Personal, en Proyecto 40 el próximo domingo a las 21 horas) no gustaron en ciertos ámbitos porque no eran políticamente incorrectos: el diablo era Gordillo y había que exorcizarlo. Y así se hizo y La Maestra probablemente cometió tantos errores políticos que era lógico que así terminara. Pero el peligro real, el diablo que se quería exorcizar, seguía siendo, y hoy lo podemos ver en toda su extensión, la Coordinadora y los grupos que operan dentro y junto a ella. Grupos que se han potenciado por el aprendizaje y la impunidad de que han gozado. Y que están dispuestos a todo, hasta a prender fuego con gente dentro (como los narcos del Casino Royale) a la sede de todos los partidos y a reconocer que ellos sí lo hicieron (desmintiendo la versión del gobierno estatal de que habían participado “provocadores”). Grupos que enfrentarán con violencia cualquier reforma que vulnere sus intereses particulares, que objetivamente van en contra de la educación pública y que fomentan la privatización de la misma, desacreditando a miles de maestros que día con día cumplen, muchos en las condiciones más difíciles, con aciertos y errores, con su responsabilidad de educar.

Democratización de la educación superior

JUAN CARLOS YÁÑEZ

En el marco de las actividades del “Núcleo de estudios e investigaciones de educación superior del Mercosur”, 18 y 19 de abril se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, el “1º Seminario Democratización de la Educación Superior. Una mirada desde el Mercosur”, con la participación de representantes gubernamentales, rectores y académicos de varios países miembros de esta región de América Latina.

Mercosur, conviene recordarlo, es un bloque geopolítico de principios de los 90, inicialmente conformado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay (temporalmente suspendido), al que se sumó Venezuela y más tarde, como asociados, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Además de su importancia demográfica y económica, ha sido punto de referencia política (y de preocupación para Estados Unidos), porque actualmente agrupa a varios de los gobiernos contrarios al neoliberalismo, encabezados por los Kirchner, Pepe Mujica, Rafael Correa, Evo Morales y, en su momento, Hugo Chávez.

Mercosur tiene un sector educativo, SEM, en el cual se inscribe el Núcleo arriba nombrado, cuyos tres objetivos son: “a) Impulsar la reflexión y producción de conocimiento de la educación superior en el MERCOSUR vinculada a la integración.
b) Promover investigaciones sobre las contribuciones de la educación superior a la integración de los países del MERCOSUR.
 c) Proponer iniciativas y acciones que contribuyan a fortalecer el proceso de formulación de políticas públicas y orientar la toma de decisiones en educación superior del MERCOSUR”.

Durante el Seminario en cinco mesas se analizaron tres ejes centrales del encuentro académico, intelectual y político: políticas de inclusión en la educación superior (prácticas y actores), transformaciones institucionales para la inclusión en la educación superior y sentidos de la universidad en la construcción de nuevas ciudadanías. En otras palabras, se discutieron los avances, dificultades, posibilidades y límites para profundizar el acceso a una educación superior de buena calidad, con prácticas inclusivas que tiendan a la permanencia y egreso de los sectores históricamente marginados del derecho a la educación; los avances que muestran naciones e instituciones para transformarse a sí mismas frente a las nuevas realidades heterogéneas y en el contexto de un inusitado proceso político que experimenta el Cono Sur y, finalmente, las contribuciones que deben realizar o ya concretan las universidades en la formación de las ciudadanías de estos países.

Resumir lo allí vivido es imposible en el espacio de esta colaboración. Puedo apuntar de manera sintética algunos rasgos, entre ellos la diversidad de modelos, así, pudimos conocer distintas experiencias y avances en la expansión de la educación superior en Argentina y Brasil; la preocupación por la inclusión de grupos marginados, con casos específicos y estimulantes, como la Institución Educativa Resguardo Indígena (Colombia) o la formación de profesores modalidad aborigen Wichi, en la provincia del Chaco, Argentina.

Las reflexiones de altísimo nivel fueron parte del escenario, con las disertaciones estupendas de Daniel Mato (Universidad de Tres de Febrero, Argentina), Eduardo Rinesi (Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina), Jorge Martinis (Universidad de la República, Uruguay), Diego Tatián y Carolina Scotto, ambos de la institución sede. Aplausos especiales mereció la participación de María Egilda Castellanos, fundadora y primera rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sobre todo por la emotividad de sus exposiciones y su participación en el proceso social y político.

Dos días, cinco mesas, extraordinaria organización a cargo de un equipo coordinado por Estela Miranda (Universidad Nacional de Córdoba), magistrales participaciones e invitaciones a la reflexión sobre el sentido de la educación superior en la época que vivimos, una tarea imprescindible. Además, la constatación de un hecho que puede ser (debe ser) debatido, que no es perfecto pero intenta construir alternativas pedagógicas: la preocupación de las universidades sudamericanas, por lo menos un sector de ellas, por acompañar los procesos de integración regional y su profunda imbricación con la realidad social de esos países. Fue, también, una forma de homenajear el rectorado (unánimemente apreciado) que esta semana llega a su fin en la Universidad Nacional de Córdoba, conducido por la filósofa Carolina Scotto.

La toma de rectoría

Octavio Rodríguez Araujo

Atendiendo a las notas de prensa, el conflicto del CCH de la UNAM se inició el viernes primero de febrero en Naucalpan. Esa noche un grupo de estudiantes se enfrentó a trabajadores administrativos y docentes porque se le impidió la entrada al plantel a un alumno en estado inapropiado, cualquier cosa que esto haya significado. De ahí resultaron expulsados seis estudiantes ( La Jornada, 6/2/13), y dos profesores (o que se presentaron como tales) declararon que esas expulsiones fueron una reprimenda a quienes se han opuesto a la actualización del CCH fundado en 1971. Lo que no dijeron es que esta actualización está planteada en 12 puntos para que, después de un largo debate, sean revisados en noviembre de este año.

Los famosos 12 puntos son (sintetizo): 1) redefinir el perfil del egresado y 2) actualizar los programas de estudios, que ya habían sido revisados en 1996; 3) formar y actualizar a los profesores; 4) impartir educación física, 5) inglés en los tres años y 6) francés como segunda lengua (optativa); 7) seleccionar materias en un esquema preferencial (cinco materias: tres obligatorias por interés vocacional y dos optativas de otras áreas); 8) horario continuo en dos turnos; 9) clases de una hora 50 minutos; 10) recursamientos mediante cursos en línea y tutoriales, y recursamientos presenciales para los alumnos que los deseen; 11) cursos en línea en apoyo a los ordinarios, y 12) fortalecer el Sistema Institucional de Tutorías de la UNAM de segundo a sexto semestre.

Si los actuales alumnos del CCH conocieran la historia de su dependencia sabrían que ésta, en la idea del rector Pablo González Casanova, aspiraba a ser un motor permanente de innovación de la enseñanza universitaria y nacional con nuevos métodos de enseñanza (las cursivas son mías). Nunca se dijo que su plan de estudios sería único y permanente, pues hubiera sido un contrasentido. En los 42 años de existencia el CCH, como cualquier dependencia de educación, debe sufrir cambios y adecuaciones, pues la realidad circundante también cambia.

Otro punto a debate tiene que ver con el concepto de autonomía. Ésta, para que se entienda bien, no quiere decir extraterritorialidad, como si se tratara de la embajada de un país. No es común que las policías preventiva o judicial ingresen a las instalaciones de la UNAM y, en general, no es bien visto por su comunidad. Pero esto no quiere decir que ante actos delictivos no pueda entrar a solicitud de las autoridades universitarias, entre las cuales están los directores de las dependencias. Lo del ingreso de la antigua PFP en febrero de 2000, como ya lo escribí en su momento (20/4/2000), no fue legal, dado que la Ley de la PFP establecía que sólo podría intervenir en instalaciones dependientes de la Federación, que no era ni es el caso de la UNAM.

Cuando el 6 de febrero supuestos estudiantes tomaron la dirección general del CCH, lo hicieron con violencia, rompiendo ventanas, puertas, mobiliario y, además, sustrajeron equipos y materiales de trabajo de ese plantel. Esto, que configura varios delitos, fue denunciado ante el Ministerio Público. Los presuntos estudiantes no aceptaron el diálogo con las autoridades pero sí insistieron en eliminar los 12 puntos ya mencionados, que fueran readmitidos los seis alumnos expulsados del plantel Naucalpan del CCH y que se retiraran las denuncias penales contra otros cinco. En otras palabras, los aparentes estudiantes cometieron una serie de ilícitos para que las autoridades se desistieran de las denuncias de previos ilícitos. En buena lógica es un absurdo, además de una provocación. La intención de diálogo no se vio del lado de los supuestos estudiantes; otro tipo de intereses pareció ser el móvil de sus acciones.

Más recientemente, el viernes pasado, un grupo de supuestos estudiantes (no todos de la UNAM) se desprendió de una marcha estudiantil y después de romper algunos vidrios se metieron al edificio de rectoría. Una vez más violencia innecesaria pues, según las notas periodísticas, en ningún momento antes de la irrupción a rectoría los presuntos estudiantes intentaron dialogar con alguna autoridad universitaria. Más bien, ya adentro, fue cuando declararon que no entregarían el edificio si no se cumplían por lo menos tres puntos de su pliego de demandas: no represalias por haber tomado rectoría, desistimiento total de las autoridades sobre las demandas ante el Ministerio Público y reinstalación de los expulsados. Es decir, lo mismo que argumentaron cuando tomaron la dirección general del CCH. Los otros cuatro puntos son todavía más cuestionables: consulta amplia y participativa para la reforma de los CCH, cosa que está planteada desde el principio para concluir en noviembre; que se repudie la violación de la autonomía (que no fue tal pues, como ya dije, autonomía no es extraterritorialidad); que desaparezca el Tribunal Universitario, que es la instancia legal para sancionar a los universitarios –estudiantes o académicos– que cometan faltas graves contra la institución o sus miembros (existe, además, la Defensoría de los Derechos Universitarios), y que se sancione a los responsables de los hechos del primero y 5 de febrero en Naucalpan (¿autogol o inculpación de las autoridades del CCH?).

En otros términos, lo que exigen los supuestos estudiantes es quedar impunes de los ilícitos cometidos. Una demanda válida, si se quiere verla con buenos ojos, pero que está sugiriendo una situación de privilegio que ellos mismos no aceptarían para un grupo de vándalos o el vecino que asaltaran sus casas con lujo de violencia.

Varios de mis lectores se preguntarán por qué no protesté por la toma de rectoría de la UACM el 28 de agosto del año pasado. Me adelanto a responder: porque la ex rectora y sus paniaguados no respetaron el voto y la instalación del tercer Consejo Universitario como correspondía legalmente. Hicieron trampas y se aferraron a sus cargos de manera enfermiza. El rector de la UNAM no ha cometido atropellos semejantes ni ha actuado al margen de la legislación universitaria. Son dos situaciones y dos personas totalmente distintas. rodriguezaraujo.unam.mx

UNAM: ¿quién se beneficia?

Adolfo Sánchez Rebolledo

No es la primera vez que una corriente radical, y lo pongo deliberadamente entre comillas, toma la rectoría de la UNAM para alcanzar sus fines. En 1966, por ejemplo, el grupo dirigente de la sociedad de alumnos de Derecho, encabezado por el hijo del gobernador Sánchez Celis de Sinaloa, se apoyó en un sector de la izquierda universitaria con el objetivo declarado de poner un alto al autoritarismo del doctor Ignacio Chávez, figura emblemática de la medicina mexicana e internacional que había caído de la gracia del poder presidencial. La inconformidad comenzó cuando dos líderes estudiantiles, el susodicho Leopoldo Sánchez Duarte y su colega Espiridión Payán, protestaron por la eventual relección de César Sepúlveda, director de la Facultad de Leyes. Exigían su renuncia y la derogación del artículo 82, que establece que la UNAM puede expulsar a cualquier indisciplinado (sic), relata Elena Poniatowska en su entrañable Homenaje a un gran hombre: Guillermo Haro, publicado aquí el 9 de diciembre de 2012. Pero el asunto no se detuvo en los primeros escarceos y la huelga iniciada en Derecho se extendió a otras escuelas bajo la bandera del pase automático y la derogación de diversas medidas adoptadas por el rector. El 26 de abril de 1966, continúa narrando Elena, los estudiantes anunciaron que tomarían la torre de rectoría. Chávez citó a los directores de escuelas, facultades e institutos. Trescientos jóvenes se apostaron en torno a la torre, cerraron los accesos con 25 camiones secuestrados y a las 2 de la tarde subieron al séptimo piso e insultaron al rector. En verdad, querían vejarlo, pero en el límite lo impidieron sus colaboradores, entre ellos Rosario Castellanos, Mario de la Cueva y el propio Guillermo Haro, que estaban presentes. Atropellada la dignidad humana del rector, la comunidad universitaria unió filas y rechazó la provocación. Pero el daño ya estaba hecho.

Tiempo después de esos lamentables episodios, durante una comida de los corresponsales extranjeros con el jefe de prensa de la Presidencia, un joven reportero brasileño le preguntó a Galindo Ochoa:

–Don Francisco, ¿podría explicarme por qué el gobierno del presidente Díaz Ordaz no acudió al llamado de auxilio del rector Chávez?

–¿Cuánto tiempo lleva en México? –replicó Galindo.

–Seis meses, señor.

–Bueno. Cuando lleve un año me vuelve a preguntar.

Las carcajadas en el salón hicieron sonrojar al brasileño por su ingenuidad.

Si en 1966 la fuerza de choque estuvo pagada por el gobernador de Sinaloa, en 1972 Miguel Castro Bustos y el pintor Mario Falcón tomaron la rectoría a la cabeza de un grupo de normalistas que exigían al rector Pablo González Casanova la inscripción en la UNAM, aun cuando la instancia académica correspondiente había declarado que no reunían las condiciones para ello. Vivimos luego un extraño episodio de locura y provocación, en el que menudearon los actos violentos y la irracionalidad. Pero entonces, como en 1966, la aparente radicalidad del movimiento ocultaba sus verdaderos objetivos: destruir a la universidad, desprestigiarla como ingobernable y, en definitiva, impedir que la izquierda proveniente del 68 se recuperara tras el diazordacismo. Al final se supo que el cacique guerrerense Rubén Figueroa era uno de los que alimentaban al pequeño grupo lumpenesco arropado por el izquierdismo que apareció como algo natural en el contexto de la fragmentación del movimiento estudiantil, condenado a vivir en el gueto universitario luego de años de dura represión.

Al parecer ese es el patrón de ciertos movimientos espontáneos para los cuales los fines son menos importantes que los métodos para alcanzarlos. Apoyados en un discurso sin luces pero victimista, pretendidamente revolucionario, su interés mayor interés está en conseguir que la protesta (generalmente minoritaria) escale sumando causas que les permitan negociar desde posiciones de fuerza. Se presentan como reacciones justificadas ante otros actos o situaciones objetivas (la pobreza, el desempleo juvenil, la brecha educativa), aunque aun para ellos resulte muy difícil explicar cómo se corresponden las necesidades y las aspiraciones de las masas con el despliegue no siempre simbólico de la violencia que los anuncia y acompaña (véase el expediente de los sancionados en Naucalpan).

En la mejor de las hipótesis esperan articular sus acciones con otras muestras de malestar popular sin pasar por la vía de la organización política, con el fin de impulsar un movimiento de masas ascendente que debe culminar cambiando la correlación de fuerzas a favor de las bases. Desde luego que siempre hay gente convencida o engañada que no aceptaría manipulación alguna, pero es evidente que esta idea de la revolución deseable fuera de la política y al margen de toda legalidad, esa vuelta a la bola como expresión del México bronco y profundo, es una versión de la vieja postura del todo o nada que por décadas ha destruido las oportunidades de los movimientos sociales para crecer y convertirse en fuerzas estables a favor de las mayorías.

Pero en el peor de los casos, como se vio en 1966 o en 1972, detrás del ruido de los estudiantes embozados tras el radicalismo justiciero hay también fuerzas interesadas en trastocar la posición institucional de la universidad en el juego de fuerzas del Estado. ¿Puede extrañarnos después de lo visto el primero de diciembre con el famoso grupo que actuó impunemente como una banda de provocadores? ¿Al servicio de quién? ¿Quién se beneficia creando una crisis en la UNAM? 

La batalla continúa

CARLOS ORNELAS

La batalla por la educación se extiende. Las marchas y tomas de edificios y vehículos por maestros y normalistas es la continuación de la política por otras vías. Parece que los opositores a las reformas a las nuevas leyes en educación quieren rebasar el punto de no retorno. Su disconformidad es tozuda, irreductible. Además, ganan adeptos entre los maestros indecisos que creen que el gobierno desea quitarles las plazas que consideran de su propiedad. Aunque los radicales se ganan el repudio de amplios grupos sociales.

El gobierno de Enrique Peña Nieto avanza con su estrategia legal, la SEP ya entregó al Pacto por México los anteproyectos de reformas a la Ley General de Educación y de las que regularán las reformas a la Constitución: la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Pero parece que no sabe cómo contener las manifestaciones violentas de los opositores.

La resistencia crece. Los maestros de Guerrero, en alianza con las policías comunitarias y otros grupos radicales incrementan sus acciones, toman carreteras y cercan edificios públicos, atacan comercios y atemorizan a la población. Los de la Sección 7, de Chiapas, ya anunciaron que harán una huelga a partir del 1 de mayo, mientras que Michoacán es una hoguera que al parecer nadie puede (o tal vez nadie quiera) apagar. La Sección 22 de Oaxaca pronto tomará sus decisiones.

El gobierno ensancha sus advertencias y abre espacios a la negociación, pero no hay diálogo. Ya anunció mayores sanciones, como la retención del salario a quienes paren y el amago de que se ejecutarán órdenes de aprehensión contra quienes cometan delitos. Pero eso no ataja a los opositores ni parece que los asuste. Ellos piensan que haciendo crecer su movimiento harán retroceder a la SEP. Desean una revuelta de gran calado que ponga de rodillas al gobierno.

Una vía de contención de la rebeldía que me parece que el gobierno no ha explorado es meter una cuña del mismo palo. A fe mía que los radicales son minoría, aunque vociferantes y con muchas habilidades para la organización de movimientos de masas. Los maestros (llamémosles no comprometidos con la lucha) son mayoría. A ellos no los moviliza lo que resta de la camarilla de Elba Esther Gordillo; ésta acostumbró a los docentes a la inmovilidad, a recibir instrucciones y a comportarse conforme a los dictados de los dirigentes. Hoy esa camarilla está sumisa a los dictados de la SEP, el encarcelamiento de su jefa domesticó a los seguidores.

Las organizaciones civiles que acompañan (y que en muchos aspectos provocaron las reformas) al gobierno en su empeño, como Mexicanos Primero y la Coalición Ciudadana por la Educación, no tienen mucha aceptación entre los docentes de base, por más que hayan hecho esfuerzos para distinguirlos de los dirigentes y de los grupos opositores. Pienso que se pueden seguir dos vías. Una para el plazo inmediato y la otra para el mediano, para garantizar que las reformas pasen y se apliquen.

Lo urgente. Tal vez una convocatoria amplia, dirigida a los “buenos maestros”, repetida y desplegada a lo largo del país pueda meter algunas calzas en las huestes opositoras. Ya vimos cómo en Guerrero una sola maestra que quería dar clases fue hostigada por los disidentes porque les generaba antipatía entre la población. Si son muchos quienes se enfrenten a los opositores disminuirá la credibilidad de éstos ante el gremio.

La estrategia de mediano plazo, digamos de los años que restan del sexenio, consiste en descolonizar el gobierno de la educación básica. Expulsar de los puestos de control a quienes fueron puestos allí para defender los intereses de las camarillas y sustituirlos por una nueva camada de burócratas profesionales, que puede surgir del gremio, no del sindicato, pero seleccionada, como diría Weber, por sus méritos, no por su fidelidad a caciques.

Sería continuar la batalla por otras vías.

Retazos

Lo ideal, pienso, sería desmantelar al SNTE. Los sindicatos corporativos no tienen razón de existir en la democracia. Los maestros son capaces de forjar sindicatos libres, no tutelados por ningún poder. Pero eso es un sueño guajiro. No está en las perspectivas del gobierno actual; se trata de que el PRI reconquiste al SNTE, creo. *Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Carlos.Ornelas10@gmail.com